TRÁNSITO EN LA PAZ: ¿CONTROL VIAL O EXTORSIÓN CON PISTOLA EN MANO?
*Policía municipal habría amenazado a un conductor armado; el
caso vuelve a exhibir las contradicciones del gobierno de Martha Guerrero y el
fracaso de las promesas para frenar los abusos
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Un policía de tránsito municipal fue señalado de amenazar a un
conductor mientras sostenía un arma de fuego en la mano, luego de que el
automovilista reclamara haber sido detenido sin haber cometido alguna
infracción.
De acuerdo con el testimonio recabado, el conductor se molestó
porque el oficial le marcó el alto sin explicarle el motivo de la detención.
Ante lo que consideró un acto arbitrario, le gritó: “Pinche ratero, vete a
robar a otro lado”.
La discusión escaló y el agente habría respondido mostrando el
arma en su mano, en un hecho que genera serios cuestionamientos sobre el uso de
la fuerza, el comportamiento de la corporación y los controles internos que
deberían impedir que una revisión vial termine en una escena de intimidación.
El caso también pone nuevamente en entredicho las
declaraciones de Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa morenista Martha
Guerrero Sánchez, quien en junio pasado aseguró ante representantes de medios
de comunicación que a los elementos de Tránsito se les retirarían las
atribuciones para levantar infracciones y que únicamente realizarían labores de
control vial.
Sin embargo, las denuncias de conductores y los hechos que
ahora salen a la luz alimentan la percepción de que aquella promesa fue
solamente un discurso para contener las críticas, mientras en las calles
continúan los retenes, las detenciones injustificadas y las acusaciones de
extorsiones.
Porque si los agentes ya no tienen facultades para
infraccionar, la pregunta es inevitable: ¿por qué siguen deteniendo vehículos
sin una causa clara y bajo qué criterios realizan esas revisiones?
El señalamiento también vuelve a colocar bajo la lupa a Ismael
Garduño, alias “La Ardilla”, actual subdirector de Tránsito Municipal, cuyo
nombramiento fue cuestionado desde el inicio de la administración, por medios
de reporteros, periodistas, líderes sociales y ciudadanos.
De acuerdo con denuncias y versiones difundidas previamente,
Garduño pertenece a la vieja guardia de la Policía Estatal y habría tenido
responsabilidades relacionadas con el manejo y reparto de recursos obtenidos
mediante extorsiones a conductores. Estas advertencias, sin embargo, fueron
ignoradas por el gobierno municipal.
A pesar de los cuestionamientos, la administración de Martha
Guerrero lo colocó al frente de una de las áreas más señaladas por abusos
contra automovilistas. Ahora, la aparición de un nuevo caso en el que un
policía es acusado de intimidar a un conductor con un arma de fuego vuelve a
encender las alarmas.
Las denuncias también apuntan a que algunos elementos serían
presionados para obtener dinero en las calles y entregarlo a sus mandos. Se
trata de una acusación grave que exige una investigación independiente,
revisión de los reportes de servicio, cámaras corporales —si existen—,
bitácoras de patrullaje y los registros de radio comunicación.
La ciudadanía no necesita más boletines ni promesas de
“control vial”. Necesita saber por qué un conductor puede ser detenido sin una
explicación clara y terminar frente a un policía con un arma de fuego en la mano
siendo amenazando.
La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez debe explicar si los
agentes de Tránsito realmente perdieron las facultades para sancionar, cuáles
son sus atribuciones actuales y qué medidas se tomarán contra cualquier
elemento que utilice el uniforme, el arma y el poder público para intimidar o
extorsionar.
Porque si la orden era acabar con los abusos, pero en las
calles continúan las detenciones arbitrarias y ahora aparecen denuncias de
amenazas armadas, entonces la estrategia no solo fracasó: podría haberse
convertido en una simulación.
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