PERIODISTA PROTEGIDO ACUSA AL PROPIO MECANISMO DEL EDOMEX DE VOLVERSE EN SU CONTRA

 

*ECATEPEC, Estado de México, 13 de mayo de 2025.- Osvaldo Muller denuncia que funcionarios encargados de proteger a periodistas acompañaron a una diputada para intentar proceder contra él por escribir una nota incómoda; teme por su vida y la seguridad de su familia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 13 de mayo de 2026.- Lo que debía ser un escudo para proteger periodistas amenazados en el Estado de México, hoy se convirtió —según la denuncia pública del periodista Osvaldo Muller— en un aparato de presión política al servicio del poder.

 

La mañana de este miércoles, alrededor de las 11:00 horas, Muller difundió un video donde asegura temer por su vida, luego de señalar directamente a Israel Hernández Sosa, Coordinador Ejecutivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México, así como a Andrés Coca Salcedo, encargado de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Inmediata, de haber acompañado a una diputada de Ecatepec para intentar denunciarlo por una publicación periodística que resultó incómoda para la legisladora.

 

La acusación resulta explosiva porque Osvaldo Muller no es un ciudadano cualquiera frente al mecanismo: es beneficiario de protección oficial. Es decir, los mismos funcionarios señalados tienen acceso a información altamente sensible sobre su vida personal, movimientos, rutinas y entorno familiar.

 

El periodista cuestionó cómo quienes deberían garantizar la libertad de expresión y proteger a comunicadores, terminan amenazado los, presuntamente, respaldando a una figura política inconforme con una nota periodística. Más aún, subrayó que en ningún momento reveló el nombre de la diputada involucrada, recordando que cualquier servidor público está sujeto al escrutinio social debido a que ejerce funciones financiadas con recursos públicos.

 

Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no habría dado entrada a la intención de proceder contra el periodista, Muller considera que el hecho evidencia una peligrosa utilización política de las instituciones creadas para proteger a la prensa.

 

El comunicador afirmó sentirse especialmente vulnerable porque el mecanismo conoce detalles íntimos de su vida y de su familia: desde las escuelas de sus hijos, hasta los dispositivos de seguridad instalados en su domicilio, sus rutas de traslado, lugares de trabajo e incluso sitios donde realiza actividades cotidianas como comprar alimentos.

 

Además, advirtió que, mediante el botón de pánico entregado por el propio mecanismo, las autoridades responsables pueden conocer su ubicación prácticamente en tiempo real.

 

Para Muller, el riesgo no solo radica en el presunto intento de intimidación política, sino en la posibilidad de que el mecanismo busque retirarle la protección institucional, dejándolo expuesto ante cualquier agresión futura y permitiendo que las autoridades se deslinden de responsabilidad.

 

“El mecanismo ya no es confiable”, sostuvo el periodista, quien además lanzó críticas directas contra Israel Hernández Sosa, a quien calificó como un funcionario ajeno a la realidad mexiquense y más cercano a intereses políticos que a la defensa de periodistas amenazados.

 

La denuncia abre una interrogante de enorme gravedad: ¿qué ocurre cuando quienes poseen información sensible sobre periodistas protegidos terminan señalados de actuar políticamente contra ellos?

 

El caso exhibe una crisis de credibilidad dentro del sistema estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, un mecanismo que nació para resguardar vidas, pero que ahora enfrenta acusaciones de convertirse en una herramienta de presión y control.

 

Ante el nivel de desconfianza, Osvaldo Muller anunció que acudirá a instancias federales e internacionales para solicitar apoyo y protección, e incluso advirtió que podría abandonar el país si considera que su integridad y la de su familia están en riesgo.

 

Asimismo, exigió de manera urgente una reunión con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; con el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte; y con el fiscal general mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, para denunciar lo que considera una traición institucional desde el propio mecanismo que debía protegerlo.

METEPEC: DEL CASTIGO EJEMPLAR AL RESPALDO

 POLÍTICO A POLICÍAS GOLPEADORES

 

*Fernando Flores intenta justificar brutalidad policiaca y abre la puerta a la impunidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

METEPEC, Estado de México, 12 de mayo de 2026.– En menos de 24 horas, el discurso oficial en Metepec dio un giro alarmante: primero, el gobierno municipal aseguró que los policías que aparecen golpeando brutalmente a un ciclista serían investigados y separados del cargo; después, el alcalde Fernando Flores Fernández salió públicamente a justificar la agresión bajo el argumento de que la víctima “presuntamente” estaría relacionada con hechos delictivos.

 

La contradicción exhibe no solo desorden dentro del gobierno municipal, sino una peligrosa narrativa que pretende normalizar el abuso policial y convertir a los uniformados en jueces y verdugos en plena vía pública.

 

El escándalo estalló luego de que se difundiera un video grabado en las calles Ezequiel Capistrán Rodríguez y Miguel Hidalgo, donde se observa a elementos de la policía municipal interceptar a un hombre que circulaba en bicicleta, someterlo a golpes y posteriormente dejarlo ir.

 

Las imágenes provocaron indignación inmediata en redes sociales debido a la evidente desproporción en el uso de la fuerza. En el video se aprecia cómo al menos tres policías participan en la agresión física contra un hombre que nunca fue presentado ante autoridad ministerial alguna.

 

Ante la presión pública, el comisario de Seguridad Pública de Metepec, Jesús Ramírez Manzur, difundió un mensaje asegurando que los elementos ya habían sido identificados y separados de sus funciones.

 

“El presidente fue claro: no se permitirá que ningún funcionario abuse de su posición”, declaró el mando policiaco, prometiendo una investigación y acompañamiento a la persona afectada.

 

Sin embargo, el discurso institucional cambió abruptamente cuando el alcalde Fernando Flores Fernández decidió intervenir para justificar la actuación de los policías, argumentando que el hombre agredido supuestamente ya había sido detenido anteriormente y liberado por la Fiscalía por falta de pruebas.

 

La declaración del alcalde abre cuestionamientos delicados: ¿desde cuándo un antecedente o una sospecha se convierte en autorización para golpear ciudadanos en la calle? ¿Bajo qué ley los policías municipales pueden castigar físicamente a una persona sin presentarla ante el Ministerio Público?

 

Porque si el hombre realmente cometió un delito, la obligación legal de los uniformados era detenerlo conforme a derecho y ponerlo a disposición de la autoridad competente, no propinarle una golpiza y después abandonarlo en la vía pública.

 

El problema de fondo no es únicamente la agresión captada en video, sino el mensaje político que emite el gobierno de Metepec: la posibilidad de legitimar la violencia policial bajo el argumento de que la víctima “podría ser delincuente”.

 

En un Estado de derecho, la culpabilidad no la determina un alcalde, ni un policía municipal, ni una publicación en redes sociales. La determina una autoridad judicial mediante pruebas y un debido proceso.

 

Lo verdaderamente preocupante es que mientras el comisario hablaba de sanciones y separación del cargo, el presidente municipal ya comenzaba a abrir la puerta para el eventual regreso de los elementos involucrados.

 

La pregunta que hoy queda en el aire para los habitantes de Metepec es inevitable: si el propio alcalde justifica el uso excesivo de la fuerza, ¿qué garantías tiene cualquier ciudadano de no ser golpeado mañana bajo la simple acusación de “parecer sospechoso”?

 

Porque las imágenes son contundentes. No muestran una detención profesional. No muestran control táctico. Muestran brutalidad.

 

Y cuando una autoridad intenta justificar la brutalidad en lugar de condenarla, el mensaje para la corporación policiaca es devastador: la violencia puede tener respaldo político.

FISCALÍA DEL EDOMEX: 70 MIL DESAPARECIDOS, ERRORES

 MASIVOS Y UN FISCAL REBASADO

 

*Mientras la FGJEM presume depuración de registros, miles de familias siguen atrapadas entre expedientes duplicados, omisiones ministeriales y una crisis de desapariciones que mantiene al Estado de México como el peor del país

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 12 de mayo de 2026.- La crisis de desapariciones en el Estado de México ya no puede maquillarse con discursos burocráticos ni con informes llenos de tecnicismos. La propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Martínez, terminó por admitir el tamaño del desastre: más de 70 mil reportes de personas desaparecidas acumulados entre enero de 2005 y marzo de 2026, expedientes duplicados, registros alterados, casos activos de personas que ya habían sido localizadas y una estructura institucional incapaz de mantener control sobre una de las tragedias humanas más graves del país.

 

El reconocimiento oficial exhibe no sólo el colapso administrativo de la Fiscalía mexiquense, sino también la incapacidad de un fiscal que, pese a los años al frente de la institución, sigue justificando errores históricos mientras miles de familias viven atrapadas en la incertidumbre, el abandono y el dolor.

 

Las cifras son demoledoras. Según el Cuarto Informe de Gestión 2025-2026 de la FGJEM, la entidad acumuló 70 mil 139 reportes de desaparición. El crecimiento más alarmante ocurrió entre 2012 y 2019, cuando los casos pasaron de 910 a 6 mil 862 denuncias, un incremento brutal de 654% en apenas siete años.

 

Aunque la Fiscalía presume una reducción de reportes entre 2024 y 2025, al pasar de 5 mil 988 a 5 mil 285 denuncias, la realidad es que el Estado de México se mantiene como la entidad con más personas desaparecidas y no localizadas de todo el país, con 14 mil 772 casos vigentes, superando incluso a entidades históricamente marcadas por la violencia como Tamaulipas y Jalisco.

 

Detrás de las estadísticas hay un reconocimiento todavía más grave: la Fiscalía admitió que durante años mantuvo registros erróneos de personas que aparecían oficialmente como desaparecidas pese a haber sido encontradas. Es decir, ni siquiera la institución encargada de buscar personas tenía claridad sobre quién seguía desaparecido y quién no.

 

El propio informe reconoce que las inconsistencias derivaron de duplicidad de expedientes, omisiones ministeriales, falta de actualización de carpetas de investigación, errores de seguimiento y fallas en la coordinación entre bases de datos estatales y nacionales.

 

En otras palabras: la Fiscalía perdió el control de la información más sensible relacionada con miles de víctimas.

 

La dependencia intentó justificar el desastre argumentando que algunas familias no notificaron la localización de sus seres queridos o que ciertas personas pidieron mantenerse como desaparecidas para escapar de violencia familiar o deudas. Sin embargo, esas explicaciones no reducen la gravedad de los hechos; por el contrario, evidencian la ausencia de protocolos eficientes y la precariedad institucional bajo la gestión de Cervantes Martínez.

 

Resulta escandaloso que una Fiscalía que presume tecnología, inteligencia y capacidad operativa haya permitido durante años la existencia de expedientes duplicados y registros falsamente activos en uno de los temas más delicados del país.

 

La FGJEM presume que el 77% de las personas reportadas han sido localizadas y que 65% aparecieron durante los primeros cinco días. Sin embargo, el mismo documento revela otra cifra alarmante: apenas 7.2% fueron encontradas el mismo día en que el Ministerio Público recibió el reporte. Es decir, la reacción inmediata sigue siendo mínima en una crisis donde las primeras horas suelen definir entre la vida y la muerte.

 

Además, aunque la institución sostiene que más del 95% de las personas localizadas sin vida murieron por accidentes, suicidios o problemas de salud, también reconoce que miles de casos estuvieron relacionados con delitos graves como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata y privación ilegal de la libertad.

 

La tragedia no es solamente estadística. Son miles de madres buscando a sus hijos, familias enteras destruidas y colectivos de búsqueda haciendo el trabajo que el Estado no ha podido resolver.

 

Lo más preocupante es que el reconocimiento de errores ocurre después de años de crisis, presión social y exigencias de colectivos. La Fiscalía ahora asegura que desde 2022 todo reporte debe integrarse obligatoriamente en carpetas de investigación y promete fortalecer “análisis de contexto” para detectar patrones de desaparición. Pero esas medidas llegan tarde para miles de víctimas que quedaron atrapadas entre la negligencia institucional, la simulación y el desorden burocrático.

 

PORQUE ADMITIR ERRORES NO BASTA

 

Un funcionario medianamente responsable, después de reconocer semejante nivel de fallas estructurales, inconsistencias y omisiones en una tragedia de dimensiones históricas, tendría que asumir consecuencias políticas y morales. Permanecer en el cargo mientras el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en desapariciones sólo confirma que la crisis ya rebasó por completo a la Fiscalía mexiquense.

 

Las desapariciones no son simples números en un informe de gestión. Son vidas humanas. Y cada expediente mal integrado, cada carpeta duplicada y cada registro alterado representa una familia condenada a vivir entre el abandono institucional y el sufrimiento interminable.

MORENA FRENA CANDADO CONTRA EL NARCO EN EL CONGRESO MEXIQUENSE

 

*La “Bancada Guinda” rechaza propuesta para impedir que aspirantes con presuntos vínculos criminales lleguen al poder; el caso de Samuel Ríos vuelve a encender las alarmas

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 12 de mayo de 2026.- Mientras el discurso oficial de Morena insiste en combatir la corrupción y cerrar el paso al crimen organizado, en el Congreso mexiquense ocurrió exactamente lo contrario: la mayoría morenista rechazó una propuesta que buscaba impedir que personas con presuntos vínculos con grupos criminales pudieran contender por cargos de elección popular en el Estado de México.

 

La iniciativa fue presentada por la diputada Ruth Salinas, integrante de Movimiento Ciudadano, quien propuso incorporar a la Constitución local un requisito elemental: que cualquier aspirante a diputaciones, alcaldías o regidurías declarara, bajo protesta de decir verdad, no tener nexos con el crimen organizado, narcotráfico o terrorismo.

 

Además, la propuesta contemplaba que las autoridades electorales pudieran solicitar información a la Fiscalía para verificar posibles vínculos delictivos de los candidatos.

 

Sin embargo, la reserva a los artículos 40, 68 y 119 de la Constitución mexiquense fue sepultada por la mayoría de Morena sin argumentos sólidos, jurídicos o políticos, evidenciando que para el partido gobernante resulta más cómodo blindar intereses que transparentar candidaturas.

 

Durante su intervención, Ruth Salinas fue contundente: “La lucha contra el crimen organizado no puede quedarse en discursos”. Pero en el Congreso local el mensaje fue otro: cuando se trata de tocar intereses políticos, Morena prefiere cerrar filas antes que abrir expedientes.

 

El rechazo de la reforma volvió a poner bajo la lupa al diputado morenista Edgar Samuel Ríos Moreno, presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales y Desarrollo Democrático, quien fue uno de los principales opositores a la propuesta.

 

Samuel Ríos representa al distrito de Chimalhuacán-Chicoloapan y es esposo de la exalcaldesa del municipio de San Vicente Chicoloapan, la morenista Nancy Gómez Vargas, personaje cuya familia ha estado envuelta desde hace años en escándalos relacionados con presuntos vínculos criminales.

 

En junio de 2023 fue detenido en el municipio de Texcoco Alexis Gómez Vargas, alias “El Honda”, hermano de la entonces alcaldesa, por presunta posesión de armas y drogas. De acuerdo con reportes, el sujeto intentó identificarse como familiar directo de la presidenta municipal para evitar su detención ante policías y elementos del Ejército.

 

Pero el caso más delicado es el de Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, otro hermano de Nancy Gómez Vargas y cuñado del diputado Samuel Ríos. El sujeto permanece prófugo y es buscado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2020, además de ser señalado como posible operador de una célula de La Familia Michoacana.

 

Diversas investigaciones apuntan que, tras la captura de Brayan “N”, alias “El Panqué”, “El Kino” habría asumido el control de operaciones criminales en Chicoloapan.

 

Pese a ello, Morena ha evitado pronunciarse con firmeza sobre el tema, mientras personajes cercanos al grupo político continúan ocupando posiciones de poder y control legislativo.

 

En los pasillos políticos mexiquenses el señalamiento ya no es menor: ¿por qué Morena rechazó una reforma que únicamente pedía transparencia y revisión de antecedentes para quienes buscan gobernar?

 

La contradicción se vuelve todavía más evidente frente a las declaraciones recientes de la presidenta de Morena a nivel Nacional, Ariadna Montiel, quien durante el pasado Congreso Nacional de Morena aseguró que ninguna persona con señalamientos de corrupción o vínculos criminales debería ser postulada, incluso si ganaba encuestas internas.

 

“Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción o tiene vínculos con criminales, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”, afirmó.

 

Hoy, esas palabras chocan de frente con la actuación de la bancada morenista en el Estado de México, donde diputados decidieron bloquear una reforma que precisamente buscaba impedir la infiltración del crimen organizado en la vida pública.

 

La ciudadanía mexiquense observa con creciente desconfianza cómo Morena se niega a establecer filtros básicos para sus propios cuadros políticos, mientras personajes cuestionados continúan acumulando poder bajo el amparo del partido gobernante.

MAPA CRIMINAL EXHIBE PRESUNTA PROTECCIÓN DE MORENA Y EL PVEM A SINDICATOS LIGADOS A EXTORSIÓN EN EL EDOMEX

*La Fiscalía mexiquense reconoce tener identificados a más de 20 grupos criminales, pero continúan operando con impunidad; crecen señalamientos contra funcionarios y gobiernos ligados a Morena por presuntos vínculos y encubrimiento político

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 11 de mayo de 2026.- El reciente “mapa criminal” presentado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no solo confirma lo que millones de mexiquenses denuncian desde hace años: que el crimen organizado domina amplias regiones de la entidad; también deja al descubierto el tamaño del fracaso político del gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez, quien ha preferido guardar silencio frente a los presuntos vínculos entre operadores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y organizaciones criminales disfrazadas de sindicatos.

 

Porque mientras la Fiscalía asegura tener plenamente identificados a más de 20 grupos criminales, sus zonas de operación, sus actividades ilícitas y hasta sus estructuras de control territorial, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué continúan operando con absoluta impunidad?

 

La respuesta parece encontrarse en la protección política. Y es ahí donde el gobierno de Delfina Gómez queda severamente cuestionado.

 

Lejos de emprender una limpia profunda dentro de Morena y de los gobiernos municipales señalados por sus presuntos nexos con estas estructuras, la mandataria mexiquense ha optado por el silencio, el encubrimiento político y la simulación institucional.

 

Uno de los casos más graves es el del llamado Sindicato 22 de Octubre, organización señalada por la propia Fiscalía por presuntos delitos relacionados con extorsión, control territorial, invasión de predios y presión contra comerciantes y transportistas.

 

Sin embargo, el líder de esta agrupación en Chalco —hoy encarcelado— no surgió de la clandestinidad ni del anonimato criminal: era regidor emanado del Partido Verde Ecologista de México, aliado político de Morena en el Estado de México.

 

Es decir, mientras el gobierno estatal hablaba de combate al crimen, personajes vinculados a organizaciones señaladas por la propia Fiscalía ocupaban cargos públicos y operaban políticamente desde las instituciones.

 

En Los Reyes La Paz, las denuncias ciudadanas son todavía más delicadas. Habitantes acusan desde hace años que el Sindicato 22 de Octubre controla presuntamente pozos de agua, la distribución y venta del líquido, además de intentar apoderarse de los tianguis locales para imponer cobros de derecho de piso.

 

Todo ello, afirman diversas voces locales, bajo presuntos acuerdos políticos ligados al entorno del gobierno municipal morenista.

 

El escándalo también alcanza a Ecatepec con el grupo conocido como “La Chokiza”, señalado por actividades de presión y extorsión. Diversas versiones apuntan a la cercanía de sus operadores con personajes del entorno político de la alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss.

 

Frente a este escenario, la gobernadora Delfina Gómez no puede seguir fingiendo desconocimiento.

 

Porque si la Fiscalía tiene plenamente identificadas estas organizaciones, entonces el gobierno estatal también sabe perfectamente quiénes son los funcionarios, regidores, operadores políticos y alcaldes que permitieron su crecimiento.

 

El problema ya no es únicamente de seguridad. Es un problema de presunta complicidad política.

 

Mientras Morena presume discursos de transformación y combate a la corrupción, en municipios mexiquenses continúan creciendo estructuras criminales que operan bajo la fachada de sindicatos, movimientos sociales o agrupaciones populares, muchas de ellas con presuntos vínculos con actores políticos en funciones.

 

Y aunque el gobierno estatal insiste en hablar de estrategia y coordinación, la realidad es que los ciudadanos siguen viviendo bajo extorsión, violencia, cobro de cuotas, despojo de propiedades y amenazas constantes.

 

El mapa criminal presentado por la Fiscalía, bajo las órdenes del Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, termina siendo, en realidad, un retrato devastador del fracaso institucional de Morena en el Estado de México.

 

Porque de nada sirve identificar a los criminales si el poder político continúa protegiendo a quienes los hicieron crecer.

¿EL CÁRTEL DE SINALOA TAMBIÉN AVALÓ A JUECES Y

 MAGISTRADOS DEL ACORDEÓN?

 

*Si las elecciones de 2021 demostraron que en Sinaloa nadie pudo llegar a un cargo sin el aval del Cártel, ¿podría alguien convertirse en juez o en magistrado sin la venia de los jefes del crimen?

 

Por: Héctor De Mauleón

 

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió la semana pasada que vendrían nuevas acusaciones en contra de funcionarios y políticos mexicanos y dejó como al pasar una frase que ha desatado una crisis en el Poder Judicial de Sinaloa:

 

“Ya hemos acusado a múltiples funcionarios del gobierno de México; recientemente, también a un juez”.

 

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, de haber pactado su acceso al poder con el Cártel de Sinaloa, y de recibir sobornos a cambio de facilitar el flujo masivo de drogas por parte de esta organización delictiva, se han rescatado innumerables testimonios y trabajos periodísticos que documentan la intervención de ese cártel durante la elección de 2021.

 

Rocha Moya cayó a resultas del escándalo.

 

No así su amigo y mano derecha, el senador de Morena Enrique Inzunza, otro de los acusados por el Departamento de Justicia, y quien ocupó la secretaría general de Gobierno durante el primer tramo del sexenio del mandatario sinaloense.

 

Desde el 29 de abril pasado, cuando se dio a conocer la acusación, Inzunza dejó de presentarse en público y tampoco acudió a la sesión de la Comisión Permanente del pasado 6 de mayo, para no dar oportunidad, según anunció, a que los “personeros de la derecha conservadora” se valieran de las acusaciones de Estados Unidos para convertir la sesión en un espectáculo.

 

El senador sigue escudado en el fuero, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum se resiste a cumplir la solicitud de captura con fines de extradición de los funcionarios señalados.

 

Y es que Enrique Inzunza puede ser igual de peligroso para la 4T que el mismo Rocha Moya. El senador, señalado por la acusación que validó un Gran Jurado como cómplice del Cártel de Sinaloa, fue el gran operador de la reforma judicial de 2025.

 

En Sinaloa, todos los jueces incluidos en el “acordeón” que Inzunza planchó en Mazatlán en mayo de 2025 con una ministra de la Suprema Corte, resultaron triunfadores en dicha elección. La coincidencia entre las listas distribuidas por órdenes de Inzunza y los ganadores, es ni más ni menos que del 100 por ciento.

 

Si las elecciones de 2021 demostraron que en Sinaloa nadie pudo llegar a un cargo político sin el aval del Cártel de Sinaloa, ¿podría alguien convertirse en juez o en magistrado sin la venia de los jefes de este grupo criminal?

 

En la semana previa a la elección judicial, los burócratas de Sinaloa recibieron acordeones con instrucciones de voto. Además de instruir a los empleados de gobierno sobre qué candidatos elegir, se les pidió que tomaran fotografías de las boletas, una vez llenadas.

 

En las listas aparecían los jueces y juezas de distrito, los magistrados y magistradas de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados y las magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y las magistradas y los magistrados de circuito.

 

En el caso de Sinaloa las seis boletas, divididas en colores, fueron entregadas a los trabajadores con los nombres y los números de los candidatos y candidatas seleccionados.

 

Como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Inzunza fue una pieza clave para procesar la reforma judicial y establecer las nuevas reglas para la integración del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. Había presidido el Poder Judicial de Sinaloa durante más de seis años, y al sumarse al gobierno de Rocha Moya dejó a gente de su equipo. No solo repartió cargos entre su esposa, sus hermanos y otros familiares: era el mayor poder dentro de ese poder en Sinaloa: ponía y quitaba jueces a su antojo.

 

En el Senado defendió la reforma judicial y la comparó con “la reforma histórica” de 1857. Citó a Riva Palacio, a José María Iglesias, a Zarco y a El Nigromante, para asegurar que tras la reforma habría jueces y magistrados más imparciales e independientes. Dijo que sin importar cómo un juez sea nombrado, lo importante era “la virtud de la imparcialidad”. Dijo que resultarían electos los abogados más dignos y honrados. Dijo que no había que “desconfiar del pueblo”.

 

En abril de 2025 llamó a los partidos a no meterse en la elección. Aseguró que se trataba de una elección “netamente ciudadana”.

 

Al mismo tiempo, a partir de operadores cercanos, entre los que se menciona a Irineo Lizárraga Velarde, operó esa elección a modo.

 

¿Si Inzunza y sus cómplices entregaron el gobierno estatal al Cártel de Sinaloa, no hicieron lo mismo con el Poder Judicial? ¿Podría permitir el Cártel de Sinaloa la llegada de jueces y magistrados que lo pusieran en riesgo?

 

En Sinaloa se preparan acusaciones que sostienen que para estar en el “acordeón” era preciso contar la autorización de los jefes del Cártel —y, en cada municipio, con la venia de los jefes de plaza.

 

Inzunza es uno de los perfiles de mayor peso dentro del partido oficial. Un operador de primer nivel al lado de Adán Augusto López e Ignacio Mier. De resultar culpable podría ser sentenciado a cadena perpetua o a una pena de 40 años. ¿Qué Poder Judicial le dejó a los sinaloenses?

 

Cuando la advertencia del fiscal general de Estados Unidos finalmente adquiera un perfil, un nombre, tal vez esa pregunta podrá ser contestada.

MORENA Y EL VIEJO TRUCO DEL PODER: DESAYUNOS, PROMESAS Y PERIODISTAS OLVIDADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Entre cafés y discursos, el gremio periodístico vuelve a escuchar las mismas promesas que el poder jamás cumplió

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 10 de mayo de 2026.– En el Estado de México la historia volvió a repetirse, solo cambiaron los colores del partido en el poder. Morena terminó por adoptar las mismas prácticas que durante décadas criticó al PRI: utilizar al gremio periodístico cuando conviene políticamente, llenarlo de promesas en tiempos estratégicos y después abandonarlo al olvido, a la precariedad y a la indefensión.

 

El pasado viernes 8 de mayo, la presidenta estatal de Morena, Luz María Hernández Bermúdez, compartió un desayuno con periodistas de la zona oriente mexiquense. El encuentro provocó entusiasmo entre varios comunicadores, quienes difundieron fotografías, mensajes y expresiones de agradecimiento por la cercanía mostrada por la dirigente morenista.

 

Sin embargo, detrás de las sonrisas, los abrazos y las mesas servidas, resurge una pregunta incómoda: ¿Tan rápido olvidaron los agravios?

 

Apenas en enero pasado, periodistas denunciaron públicamente haber sido excluidos de un desayuno convocado por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez. En ese momento circularon videos, reclamos y notas periodísticas donde comunicadores acusaban al área de Comunicación Social del gobierno estatal de negarles el acceso y tratarlos con desprecio.

 

Hoy, meses después, muchos de esos mismos comunicadores celebran un desayuno político como si se tratara de un acto histórico de reconocimiento al gremio. Una contradicción brutal que exhibe el nivel de vulnerabilidad en el que sobrevive gran parte del periodismo mexiquense.

 

La escena no es nueva. Durante décadas, los gobiernos priistas perfeccionaron un mecanismo perverso: prometer protección, seguridad social, apoyos económicos, publicidad oficial, pensiones, gastos funerarios y respaldo jurídico a periodistas independientes. Todo eso aparecía cada vez que había elecciones o crisis políticas.

 

DESPUÉS VENÍA EL SILENCIO

 

Los compromisos jamás se materializaban. El gremio seguía trabajando sin garantías, sin seguridad y muchas veces bajo amenazas constantes. Pero el objetivo político ya se había cumplido: obtener cobertura gratuita, favorable y reducir las críticas incómodas.

 

HOY MORENA RECORRE EXACTAMENTE EL MISMO CAMINO QUE EL PRI

 

En los últimos días comenzó a circular información sobre una posible reforma a la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Estado de México. Según el discurso oficial, la iniciativa incluiría servicios de salud, seguridad social, apoyos funerarios, capacitación y profesionalización para periodistas.

 

La narrativa gubernamental sostiene que el proyecto surgió del diálogo con el gremio y de los foros regionales impulsados por el gobierno estatal.

 

La encargada de difundir esa versión fue Nayeli Gómez Castillo, sobrina de la gobernadora y coordinadora de comunicación social del gobierno del Edomex, quien aseguró que las propuestas nacieron directamente de las demandas expresadas por periodistas mexiquenses.

 

EL DISCURSO SUENA BIEN. DEMASIADO BIEN

 

Porque mientras desde el poder hablan de democracia, libertad de expresión y protección al periodismo, la realidad en las calles mexiquenses es completamente distinta: agresiones, abandono institucional, censura indirecta, exclusión, precariedad económica y presión política permanente sobre medios de comunicación.

 

Muchos periodistas saben perfectamente cómo opera el sistema. Saben que los gobiernos —sin importar el partido— suelen acercarse al gremio cuando necesitan legitimidad, cobertura mediática o control político.

 

Por eso resulta todavía más preocupante que algunos comunicadores continúen cayendo en el mismo juego de siempre: cambiar dignidad por cercanía política, crítica por fotografías y exigencia profesional por desayunos protocolarios.

 

Mientras tanto, el Estado de México continúa hundido en una crisis de violencia, corrupción y desconfianza institucional. Municipios gobernados por Morena enfrentan constantes señalamientos por inseguridad y presuntos vínculos de funcionarios locales con grupos criminales, mientras desde el poder se insiste en construir una narrativa de transformación que cada vez convence menos.

 

EL PROBLEMA NO ES UN DESAYUNO

 

El problema es que el periodismo mexiquense corre el riesgo de convertirse nuevamente en rehén de las promesas vacías del poder político, exactamente igual que ocurrió durante los peores años del priismo que Morena juró combatir.

LA PAZ BAJO ASEDIO: DENUNCIAN EXPANSIÓN CRIMINAL, EXTORSIONES Y RETIRO DE CÁMARAS MIENTRAS EL GOBIERNO MUNICIPAL GUARDA SILENCIO

* Entre extorsiones, violencia y retiro de cámaras vecinales, crecen sospechas sobre presuntos pactos de poder y crimen en el municipio mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 9 de mayo de 2026.- El miedo se ha convertido en rutina para miles de familias en Los Reyes La Paz. Vecinos de distintas colonias denuncian que grupos de sujetos armados a bordo de motocicletas han tomado el control de calles, bares y zonas comerciales, donde operan con total impunidad entre homicidios, narcomenudeo, extorsiones y asaltos violentos, mientras las autoridades municipales permanecen ausentes o, peor aún, actúan contra los propios ciudadanos.

 

Habitantes de colonias ubicadas en las partes altas del municipio aseguran que los robos a transeúntes se han disparado de manera alarmante en las últimas semanas. Denuncian que hombres encapuchados recorren diariamente las calles despojando a vecinos de dinero, celulares y pertenencias, sin que exista presencia policiaca suficiente para contener la ola delictiva.

 

Pero el terror no termina ahí. Comerciantes y propietarios de bares han comenzado a encontrar números telefónicos pegados en fachadas y establecimientos, con mensajes intimidatorios para que se comuniquen y “arreglen” su situación, una práctica que, según testimonios, ha derivado en cobros de piso y amenazas directas.

 

Frente a este escenario, vecinos afirman haber solicitado en repetidas ocasiones apoyo de seguridad a la administración encabezada por la alcaldesa morenista Martha Guerrero, sin obtener respuesta efectiva. La indignación creció aún más luego de que el gobierno municipal iniciara el retiro de cámaras de videovigilancia particulares instaladas por ciudadanos para protegerse ante la incapacidad oficial de garantizar seguridad.

 

Para muchos habitantes, la decisión resulta incomprensible y profundamente sospechosa. Mientras la delincuencia se expande, el gobierno local parece enfocado en desmantelar los pocos mecanismos de vigilancia ciudadana que documentan robos, agresiones y movimientos de grupos criminales.

 

“En lugar de protegernos, pareciera que quieren dejarnos ciegos”, denunció un vecino de la zona alta del municipio, quien pidió anonimato por temor a represalias.

 

Las acusaciones adquieren una dimensión todavía más delicada debido a los señalamientos que desde hace tiempo persiguen a Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa y autodenominado operador político de la localidad. Diversas versiones lo vinculan presuntamente con integrantes del grupo criminal conocido como “Sindicato 22 de Octubre”, organización señalada de controlar actividades de extorsión, transporte irregular y distribución de agua mediante el control de pozos públicos.

 

En el centro de esos señalamientos aparece el nombre de Héctor Becerril, identificado por diversas fuentes locales como operador del grupo en la región y supuesto responsable del control de los pozos de agua y la distribución del líquido en el municipio.

 

De acuerdo con testimonios cercanos al entorno político local, existiría la intención de replicar en Los Reyes La Paz un esquema similar al que operó en Chalco bajo el mando de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, líder del mismo grupo criminal, quien presuntamente construyó una red de extorsión que alcanzó a taxistas, mototaxistas, choferes del transporte público, operadores de pipas y comerciantes.

 

Las versiones sostienen que el control del agua, del transporte y de actividades comerciales no sería únicamente un negocio criminal, sino también una estructura de presión política y territorial con miras a los próximos procesos electorales, donde Morena buscaría consolidar poder territorial en medio de crecientes acusaciones de presuntos pactos con grupos delincuenciales.

 

Mientras tanto, el municipio continúa hundido en la violencia, el miedo y la desconfianza institucional. Existen videos y fotografías donde se aprecian a colaboradores muy cercanos a regidores y regidoras, en los que se puede apreciar que están haciendo disparos al aire para demostrar quien manda en ese territorio, sin embargo, para el gobierno de Morena, eso es totalmente normal.   

 

Los habitantes cuestionan el silencio de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como la actuación del fiscal mexiquense José Luis Cervantes Martínez, a quienes acusan de mantener una postura complaciente frente al deterioro de la seguridad pública en La Paz desde la llegada de Morena al gobierno municipal.

 

Hoy, en Los Reyes La Paz, la pregunta que recorre las calles ya no es cuándo regresará la seguridad, sino quién gobierna realmente el municipio.

MORENA Y PRI CRUZAN LA LÍNEA: ACUSACIONES DE NARCOPOLÍTICA DESATAN UNA GUERRA QUE AMENAZA CON INCENDIAR AL PAÍS

 

*Estados Unidos aprieta la presión sobre el oficialismo mientras Morena responde con acusaciones de injerencia y el país se hunde en una nueva crisis de credibilidad política

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Toluca, Estado de México, 9 de mayo de 2026.- La confrontación entre el PRI y Morena dejó de ser un simple intercambio de declaraciones para convertirse en una batalla política de consecuencias impredecibles, marcada por acusaciones de vínculos con el crimen organizado, presiones de Estados Unidos y un gobierno mexicano atrapado entre el descrédito internacional y la descomposición interna.

 

Todo estalló luego de que Alejandro Moreno anunciara que solicitará formalmente al gobierno de Estados Unidos investigar a Morena e incluso analizar la posibilidad de considerarlo una “organización terrorista”, debido a los presuntos nexos de actores políticos del partido guinda con grupos criminales.

 

La respuesta desde Morena no tardó. La recién llegada dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel, arremetió contra el PRI asegurando que “el PRI está en el basurero de la historia” y acusó al tricolor de recurrir a la “intervención extranjera” para intentar recuperar el poder perdido.

 

Pero detrás del choque mediático existe una crisis mucho más profunda: la creciente percepción internacional de que sectores de la política mexicana han sido infiltrados por el crimen organizado mientras el gobierno federal se niega a actuar con contundencia.

 

El anuncio de Moreno ocurre después de semanas de tensión por investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales, particularmente tras los señalamientos que rodean al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

 

Los escándalos no son nuevos. La polémica se agravó cuando la Fiscalía General de la República confirmó irregularidades y presuntos montajes en videos presentados por la fiscalía de Sinaloa sobre el caso del asesinato del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén. A pesar de ello, ninguna autoridad política asumió responsabilidades y, una vez más, el aparato oficial apostó al desgaste mediático y al olvido.

 

HOY EL PROBLEMA YA NO ESTÁ CONTENIDO DENTRO DE MÉXICO

 

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una de las crisis políticas más delicadas de su administración. Mantener la defensa política de figuras señaladas por presuntos vínculos criminales podría profundizar el choque con Washington y aumentar la presión internacional contra Morena. Pero actuar contra personajes clave del oficialismo también significaría abrir una fractura interna de enormes dimensiones dentro del movimiento construido por Andrés Manuel López Obrador.

 

El problema para Morena es que las advertencias provenientes de Estados Unidos dejaron de ser discretas. Desde hace meses, distintos sectores políticos y sociales exigieron reformas para impedir que partidos políticos vinculados al financiamiento del crimen organizado pudieran conservar su registro. Sin embargo, el oficialismo rechazó incluir candados más severos durante la pasada discusión de la reforma electoral.

 

La señal enviada hacia el exterior fue devastadora: mientras crecían los señalamientos sobre infiltración criminal, el poder político se negó a blindar el sistema electoral.

 

HOY ESA DECISIÓN COMIENZA A PERSEGUIR AL PARTIDO GOBERNANTE

 

La narrativa de Morena basada en acusar “intervención extranjera” choca con una realidad incómoda: las sospechas sobre vínculos entre actores políticos y grupos criminales no nacieron en Washington ni en la oposición, sino en investigaciones, filtraciones, expedientes judiciales y escándalos acumulados durante años.

 

Mientras tanto, el PRI intenta utilizar el desgaste del oficialismo para recuperar terreno político, aunque carga también con décadas de corrupción, impunidad y pactos oscuros que gran parte de la ciudadanía no olvida.

 

En medio de esta guerra política, México aparece atrapado entre dos fuerzas desacreditadas: un viejo régimen que intenta sobrevivir y un nuevo poder que prometió transformación, pero que hoy enfrenta acusaciones similares a las que durante años denunció.

 

La crisis ya no es únicamente electoral o partidista. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones mexicanas, la estabilidad política del país y la posibilidad de que el crimen organizado haya penetrado estructuras completas del poder público mientras el gobierno continúa negando la gravedad del problema.

 

Y en ese escenario, Morena podría estar iniciando un desgaste que no necesita de la oposición para avanzar, porque el mayor enemigo del movimiento guinda comienza a surgir desde sus propias contradicciones.