LA REALIDAD DE LA NOTICIA

EL CERCO SOBRE LOS BARTLETT: CUENTAS CONGELADAS, PRESIONES DE EU Y SILENCIO EN PALACIO NACIONAL   Ciudad de México, 16 de agosto de 2025...

sábado, 16 de agosto de 2025

EL CERCO SOBRE LOS BARTLETT: CUENTAS CONGELADAS, PRESIONES DE EU Y SILENCIO EN PALACIO NACIONAL

 



Ciudad de México, 16 de agosto de 2025.— En la columna publicada por el periodista Salvador García Soto, aseguro que el blindaje político que durante décadas protegió a Manuel Bartlett Díaz comienza a resquebrajarse. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la batuta de su nuevo titular Omar Reyes Colmenares, ordenó el congelamiento de las cuentas de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja del ex director de la Comisión Federal de Electricidad. Una acción que, más allá de lo administrativo, se lee como la confirmación de que el gobierno mexicano abrió una investigación sobre el político poblano, señalado desde hace casi cuatro décadas por su presunta participación en el brutal asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

 

El caso vuelve a colocar a Bartlett en el centro del huracán. No solo por el congelamiento de cuentas de su círculo más cercano, sino porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo considera pieza clave para cerrar la “Operación Leyenda”, la investigación más extensa en la historia de la DEA sobre el secuestro, tortura y asesinato del agente norteamericano en Guadalajara en 1985. Washington lo acusa de haber protegido a Rafael Caro Quintero y de haber filtrado información que selló el destino de Camarena.

 

La coyuntura no es menor: Caro Quintero ya está en una prisión estadounidense, a la espera de juicio, gracias a que la presidenta Claudia Sheinbaum terminó por entregar a quien López Obrador se negó a extraditar durante años. Para la DEA, el último eslabón pendiente es Bartlett.

 

El incómodo visitante de Palacio Nacional

 

Apenas el mes pasado, Bartlett fue visto entrando a Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum, visiblemente molesta, trató de minimizar el hecho al asegurar que fue a ver a un funcionario de la Consejería Jurídica por un asunto “particular”. Pero distintas versiones apuntan a que se reunió con la consejera Ernestina Godoy, quien le habría informado oficialmente de la gravedad de su situación en Estados Unidos y de las pruebas presentadas en Brooklyn: grabaciones de las torturas a Camarena y a su piloto Alfredo Zavala, donde su nombre aparece involucrado.

 

La reacción presidencial contrastó con la gravedad de los señalamientos. Más que aclarar, la defensa irritada de Sheinbaum despertó sospechas: ¿por qué tanto celo en justificar la visita de un personaje tan marcado por la sombra del narco y el poder político?

 

La caída del blindaje

 

Durante el sexenio de López Obrador, Bartlett gozó de un manto protector pese a múltiples escándalos, desde sus negocios familiares con ventiladores en plena pandemia, hasta denuncias de conflicto de interés y enriquecimiento inexplicable. Incluso se habló de enviarlo como embajador a París para regalarle inmunidad diplomática. Pero el nombramiento nunca llegó. Hoy, el cerco de Washington lo coloca en una posición incómoda y revela que el blindaje presidencial se acabó.

 

Que la UIF congele cuentas de su familia es, en sí mismo, un golpe político: significa que ya no es intocable. Significa que el sistema mexicano, presionado por Estados Unidos, comienza a soltar lastre, incluso si se trata de un viejo operador del priismo reciclado en la “Cuarta Transformación”.

 

Un asunto de Estado

 

La exigencia de extradición de Bartlett será, tarde o temprano, una prueba de fuego para Sheinbaum. Con Caro Quintero ya tras las rejas en EU, Bartlett es la pieza que falta en el tablero. Si la presidenta cede, confirmará que Washington dicta parte de la agenda de justicia en México. Si lo protege, pagará el costo político de cargar con un personaje que, para la DEA, simboliza la corrupción y complicidad del Estado mexicano con el narcotráfico.

 

A 40 años del asesinato de Kiki Camarena, el fantasma de aquel crimen sigue marcando la relación bilateral. Hoy Bartlett, el mismo hombre que en los años ochentas controlaba Gobernación y que en el gobierno de AMLO reapareció como pieza central de la CFE, podría enfrentar su capítulo más oscuro.

 

El mensaje es claro: el tiempo de la impunidad eterna se acaba, incluso para quienes parecían indestructibles.

DE INSTRUCTOR DE ZUMBA A MAGNATE DE NEZA: LA RIQUEZA BRILLANTE DE ADOLFO CERQUEDA BAJO EL SILENCIO CÓMPLICE DEL EDOMEX

 

Por: Expediente Secreto.

 



NEZAHUALCÓYOTL, Edomex., 16 de agosto de 2025.– Mientras Nezahualcóyotl sufre carencias históricas, con colonias enteras sin agua potable, calles deshechas y una violencia que no cede, su alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, ha escalado a una velocidad acelerada de los quioscos donde daba clases de zumba, a los corporativos millonarios que hoy controla en el Estado de México y más allá de sus fronteras.

 

El caso, documentado por Quadratín EMX, exhibe la contradicción entre la “austeridad republicana” pregonada por la Cuarta Transformación y la realidad de una élite política que acumula riqueza a la sombra del poder. Cerqueda no tiene título profesional registrado en el Registro Nacional de Profesionistas, pero sí dos empresas con solvencia millonaria: LDA y Asociados S.C de R.L de C.V. y Multiproductos y Servicios ACR y Asociados S.A de C.V.

 

Ambos corporativos, creados con amigos y operadores políticos, controlan contratos públicos de transporte, distribución de mercancías y hasta traslados de gasolina y residuos tóxicos con Pemex. Todo ello en apenas unos años, en un municipio hundido en el rezago.

 

Negocios al amparo del poder

 

Cerqueda ha consolidado un parque vehicular que renta a gobiernos municipales afines y ha diversificado su emporio con capacidad de operar fuera del país. Sus aliados en estas sociedades mercantiles incluyen viejos políticos de Neza como Juan Hugo de la Rosa García y Roberto Tejeda Chávez, además de operadores de su confianza, así como amigos y colaboradores cercanos. Esta firma no solo distribuye bienes y servicios: también renta pipas de agua, camiones de carga y unidades de transporte a ayuntamientos gobernados por Morena, y ha ganado contratos con Pemex para mover gasolina y residuos tóxicos.

 

El crecimiento económico del alcalde no puede entenderse sin la red de complicidades que lo rodea. Y aquí la pregunta inevitable: ¿dónde están los órganos de fiscalización?, ¿dónde está el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, cuya inacción frente al evidente conflicto de interés y posible enriquecimiento ilícito raya en la complicidad?

 

Delfina Gómez: el silencio que protege

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha optado por mirar hacia otro lado. Ni su oficina ni las instancias estatales de control han dicho una sola palabra sobre el súbito enriquecimiento del edil de Nezahualcóyotl. Su silencio, en un municipio clave para el morenismo, envía un mensaje claro: mientras se mantenga la lealtad política, la corrupción puede florecer sin consecuencias.

 

Neza pobre, alcalde rico

 

Con 1 millón 77 mil habitantes, Neza sigue siendo un mosaico de marginación. Familias sin servicios básicos, colonias abandonadas a la delincuencia y jóvenes sin oportunidades. Mientras tanto, su alcalde presume un emporio empresarial que contradice los principios de “no mentir, no robar, no traicionar al pueblo” que Morena promete en cada campaña.

 

La historia de Adolfo Cerqueda es el retrato del nuevo morenismo mexiquense: funcionarios que usan el poder público como trampolín para enriquecerse, mientras el pueblo que los eligió permanece en la miseria. Y el silencio de Delfina Gómez y de José Luis Cervantes no solo los convierte en testigos pasivos, sino en cómplices activos de una corrupción que hoy huele, además de gasolina, a impunidad.

jueves, 14 de agosto de 2025

EDOMEX: LA FISCALÍA QUE ENCARCELA INOCENTES, ROBA, EXTORSIONA

 Y GOZA DE IMPUNIDAD POLÍTICA

 

*Nancy y Elisabeth Gómez: 1 año y 3 meses presas por delitos inventados

*Fiscalía roba, extorsiona y fabrica culpables… con aval político

 



Los Reyes La Paz, Estado de México, 14 de agosto de 2025.– El caso de Nancy Adriana Gómez y Elisabeth Gómez es una radiografía del cáncer de corrupción que carcome a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la impunidad que se respira desde el despacho de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

 

Las dos hermanas llevan más de un año y tres meses encarceladas injustamente por el homicidio de Emilio Elizalde Servín, un vendedor ilegal de predios ilegales y presunto extorsionador, con vínculos documentados con elementos de la propia Fiscalía mexiquense, a pesar de que pruebas periciales oficiales y de la defensa demuestran que nunca dispararon un arma y que jamás han tenido antecedentes penales.

 

La pesadilla comenzó el día del crimen, en abril de 2024 en Texcoco. Nancy Adriana estuvo en una fiesta con Elizalde Servín, pero se retiró antes del asesinato. Horas después, el hombre apareció frente a su domicilio; de pronto llegaron sujetos armados que lo ejecutaron a sangre fría. Ella, lejos de huir, fue quien llamó a la policía y esperó en el lugar.

 

Diez minutos después llegaron uniformados y, poco después, la Fiscalía de Homicidios zona oriente, encabezada por Guillermo Varela Espinoza. En lugar de tomar su declaración como testigo, la sacaron del lugar con el pretexto de “ampliar su testimonio” y la desaparecieron seis días completos, sin registro, sin abogados y sin notificar a su familia. Durante ese tiempo fue acusada primero de cohecho y luego, sin sustento alguno, de homicidio.

 

La historia se tiñó aún más de podredumbre: policías de investigación catearon su casa sin orden judicial, robaron todo lo que encontraron, incluyendo un Mazda 2016 y un Civic blanco. El Mazda fue localizado un mes después, conducido por una mujer en una escuela de Texcoco; el vehículo estaba en manos de quienes deberían investigar, pero la Fiscalía solo lo “resguardó” tras la presión pública de la familia. Del Civic, nada se sabe.

 

Las extorsiones fueron descaradas: el abogado defensor informó que la Fiscalía pedía 50 mil pesos para liberar a Nancy; al negarse, los policías le advirtieron a la madre que ahora serían 200 mil pesos “o la vamos a chingar”. Ante las amenazas, el abogado tuvo que renunciar.

 

El patrón de abuso se repitió con Elisabeth, a quien citaron para “declarar” y terminaron deteniendo con la misma táctica: primero por cohecho y luego por homicidio.

 

En juicio, la Fiscalía exhibió su desprecio por la ley: agentes en contradicción, ausencia reiterada del Ministerio Público a las audiencias, manipulación de testimonios y desaparición de la principal testigo acusadora, Ana Karen Elizalde, hermana del occiso, cuya única declaración era que “Nancy dio la orden” de matar a Emilio. Esa versión se derrumbó cuando el primer respondiente confirmó que Nancy fue quien pidió la presencia de la policía y que estaba tranquila en el lugar.

 

Ante la caída de las pruebas, un juez de control ordenó la libertad de ambas. Pero Guillermo Varela Espinoza, en lugar de acatar la justicia, fabricó una nueva acusación: otro homicidio ocurrido dos años antes en San Vicente Chicoloapan, repitiendo el mismo método ilegal. Así, las hermanas continúan presas, víctimas de una maquinaria estatal diseñada para encarcelar inocentes.

 

Este no es un caso aislado. La Fiscalía de Homicidios de la zona oriente acumula denuncias por fabricación de carpetas, extorsión, robos y amenazas, con decenas de familias afectadas. Y sin embargo, José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México, no solo guarda silencio: lo protege.

 

Ese silencio es avalado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que presume un discurso de justicia social pero tolera que en su estado existan fiscalías que operan como bandas criminales con credencial oficial. Cada día que las hermanas Gómez siguen encarceladas, es un día más de complicidad directa entre el Ejecutivo estatal y la Fiscalía.

 

El mensaje es claro: en el Edomex, la ley es un arma para perseguir inocentes y blindar a los verdaderos responsables, incluso si son funcionarios. Mientras Guillermo Varela siga en su cargo, mientras Cervantes Martínez continúe al frente de la Fiscalía y mientras Delfina Gómez permanezca muda, el Estado de México seguirá siendo un territorio donde la justicia se negocia, se vende y se roba.

 

La pregunta que hoy resuena es tan sencilla como brutal: ¿Cuántos casos como el de Nancy y Elisabeth Gómez se necesitan para que caigan estos funcionarios corruptos? Y aún más incómoda para la mandataria: ¿Cuánto más piensa callar, gobernadora?

miércoles, 13 de agosto de 2025

ASESINAN A PADRE DE JOVEN DESAPARECIDO EN IXTAPALUCA: UN CRIMEN ANUNCIADO QUE EL GOBIERNO DEJÓ OCURRIR

 



Ixtapaluca, Estado de México.- Lo mataron como se mata a quien incomoda al poder. El padre de Johan Alain, joven de 19 años desaparecido en 2024, fue asesinado a balazos la tarde del pasado lunes 11 de agosto afuera de su domicilio en la Unidad Habitacional San Buenaventura. Su muerte no solo es una tragedia familiar: es la consecuencia directa de un Estado ausente, de autoridades omisas y de una red de intereses políticos y criminales que castiga a quienes se atreven a exigir justicia.

 

El hombre, cuyo nombre resguardamos por seguridad de la familia, se encontraba reparando un vehículo en la cochera de su casa, oficio al que se dedicaba desde hace años, cuando sujetos armados se acercaron y le dispararon a quemarropa. Murió ahí mismo, sin que los cuerpos de emergencia pudieran hacer nada. Los atacantes escaparon sin dificultad, como si la zona no contara con vigilancia, cámaras o patrullajes.

 

La víctima no era un ciudadano cualquiera para las autoridades: llevaba un año denunciando, protestando y presionando para que se investigara la desaparición de su hijo, ocurrida el 3 de septiembre de 2024 en la misma unidad habitacional. Sus movilizaciones que incluyeron bloqueos en la autopista México–Puebla y campañas en redes sociales— exhibieron en repetidas ocasiones la inseguridad que asfixia a Ixtapaluca y la indolencia oficial.

 

Fruto de su insistencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a cuatro personas: tres conocidos de Johan, presuntamente implicados en su desaparición, y un sujeto que usaba su teléfono celular. Los cuatro están recluidos en el penal de Huitzilzingo, en Chalco. Sin embargo, la familia seguía exigiendo justicia, denunciando públicamente que la Fiscalía de Homicidios en la zona oriente no investiga con rigor, sino que fabrica culpables para proteger a verdaderos criminales que, según testimonios, “llenan los bolsillos de dinero” del Fiscal Regional de Homicidios Guillermo Varela Espinoza.

 

No era un secreto que la familia recibía amenazas. En al menos dos ocasiones, padre y madre advirtieron públicamente que estaban siendo intimidados para que abandonaran la búsqueda. Ninguna autoridad movió un dedo. Ni la Fiscalía, ni el gobierno municipal de Felipe Rafael Arvizu de la Luz, alcalde morenista, ni su jefe de la policía local, Juan Antonio Soberanes, tanto el alcalde, como el jefe policiaco, sabían de las advertencias, pero no ofrecieron protección alguna.

 

La incomodidad del alcalde era evidente: las protestas de la familia se convirtieron en un recordatorio vivo de la violencia desbordada y de su incapacidad para garantizar seguridad. Hoy, mientras Johan sigue desaparecido, su padre ha sido silenciado de la forma más brutal.

 

Este asesinato es un crimen anunciado. Un reflejo de la impunidad que permite que las amenazas contra víctimas y activistas se cumplan sin consecuencias. Un recordatorio de que en el Estado de México la justicia no solo es lenta e ineficaz, sino selectiva y corrupta.

 

Mientras la Fiscalía se jacta de detenciones que la propia familia considera dudosas, los verdaderos responsables —de la desaparición y del asesinato— siguen libres. Y las autoridades locales, estatales y federales permanecen en silencio, como si no fuera su deber proteger a quienes buscan a sus desaparecidos.

 

En Ixtapaluca, la justicia no llega: se entierra.

domingo, 10 de agosto de 2025

DIRECTOR DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL EDOMEX BAJO

 LA LUPA POR POSIBLE CORRUPCIÓN


*Millones desviados, nepotismo descarado… y Delfina Gómez en silencio

 



Toluca, Estado de México, agosto de 2025.— El director de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), Mario Ariel Juárez Rodríguez, está en el centro de un escándalo que mezcla nepotismo, corrupción y presunto enriquecimiento ilícito, según reveló El Financiero en julio pasado.

 

Una investigación del Órgano Interno de Control detectó que hasta 1,000 millones de pesos destinados a bacheo y mantenimiento habrían sido entregados a empresas sin infraestructura real, bajo adjudicaciones directas o licitaciones restringidas. Varias de ellas comparten representantes legales o domicilios fiscales, lo que apunta a una simulación para desviar recursos.

 

El funcionario también es acusado de colocar a familiares en puestos clave: su pareja, María Teresa Ruiz Pérez, como Subdirectora de Administración, y su cuñado, Walter Ruiz Pérez, como responsable jurídico. Ambos controlan áreas críticas como pagos, recursos humanos y contratos.

 

A ello se suma su presunto lujo no declarado: camionetas GMC y Ford Lobo Raptor valuadas en más de 2 millones de pesos, y la adquisición reciente de un Porsche. Ninguno de estos bienes aparece en su declaración patrimonial, protegida bajo un candado de opacidad en la Plataforma Nacional de Transparencia.

 

Pero lo más grave no es solo lo que ocurre dentro de la Junta de Caminos. Lo verdaderamente alarmante es que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez guarda un silencio absoluto. No hay postura oficial, no hay apertura de investigaciones públicas, no hay sanciones. El mutismo del gobierno estatal se convierte así en un mensaje claro: la corrupción se tolera mientras sea de los cercanos.

 

En un Estado de México donde las carreteras siguen llenas de baches y los caminos se deterioran día con día, este silencio no solo es cómplice: es un aval político para que la impunidad siga pavimentando las rutas de siempre.

SE ARMA BALACERA PARA CAPTURAR A “EL CRACK” EN EDOMEX


*Detienen a presunto líder criminal tras intenso operativo; un policía resultó herido y se aseguraron armas, droga y equipo táctico

 



Los Reyes La Paz, Estado de México, 10 de agosto de 2025.— La tranquilidad se rompió la tarde del pasado viernes 8 de agosto, cuando un fuerte dispositivo de seguridad irrumpió en la calle Popocatépetl, en el municipio de en Chiconcuac, para detener a José Luis “N”, alias “El Crack”, un presunto líder criminal con amplio historial delictivo en la zona oriente del Estado de México.

 

El sujeto, considerado cabecilla de una célula dedicada a la extorsión y al homicidio, era buscado por autoridades estatales y federales desde hace meses. De acuerdo con reportes oficiales, cuenta con al menos dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos cometidos en los municipios de Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl.

 

La operación para su captura, fue coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, tenía como objetivo ejecutar una orden de cateo en un inmueble que había sido identificado como su refugio.

 

Según testigos, los agentes apenas se acercaban a la vivienda cuando fueron recibidos con disparos de arma de fuego. “Vinieron por un narco”, relató un vecino que grabó en su teléfono el estruendo de la balacera que retumbó en la zona.

 

Los policías repelieron la agresión, lo que desató un intercambio de disparos que duró varios minutos. En medio del enfrentamiento, un elemento de la Policía Estatal fue alcanzado por una bala y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano. Afortunadamente, las autoridades reportaron que no sufrió heridas de gravedad.

 

Finalmente, “El Crack” fue sometido y detenido. Su traslado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, se realizó bajo un estricto operativo, ante el riesgo de que integrantes de su grupo intentaran liberarlo.

 

José Luis “N” se había convertido en un personaje temido y, paradójicamente, popular en el ámbito criminal de la región. Su fama llegó al punto de inspirar un corrido interpretado por Fercho Sierra junto al grupo Los de los Reyes, titulado “El Crack”, que circula en YouTube y en redes sociales.

 

Las investigaciones apuntan a que lideraba una estructura delictiva especializada en el cobro de piso, extorsión a comerciantes y homicidios por encargo, operando principalmente en el oriente del Estado de México, aunque con vínculos en otros municipios del Valle de México.

 

En el cateo al domicilio, las autoridades localizaron armas largas, equipo táctico y diversas dosis de droga, lo que refuerza las líneas de investigación que lo vinculan con el crimen organizado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención a través de su cuenta de X (antes Twitter), destacando la colaboración de las distintas corporaciones y reiterando que no habrá tregua contra grupos que amenazan la paz pública.

 

La captura de “El Crack” representa un golpe importante contra el crimen organizado en la zona, pero también evidencia la magnitud de la violencia que vive el Estado de México. Es importante destacar que, aunque “El Crack” fue detenido. Los Reyes La Paz continúa siendo escenario de enfrentamientos, asesinatos y operativos armados que, aunque dirigidos contra delincuentes, mantienen en vilo a la población civil.

sábado, 9 de agosto de 2025

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jueves, 7 de agosto de 2025

ESCUELAS DEL CRIMEN: LAS CÁRCELES DEL EDOMEX SIGUEN BAJO CONTROL DEL NARCO, PESE A LA “LIMPIA” DE DIRECTORES

 

*Pese a la destitución de directores penitenciarios por nexos con el narco, las cárceles del Edomex siguen siendo centros de corrupción, extorsión y poder criminal, protegidos por el silencio institucional.

 

Por: Redacción.

 



Toluca. Estado de México, 7 de agosto de 2025.- En una declaración que más parece un intento de lavarse la cara que de rendir cuentas reales, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció que más del 50% de los directores penitenciarios de la entidad fueron destituidos por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo Nuevo Imperio.

 

“La reinserción no puede construirse desde estructuras corruptas”, afirmó con solemnidad. Pero más allá del discurso, la realidad carcelaria en Edomex sigue siendo un caldo de cultivo para el crimen organizado y un negocio millonario para funcionarios corruptos.

 

Porque aunque Castañeda presume una nueva “estructura operativa”, la verdad es que las cárceles siguen funcionando como auténticas sucursales del narco, donde la extorsión, el tráfico de droga, la venta de comida y la violencia son moneda corriente. Y lo peor: todo ocurre con la complicidad de quienes deberían garantizar orden, seguridad y el respeto a los derechos humanos.

 

Las prisiones mexiquenses operan a casi el 200% de su capacidad, en condiciones de hacinamiento brutales. A diario, los familiares de los internos son extorsionados con cuotas para poder visitarlos o ingresar alimentos. Se venden privilegios, se alquilan celdas, se negocia hasta el silencio. Y todo esto ocurre bajo la mirada y con la participación de los directivos penitenciarios. ¿No se enteran? ¿No se dan cuenta? ¿O simplemente no les conviene hacer nada?

 

Una estructura podrida que llega hasta arriba

 

Fuentes cercanas al sistema penitenciario aseguran que los criminales pagan cantidades millonarias para mantener el control dentro de las cárceles, dinero que fluye hacia los directores… y más arriba. Porque nadie entrega millones sin protección. ¿Hasta dónde llegan esos sobornos? ¿Hasta el despacho del secretario de Seguridad? ¿Hasta la oficina de la gobernadora Delfina Gómez? La pregunta no es escandalosa: es lógica.

 

Cristóbal Castañeda colocó a gente de su confianza tras la supuesta limpia, pero los resultados siguen siendo desastrosos. Los delitos, como el cobro de extorsiones continúan operando desde las cárceles hacia el exterior, los grupos criminales se fortalecen desde adentro y la reinserción social es un mito cruel en un sistema donde solo prospera la ley del más corrupto.

 

Y mientras tanto, la gobernadora morenista Delfina Gómez guarda silencio. No hay una estrategia seria de transformación penitenciaria, no hay seguimiento a las denuncias de corrupción, no hay sanciones ejemplares. Solo boletines y declaraciones vacías.

 

¿Quién renunciaría a ese negocio?

 

Controlar el crimen organizado en el Estado de México es imposible sin controlar las cárceles. Porque el narco no solo opera fuera, también gobierna dentro. Y no lo hace solo: lo hace de la mano de funcionarios, custodios, directores y autoridades que han convertido las penitenciarías en verdaderas escuelas del crimen y cajas chicas del poder.

 

Por eso la pregunta es inevitable: ¿Si es cierto que Cristóbal Castañeda y Delfina Gómez obtienen ganancias millonarias por concepto de la corrupción al interior de las cárceles, estarían dispuestos a renunciar a los millones que deja ese control? La respuesta es clara, claro que no.

 

Porque el negocio del crimen no solo está en la calle. También está en los barrotes. Y tiene socios en el gobierno, quienes “alegremente y sin ninguna repercusión reciben cantidades millonarias de dinero” que aparentemente nadie se da cuenta.

¿SE HUNDIRÁ SHEINBAUM CON LA 4T?

 

Por: Solange Márquez

 



En un lodazal de corrupción, abuso de poder y ostentación, la 4T se hunde lentamente bajo el peso de sus propias contradicciones. Lo que vendieron como un proyecto de austeridad y humildad terminó por develarse como un circo cuyos integrantes hacen gala de una ostentación que haría sonrojar hasta a Enrique Peña Nieto.

 

Legisladores, gobernadores, y funcionarios de Morena y del régimen se pasean por el mundo en vuelos en primera clase, acumulan propiedades inexplicables para sus ingresos, o son acusados de nexos con grupos del crimen organizado. Su conducta exhibe un flagrante desprecio por los supuestos valores que los llevaron al poder.

 

El caso de Sergio Gutiérrez y su esposa #DatoProtegido, con su vida de privilegios, relojes costosos y ropa de marca, o el reciente viaje a Japón de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente, son apenas síntomas de una enfermedad terminal que carcome las entrañas de Morena: la absoluta inexistencia de una brújula moral.

 

La carta de López Beltrán, lejos de justificar su viaje a Tokio, generó más encono. Un texto en el que él termina siendo la víctima y balbucea sobre austeridad y una supuesta medianía que no encaja con pagar entre 150 mil y 200 mil pesos solamente en hospedaje, en un hotel que costaba “solo” 7,500 pesos por noche.

 

Y en medio de este lodazal, Claudia Sheinbaum parece atrapada entre la lealtad a su antecesor y la urgencia de afirmar su propia autoridad ante la diáfana evidencia de que el país se le está cayendo a pedazos. Su respuesta a la carta de López Beltrán, un tímido “prefiero no opinar” seguido de un evasivo “tengo un claro posicionamiento”, huele a indecisión y a un intento lastimoso de deslinde. Pero la ambigüedad es un lujo que ya no puede permitirse.

 

Si Sheinbaum quiere sobrevivir políticamente, tendrá que dar un manotazo en la mesa. Emular el arresto de Raúl Salinas de Gortari en 1995, un golpe audaz de Ernesto Zedillo contra la constante injerencia de su antecesor, podría marcar la diferencia. Zedillo entendió que debía romper con el pasado para legitimarse; lo mismo hicieron, en su momento, presidentes como López Portillo, quien envió a Echeverría como embajador ante la UNESCO, o De la Madrid, que se distanció de las políticas populistas de su antecesor y marginó a sus operadores dentro del gabinete.

 

Lo que hoy ocurre con la filtración de los viajes de López Beltrán, las acusaciones contra Adán Augusto o los lujos de legisladores y funcionarios, podría no ser obra de la prensa ni de la oposición, sino fuego amigo desde Palacio Nacional. Un intento de debilitar al obradorismo duro para que Sheinbaum pueda ejercer el poder sin tutelas.

 

Los escándalos recientes no son anécdotas aisladas, sino grietas que revelan la podredumbre de un proyecto que prometió demasiado y ha cumplido poco o nada. Legisladores gastando millones en lujos, un penthouse adquirido por un funcionario con sueldo supuestamente austero, y el hijo del expresidente derrochando en Japón mientras desde Palacio se predica la austeridad. Estos excesos no solo traicionan a quienes votaron por la 4T, sino que exponen la hipocresía de un movimiento que se jacta de ser distinto y ha resultado peor. Sheinbaum, al guardar silencio, se arriesga a confirmarse cómplice de esta farsa.

 

Hay quienes argumentarán que Sheinbaum no está detrás de los escándalos, sino que lidia con una crisis heredada: una 4T corroída por la corrupción y la indisciplina. La cautela presidencial sería un intento de evitar un choque frontal con López Obrador y los suyos; pero en política, la indecisión es una forma de claudicación, y su silencio será leído como connivencia. Mantenerse al margen ya no es opción.

 

El arresto de Raúl Salinas no es solo una referencia histórica, sino una lección: Zedillo usó esa acción para enviar un mensaje claro: no toleraría la injerencia ni los excesos del pasado. Sheinbaum enfrenta un dilema que ya advertí en un artículo previo: “sabe que sin el apoyo de AMLO no habría ganado la elección, pero también que, si no se sacude esa sombra, no podrá gobernar”. Esa es la tensión que define su presidencia: o asume plenamente el poder y rompe con quienes la arrastran al descrédito, o quedará reducida a una figura incapaz de liberarse de la tutela de su creador. La historia no perdona a los títeres.

INDIGNACIÓN EN LA PAZ: NIÑO ASESINADO POR DEUDA DE MIL PESOS REVELA EL ABANDONO INSTITUCIONAL Y LA CRISIS SOCIAL DEL MUNICIPIO

 

*La muerte del pequeño Fernando exhibe el fracaso del gobierno local ante la pobreza extrema, la inseguridad y la indiferencia institucional en La Paz, Edomex




Los Reyes La Paz, Edomex., 7 de agosto de 2025.— La tragedia que sacudió a la colonia Ejidal El Pino, donde un niño de cinco años fue asesinado tras ser “retenido” por una deuda de mil pesos, ha dejado al descubierto no solo una historia de horror, sino también la podredumbre institucional, la falta de acción gubernamental y la profunda pobreza en la que sobreviven miles de familias en este municipio gobernado por la morenista Martha Guerrero Sánchez.

 

El pequeño Fernando “N” fue hallado sin vida, el pasado 5 de agosto dentro de un costal, en una habitación maloliente, en avanzado estado de descomposición. Lo habían “tomado en prenda” desde el 1 de agosto. Los acreedores dijeron a su madre, se lo llevarían como garantía del pago de una deuda ridícula en cantidad, pero devastadora en consecuencias: mil pesos.

 

El caso no solo estremece por el salvajismo del crimen, sino por lo que revela: la ausencia total del Estado de derecho, de justicia y de humanidad en La Paz. La madre del niño, en vez de acudir a la policía municipal como debería ocurrir en un municipio funcional, prefirió ir directamente con los captores de su hijo, luego de suplicarles que le regresaran al menor, acudió a la Fiscalía estatal a levantar la denuncia. La situación es el reflejo de la absoluta desconfianza hacia las autoridades locales, encabezadas por Guerrero Sánchez y un cuerpo policiaco reprobado en todos los sentidos.

 

¿Por qué no acudió a la policía municipal desde el primer momento? La respuesta es simple: nadie confía en ellos. La ciudadanía ha sido testigo, día tras día, de noticias que exhiben la corrupción, el abuso y la ineficacia de la policía en La Paz. En redes sociales circulan innumerables testimonios que refuerzan esa desconfianza. ¿Cómo confiarle la vida de un hijo a una institución podrida?

 

Y mientras tanto, ¿qué hace la alcaldesa? Nada. Sólo manda boletines, redactados por asesores a sueldo, en los que expresa su "solidaridad y empatía" como si esas palabras vacías pudieran aliviar el dolor de una madre que perdió a su hijo en las peores condiciones posibles. ¿De verdad cree Martha Guerrero que un comunicado sustituye a la acción real?

 

La pregunta es obligada: ¿cuánta gente en La Paz vive bajo estas condiciones de miseria y abandono? ¿Qué hace el gobierno local para transformar esta realidad? Absolutamente nada. No hay una estrategia real, no hay un plan de desarrollo social, no hay siquiera voluntad política. Solo declaraciones.

 

Lo mínimo que debería estar ocurriendo ahora es la destitución inmediata del titular de Seguridad Pública, el Contralmirante Eduardo Fouilloux Bataller, quien no ha sido capaz siquiera de presentar sus exámenes de control y confianza. ¿Qué confianza puede tener un pueblo en un funcionario que teme someterse a una evaluación? ¿Qué tipo de seguridad puede ofrecer alguien que no se atreve a demostrar que es apto para el cargo?

 

Pero en La Paz, la simulación es la norma. Las condolencias de Martha Guerrero Sánchez, se mandan por oficio, la responsabilidad se diluye y los funcionarios se esconden detrás de comunicados para tapar su ineptitud.

 

Este caso no es aislado. Es el reflejo de un municipio que se desmorona, donde los más pobres son abandonados a su suerte y donde la vida de un niño vale menos que una deuda de mil pesos. Si Guerrero Sánchez no puede enfrentar esta tragedia con acciones concretas, que al menos tenga la dignidad de asumir su responsabilidad. Porque si la alcaldía no puede proteger ni a sus niños, ¿para qué sirve?

martes, 5 de agosto de 2025

“DEL HUACHICOL AL SENADO: EL JR, OPERADOR POLÍTICO DE CARMONA”

 

*Mientras el presidente calla, las redes de Carmona siguen incrustadas en el poder. El JR es pieza clave de ese engranaje que mezcla política, huachicol y dinero sucio

 



Por: Redacción / Con información de Héctor De Mauleón
Fecha: 5 de agosto de 2025

 

Ciudad de México.— José Ramón Gómez Leal, mejor conocido como El JR, senador morenista por Tamaulipas, ha sido vinculado en múltiples ocasiones con las redes de tráfico de combustible robado, huachicol, encabezadas por el fallecido empresario Sergio Carmona Angulo, “El Rey del Huachicol”, quien fuera uno de los mayores financiadores de campañas políticas de Morena en la región.

 

Gómez Leal fue destapado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y promovido por Mario Delgado, hoy secretario de Educación. En las elecciones extraordinarias para ocupar el escaño dejado por el fallecido senador Faustino López Vargas, El JR arrasó con más del 70% de los votos. “¡Tamaulipas está dando el ejemplo a nivel nacional!”, celebró entonces el presidente.

 

Sin embargo, detrás de esa victoria y del ascenso meteórico de Gómez Leal, se esconde una compleja red de presuntas complicidades con operadores del huachicol, según revelaciones del periodista Héctor De Mauleón.

 

Uno de sus operadores cercanos, Luis Rivera, fue señalado en 2021 por participar en esquemas de tráfico fiscal y cobro de sobornos en la aduana de Reynosa, plaza clave para el huachicol y bastión de Carmona. Este empresario llegó a inyectar más de 500 millones de pesos en campañas de Morena, financiando candidaturas locales, alcaldías y hasta gubernaturas.

 

Gómez Leal, quien ha sido empresario en los ramos del transporte, hotelería y restaurantería, también se desempeñó como superdelegado de programas federales en Tamaulipas y coordinador de los Comités de Defensa de la 4T. En informes de inteligencia nacionales y estadounidenses, ha sido vinculado con redes de almacenamiento y traslado de huachicol, además de figurar como intermediario entre Carmona y políticos del partido oficialista.

 

Conversaciones reveladoras

 

Tras el asesinato de Sergio Carmona el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, las autoridades estadounidenses recuperaron dos teléfonos celulares que llevaba consigo. En ellos se encontraron cientos de evidencias: fotografías, videos, y, sobre todo, conversaciones que sostenía con políticos, entre ellos El JR.

 

De Mauleón transcribe parte del contenido, donde se evidencian intercambios relacionados con logística, traslados, uso de aviones privados y temas de dinero. Destacan mensajes en los que Gómez Leal se coordina con Carmona para gestionar reuniones, apoyar campañas y facilitar recursos, siempre cuidando los canales de comunicación:

 

“Compadre. Todo por este (teléfono). Ya el americano no.”
“Importante si te es posible la reunión de moros (Morena)”
“Ojalá y puedan hacer llegar las cosas (el dinero) del humo. Como platicamos.”

“Es importante que jalen a los 1. El gordo sigue presionando. Importante que el Sr. ayude. El tema sí es urgente.”

 

Estos mensajes fueron enviados poco antes del asesinato de Carmona, lo que ha despertado suspicacias sobre los intereses que se vieron amenazados cuando las agencias estadounidenses comenzaron a investigar su fortuna y sus operaciones.

 

Silencio oficial y aspiraciones futuras

 

Pese a la gravedad de las revelaciones, ni la dirigencia nacional de Morena ni el gobierno federal han emitido comentarios sobre el tema. En una de sus conferencias mañaneras, AMLO minimizó el vínculo familiar entre El JR y el exgobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, señalando que estaban “peleados” y que no tenían relación.

 

Sin embargo, los vínculos del JR con Mario Delgado, Adán Augusto López y el hijo del presidente, Andrés López Beltrán —Andy—, lo colocan como una figura influyente dentro del aparato político morenista en Tamaulipas, al grado que ya se perfila como posible aspirante a la gubernatura del estado.

 

Mientras tanto, los teléfonos de Carmona continúan proporcionando información valiosa para las investigaciones en curso en Estados Unidos. La sombra del Rey del Huachicol sigue proyectándose sobre las estructuras del poder político en México, particularmente en los círculos donde la 4T presume haber barrido con la corrupción.

lunes, 4 de agosto de 2025

DETIENEN EN LA PAZ A HOMBRE QUE AGREDIÓ CON ARMA BLANCA A UNA PERSONA AL INTERIOR DE UNA IGLESIA

 

*Gracias a una persona valeroso que intervino se impidió una tragedia

 



Los Reyes, La Paz, Edomex, 4 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una indagatoria por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de la puesta a disposición por parte de las fuerzas de orden, de un individuo identificado como Marco Antonio “N”, de 52 años de edad, quien agredido con un objeto punzocortante a un masculino, al interior de la iglesia de la Magdalena, hechos que fueron videograbados.

 

Los hechos se registraron el pasado domingo 3 de agosto, al interior de un templo religioso ubicado en la colonia La Magdalena, en el municipio de La Paz, donde el implicado habría cometido la agresión, sin embargo y afortunadamente, fue sometido por personas que se encontraban en el lugar, quienes solicitaron la presencia de las autoridades de seguridad pública.

 

En las imágenes se observa al presunto agresor sentado en las filas del frente mirando hacia atrás, para luego sacar un cuchillo y busca agredir a un hombre sentado tres filas atrás, logrando en un principio asestar un golpe, pero, la reacción de uno de los feligreses, lo contuvo abrazándolo e impidiendo que el sujeto lograra su intención.

 

Al lugar llegaron elementos de seguridad pública, quienes detuvieron al sujeto y lo presentaron ante el agente del ministerio público de la localidad, que inició la carpeta de investigación e inicio la indagatoria correspondiente por homicidio calificado en grado de tentativa.

AVANZA CON ÉXITO PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS EN TLALNEPANTLA

 

*Con estos programas y estrategias, el gobierno municipal de Tlalnepantla reafirma su compromiso con la ciudadanía 




Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 4 de agosto de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la paz y la seguridad en los hogares, este lunes se puso en marcha el programa de Canje Voluntario de Armas en Tlalnepantla, en presencia del Fiscal Regional, regidores, síndicos y directores de área del ayuntamiento. La estrategia fue encabezada por el Comisario General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, Jorge Alberto Gómez Estrella, quien enfatizó la importancia de retirar armas de los hogares para evitar accidentes fatales y su posible uso en actos delictivos.

 

“El tener un arma en casa representa una gran responsabilidad. Puede causar tragedias, e incluso ser utilizada por personas irresponsables para cometer delitos o dañar a inocentes”, señaló Gómez Estrella. Añadió que el programa permite a la población entregar sus armas de forma voluntaria, anónima y sin investigaciones sobre su procedencia, a cambio de incentivos económicos y aparatos electrónicos, lo que ha generado una respuesta positiva desde el primer día.

 

Durante la jornada inaugural, al menos 10 ciudadanos acudieron al módulo instalado frente al palacio municipal para canjear sus armas. El módulo permanecerá activo durante toda la semana.

 

Resultados positivos en materia de seguridad

 

El Comisario Gómez Estrella también informó que la estrategia integral de seguridad impulsada por el alcalde Raciel Pérez Cruz ya muestra resultados alentadores. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en febrero de este año se registraron 620 delitos de alto impacto, frente a los 733 casos del mismo mes en 2024, lo que representa una disminución del 15%.

Asimismo, el robo de vehículos también reflejó una baja importante, pasando de 174 casos en febrero de 2024 a 149 en el mismo mes de 2025, lo que equivale a una reducción del 14%.

 

Entre las estrategias que han contribuido a estas mejoras se encuentran la creación de redes vecinales de proximidad, mediante las cuales los ciudadanos conocen directamente a los oficiales encargados de su seguridad. Además, destacó la labor de áreas clave como la Subdirección de Análisis Estratégico, que mantiene comunicación constante con la ciudadanía, y el área de inteligencia para búsqueda de personas, orientada a la pronta localización de desaparecidos.

 

Tecnología y profesionalización policial

 

En el ámbito tecnológico, las unidades de seguridad están equipadas con GPS y cámaras de vigilancia, lo que permite el monitoreo en tiempo real y la supervisión del actuar policial durante detenciones, garantizando el respeto a los derechos humanos.

 

Actualmente, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana cuenta con 1,287 elementos activos y 192 unidades móviles, además de realizar capacitaciones permanentes para brindar un servicio profesional y confiable.

 

Con este tipo de programas y estrategias, el gobierno municipal de Tlalnepantla reafirma su compromiso por construir una ciudad más segura, en paz y cercana a su gente.