ESCÁNDALO EN EL INDEP: DESPOJO, ROBO DE VEHÍCULOS Y CONTRADICCIONES SACUDEN AL GOBIERNO DE MORENA
Por: EXPEDIENTE SECRETO
CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2026.- Un nuevo escándalo
golpea al gobierno federal y vuelve a poner en entredicho la narrativa de
combate a la corrupción. Esta vez, el epicentro es el Instituto para Devolver
al Pueblo lo Robado (Indep), envuelto en una trama de despojo, robo de
vehículos y versiones oficiales contradictorias que evidencian descontrol
institucional.
Luego de que se diera a conocer en el periódico. El Universal,
el despojo de un inmueble en Veracruz —conocido como “El Sardinero”— por parte
del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos,
donde desaparecieron al menos 211 vehículos bajo resguardo del instituto, la
reacción oficial no hizo más que agravar la crisis: el Indep negó que se
tratara de un robo y lo calificó únicamente como un “despojo ilegal”.
Sin embargo, la propia institución desmiente esa narrativa.
De acuerdo con la auditoría realizada por su Órgano Interno de
Control, el caso está claramente identificado bajo el encabezado: “Despojo del
inmueble El Sardinero en 2020, con reporte de robo de vehículos en 2024”. Es
decir, no solo reconoce la toma irregular del predio, sino que confirma que los
vehículos sustraídos sí cuentan con reportes formales de robo, echando abajo la
versión oficial que intenta minimizar los hechos.
El documento no deja lugar a dudas: dentro de la cédula de
resultados se detalla que el Registro Público Vehicular ya tiene identificada
al menos una docena de estas unidades, las cuales incluso han sido reemplacadas
bajo el estatus de “robadas”. Un dato alarmante que abre la puerta a una
posible red de encubrimiento, negligencia o complicidad institucional.
La gravedad del caso no radica únicamente en la pérdida de los
vehículos —que forman parte de bienes asegurados por el Estado—, sino en el
manejo opaco, tardío y contradictorio de la información por parte de las
autoridades responsables.
Al frente del Indep se encuentra Mónica Fernández Balboa, cuya
gestión ahora enfrenta cuestionamientos severos por la falta de control sobre
los bienes públicos y por la narrativa que intenta suavizar lo que, a todas
luces, constituye un saqueo.
Especialistas advierten que este tipo de irregularidades no
solo representan un daño patrimonial al Estado, sino que minan la credibilidad
de una institución creada precisamente para recuperar y devolver bienes
obtenidos de manera ilícita.
En este contexto, el discurso anticorrupción del gobierno federal
vuelve a tambalearse. Mientras desde el poder se insiste en que las prácticas
del pasado quedaron atrás, los hechos revelan una realidad distinta: inmuebles
tomados, vehículos desaparecidos, registros oficiales que confirman robos y una
autoridad que, en lugar de esclarecer, parece empeñada en maquillar la magnitud
del escándalo.
El caso del Indep no es menor. Es una señal más de que, pese a
las promesas de transformación, los mecanismos de control siguen fallando —o
peor aún, operando bajo la sombra de la impunidad.
Y mientras las responsabilidades no se esclarezcan y no haya
sanciones ejemplares, la pregunta seguirá en el aire: ¿quién responde por los
bienes robados al propio Estado?
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