SHEINBAUM ENFRENTA SU PRIMERA GRAN CRISIS: GOBIERNO ACORRALA Y CRIMINALIZA PROTESTA SOCIAL MIENTRAS EL PAÍS ARDE EN INSEGURIDAD

 

* Protesta nacional destapa el miedo del Gobierno: jóvenes exhibidos, críticas censuradas y un país al límite del hartazgo

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre de 2025.– Con banderas blancas, de One Piece y hasta de México con el rostro de Carlos Manzo en lugar del escudo, arrancó desde el Ángel de la Independencia la primera gran movilización contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Un movimiento que, a pesar de ser bautizado como “protesta de la generación Z”, también congregó a personas mayores de 30 años, familias enteras vestidas de blanco y ciudadanos hartos del rumbo del país. Los jóvenes, echados para delante artos de la violencia que se vive en México, también un grupo de encapuchados derribó vallas y lanzó objetos contra un Palacio Nacional amurallado como si esperara una guerra.

 

Pese a esos momentos de tensión, la jornada avanzó en relativa paz. Pero la furia social fue evidente: insultos directos a la presidenta, el grito de “fuera Morena” y la consigna que marcó la marcha: “No somos inteligencia artificial”, una respuesta directa a la narrativa oficial que intenta minimizar el descontento ciudadano con explicaciones tecnocráticas y teorías de conspiración.

 

Lo que para muchos fue un ejercicio de libertad democrática, para el Gobierno se convirtió en una amenaza que decidió combatir no con diálogo, sino con estigmatización. Durante toda la semana, la administración federal intentó desacreditar la convocatoria acusándola de ser un “movimiento fabricado” por la oposición, influencers y cuentas vinculadas a la Atlas Network. Sheinbaum presentó incluso un “informe” que busca justificar la idea de una estrategia digital externa, pero cayó en lo que muchos consideran un acto de irresponsabilidad extrema: exhibir a jóvenes durante la mañanera, usando recursos públicos para intimidar, exponer y criminalizar a ciudadanos que decidieron protestar.

 

Guadalupe “N”, de 29 años, lo resume con claridad: “Estoy aquí porque amo México. Estoy cansada de tanta violencia y de tanta inseguridad”, afirma. Y critica sin rodeos el informe oficial: “Claudia tiene miedo. No somos bots. Somos gente real, estudiantes, trabajadores, personas que queremos un México mejor”.

 

El malestar se alimentó además del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, convertido en símbolo de la protesta, aunque su familia se ha deslindado. Su figura, replicada en banderas y ropa, representó la rabia y el miedo de una ciudadanía que siente que el país se desmorona mientras el Gobierno se concentra en controlar narrativas, no en garantizar seguridad.

 

Otra figura que tensó el panorama fue Ricardo Salinas Pliego. El empresario amplificó la convocatoria justo en medio de su confrontación con el Gobierno por una deuda fiscal de 50 mil millones de pesos. El jueves, cuentas de la generación Z publicaron un cartón donde se ve a Sheinbaum ahorcando a una persona armada con un SAT. La administración federal asegura que el magnate participa en una “campaña de desgaste” con un gasto estimado de 90 millones de pesos… pero evita hablar de algo fundamental: la falta de credibilidad y el creciente hartazgo social que alimentan estas movilizaciones sin necesidad de conspiraciones digitales.

 

La protesta, nacida en redes, mezcló videos hechos con inteligencia artificial, estética de anime, discursos sobre corrupción e inseguridad y convocatorias de influencers como Temach, Chumel Torres y Arturo Herrera. Jóvenes entre 15 y 20 años, que no vivieron procesos como #YoSoy132, recibieron consejos para marchar por primera vez. Sin embargo, el Gobierno insiste en que el movimiento “no es genuino”, que fue impulsado desde el extranjero, y que detrás hay intereses oscuros. Un discurso repetido para descalificar y evitar escuchar.

 

Cuando la marcha llegó al Zócalo, un grupo de encapuchados lanzó piedras, botellas y petardos. La policía respondió con gas pimienta. Mientras tanto, manifestantes mayores —vistiendo de blanco— observaban e incluso alentaban a avanzar: “¡Palacio Nacional es del pueblo!”, gritaban. Una escena que evidenció no una conspiración extranjera, sino una fractura interna, un país al borde del hartazgo.

 

El pliego petitorio incluye revocación de mandato, reformas judiciales y transparencia, pero en redes domina una narrativa de seguridad, cansancio y corrupción. Y mientras el Gobierno se dedica a rastrear influencers, bots y supuestas redes globales, evade reconocer la verdadera raíz del problema: el país está indignado, dolido, frustrado y desilusionado.

 

Si esta es la primera gran crisis de Sheinbaum, el mensaje es contundente: la calle ya habló, y no lo hizo a través de algoritmos, sino de miles de ciudadanos que no ven liderazgo ni soluciones, solo un Gobierno empeñado en culpar a todos… menos a sí mismo.

REVENTÓ LA PAZ: HARTAZGO TOTAL CONTRA MARTHA

 GUERRERO Y SU GOBIERNO DE MORENA

 

* Vecinos denuncian abandono total, corrupción y promesas rotas del gobierno morenista en La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Los Reyes La Paz, Estado de México, 15 de noviembre de 2025.– La paciencia se agotó. Ayer por la tarde, por lo menos dos centenares de habitantes de las colonias Valle de los Reyes, Valle de los Pinos y Floresta —todos afectados por las recientes inundaciones— estallaron en una manifestación masiva en la explanada municipal, encabezados por el coordinador del Partido Verde local, Román Rico González. Los vecinos ya no creen una sola palabra más de Morena.

 

Los inconformes, credencial de elector en mano para evitar cualquier intento de descalificación, denunciaron estar cansados de las mentiras y promesas rotas de la alcaldesa morenista Martha Guerrero y de su esposo, el siempre señalado Tranquilino Lagos Buenabad. Recordaron que, tras las inundaciones, Guerrero prometió una inversión millonaria para sustituir los drenajes destruidos, con recursos federales, estatales y municipales. Todo debía iniciar al terminar la temporada de lluvias. Pero nada ocurrió: la pareja que gobierna La Paz simplemente desapareció y se negó a dar la cara.

 

Frente al palacio municipal, los reclamos subieron de tono: los manifestantes acusaron a Guerrero de pretender resolverlo todo con tinacos vacíos y despensas, completamente insuficientes ante la tragedia que vivieron. “¡Estamos hasta la madre de sus mentiras!”, gritaron, exigiendo soluciones reales y no limosnas. Varios vecinos le dijeron directamente que se metiera sus tinacos y despensas “por el trasero”.

 

A la molestia se sumó un episodio indignante: durante la protesta, los vecinos identificaron a un asesor de Martha Guerrero señalado por haber robado dos teléfonos celulares en una vivienda inundada de la colonia Floresta cuando supuestamente acudía a “brindar apoyo”. Al ser confrontado, el sujeto huyó corriendo hacia el palacio municipal, donde fue protegido por la policía local en lugar de ser detenido. Para los vecinos, este hecho retrata el tipo de gente que Morena ha puesto a gobernar La Paz.

 

Hoy, el deterioro del municipio es inocultable: calles destruidas, alumbrado público inexistente, una inseguridad que desborda, consumo creciente de cocaína, policías ligados al crimen organizado y agentes de tránsito dedicados a la extorsión. La Paz parece un polvorín a punto de estallar.

 

Y mientras la población sufre, la alcaldesa y su esposo cargan con un lastre político adicional: no son bien vistos por la gobernadora Delfina Gómez. En reuniones internas, han denostado el trabajo de la mandataria estatal. A ello se suma que Guerrero y Lagos forman parte del grupo del frustrado senador con licencia Higinio Martínez Miranda, quien arrastra resentimientos tras ver desaparecer sus aspiraciones de gobernar el Estado de México. Esa disputa interna en Morena—que nada tiene que ver con los ciudadanos—es lo que hoy está condenando a Los Reyes La Paz a un abandono total.

 

Por ello, los manifestantes advirtieron que, si no reciben una respuesta contundente, no permitirán la realización del informe de gobierno de Martha Guerrero programado para los próximos días. “No tiene nada que informar”, gritaron. Y la realidad respalda esa afirmación: basta recorrer el municipio para constatar el deterioro absoluto de una localidad abandonada por sus autoridades.

ALCALDE VELASCO LANZA AMENAZA VELADA A DIPUTADA TRAS EXHIBIRSE LA INSEGURIDAD BRUTAL EN VALLE DE CHALCO

 

* Tensión política al límite luego de que el edil morenista advirtiera a Yésica Rojas: “Todos tenemos un lado flaquito”

 

Por: EXPEDIENTE ECRETO

 

VALLE DE CHALCO, Edoméx, 13 de noviembre de 2025. La política local entró en un terreno peligroso, e indignante, luego de que el alcalde morenista Alan Velasco Agüero utilizara un espacio oficial, financiado con recursos públicos, para lanzar lo que muchos consideran una amenaza directa contra la diputada local Yésica Rojas, viuda del exalcalde Francisco Tenorio Contreras, asesinado en 2019.

 

De acuerdo con el portal “Reporteros en Movimiento”, la tensión estalló después de que Massive Caller revelara que Valle de Chalco es el municipio con la mayor percepción de inseguridad en todo el Estado de México, un dato que la legisladora denunció desde la tribuna del Congreso mexiquense y que el propio alcalde terminó por reconocer: la delincuencia ha rebasado a su gobierno.

 

Pero en lugar de asumir su responsabilidad, Velasco Agüero respondió con intimidación. Durante la sesión de Cabildo del 12 de noviembre, visiblemente alterado por las críticas, soltó un mensaje que hoy retumba en las redes sociales y en la opinión pública:

 

“Aguas, diputada… México está difícil… todos tenemos un lado flaquito por donde nos pueden llegar.” Una frase que en cualquier democracia sería inadmisible y que en Valle de Chalco ha encendido todas las alarmas.

 

Las palabras del alcalde no surgieron en el vacío. Yésica Rojas lleva tiempo denunciando el aumento de homicidios, feminicidios, desapariciones y secuestros en la localidad; ha señalado la falta de resultados pese a los presupuestos para combatir la violencia de género; y ha exigido acciones serias ante las alertas activas por feminicidio y desaparición. Nada de ello ha sido atendido de manera eficaz por el gobierno municipal.

 

El colmo: ni la presencia de la Guardia Nacional ni el apoyo de la Policía Estatal han logrado disminuir la percepción de inseguridad. Valle de Chalco sigue hundido en el miedo cotidiano, y el informe de Massive Caller lo confirma sin matices.

 

En este contexto, que un alcalde, el principal responsable de garantizar seguridad y paz pública amenace a una representante popular no es solo un acto de soberbia, sino un intento de silenciar la crítica mediante el miedo, un vicio que lamentablemente se repite entre distintos funcionarios de Morena que creen que señalar sus fallas es un acto de traición.

 

Cuando un político se siente con derecho a intimidar a otro, lo que se erosiona no es solo el clima político local, sino la vida democrática misma. Y en Valle de Chalco, queda claro que Alan Velasco Agüero no solo está rebasado por la inseguridad: también está rebasado por la soberbia y el poder que no sabe ejercer, pero sí abusar.

FISCAL CERVANTES FALLA: LOS VERDADEROS JEFES DEL DESPOJO SIGUEN LIBRES Y EL EDOMEX SE PUDRE EN IMPUNIDAD

 

* Impunidad protegida: Cervantes evita tocar a los líderes del despojo en la entidad mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 14 de noviembre de 2025.- La Fiscalía mexiquense presume resultados de la Operación “Restitución”: 1,114 inmuebles asegurados en 63 municipios, 627 devueltos a legítimos propietarios, 13 cateos, 23 inspecciones y 36 propiedades más bajo resguardo sólo entre el 1 y el 9 de noviembre. Pero detrás de estas cifras que buscan aparentar contundencia, permanece una pregunta inevitable: ¿por qué, después de tantos operativos, los líderes de los grupos delictivos responsables del despojo siguen libres?

 

Porque mientras los comunicados oficiales hablan de casas y predios recuperados, las cabezas de estas redes criminales continúan intocadas, como si gozaran de un pacto silencioso de protección.

 

Ahí está el caso del morenista Fernando Vilchis, ex alcalde de Ecatepec y hoy diputado federal, identificado plenamente con el grupo “Los 300”. Su nombre aparece una y otra vez en denuncias y testimonios, pero la Fiscalía del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Martínez, no ha movido un dedo para llevarlo ante la justicia. Pareciera que portar chaleco guinda de la 4T ofrece un blindaje automático, una especie de inmunidad informal.

 

Y el otro ejemplo es igual de ofensivo para las víctimas: Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo” o “El Jefe”, con órdenes de aprehensión vigentes por extorsión agravada, secuestro exprés, delincuencia organizada, despojo y hasta huachicol. Un personaje vinculado a organizaciones sindicales y con nexos con “La Chokiza” y “La Familia Michoacana”. La FGR y la FGJEM han cateado propiedades, sí, pero ¿y él? Sigue prófugo, moviéndose con total libertad mientras miles de familias continúan viviendo el infierno del despojo.

 

En teoría, la Operación “Restitución” debería restituir justicia. En la práctica, la Fiscalía sólo ha logrado detener a una persona en más de una semana de operativos. Una. En un entramado criminal que involucra redes, operadores, estructuras y líderes plenamente ubicados.

 

La realidad es imposible de maquillar: el fiscal José Luis Cervantes Martínez ha preferido voltear hacia otro lado.

Ha permitido, por acción u omisión, que los verdaderos responsables sigan libres, intocables, protegidos por la sombra de la impunidad.

 

Y mientras Vilchis y Fragoso continúen evadiendo la ley sin que se ejerza acción penal efectiva en su contra, el Estado de México, especialmente la zona oriente seguirá hundido en la podredumbre del crimen, la corrupción y el abandono institucional.

 

Restituir inmuebles sirve de poco cuando quienes despojan territorios enteros permanecen cómodamente, y a la vista de todos, por encima de la ley.

TLALNEPANTLA: CRIMEN, ABUSO DE PODER Y CERCO

 CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 

* Violencia imparable y autoridades que prefieren callar a la prensa

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TLALNEPANTLA, Estado de México, 13 de noviembre de 2025.— La ejecución del oficial de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México, Andrés Estrada Quintana, no solo exhibe la espiral de violencia que corroe a la región; también dejó al descubierto, una vez más, la intolerancia de las autoridades hacia el trabajo periodístico y el constante atentado contra la libertad de expresión.

 

Andrés Estrada fue asesinado la tarde de este miércoles en la colonia San Miguel Chalma, apenas cinco meses después del homicidio de su primo en el mismo punto. Cerca de la una de la tarde, el agente salió de su domicilio para atender una llamada. Sobre la calle Jesús Arriaga, dos sujetos en una motocicleta verde se le acercaron; uno de ellos le disparó al menos tres veces. Intentó huir, alcanzó a llegar hacia la calle Josefa Ortiz de Domínguez, pero en la esquina con Lázaro Cárdenas, frente a una farmacia, los sicarios lo remataron.

 

Los vecinos recordaron que, el 19 de junio de este año, en ese mismo lugar fue asesinado el primo del oficial, atacado con al menos diez disparos cuando iba acompañado de su esposa. Aunque ella sobrevivió, él murió en el lugar. Habitantes de la zona afirmaron que ambos estaban ligados al robo de vehículos y que incluso Andrés había sido detenido en diciembre del año pasado, pero liberado meses después, retomando su actividad delictiva.

 

Sin embargo, lo que más indignó a los habitantes y reporteros fue la reacción de las autoridades municipales: un operativo desmedido de policías que cercaron varias calles para impedir la documentación periodística del crimen. Durante más de cinco horas, la zona estuvo blindada bajo el pretexto de preservar la escena, pero en los hechos se convirtió en un bloqueo directo a la labor informativa.

 

Mientras la violencia se repite con precisión quirúrgica, las autoridades continúan optando por el camino fácil: ocultar, intimidar, silenciar. En Tlalnepantla quedó claro que el riesgo no solo viene de los criminales, sino también de un aparato gubernamental que parece dispuesto a restringir el derecho de la ciudadanía a estar informada cada vez que la realidad le resulta incómoda.

AUMENTAN CASI 40% LOS ACCIDENTES DE MOTOCICLISTAS EN EDOMEX; NUEVAS SANCIONES ENTRAN EN VIGOR EL 25 DE NOVIEMBRE

 

* El Edomex endurece sanciones ante el aumento alarmante de percances en moto

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 13 de noviembre de 2025.- Los accidentes de motociclistas en el Estado de México se han disparado en los últimos años. De acuerdo con cifras del INEGI, entre 2019 y 2023 estos incidentes aumentaron casi 40 por ciento. Solo en 2024, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) registró 30,682 accidentes relacionados con motocicletas y 491 personas fallecidas, una cifra que refleja la gravedad del problema.

 

Ante este panorama, el Gobierno del Estado de México decidió actualizar el Reglamento de Tránsito, incorporando medidas de seguridad más estrictas para quienes conducen motocicletas y para quienes los acompañan. La principal modificación es la obligatoriedad del uso de casco certificado, tanto para el conductor como para cualquier acompañante.

 

El incumplimiento será sancionado bajo un nuevo esquema de multas con rangos máximo, medio y mínimo, calculados conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

 

La actualización también atiende la protección de menores que viajan en este tipo de vehículos. Se impondrán multas cuando niñas, niños o adolescentes sean transportados sin poder sujetarse adecuadamente, sentarse de forma correcta o apoyar con firmeza los pies en los posapiés. La sanción va de 16 a 20 UMAs, cada una equivalente a $113.40 pesos, por lo que el monto máximo alcanzaría los $2,268 pesos.

 

Entre las infracciones enlistadas destacan: Conducir sin casco (para conductor y acompañante), transportar más personas de las permitidas en la tarjeta de circulación y circular entre carriles o a exceso de velocidad.

 

Para estas conductas, las multas se establecen en 20 UMAs como máximo, 18 como rango medio y 16 como mínimo.

 

Además, para poder circular, las personas motociclistas deberán contar con placas y licencia en regla, evaluaciones universales de conducción, luces delanteras y traseras encendidas permanentemente, y aditamentos luminosos por las noches.

 

La actualización al Reglamento de Tránsito entrará en vigor el próximo 25 de noviembre y tiene como objetivo principal proteger la vida de quienes utilizan este medio de transporte. A partir de esa fecha, será obligatorio respetar los carriles, los límites de velocidad y todas las nuevas disposiciones establecidas.

OTRA JOYA DEL VERDE: ALCALDE DE TEMAMATLA BAJO INVESTIGACIÓN

 POR INTENTO DE HOMICIDIO

 

* Cae otro del Verde: la impunidad se pinta de verde en Temamatla

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEMAMATLA, Estado de México, 12 de noviembre de 2025.– La podredumbre vuelve a brotar del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Edomex. Esta vez, el protagonista es el alcalde de Temamatla, José Gómez Hernández, investigado por presunto intento de homicidio contra un chofer de transporte público. La ciudadanía exige justicia, mientras tanto, el silencio del dirigente estatal José Alberto Couttolenc Buentello retumba como una complicidad.

 

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a través de su Fiscalía de Asuntos Especiales, se abrió una carpeta de investigación contra el edil, quien el 23 de octubre habría disparado dos veces contra una camioneta de la Ruta 36 en la carretera que conecta Temamatla con Chalco. Según la indagatoria, el alcalde, presuntamente en estado de ebriedad, accionó un arma de fuego por una simple diferencia vial, poniendo en riesgo la vida de pasajeros inocentes.

 

A diferencia de lo que suele ocurrir en casos donde hay poder de por medio, la FGJEM asegura que “no se solapará a nadie” y que hará cumplir la ley. Sin embargo, el escepticismo social es enorme. Los habitantes de Temamatla exigen resultados inmediatos y un castigo ejemplar, pues nadie olvida que la justicia mexiquense suele ser selectiva y lenta, sobre todo cuando el acusado viste un chaleco verde.

 

Mientras tanto, el alcalde calla. Reporteros han intentado obtener su versión, pero el presunto agresor ha optado por esconderse, igual que la titular de su área de comunicación social, quien igual que Gómez Hernández, guarda un monstruoso silencio. En Temamatla, la indignación crece. Muchos ciudadanos ya no dudan en afirmar que el municipio podría estar gobernado por un integrante de la delincuencia organizada disfrazado de político ecologista.

 

Y como si la historia se repitiera, Pepe Couttolenc, el líder del PVEM mexiquense, también guarda silencio. No es la primera vez que su partido se ve rodeado de personajes turbios: ahí está el caso de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, regidor de Chalco y líder del grupo delictivo Sindicato 22 de Octubre, señalado por extorsión, agresiones a transportistas y por su presunta vinculación en la masacre de la planta cementera de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, donde murieron ocho personas.

 

Ahora, Couttolenc carga con otro presunto delincuente en sus filas. La pregunta es inevitable: ¿Hasta cuándo seguirá el Verde reclutando criminales?

¿Cuántos más necesita “Don Pepe” para admitir que su partido se ha convertido en refugio de delincuentes con fuero?

 

Porque si el silencio es complicidad, el Verde ya no solo es cómplice: es parte del problema, parte del crimen y parte de la cloaca política que hunde al Estado de México.

EL “TARIFAZO” SIN RUMBO: CORRUPCIÓN Y SIMULACIÓN

 EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

 

* Promesas rotas, cobros excesivos y una red de corrupción que sigue intocable en el transporte del Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Toluca, Estado de México, 11 de noviembre de 2025.– A un mes de haberse implementado el aumento al transporte público en el Estado de México, las promesas de mejora se quedaron en el aire. Ni hay unidades nuevas, ni choferes certificados, ni un sistema más seguro o eficiente. Lo único que sí ha cambiado es el precio, y con él, la paciencia de los usuarios que ahora pagan más por el mismo servicio deficiente.

 

El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, reconoció lo evidente: “falta mucho por hacer”, dijo en entrevista con AD Noticias, intentando justificar un “proyecto integral” que, en los hechos, no pasa de ser una colección de discursos huecos y promesas recicladas.

 

Sibaja asegura que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez pretende “solucionar de fondo el tema del transporte público”. Sin embargo, lo único que se ha visto son los mismos vicios de siempre: rutas irregulares, choferes sin control, unidades chatarra, extorsiones y corrupción en cada esquina del sistema.

 

El funcionario presume tres supuestas medidas estrella, certificación, cromática e inspección técnica, pero la realidad en las calles lo desmiente. No hay transparencia en los procesos, no hay mecanismos efectivos de control y, mucho menos, resultados palpables.

 

Mientras Sibaja habla de “cambios históricos” y de un fideicomiso con más de mil millones de pesos, los usuarios siguen atrapados en un transporte que apesta a impunidad. El “fideicomiso” suena más a caja chica que a una verdadera política pública: dinero que entra, pero cuyos beneficios nunca se ven en las calles.

 

El secretario insiste en que “no habrá corrupción” en las inspecciones mecánicas, pero lo dice el mismo funcionario que ha sido señalado por transportistas, usuarios y trabajadores del sector, que lo acusan de solapar los corralones que saquean impunemente a miles de ciudadanos. Si realmente quisiera limpiar la Secretaría de Movilidad, empezaría por clausurar esos nidos de robo disfrazados de depósitos oficiales, donde recuperar un vehículo puede costar más que comprar uno nuevo.

 

A pesar de las quejas, más de tres mil en apenas un mes, según la propia dependencia, la autoridad mantiene su discurso triunfalista. Pero el Edomex vive otra cosa: un transporte caro, peligroso y plagado de corrupción.

 

Los usuarios, una vez más, son los que pagan el precio del desorden institucional. Pagan más por moverse, más por caer en manos de policías corruptos, más por los abusos en los ministerios públicos, y más por los “servicios” de corralones que funcionan con total complicidad de las autoridades.

 

El aumento en la tarifa fue vendido como el inicio de una transformación, pero terminó siendo lo de siempre: una nueva forma de exprimir al ciudadano.

 

El discurso de Daniel Sibaja pretende vender humo envuelto en buenas intenciones. Pero los mexiquenses no viven de discursos, sino de realidades. Y la realidad es que el transporte público en el Estado de México sigue siendo un infierno rodante, donde la corrupción tiene placas oficiales y los abusos circulan sin freno.

 

El gobierno de Delfina Gómez puede hablar de “cambios de fondo”, pero mientras los bolsillos de los ciudadanos sigan vaciándose para llenar los de unos cuantos, no hay transformación: hay saqueo.

 

Porque el verdadero motor del transporte mexiquense no es el combustible, es la corrupción institucionalizada que Sibaja y compañía se niegan a frenar.

 EL “PLAN MICHOACÁN”: CIFRAS MILLONARIAS, DISCURSOS

 RECICLADOS Y UNA PAZ QUE NO LLEGA

* Entre la propaganda y la tragedia, el gobierno federal lanza otro megaplan para un estado que ya no cree en promesas.

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2025.– A una semana del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió responder con lo que este gobierno mejor sabe hacer: presentar un plan, con cifras espectaculares y promesas que suenan vacías.

 

Desde Palacio Nacional, rodeada de funcionarios y cámaras, Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia que, según dijo, movilizará más de 57 mil millones de pesos en inversión pública y mixta para “recuperar la paz” en el estado. Lo mismo se dijo hace seis años con el Plan Integral para la Pacificación del País, y antes con el Plan de Apoyo a Guerrero, y más atrás con el Programa Nacional de Seguridad. La historia se repite, el resultado también.

 

El anuncio llegó en medio de la indignación por el crimen de Manzo, pero también como una maniobra política para lavar la imagen de un gobierno que ha perdido el control en Michoacán. Los ejes, los montos y los discursos parecen calcados de administraciones pasadas: reforzar la Guardia Nacional, construir infraestructura, atender las causas. La receta es la misma, aunque los muertos se acumulen.

 

Doce ejes, cien acciones, miles de millones… y cero autocríticas. El plan promete de todo: patrullas, escuelas, becas, carreteras, créditos para mujeres, fibra óptica y campañas turísticas. Una lista digna de un catálogo electoral más que de una política de seguridad. En los hechos, ni Sheinbaum ni su secretario de Seguridad han explicado cómo evitarán que las obras públicas, los contratos y los apoyos sociales terminen en manos del crimen organizado, que en Michoacán controla desde las obras hasta el voto.

 

El gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, con el cinismo de siempre, agradeció “el respaldo del Gobierno de México” y ofreció 2,700 millones más. Pero no dijo nada sobre sus vínculos familiares con el narcotráfico, documentados en cortes estadounidenses. No mencionó tampoco que su propio estado ha sido incapaz de garantizar seguridad ni siquiera a sus alcaldes.

 

En los municipios, los ediles gobiernan entre amenazas y los ciudadanos sobreviven entre balas. Hablar de paz desde Palacio Nacional mientras Uruapan, Zamora o Aguililla son territorios sitiados es, como mínimo, una ofensa.

 

El llamado Plan de Operaciones “Paricutín”, que involucra Ejército, Marina y Guardia Nacional, suena contundente, pero ya se ha intentado antes. En 2019, con el despliegue federal de 6,000 elementos, se prometió “recuperar la tranquilidad” en Tierra Caliente. Hoy, los cárteles son más, las armas mejores y las fosas más profundas.

 

Sheinbaum habló de diálogo con comunidades indígenas, empresarios, jóvenes y mujeres. Pero ese diálogo nunca llega a los que más lo necesitan: los alcaldes que viven con escolta, los campesinos que pagan derecho de piso o las familias que entierran a sus muertos sin justicia.

 

La presidenta aseguró que dará seguimiento personal cada 15 días al plan y que los avances se informarán en “La mañanera del pueblo”. Un guiño al control mediático que ya se volvió política pública: si se anuncia, existe; si se repite, funciona.

 

El país lleva dos décadas escuchando planes de paz. Y Michoacán ha sido laboratorio de todos. El resultado: más programas, menos seguridad; más dinero, menos Estado.

 

Mientras los funcionarios presentan ejes y montos, la gente sigue huyendo de sus pueblos, los empresarios cierran cortinas y los criminales cobran impuestos. Esa es la verdadera rendición de cuentas.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no es más que un paliativo político frente a una crisis moral y de Estado. Lo que necesita Michoacán no son planes de escritorio ni discursos en Palacio, sino autoridades que no teman al narco, gobiernos que no sean sus socios y presidentes que no confundan anuncios con resultados.

La paz no se decreta, se construye. Y en Michoacán, por ahora, solo se finge.

MICHOACÁN: EL NARCO GOBIERNA Y EL MIEDO MANDA

 

* Reuniones vacías, alcaldes aterrados y un gobernador con la sombra del crimen en la espalda. La simulación es ya la única estrategia del poder.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2025.– A Michoacán lo gobierna el miedo. Y lo administra la simulación. A principios de esta semana, el equipo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ese morenista que presume control mientras el estado se desangra, ordenó a los secretarios particulares de los alcaldes acudir a Morelia para reunirse con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

 

La cita, dijeron, era para “escucharlos”. Lo que nadie les aclaró fue que el gobierno federal no tiene ni la mínima idea de cómo hacer una estrategia de seguridad para contener la violencia que devora los municipios de Michoacán.

 

El miércoles se presentaron 59 de 61 alcaldes convocados; el jueves, otra tanda. Todos llegaron con caras largas, algunos con el susto tatuado. No es para menos: apenas el fin de semana anterior asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, frente a su familia y ante cientos de personas. Nadie en el gobierno lo protegió; esa era una muerte anunciada y prácticamente “todos sabían que lo iban a matar”.

 

Rosa Icela les habló con tono maternal. Les pidió confianza, les prometió que escucharía sus inquietudes. Y luego soltó la verdad: no hay plan alguno para pacificar Michoacán. Lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, solo se trató de otra fantasía más de Palacio Nacional.

 

Los alcaldes guardaron silencio. No solo por respeto, sino por terror. En Michoacán nunca se sabe quién está sentado a tu lado: no se sabe si un colega alcaldes es un emisario del narco. En voz baja lo reconocen: “hablar es dinamita”. En este estado, quien se atreve a denunciar no siempre regresa con vida.

 

La historia no es nueva. En tiempos de Peña Nieto, ocurrió lo mismo: reuniones de cortesía, promesas vacías y funerales prematuros. De aquel entonces, dos voces críticas, Gustavo Garibay y Osbaldo Esquivel Lucatero, terminaron asesinadas. En Michoacán, levantar la voz es firmar la sentencia de muerte.

 

Esta semana, la escena se repitió. Tres horas de discursos huecos y reclamos absurdos, como el de una alcaldesa que se quejaba de no tener semáforos desde hace dos años. El ejemplo es grotesco, pero revela la parálisis del poder local: mientras los alcaldes piden semáforos, los criminales controlan los territorios.

 

El alcalde panista de Sahuayo, Manuel Gálvez, fue el único que habló con dignidad. Exigió que se hablara de seguridad, no de trámites. Pero el mensaje se perdió entre la burocracia y el miedo.

 

Y mientras tanto, el gobernador Ramírez Bedolla carga con su propio escándalo familiar, que ya no puede esconder. Documentos judiciales del Distrito Sur de Florida confirman que su tío, Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, alias “El Fruto”, y su primo, Adalberto Comparán Bedolla, están presos en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

 

El expediente, firmado por el juez Jonathan Goodman, detalla que ambos fueron acusados de conspirar para importar, distribuir y poseer más de 500 gramos de metanfetamina, además de lavar dinero violando el Título 21 del Código de los Estados Unidos. Dicho de otro modo: la sangre y el dinero sucio corren también por el árbol genealógico del gobernador Michoacano.

 

Y ahora, con el asesinato de Carlos Manzo, crítico frontal de Ramírez Bedolla y aspirante a la gubernatura, las sospechas apuntan directo a la Casa de Gobierno. Porque en Michoacán los enemigos del poder no caen por accidente, los mandan callar.

 

Hoy los alcaldes exigen reuniones privadas, lejos de la secretaria, lejos del gobernador. No por estrategia, sino por sobrevivencia. Saben que el narco los observa más que el propio Estado.

 

La tragedia michoacana no es producto del destino, sino del desdén. Sheinbaum sonríe en Palacio Nacional, Rosa Icela toma nota y Bedolla se victimiza. Mientras tanto, el crimen gobierna, la gente huye, y los muertos siguen contando la historia que el poder no quiere escribir.

 

Michoacán no necesita más reuniones. Necesita justicia. Y tal vez también, un gobernador que no despierte entre sombras familiares del narco.

CORRUPCIÓN A CIELO ABIERTO EN LA FISCALÍA DEL EDOMEX: SILENCIO CÓMPLICE Y NEGOCIOS SUCIOS EN NEZAHUALCÓYOTL

                                      

* Mientras Cervantes y Archundia presumen transparencia, sus fiscales extorsionan, fabrican delitos y convierten la justicia en un negocio de alto rendimiento

Por: EXPEDIENTE SECRETO

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, 8 de noviembre de 2025.– Mientras el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, desfila casi a diario ante cámaras al lado de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares y del secretario de Seguridad estatal Cristóbal Castañeda Camarillo, presumiendo una supuesta “disminución” de los delitos graves en la entidad, la podredumbre al interior de las fiscalías especializadas, enfaticamente en la zona oriente, sigue creciendo sin freno.

 

El discurso triunfalista del Fiscal se estrella contra una realidad incómoda: la corrupción es el verdadero delito que no se combate. Y lo peor, se comete desde adentro.

 

LA CUEVA DE LOS LADRONES “INVESTIGADORES”

 

En Ciudad Nezahualcóyotl, la llamada Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, encabezada por el Fiscal especializado del combate al Robo de Vehículos, Zona Oriente, Luis Alberto Olmedo Aguillón, funciona más como una oficina de extorsión institucional que como una dependencia de justicia. Bajo su mando opera todo un ejército de “madrinas”, soplones y falsos investigadores que, a plena luz del día, cobran 700 pesos por revisar si un auto o motocicleta tiene reporte de robo, dinero que jamás entra a las arcas públicas, pero sí engorda los bolsillos del fiscal y su círculo de confianza.

 

El método es tan cínico como rentable: los informantes de la propia fiscalía señalan motocicletas o autos presuntamente irregulares, muchas veces propiedad de talleres o negocios que compran desperdicio industrial. Luego viene el operativo, el cateo, las detenciones arbitrarias y el sello en el inmueble, “inmovilizado”. La negociación llega después: pagos que pueden alcanzar los cientos de miles de pesos para “liberar” personas o propiedades.

 

LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA

 

Los abusos no son secreto. En la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, donde despacha Olmedo Aguillón, el tráfico de influencias y la extorsión son parte del día a día. Propietarios de inmuebles cateados o vehículos asegurados deben esperar semanas, a veces meses, para que se “resuelva” su caso. En ese tiempo, la desesperación se convierte en negocio: hasta 150 mil pesos por recuperar un predio no es raro.

 

Y el negocio no termina ahí. Fuentes internas señalan que Olmedo Aguillón mantiene acuerdos directos con los dueños de los corralones “Asistencia Metropolitana” y “Aries”, donde van a parar todos los vehículos asegurados. A cambio, recibe una comisión por unidad, entre 1,500 y 2,000 pesos, lo que convierte cada cateo, cada retén y cada decomiso en un negocio redondo.

 

EL SILENCIO QUE PROTEGE

 

Lo más grave no es solo la existencia de estos delitos, sino la impunidad institucionalizada. Tanto el Fiscal General Cervantes Martínez como el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Rodrigo Archundia Barrientos, conocen los hechos y guardan silencio. El primero presume “eficacia”, el segundo “transparencia”, pero ambos parecen más preocupados por cuidar su imagen política que por limpiar la cloaca en la que se ha convertido buena parte del aparato ministerial mexiquense.

 

Archundia, nombrado con bombo y platillo como el supuesto guía contra la corrupción, ha resultado otro funcionario decorativo, mudo ante los escándalos que manchan la fiscalía. Su inacción es cómplice.

 

UN SISTEMA PODRIDO DESDE LA CÚPULA

 

En el Estado de México, la corrupción ya no se esconde: se administra. Los fiscales especializados actúan como virreyes, los investigadores como cobradores de piso, y los ciudadanos como simples víctimas de un sistema que castiga la pobreza, no el crimen.

 

Mientras tanto, los responsables de limpiar la institución prefieren salir en las fotos, inaugurar foros y presumir estadísticas manipuladas. La justicia mexiquense sigue siendo un negocio, y sus operadores, los principales delincuentes.

 

En el oriente del Edomex, la Fiscalía especializada contr el Robo de Vehículos no combate el delito: lo fabrica, lo vende y lo recicla. Y mientras Cervantes y Archundia sigan haciéndose de la vista gorda, la impunidad seguirá siendo el motor que mueve a su “fiscalía ejemplar”.

 

Porque en el Edomex, los verdaderos ladrones no se esconden entre los criminales: despachan en las oficinas de la propia Fiscalía. Y lo hacen con uniforme, cargo oficial y total impunidad.

EL ORO, ENTRE LA BASURA Y EL DESGOBIERNO: CUANDO EL

 PUEBLO SE CANSA DE LA SIMULACIÓN

Vecinos amarran a funcionarios ante el colapso de los servicios municipales y la ausencia de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, símbolo del fracaso local de la 4T

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

EL ORO, Estado de México, 7 de noviembre de 2025.— Lo que comenzó como una protesta por la falta de recolección de basura terminó convirtiéndose en una escena de hartazgo social: vecinos enfurecidos amarraron al director de Servicios Públicos y a un funcionario estatal, cansados del colapso que asfixia al municipio desde hace semanas. Entre montones de desechos, olores insoportables y riesgo sanitario, los habitantes decidieron hacer lo que el gobierno no ha querido: exigir respuestas.

 

Las calles del Pueblo Mágico se transformaron en un vertedero, mientras la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, brilla por su ausencia. Los manifestantes llevaron bolsas de basura al Palacio Municipal, símbolo de una autoridad que dejó de escuchar y de atender, y que parece más preocupada por mantener privilegios que por servir al pueblo que la eligió.

 

La molestia ciudadana no es nueva. Díaz Peñaloza acumula críticas por su inexperiencia, prepotencia y falta de sensibilidad social. A la edil le han llovido señalamientos: desde el retraso en el pago de nómina a empleados municipales, hasta el uso de personal de seguridad pública como escoltas personales para ella, su familia y su círculo cercano. Mientras tanto, los vecinos viven entre la inseguridad, la falta de servicios básicos y el abandono de las 52 comunidades que integran el municipio.

 

El gobierno local ha hecho de la improvisación su bandera. No hay obras, no hay resultados, no hay rumbo. Lo que sí hay es un creciente repudio colectivo, incluso entre quienes alguna vez creyeron en su discurso de “transformación”. Porque en El Oro, la 4T se convirtió en un símbolo de corrupción chiquita y poder mal ejercido, donde los funcionarios se sirven del cargo mientras los ciudadanos padecen el deterioro de su entorno.

 

La protesta de este viernes no es un hecho aislado, sino el grito desesperado de una comunidad que ya no tolera la simulación. En cada bolsa de basura arrojada frente al Palacio Municipal se deposita una verdad incómoda: la Cuarta Transformación también apesta cuando se ejerce con soberbia y sin capacidad.

 

Y si algo debería quedar claro rumbo al 2027, es que elegir con fe ciega tiene consecuencias, sobre todo cuando los que prometen limpiar la corrupción terminan hundidos en su propio lodazal.

 

¿Gobernar con el pueblo? En El Oro, ni la presidenta ni su discurso aparecen. Solo la basura… y el enojo de una ciudadanía que ya no traga mentiras.