SHEINBAUM Y EL LABERINTO DEL NARCO: LUCHAS
TERRITORIALES Y
NUEVAS ALIANZAS
*El primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum ha vivido el
recrudecimiento de la guerra entre los Mayos y los Chapitos. Esta situación va
ir mermando la confianza de la ciudadanía y más temprano que tarde se pondrá al
descubierto los nexos de morena con el crimen organizado, solo hay que esperar,
es cuestión de tiempo para qué “El Mayo” empiece a hablar.
Ciudad de México, 6 de noviembre de 2024. La administración
de Claudia Sheinbaum enfrenta guerras entre cárteles del narcotráfico por
el control territorial, la producción y el trasiego de droga, más otros giros
delictivos que han derivado en desapariciones forzadas, asesinatos, masacres
y formas de violencia exacerbada que incluyen el desmembramiento de
cuerpos, la calcinación y sepultura clandestina.
El nuevo gobierno heredó batallas de larga data como el
de las dos principales organizaciones delictivas en México, pero también vive
la recomposición del mapa delictivo en el país tras la entrega a
Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y la extensión
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través del arrendamiento
de franquicias por parte de las que, anteriormente, eran células locales que
controlaban plazas locales.
Presenta los principales frentes entre cárteles, en los que
también se exhiben omisiones y protección oficial a grupos, con base
en informes de inteligencia nacional y de órganos de Estados Unidos. Esta
radiografía incluye un seguimiento a hechos violentos y los reacomodos de los
grupos criminales durante el último sexenio, en el que la política
gubernamental se centró en la estrategia “abrazos, no balazos”.
CHAPITOS VISITAN A LA MAYIZA.
El primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum vivió el
recrudecimiento de la guerra entre los Mayos y los Chapitos, un conflicto
armado entre dos facciones del cártel de Sinaloa que empezó en 2017. La
entrega que Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo”, hizo de Ismael Zambada
García, “El Mayo”, a las autoridades de Estados Unidos, derivó en
el ataque abierto entre los dos grupos, que han generado un incremento de
la violencia que partió del estado de Sinaloa, incluyendo tiroteos, secuestros
y asesinatos.
Entre los asesinatos en Sinaloa tras la detención del capo
el 25 de julio de 2024 se encuentran los de Juan Carlos “El Vampi” y
Martín García Corrales, “El Tano”, ambos figuras clave en el conflicto y
en la estructura del Cártel de Sinaloa. La detención de “El Max” o “El
Oso”, operador del “Mayo”, en Culiacán el 21 de octubre, también es parte de la
violencia que ha cimbrado Sinaloa.
El origen de esta guerra entre los Mayos y los
Chapitos se remonta a la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en
2016 y su posterior extradición en 2017. Desde entonces, las tensiones
entre los leales a “El Chapo” y los que estaban con “El Mayo” han
generado traiciones y enfrentamientos internos.
Sheinbaum afirmó que “el fin no justifica los medios”, en
respuesta a las declaraciones del embajador Ken Salazar. Analistas creen
que la detención de Zambada desestabilizó el Cártel de Sinaloa,
generando un vacío de control que podría perder lo que llaman una “pax
narca”.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en su
informe National Drug Threat Assessment (NDTA) 2024, anticipó
el aumento de la violencia y debilitamiento de “Los Mayos” debido a
la salud deteriorada de Zambada.
Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán-Loera, han
liderado una serie de ataques violentos desde la captura y
extradición de Ovidio Guzmán López. Sonora y Baja California son
otros territorios de conflicto intracartel.
El NDTA 2024 también indica que los puertos
marítimos son críticos para la infraestructura criminal del Cártel de
Sinaloa, destacando el Puerto de Mazatlán y su control histórico por
“El Mayo”, así como el acceso al Puerto de Manzanillo y la disputa
con el Cártel de Jalisco.
Finalmente, Mazatlán, Sinaloa, principal destino
turístico, ya refleja la escalada de violencia con narcobloqueos, tiroteos
y asesinatos, poniendo en entredicho el papel del gobernador Rubén Rocha Moya.
Otras facciones dentro del Cártel de Sinaloa incluyen
a Los Guanos, Los Salazar, Los Cazadores, Los Pelones, Los Fantasmas y Los
Rusos, que juegan un papel relevante en la guerra interna y los reacomodos
territoriales.
Una de las disputas más violentas en los últimos
años entre grupos del crimen organizado en México es la que protagonizan
los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de
Lima (CSRL) en Guanajuato, la entidad con más homicidios dolosos
en el país.
La disputa surgió por el control de las rutas de
drogas, la producción de metanfetaminas en el estado y
la extracción ilegal de hidrocarburos. El CJNG, liderado por Nemesio
Oseguera Cervantes, “El Mencho”, buscaba expandir su influencia en la
región, mientras que el CSRL, liderado por Adán Ochoa, “El Azul” –sucesor
de José Antonio Yépez, “El Marro” –, quería mantener su control en la
zona. Santa Rosa de Lima emergió como una organización que en pocos años fue
denominada como una amenaza al Estado Mexicano por su capacidad de
ataque y poderío económico, del que se hizo a través del robo de gasolinas
a Pemex, en un territorio con gran cantidad de ductos por la refinería
Antonio M. Amor, de Salamanca.
Esta guerra ha traído tiroteos, enfrentamientos
armados, asesinatos, desapariciones, secuestros y extorsiones, así
como ataques contra la población civil, lo cual, a su vez, ha tenido como
consecuencias no sólo el incremento de la inseguridad, sino también
el desplazamiento forzado de personas y daños a la economía local.
Aunque el gobierno mexicano ha intentado
intervenir en la disputa con operativos militares y policiales para
tratar de reducir la violencia y capturar a los líderes de los grupos
criminales –El Azul, detenido el 14 de octubre de 2020, recibió una sentencia
de 29 años de prisión en marzo pasado, la violencia no ha cesado.
Algunos especialistas sugieren que El Azul enfrentó la oposición de
células del cártel, las cuales han buscado alianzas de grupos
independientes en estados circunvecinos para el crecimiento de la
organización.
En la conferencia mañanera del viernes 25 de
octubre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que
previo a los atentados con coches bomba en Jerécuaro y
Acámbaro –territorios controlados por el Cártel Santa Rosa de Lima–
hubo amenazas. Tanto el mando
policial como Sheinbaum descartaron que estos atentados
sean actos de terrorismo.
El Congreso norteamericano, en varios momentos, ha
expresado el deseo de designar a los cárteles mexicanos de las drogas con
la categoría de terroristas (Foreign Terrorist Organizations, FTO), al
igual que 74 organizaciones paramilitares vinculadas o no con la
política y el fundamentalismo religioso en el mundo –entre estos Hamás,
Abu Nidal, Hezbolá y Al-Qaeda–, basado en su capacidad de ataque y al
considerarlas potenciales agresores al gobierno de Estados
Unidos, a la sociedad civil y a los regímenes de distintos países.
La petición se basa no sólo en el armamento que
poseen y los recursos económicos que tienen a través
del trasiego de drogas y por el blanqueo de capitales a
través de negocios aparentemente legítimos, sino en su poder
corruptor y la protección con la que cuentan a través
de redes políticas.
CJNG VS CDS.
Chiapas, la entidad de retiro del expresidente Andrés
Manuel López Obrador, es otro territorio en disputa por cárteles
del narcotráfico. El intento de control de las rutas de
tráfico de drogas y otros ilícitos en la región, entre el Cártel de
Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha intensificado la violencia.
Enfrentamientos armados entre grupos rivales en
diferentes regiones del estado, como en la zona norte y en
los municipios de Ocosingo y Las Margaritas, la persecución y
ataque a vehículos particulares en carreteras, así como el incremento
de homicidios y agresiones armadas en ciudades como Tuxtla
Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas son parte de un entorno
agravado por el crimen en el que han sido asesinadas personas con gran
arraigo social como el gerente de Banco Azteca, Abraham
González, en Tecpatán.
Las autoridades han anunciado planes para abordar la
situación y restaurar la paz en la región, pero la violencia ha
continuado.
El domingo 20 de octubre fue asesinado
el padre Marcelo Pérez, un sacerdote indígena Maya Tsotsil que
se encontraba asignado a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe ubicada
en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Fue atacado por dos
sicarios después de celebrar misa en Cuxtitali. Él era uno de
los principales promotores de los procesos de diálogo y
pacificación en el estado, además de mediador en conflictos armados.
Tras el ataque, la Arquidiócesis de San Cristóbal de
las Casas condenó el asesinato y pidió justicia para su familia
y la comunidad. Por su parte, el gobierno de Chiapas anunció que se
investigaría a fondo el crimen. El mandatario Rutilio Escandón calificó
el asesinato como un “acto cobarde y criminal”, y dos días después del
atentado fue detenido Edgar “N”, presunto autor material.
El semanario Desde la Fe publicó un artículo en el
que menciona que pese a las amenazas de muerte que había recibido, el
presbítero continuó con su labor pastoral. Refiere que la Diócesis de San
Cristóbal de las Casas había decidido trasladarlo de la parroquia
de Simojovel a la de Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad
de San Cristóbal, debido a las amenazas de muerte que había en su contra,
y que fue objeto de campañas de difamación (tras su
asesinato, Carmen Patricia Armendáriz, diputada plurinominal del
mayoritario Movimiento de Regeneración Nacional, publicó en su cuenta de X
que el sacerdote “tenía bienes que no vienen de la limosna”, como una forma de
desvalorizar a la víctima y atribuir un posible móvil a su homicidio). Aunque
no lo hizo explícito, la iglesia católica sugirió que las autoridades
no hicieron lo suficiente para proteger al padre Marcelo.
Dos exalcaldes que terminaron su gestión el 1
de octubre también fueron asesinados. El 15 de octubre, el cuerpo
de Clemente Gómez Gómez, quien gobernó el municipio tsotsil de San
Andrés Duraznal, fue localizado a la orilla del río Acapulquito, en un
tramo carretero del municipio de Huitiupan, mientras que el 23 de
octubre, Manuel Justo Gómez Beltrán, exedil de Marqués de Comillas,
fue acribillado por sicarios a bordo de una motocicleta, afuera de su
domicilio.
En febrero pasado, el entonces presidente López
Obrador negó que existieran bandas criminales en Chiapas o que
existiera un tema grave de violencia, pese a que organizaciones sociales
y activistas como el padre Marcelo habían pedido apoyo ante el
aumento de crímenes. El mandatario afirmó que se trataba de una campaña
mediática, tanto en esta entidad como en el resto del país, que
buscaba generar la idea de que había violencia.
La disputa CJNG-CDS se extiende a más territorios.
También ha convertido a Zacatecas en uno de los estados más
violentos del país. Ambas organizaciones son responsables
de enfrentamientos armados, extorsiones y asesinatos. El 14 de
octubre, un comando del Cártel Jalisco arrojó artefactos explosivos a
la entrada de la presidencia municipal de Jerez, con un saldo
de cinco heridos. El grupo colocó una manta en los barandales
del jardín dirigido a la facción del “Mayo” Zambada.
Las explosiones causaron pánico entre la población. El mismo
mensaje que dejaron frente a la alcaldía, también apareció en puentes
peatonales de Fresnillo.
En el National Drug Threat Assessment 2024,
la Agencia Antidrogas de Estados Unidos alertaba sobre
la rivalidad entre ambos cárteles, que tienen estructuras distintas.
“El Cártel de Sinaloa ejerce su poder a través
del miedo, las amenazas y la violencia selectiva. Por el contrario,
el CJNG se caracteriza por ejercer su control mediante
una violencia más indiscriminada”, indica el informe, que resalta que
mientras el CJNG se encuentra en un proceso de expansión, el CDS tiene
una red de relaciones construidas a través de alianzas
familiares en la mayoría de los estados en los que tiene presencia.
La estructura del CJNG es diferente:
la DEA refiere que opera bajo un modelo de negocio de
franquicia. Está supervisado por Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y
un pequeño grupo de comandantes de alto nivel que le reportan
directamente. En un segundo nivel están los jefes regionales y los
de plaza.
“El modelo de franquicia permite a cada grupo
semiindependiente personalizar sus operaciones de acuerdo con áreas específicas
de especialización (por ejemplo, dirigir laboratorios clandestinos de
metanfetamina), siempre que cumplan con los requisitos de nombre, marca y
estructura organizacional, además de seguir la dirección general”.
Este modelo de franquicia también ha permitido que
el Cártel Jalisco se expanda rápidamente, además de que maximiza sus
ingresos porque no paga los costos operativos de cada plaza, aunque se ha
detectado como debilidad que bajo el nombre del CJNG las franquicias
pueden formar sus propias alianzas únicas con otros grupos
criminales. De cualquier forma, el CJNG, a través de estas franquicias,
libra peleas por territorio al interior del país, incluidas entidades
donde los gobiernos estatales no reconocen la operación de cárteles de la
droga, entre estos Puebla, Querétaro e Hidalgo.
LOS OTROS FRENTES.
Aunque éstas son las principales batallas entre
cárteles que se libran en el sexenio inicial de Claudia Sheinbaum, en el
territorio nacional hay otros frentes en los que participan estos
mismos cárteles, sus franquicias, grupos regionales y locales por
el dominio de territorios.
El 14 de octubre, tres cuerpos calcinados en
un vehículo en la autopista México-Puebla, a la altura del arco de
seguridad de Huejotzingo, Puebla. El día ocho, cuatro cadáveres más,
igualmente calcinados, fueron hallados en un automóvil en la localidad
de San Lorenzo Nenamicoyan, en Jilotepec, Estado de México. Además de
los cuatro cuerpos completos, había
un cráneo. Analistas refieren que, por las dimensiones de
violencia, estos crímenes tienen características en común:
aparentes mensajes y desafío a organizaciones rivales o
autoridades. Los sitios en los que son dejados tienen como fin el “limbo” de
la responsabilidad territorial, en el que autoridades refieren que no son
ciudadanos de los estados y con ello pretenden minimizar la
violencia en la demarcación bajo su responsabilidad, sino cuerpos
“importados”.
El 30, cinco cadáveres, todos con huellas de
tortura y el “tiro de gracia”, fueron localizados a un costado de
la autopista México-Pachuca, en el kilómetro 38, en los límites
entre Hidalgo y el Estado de México. Los tres hombres y dos
mujeres estaban en las inmediaciones del Rancho La Luz, cerca de
una caseta abandonada en Tecámac.
En el paraje conocido como El Jaguey, en el mismo municipio,
la policía halló dos hombres sin vida, maniatados y con bolsas de
plástico en la cabeza que tenían heridas de arma de fuego.
La violencia en el primer mes del gobierno
de Sheinbaum dejó otros delitos de alto impacto en el país
como la irrupción de un comando que se autodenominó Grupo Nueva
Generación en la cabecera municipal de Técpan de Galeana,
en Guerrero. El enfrentamiento que tuvo con militares y policías
locales dejó diez muertos. Guerrero vive una situación de violencia
con desapariciones –una familia de diez integrantes, originaria
de Chilpancingo, desapareció entre el 22 y 24 de octubre, tras salir a
comerciar– y asesinatos que afecta a región Centro, Costa
Chica, Costa Grande, el Norte y la Montaña.
Aunque la facción del CDS y Jalisco
Nueva Generación son reconocidas tanto en México como en Estados Unidos
como los principales grupos transnacionales y con mayor
posicionamiento territorial, existen más amenazas como el Cártel del
Golfo, Los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Beltrán
Leyva, el Cártel del Noreste (que EU afirma ha seguido
siendo liderado por los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño
Morales aún desde prisiones mexicanas) y el Cártel Nueva Plaza, una
escisión del CJNG. A estos se suman los grupos que
focalizados en regiones, que pueden incluir más de una entidad
federativa, o en territorios específicos, algunos de los cuales buscan la
vinculación con cárteles más grandes.
¿PAX NARCA?
En su conferencia de prensa del 28 de octubre, la
presidenta fue cuestionada si ha considerado pactar con el crimen
organizado, “no en los términos en los que lo hizo Genaro García Luna,
sino como lo propuso un diputado de Morena, Manuel Espino”,
con amnistía, focalizar algún diálogo con algunas células,
entre otras opciones.
La pregunta estaba presidida por otra sobre un boletín
del Partido Acción Nacional (PAN) en la que le pedían “no mentir ni
distraer la atención sobre su intentona de destruir el Estado de Derecho”,
a lo cual respondió: “Sí. En el primer caso, pues hay mucha hipocresía,
¿no? El PAN, en general el conservadurismo es muy hipócrita,
porque no dice nada de García Luna y dicen que ahora
hay narcoterrorismo.
“Ya habría que leer exactamente lo que quiere decir en
la legislación internacional y nacional lo que eso significa, que no tiene
nada qué ver con lo que está pasando. De hecho, ellos lo dicen, porque lo que
buscan es intervención; o sea, de ese tamaño es su falta de amor a México.
Son como los conservadores del siglo XIX, que fueron a llamar
a Europa para que hubiera un emperador, Maximiliano, es lo
mismo.
“Entonces, nosotros tenemos estrategia y vamos a
dar resultados, se va a ir viendo poco a poco, y tiene que ver
con atención a las causas y con disminuir la impunidad, son
los dos ejes centrales”.
Retomó la dialéctica de su antecesor, Andrés
Manuel López Obrador, para afirmar que sólo hay dos proyectos de nación:
el de la corrupción y los privilegios, “el de la guerra
contra el narco, que es la derecha”, y “otro proyecto, que es el que representamos
nosotros y el que la mayoría del pueblo de México quiere. Después afirmó ante
la reiteración del cuestionamiento: “nosotros no vamos
a negociar con delincuentes. Nosotros vamos a
seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero
impunidad”.
