CHICOLOAPAN, BAJO AMENAZA: MIENTRAS LOS GRUPOS CRIMINALES ANUNCIAN “LIMPIAS”, EL GOBIERNO MUNICIPAL GUARDA SILENCIO
*Video atribuido a “Los Vallarta” enciende alertas por posible
escalada de violencia y presuntos cobros de piso en Chicoloapan
Por: EXPEDIENTE SECRETO
En el material, cuya autenticidad y origen deberán ser
investigados y confirmados por las autoridades competentes, se menciona a
integrantes de “Los Talibanes”, grupo al que se le atribuyen presuntas
actividades relacionadas con el cobro de piso a comerciantes y tianguistas de
Chicoloapan.
La sola difusión de este mensaje debería encender las alertas
en el gobierno municipal morenista encabezado por Francisco Javier Mendoza
Vázquez, así como en la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la
Fiscalía General de Justicia mexiquense. Sin embargo, hasta ahora no se conoce
una postura pública contundente que informe a la población qué medidas se
implementarán para prevenir hechos de violencia y proteger a quienes podrían
quedar atrapados en medio de una disputa criminal.
De acuerdo con los señalamientos difundidos, “Los Talibanes”
serían encabezados por Reynaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”, padre del
primer regidor morenista Edgar Ruiz. También se cuestiona la cercanía pública
que, según las acusaciones, mantiene “El Perro” con el alcalde Francisco Javier
Mendoza Vázquez.
Estas afirmaciones son señalamientos que deberán ser
investigados y esclarecidos por las autoridades; sin embargo, la relación
pública descrita resulta políticamente delicada y exige explicaciones. Si
existen acusaciones graves contra una persona que aparece acompañando al
presidente municipal, no basta con guardar silencio ni minimizar el tema:
corresponde aclarar qué relación existe, si hay investigaciones abiertas y si
se han realizado revisiones institucionales para descartar cualquier posible
vínculo o conflicto de interés.
La ciudadanía tiene derecho a saber por qué, mientras
comerciantes denuncian presiones y presuntos cobros ilegales, personajes
señalados públicamente por presuntas actividades criminales aparecen —según los
cuestionamientos difundidos— cerca de quienes gobiernan el municipio.
El mensaje atribuido a “Los Vallarta” también menciona al
abogado Carlos Mata, a quien acusan de defender a personas y grupos
identificados en el video como “Los Imperios”. También lanzan seberas amenazas
contra “Los Mazos”, “El Chino”, “Chabelo”, “Bart”, “El Patroncito”, “El Pato” a
la gente de “El Krack”. Asimismo, se menciona a Arturo Castillo, relacionado
con Grúas Castillo, a quien se le atribuyen presuntos despojos de vehículos.
Todas estas acusaciones forman parte del contenido difundido
en redes sociales y deberán ser verificadas mediante investigaciones oficiales.
La publicación de un video no sustituye una carpeta de investigación ni una
resolución judicial; pero tampoco debería ser ignorada por las autoridades
cuando involucra posibles amenazas, presuntas redes de extorsión y el riesgo de
enfrentamientos.
El problema de fondo es que Chicoloapan no puede convertirse
en un territorio donde los grupos criminales difundan advertencias, anuncien
“limpias”, señalen adversarios y pretendan imponer su propia narrativa,
mientras los gobiernos municipales responden con silencio o espera a que ocurra
una tragedia para actuar.
Los comerciantes y tianguistas son quienes podrían enfrentar
las consecuencias más inmediatas. Si las acusaciones sobre cobro de piso son
ciertas, se trata de familias que trabajan todos los días bajo presión y miedo;
y si existe una disputa entre organizaciones criminales, el peligro no se
limita a quienes aparecen mencionados en el video: puede extenderse a mercados,
tianguis, colonias y espacios públicos.
La pregunta es inevitable: ¿qué están haciendo los alcaldes,
principalmente Francisco Javier Mendoza Vázquez para impedir que Chicoloapan
quede atrapado entre amenazas y disputas criminales?
No basta con patrullajes de fotografía ni con discursos sobre
seguridad. La población necesita acciones verificables, investigaciones
transparentes, vigilancia real en las zonas comerciales y una explicación clara
sobre los señalamientos que involucran a personas cercanas al entorno político
municipal.
Porque cuando los grupos delictivos se sienten con capacidad
para lanzar amenazas públicas y anunciar una “limpia”, el mensaje que recibe la
ciudadanía es devastador: el crimen habla con fuerza y las autoridades parecen
responder con silencio.
Chicoloapan no necesita funcionarios que miren hacia otro
lado. Necesita un gobierno que enfrente los señalamientos, colabore con las
investigaciones y garantice que ningún vínculo político, familiar o personal
esté por encima de la seguridad de la población.
La inseguridad ya dejó de ser una estadística: hoy se difunde
en videos, se instala en las calles y amenaza directamente la tranquilidad de
comerciantes y familias. Y mientras el gobierno municipal no dé respuestas,
cada silencio alimentará la sospecha de que en Chicoloapan el poder
institucional está llegando tarde —o simplemente ha decidido no mirar.
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