XTAPALUCA: POLICÍAS IRRUMPEN EN ESCUELA, GOLPEAN A MAESTROS
Y PADRES; ARVIZU GUARDA SILENCIO
*Operativo sin explicación oficial, presuntas detonaciones,
uso de gas lacrimógeno y denuncias por abuso de autoridad reavivan el historial
de mandos policiacos vinculados al Operativo Enjambre
Los hechos ocurrieron la tarde del martes 7 de julio y ya
derivaron en denuncias por el presunto uso excesivo de la fuerza pública, además
de un bloqueo sobre la autopista México-Puebla encabezado por padres de familia
y docentes que exigieron justicia y el castigo a los responsables.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los
uniformados irrumpieron en las instalaciones educativas con la intención de
detener a directivos que presuntamente estarían relacionados con una
investigación por un supuesto caso de abuso contra una alumna. Sin embargo,
hasta el momento ninguna autoridad ha informado oficialmente la existencia de
una orden de aprehensión, una orden de cateo o el sustento jurídico que
justificara el ingreso de los policías al centro escolar.
La intervención ocurrió cuando todavía había estudiantes de
preescolar, primaria, secundaria y preparatoria dentro de las instalaciones,
situación que generó pánico entre alumnos, maestros y padres de familia.
Videos difundidos ampliamente en redes sociales muestran a
elementos municipales forcejeando y golpeando a profesores y padres de familia
que intentaban impedir el ingreso de los uniformados. En otras grabaciones
también se escuchan diversas detonaciones de arma de fuego, cuyo origen no ha
sido aclarado oficialmente. Testigos sostienen que los disparos habrían sido
realizados por policías municipales.
La propia institución educativa denunció los hechos mediante
un comunicado en el que calificó el operativo como una grave violación a la
integridad de la comunidad escolar.
Según el documento, maestros fueron detenidos de forma
arbitraria y se empleó un uso desproporcionado de la fuerza pública. Además,
denunciaron agresiones físicas y verbales contra docentes, personal
administrativo, trabajadores de intendencia, padres de familia y vecinos.
También acusaron a los policías municipales de utilizar gas
lacrimógeno, realizar detonaciones con sus armas de cargo y causar daños al
mobiliario y a la infraestructura del plantel.
Para la comunidad educativa, el operativo no solamente
representó una agresión contra los trabajadores de la institución, sino un
atentado contra la seguridad de cientos de menores de edad que se encontraban
dentro de la escuela al momento de la irrupción.
Como respuesta, padres de familia, docentes y personal
administrativo bloquearon durante varias horas la autopista México-Puebla, en
dirección hacia la Ciudad de México, generando importantes afectaciones viales
y exigiendo justicia, respeto a los derechos humanos y el esclarecimiento
inmediato de los hechos.
El caso revive además los antecedentes de la corporación
policiaca de Ixtapaluca.
Durante el denominado Operativo Enjambre fueron detenidos
Rodolfo "N" y Roberto "N", mandos de la Policía Municipal,
quienes posteriormente fueron vinculados a proceso por una jueza de control del
Estado de México al considerar que existían elementos suficientes para
procesarlos por el delito de secuestro exprés agravado en agravio de
comerciantes y empresarios.
Lejos de representar un hecho aislado, lo ocurrido en la
Unidad Pedagógica y Cultural "Celestin Freinet" vuelve a colocar bajo
severo cuestionamiento el desempeño de la Policía Municipal y de sus mandos.
Hasta el momento, el presidente municipal morenista, Felipe
Rafael Arvizu de la Luz, no he emitido una postura pública sobre un operativo
que terminó con maestros golpeados, denuncias de abuso policial, detonaciones
de arma de fuego y menores expuestos a una situación de alto riesgo dentro de
un centro educativo.
En cualquier administración comprometida con la legalidad y la
rendición de cuentas, un episodio de esta magnitud obligaría, al menos, a la
separación del cargo del comisario de la Policía Municipal, Jacinto Ramos
Bonilla, y del director de Seguridad
Ciudadana, Juan Antonio Soberanes, mientras se desarrolla una
investigación independiente que determine responsabilidades administrativas y
penales.
Resulta igualmente cuestionable que Ixtapaluca mantenga
simultáneamente un director de Seguridad Ciudadana y un comisario de Seguridad
Pública, una estructura que, lejos de traducirse en mejores resultados para la
población, continúa acumulando señalamientos por presuntos abusos contra
ciudadanos.
La principal interrogante sigue sin respuesta: ¿con qué
fundamento legal puede una corporación policiaca ingresar por la fuerza a una
escuela donde hay menores de edad, sin informar públicamente la existencia de
una orden judicial? Esa explicación corresponde ofrecerla al gobierno
municipal.
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