DENUNCIA PENAL POR $40.7 MILLONES SACUDE AL GOBIERNO DE VALLE DE BRAVO
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La denuncia coloca bajo la lupa el manejo de recursos
federales durante la administración municipal encabezada por la alcaldesa de
Morena Michelle Núñez,
quien ha rechazado públicamente las observaciones y sostiene que su gobierno
cuenta con la documentación necesaria para acreditar la correcta aplicación del
dinero público.
Sin embargo, para la ASF las explicaciones resultaron
insuficientes.
La investigación deriva de la Auditoría número 980 y del Pliego
de Observaciones 2024-D-15110-19-0980-06-001, mediante los cuales el máximo
órgano de fiscalización del país concluyó la existencia de un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por más de 40.7 millones de pesos, al no acreditarse
documentalmente el destino de la totalidad de los recursos revisados.
De acuerdo con el informe oficial, la auditoría comprendió
diez obras de infraestructura financiadas con recursos federales. Durante la
revisión fueron detectadas múltiples deficiencias, entre ellas la ausencia o
insuficiencia de expedientes técnicos, procedimientos de contratación,
documentación financiera, comprobantes de pago, evidencia de ejecución de las
obras y demás elementos indispensables para demostrar que el dinero público fue
ejercido conforme a la ley.
Tras revisar la información presentada por el Ayuntamiento, la
ASF determinó que ésta no logró solventar las observaciones, por lo que decidió
promover la denuncia penal ante la FGR.
La denuncia forma parte de un paquete nacional de 21 denuncias
penales promovidas por la Auditoría Superior de la Federación derivadas de la
fiscalización de la Cuenta Pública 2024. Ahora corresponderá al Ministerio Público
Federal integrar la carpeta de investigación, reunir pruebas y determinar las
responsabilidades de los servidores públicos que participaron en la
autorización, administración, contratación, supervisión, ejecución y
comprobación de los recursos federales observados.
Aunque hasta ahora la ASF no ha revelado los nombres de los
funcionarios denunciados, por la naturaleza de los hechos la investigación
podría alcanzar a quienes estuvieron al frente de la Tesorería Municipal, la
Dirección de Obras Públicas y a los servidores públicos que intervinieron en
los procesos de contratación, autorización de pagos, supervisión y recepción de
las obras financiadas con recursos del FAISMUN.
Será la Fiscalía General de la República la que determine, con
base en las pruebas, el grado de participación y responsabilidad de cada uno de
los funcionarios involucrados.
De acreditarse conductas ilícitas, los responsables podrían
enfrentar procesos por delitos previstos en el Código Penal Federal, entre
ellos peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del
servicio público o ejercicio abusivo de funciones. Paralelamente, también
podrían iniciarse procedimientos por faltas administrativas graves, con
sanciones que incluyen multas, inhabilitación y destitución del cargo, conforme
a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La denuncia representa un severo golpe para la credibilidad
del gobierno municipal de Valle de Bravo, pues no se trata únicamente de
observaciones administrativas, sino del inicio de una investigación penal
derivada de presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a
infraestructura social, recursos que tienen como finalidad atender necesidades
básicas de la población.
En el ámbito político, el caso revive uno de los episodios más
controvertidos del proceso electoral intermedio de 2021, cuando la entonces
candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Zudikey Rodríguez, denunció haber sido
interceptada y amenazada por presuntos integrantes de La Familia Michoacana
para abandonar la contienda.
Aunque nunca se acreditó ni autoridad alguna señaló que la
entonces candidata de Morena y hoy alcaldesa hubiera participado en esos
hechos, la salida de la contendiente modificó el escenario político de la
elección y finalmente favoreció el triunfo electoral de la actual presidenta
municipal, un antecedente que vuelve a ser recordado ahora que su
administración enfrenta una investigación penal por el manejo de recursos
federales.
En el terreno político, la investigación también podría
generar un costo para el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio
Duarte Olivares, quien ha sido identificado como uno de los principales
operadores de Morena en la entidad y mantiene una estrecha relación política
con la alcaldesa Michelle Núñez. De confirmarse responsabilidades derivadas de
la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación.
El caso podría convertirse en un flanco de crítica para el
grupo de Morena que apoyan Al senador Higinio Martínez y que están en contra de
Horacio Duarte y representar un desgaste para el grupo político encabezado por
Duarte Olivares, particularmente ante las expectativas que existen en torno a
su futuro político dentro de la 4T.
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