NAUCALPAN: CUANDO LA POLICÍA AGREDE A PERIODISTAS
EN LUGAR DE COMBATIR AL CRIMEN
*Mientras la violencia golpea al municipio, uniformados son
acusados de atacar a comunicadores que cubrían un hecho delictivo
Por: EXPEDIENTE SECRETO
De acuerdo con la denuncia difundida por Telediario MX, los
reporteros Miguel Sarmiento y Leonardo Sánchez fueron golpeados por elementos
de la policía municipal cuando daban cobertura a un homicidio ocurrido en el
municipio.
Lejos de concentrar sus esfuerzos en preservar la escena del
crimen y facilitar el trabajo de investigación, los uniformados habrían
dirigido la fuerza contra quienes documentaban los hechos. La acusación es
todavía más grave porque, además de la agresión física, se señala que los
policías se apoderaron de teléfonos celulares y equipo de audio perteneciente a
los comunicadores.
Si estos hechos se confirman, no se trataría únicamente de un
abuso de autoridad, sino de posibles conductas delictivas cometidas por
servidores públicos, quienes habrían utilizado el uniforme y el poder del
Estado para intimidar a representantes de la prensa y despojarlos de sus
herramientas de trabajo.
El episodio vuelve a exhibir un problema recurrente:
corporaciones que muestran mayor firmeza frente a ciudadanos y periodistas que
frente a quienes generan la violencia que diariamente golpea a Naucalpan. En un
municipio donde los homicidios y otros delitos siguen siendo motivo de
preocupación, resulta difícil entender que la respuesta policial termine enfocando
toda su furia contra quienes documentan la realidad y no en quienes la
provocan.
La administración del presidente municipal Isaac Montoya
enfrenta ahora la obligación de aclarar lo ocurrido. El silencio institucional
o la defensa automática de los elementos involucrados solo profundizarían la
percepción de impunidad y de falta de control sobre la policía municipal.
Asimismo, corresponde al Fiscal General de Justicia del Estado
de México, José Luis Cervantes Martínez realizar una investigación imparcial,
identificar a los responsables y, en caso de acreditarse los hechos
denunciados, ejercer acción penal por las agresiones y por el robo del equipo
de los periodistas.
La libertad de prensa no puede quedar a merced del criterio de
policías que, en lugar de garantizar condiciones para informar, son señalados
de convertir la cobertura periodística en un riesgo adicional. Una democracia
se debilita cuando quienes documentan la violencia terminan siendo víctimas de
quienes deberían impedirla.
Si las acusaciones son ciertas, el problema no es únicamente
la conducta de algunos uniformados, sino el mensaje que envía una corporación
cuando la fuerza pública se utiliza para silenciar cámaras y micrófonos,
mientras la delincuencia continúa operando en las calles. La exigencia
ciudadana debe ser clara: una investigación transparente, sanciones ejemplares
y una depuración de la policía municipal para evitar que hechos como éste
vuelvan a repetirse.
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