CAE ALTO FUNCIONARIO DE DELFINA GÓMEZ POR PRESUNTOS NEXOS CON EL CRIMEN; EL SILENCIO DEL GOBIERNO DESATA CUESTIONAMIENTOS
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La captura fue ejecutada el pasado jueves 2 de julio por
elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con
apoyo de autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Marina, como parte
del Operativo Enjambre, la estrategia diseñada para investigar a servidores
públicos con presuntos vínculos con organizaciones criminales.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Rodríguez
González fue trasladado e ingresado posteriormente al penal federal de máxima
seguridad del Altiplano, donde quedó a disposición de un juez. Aunque la
Fiscalía mexiquense no ha confirmado oficialmente los delitos que se le
imputan, diversas fuentes señalan que enfrenta investigaciones por secuestro y
delincuencia organizada.
La gravedad del caso radica en que Rodríguez González no era
un funcionario de segundo nivel. Desde el inicio del gobierno de Delfina Gómez
ocupó la Coordinación General de Gobierno para la región Sur-Sureste, una
posición adscrita a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Horacio
Duarte Olivares. Su superior inmediato era el subsecretario general de
Gobierno, Alejandro Viedma González.
Su responsabilidad consistía en mantener el enlace político
entre el Gobierno del Estado y los municipios del sur mexiquense, coordinar
reuniones con alcaldes, atender conflictos sociales, dar seguimiento a
gestiones municipales y participar en espacios relacionados con seguridad y
gobernabilidad.
Lo que hoy resulta especialmente delicado es que el
funcionario mantenía actividad pública hasta prácticamente el momento de su
captura. Apenas el pasado 1 de julio participó en la denominada Mesa de la
Transformación de la Región 19, con sede en Tejupilco, donde intervino en
reuniones relacionadas con programas sociales y coordinación territorial.
El caso adquiere todavía mayor relevancia porque Rodríguez
González es originario de Temascalcingo, una región donde desde hace años se ha
documentado la presencia e influencia del grupo criminal conocido como "La
Nueva Familia Michoacana", encabezado por los hermanos Johnny Hurtado
Olascoaga, alias "El Pez", y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias "El
Fresa", ambos considerados objetivos prioritarios y con recompensas
ofrecidas por autoridades estadounidenses.
Antes de llegar al gobierno estatal, Lino Rodríguez desarrolló
una carrera política en el ámbito municipal, donde fue regidor y secretario del
Ayuntamiento de Temascalcingo. También pertenece a una familia con presencia
política en esa región, al ser hijo de Joaquín Rodríguez Díaz, exdirigente del
PRD en ese municipio.
Su nombre tampoco era desconocido dentro de la administración
estatal. En enero de 2025 fue identificado como representante del Gobierno del
Estado durante mesas de diálogo en municipios como Luvianos y Ocuilan, donde
intervenía en conflictos políticos y sociales que requerían la presencia
directa de la administración estatal.
La detención ocurre dentro del Operativo Enjambre, iniciado en
noviembre de 2024 tras el hallazgo de restos humanos en pozos del municipio de
Nicolás Romero. Desde entonces, la estrategia ha derivado en investigaciones
contra expresidentes municipales, integrantes de cabildos, comisarios,
directores de seguridad pública y policías señalados por presuntos delitos como
homicidio, extorsión, desaparición forzada, secuestro y colaboración con
organizaciones criminales.
Sin embargo, el impacto político rebasa el ámbito judicial.
Hasta el momento, ni la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ni
el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, han emitido un
posicionamiento público sobre la captura de uno de sus principales operadores
regionales.
Ese silencio alimenta los cuestionamientos que comienzan a
surgir dentro y fuera del propio gobierno estatal. Diversas versiones que
circulan al interior de la administración sostienen que existían señalamientos
previos sobre los presuntos vínculos del ahora detenido con grupos criminales,
pero que nunca se adoptaron medidas para separarlo del cargo o investigar su
actuación.
Lo que constituye un hecho es que, mientras el gobierno de
Morena sostenía el discurso de combate a la delincuencia y recuperación de la
gobernabilidad en el sur del Estado de México, uno de sus propios operadores
políticos terminó detenido por la Fiscalía bajo acusaciones relacionadas con
delincuencia organizada.
La captura de Lino Rodríguez González abre una nueva crisis
política para el gobierno estatal y coloca bajo escrutinio los mecanismos de
control interno, los procesos de selección de funcionarios y la capacidad de
detectar posibles infiltraciones del crimen organizado en áreas estratégicas de
la administración pública.
Más allá del proceso penal que apenas comienza, el caso deja
una pregunta inevitable: si un funcionario con responsabilidades directas en
gobernabilidad y seguridad terminó siendo investigado por presuntos vínculos
con la delincuencia organizada, ¿quién supervisaba realmente a quienes tenían
en sus manos la estabilidad política del sur mexiquense?
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