SIMULACIÓN DE SEGURIDAD EN EL EDOMEX: CIFRAS INFLADAS, VIOLENCIA REAL
*Mientras el gobierno
presume operativos y detenciones, ejecuciones, extorsiones y control criminal
del agua exhiben un Estado rebasado
Por: EXPEDIENTE SECRETO
TOLUCA, Estado de México,
18 de marzo de 2026.- En el papel, todo parece funcionar. Operativos con
nombres rimbombantes, cifras que superan las 400 detenciones y decomisos que
buscan proyectar una estrategia integral contra el crimen. Pero fuera del
boletín oficial, la realidad en el Estado de México cuenta otra historia: la
violencia no cede, se adapta y, en muchos casos, se fortalece.
La narrativa impulsada por
la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, junto al secretario general de gobierno
Horacio Duarte, así como el secretarios de seguridad Cristóbal Castañeda
Camarillo y el fiscal José Luis Cervantes Martínez, insiste en vender eficacia.
Sin embargo, en las calles —de Ecatepec a Nezahualcóyotl, Los Reyes la Paz, Chimalhuacán,
Chicoloapan y de Texcoco, así como al sur mexiquense— la percepción ciudadana
está lejos de coincidir con esos números.
Porque mientras el
gobierno presume más de 400 detenciones en dos años, la pregunta es inevitable:
¿cuántos de esos detenidos eran realmente operadores clave del crimen y cuántos
simples eslabones reemplazables? La delincuencia organizada no se desarticula con
cifras acumulativas, sino con resultados sostenidos. Y esos no se ven.
Las llamadas
“macrooperaciones” —Enjambre, Caudal, Restitución, Liberación— parecen más
ejercicios de comunicación política que estrategias de fondo. Se anuncian
cateos, aseguramientos e investigaciones, pero en paralelo crecen fenómenos que
evidencian la fragilidad institucional:
Ejecuciones que no cesan,
muchas con signos de ajuste de cuentas. Extorsión sistemática, donde
comerciantes, transportistas y pequeños empresarios pagan cuotas de supervivencia.
Cobro de derecho de piso generalizado, ya no como excepción, sino como regla en
amplias zonas del estado. Control del agua por grupos criminales, un fenómeno
particularmente grave que no podría sostenerse sin redes de complicidad.
El propio gobierno
reconoce haber intervenido tomas clandestinas y pozos. Pero lo que no dice es
lo esencial: el negocio del agua ilegal no es posible sin protección política y
omisión institucional. Es decir, el problema no es solo criminal, es
estructural.
La llamada Operación
Enjambre, que presume detenciones de funcionarios, confirma lo que la
ciudadanía ya sabe: la infiltración del crimen en las instituciones no es un
caso aislado, sino un sistema. Y si hay 60 detenidos, la duda es cuántos más
siguen operando con total impunidad.
En este contexto, los
boletines oficiales se convierten en instrumentos de propaganda. Se repiten cifras,
se duplican párrafos, se inflan resultados. Pero no logran ocultar lo evidente:
el Estado no ha recuperado el control territorial.
Hoy, en muchas regiones
del Estado de México, la autoridad formal convive —o cede— ante una autoridad
paralela impuesta por grupos criminales. Ellos fijan precios, controlan
servicios, deciden quién trabaja y quién no.
Y frente a eso, ningún
número, ningún operativo y ningún boletín alcanza para sostener la narrativa de
éxito.
Porque la verdadera
medición no está en los comunicados oficiales, sino en una pregunta simple:
¿vive hoy más segura la gente?
La respuesta, en la
mayoría del territorio mexiquense, sigue siendo un rotundo no.
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