OTRO NIÑO ASESINADO EN LA PAZ: LAS ADVERTENCIAS IGNORADAS Y UN PATRÓN QUE VUELVE A EXHIBIR AL GOBIERNO DE MARTHA GUERRERO
*Aunque el presunto asesino ya fue detenido, vecinos denuncian
que las autoridades ignoraron durante meses las alertas sobre la violencia que sufría
el menor. Un año después del caso de Fernandito, Los Reyes La Paz vuelve a
enfrentar un crimen que exhibe posibles omisiones institucionales y el fracaso
de los mecanismos de protección a la infancia
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Mientras el gobierno municipal intentó contener la crisis
mediante un video y un comunicado en el que la alcaldesa expresó condolencias a
la familia, la reacción fue considerada por diversos sectores de la población
como insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Para muchos habitantes,
el mensaje oficial no respondió a la pregunta central: ¿por qué nadie actuó
cuando las alertas ya existían?
De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió en un
domicilio ubicado en la calle Girasol, colonia San José de las Palmas. Sobre la
banqueta fue localizado sin vida un menor identificado con las iniciales I.A.J.,
de tres años de edad.
La primera persona que solicitó ayuda fue la vecina Abigail
Reyes González, quien declaró que escuchó los gritos del niño y, al asomarse,
observó al padrastro, Sergio Quintana, de 23 años, golpeándolo violentamente.
Según su testimonio, cuando el agresor notó que el menor había dejado de llorar
huyó del lugar con rumbo desconocido.
Los servicios de emergencia acudieron a la vivienda y únicamente
pudieron confirmar que el menor ya no presentaba signos vitales.
Poco después arribó la madre del niño, María Isabel Gracia
Juárez, de 33 años, quien manifestó que regresaba de su jornada laboral y
desconocía lo ocurrido. Posteriormente fue trasladada ante el Ministerio
Público para rendir su declaración.
Habitantes de la colonia aseguran que desde tiempo atrás el
menor era víctima constante de violencia física y que esa situación fue
reportada en diversas ocasiones a la Policía municipal de Género.
De acuerdo con sus testimonios, realizaron llamadas
telefónicas y solicitaron apoyo porque con frecuencia escuchaban al niño llorar
durante la madrugada y en distintos momentos del día. Aseguran incluso que
existen registros de esas comunicaciones.
Según los vecinos, las respuestas fueron insuficientes o
simplemente nunca hubo una intervención efectiva para proteger al menor.
De confirmarse estas versiones mediante las investigaciones
correspondientes, el caso no sólo evidenciaría un homicidio, sino también
posibles omisiones institucionales en los mecanismos de protección a la
infancia.
EL DIF MUNICIPAL, NUEVAMENTE BAJO CUESTIONAMIENTOS
La tragedia también vuelve a colocar bajo escrutinio el
funcionamiento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF).
El organismo es presidido honoríficamente por Ana María
Guerrero Sánchez, hermana de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, un
nombramiento que es para beneficiar a la familia de la mandataria, sin embargo,
no cuenta con un perfil especializado que requiere ese cargo.
Vecinos consultados sostienen que el DIF municipal opera como
una institución distante de la ciudadanía y con escasa capacidad de respuesta
para atender casos de violencia familiar o riesgo contra menores.
Hasta el momento, el gobierno municipal no ha informado
públicamente si existían antecedentes, expedientes, reportes o intervenciones
relacionadas con el entorno familiar del menor asesinado.
UN AÑO DESPUÉS, LA HISTORIA PARECE REPETIRSE
El nuevo crimen revive inevitablemente uno de los episodios
más dolorosos registrados en el municipio.
En julio de 2025 fue asesinado Fernandito, un niño de cinco
años cuyo caso provocó indignación nacional después de haber sido secuestrado y
posteriormente privado de la vida por presuntos prestamistas, quienes, de
acuerdo con las investigaciones difundidas en aquel momento, actuaron como
represalia por una deuda de mil pesos que la madre no pudo cubrir.
En ese caso, la madre del menor denunció públicamente que
acudió al DIF municipal, a la Policía Municipal y a la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México buscando ayuda mientras su hijo permanecía secuestrado.
Según su versión, ninguna autoridad actuó con la rapidez necesaria para
localizar al menor.
Tras el homicidio, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y la
gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez acudieron al domicilio de la
familia. Diversas versiones difundidas públicamente señalaron que ofrecieron dinero
a los familiares a cambio de su silencio, desde entonces, no se supo más del
asesinato de Fernandito.
DOS CASOS, UN MISMO CUESTIONAMIENTO
Aunque las circunstancias de ambos homicidios son distintas,
existe un elemento que hoy vuelve a generar cuestionamientos entre la
población: las denuncias de que existieron alertas previas que no derivaron en
acciones eficaces de protección.
Especialistas en protección infantil sostienen que cuando
existen reportes reiterados sobre posibles agresiones contra menores, las
instituciones encargadas de la seguridad, asistencia social y procuración de
justicia deben activar protocolos de evaluación de riesgo e intervención
inmediata.
UNA CRISIS QUE REBASA LOS DISCURSOS
La muerte de otro menor coloca nuevamente al gobierno
municipal frente a una severa crisis de credibilidad.
Más allá de los mensajes de condolencia, la principal
exigencia ciudadana apunta a conocer si las denuncias vecinales existieron, qué
dependencia las recibió, quién decidió no intervenir y por qué los mecanismos
de protección infantil volvieron a fallar.
La captura del presunto homicida podrá cerrar una parte de la
investigación penal, pero no devuelve la vida al niño de tres años. Tampoco
elimina las dudas sobre el desempeño del gobierno municipal.
Si se confirma que existieron denuncias previas ignoradas por
las autoridades, el caso dejaría de ser únicamente un homicidio para
convertirse también en un ejemplo del fracaso institucional para proteger a un
menor cuya situación de riesgo, según los vecinos, había sido advertida con
anticipación.
La responsabilidad del agresor deberá ser determinada por los
tribunales, pero las posibles omisiones de los servidores públicos también
tendrían que ser investigadas y, en su caso, sancionadas.
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