LINO "N": EL EXPEDIENTE QUE PONE A MORENA FRENTE A SU MAYOR CRISIS DE CREDIBILIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO
*Las preguntas ya no son quién cayó, sino quién lo protegió,
quién lo nombró y quién permitió que operara desde una posición estratégica del
Gobierno mexiquense
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Desde la tribuna del Congreso mexiquense, el diputado de
Morena, Octavio Martínez Vargas, hizo lo que hasta ahora ningún integrante del
gabinete estatal había hecho: formular las preguntas que millones de
mexiquenses esperan escuchar respondidas.
¿Quién autorizó la contratación de Lino "N"? ¿Quién
lo recomendó? ¿Quién firmó su nombramiento? ¿Quién certificó que era un perfil
confiable para representar al Gobierno en una de las regiones más conflictivas
del Estado de México?
Las interrogantes son demoledoras porque exhiben una realidad
incómoda: un funcionario de ese nivel no llega por accidente. No se trata de un
empleado administrativo ni de un servidor público de bajo rango. Era un
operador político con responsabilidades estratégicas dentro de la Secretaría
General de Gobierno.
Por ello, el cuestionamiento alcanza inevitablemente al
secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. La responsabilidad
política no desaparece con una detención. Si Lino "N" fue designado
durante su administración, la sociedad tiene derecho a conocer quién avaló su
ingreso, cuáles fueron los filtros aplicados y si existieron alertas que fueron
ignoradas.
PORQUE CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS RESULTA ALARMANTE
Si nadie detectó antecedentes preocupantes, el Gobierno del
Estado exhibe un sistema de control absolutamente ineficiente.
Pero si esos antecedentes existían y, aun así, fue promovido a
un cargo de alta responsabilidad, el problema deja de ser administrativo para
convertirse en un asunto de enorme gravedad política.
Más preocupante aún resulta el papel de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México.
Octavio Martínez no sólo cuestionó la actuación del fiscal
José Luis Cervantes Martínez; habló de un presunto "desaseo
institucional", una expresión que refleja el creciente desgaste de una
institución que enfrenta constantes cuestionamientos por la lentitud con la que
avanza en investigaciones de alto impacto político y por la percepción de que
la justicia sigue siendo distinta dependiendo del nombre del investigado.
La exigencia de solicitar la intervención de la Fiscalía
General de la República no es un gesto menor. Es, en los hechos, un voto de
desconfianza hacia la capacidad de la Fiscalía mexiquense para investigar con
independencia a funcionarios del propio poder.
LA LISTA DE INTERROGANTES TAMPOCO TERMINA CON LINO
"N"
Desde la tribuna también se preguntó por qué el diputado
federal Fernando Vilchis Contreras continúa sin enfrentar un proceso judicial
pese a los señalamientos públicos que pesan en su contra y quién estaría
impidiendo que las investigaciones avancen.
A ello se suma el caso de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy
Nápoles, quien enfrenta un proceso legal en libertad por el presunto delito de
secuestro simulado. Las investigaciones buscan determinar si fingió su
desaparición para ocultar un presunto desfalco millonario en el ayuntamiento.
Casos como éste alimentan una percepción profundamente
arraigada entre los ciudadanos: que en el Estado de México existen dos sistemas
de justicia. Uno expedito y severo para el ciudadano común, y otro lento,
permisivo y generoso cuando los investigados pertenecen a las estructuras del
poder político.
La coincidencia entre estos expedientes comienza a dibujar un
patrón que las autoridades ya no pueden seguir ignorando. Cuando funcionarios
de alto nivel son detenidos, alcaldes enfrentan procesos penales sin prisión y
otros personajes permanecen intocados pese a los señalamientos públicos, la
confianza ciudadana se erosiona peligrosamente.
EL CASO LINO "N" TAMPOCO PODRÁ RESOLVERSE
SACRIFICANDO ÚNICAMENTE A UN FUNCIONARIO
Si el Gobierno estatal pretende convencer a la opinión pública
de que combate realmente la infiltración del crimen organizado, deberá
responder preguntas concretas: quién lo nombró, quién lo protegió, quién
supervisó su trabajo y por qué nadie detectó —o quiso detectar— las
irregularidades que hoy forman parte de una investigación penal.
Porque la responsabilidad política no termina con una orden de
aprehensión.
Empieza exactamente en el momento en que alguien decide
abrirle las puertas del gobierno a un personaje que jamás debió ocupar un cargo
público.
Y mientras esas respuestas sigan ausentes, cada silencio será
interpretado como una forma de encubrimiento político y cada omisión seguirá
debilitando la credibilidad de un gobierno que llegó prometiendo ser distinto,
pero que hoy enfrenta el desafío de demostrar que la ley alcanza también a
quienes forman parte de su propia estructura de poder.
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