TEOTIHUACÁN BAJO LAS BALAS: OTRO ATAQUE CONTRA UN EXCANDIDATO EXHIBE EL FRACASO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN EL EDOMEX
*José Marcial Arpide volvió a ser blanco de un atentado, cinco
años después del ataque en el que fue asesinado su hijo. Mientras la violencia
golpea nuevamente a un actor político, el discurso oficial sobre la disminución
de los delitos enfrenta nuevos cuestionamientos.
Por: EXPEDIENTE SECRETO
José Marcial Arpide, excandidato de Movimiento Ciudadano a la
presidencia municipal de Teotihuacán, fue atacado a balazos la tarde del martes
cuando circulaba en una camioneta sobre la calle Jorge Jiménez Cantú, a escasos
metros de la Catedral de Teotihuacán.
Sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon en
repetidas ocasiones. En el lugar quedaron decenas de casquillos percutidos y la
camioneta presentó múltiples impactos de bala en el costado izquierdo. El
exaspirante resultó herido y fue trasladado a un hospital, mientras que otras
dos personas también sufrieron lesiones: uno de sus acompañantes y un vecino
que quedó atrapado en la línea de fuego.
Como ocurre una y otra vez en los hechos de alto impacto
registrados en la entidad, la escena fue acordonada por policías municipales y
estatales; peritos levantaron evidencias y comenzaron las investigaciones. Sin
embargo, hasta el cierre de esta información no se había informado sobre
personas detenidas.
El atentado cobra una dimensión aún más preocupante porque no
se trata de un hecho aislado.
En 2021, José Marcial Arpide ya había sobrevivido a otro
ataque armado. Aquella agresión terminó con el asesinato de su hijo, Sixto
Arpide. Cinco años después, la historia parece repetirse en un municipio donde
la violencia continúa imponiéndose sobre la capacidad del Estado para
garantizar seguridad y justicia.
Este nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa la estrategia
de seguridad del Gobierno del Estado de México.
Mientras la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el fiscal
general José Luis Cervantes Martínez y el secretario general de Gobierno Horacio
Duarte Olivares sostienen de manera reiterada que los delitos de alto impacto
muestran una tendencia a la baja, los ataques armados, homicidios y agresiones
contra personajes públicos continúan ocurriendo en distintos municipios
mexiquenses.
Cada conferencia oficial presume estadísticas; cada Mesa de
Coordinación para la Construcción de la Paz habla de avances; cada comunicado
insiste en una disminución de la violencia. Sin embargo, para los ciudadanos
que observan balaceras en plena vía pública, asesinatos casi diarios y
atentados como el ocurrido en Teotihuacán, la percepción dista mucho del
optimismo gubernamental.
La pregunta resulta inevitable: ¿de qué sirven las reuniones
de seguridad si los hechos violentos continúan registrándose con la misma frecuencia
y, en muchos casos, sin responsables capturados?
El atentado contra José Marcial Arpide no sólo representa un
ataque contra una persona. También reaviva el debate sobre la eficacia de las
instituciones encargadas de prevenir la violencia, investigar los delitos y
garantizar condiciones mínimas de seguridad para la población.
La ciudadanía no evalúa una estrategia por el número de
conferencias de prensa ni por los discursos oficiales. La juzga por los
resultados. Y cuando un político sobrevive a un segundo atentado, después de
haber perdido a un hijo en un ataque previo, resulta comprensible que vuelvan a
surgir cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener la
violencia y esclarecer estos hechos.
Mientras las investigaciones continúan, permanece la exigencia
de que las autoridades determinen si ambos ataques guardan relación y, sobre
todo, de que el caso no se sume a la larga lista de expedientes sin una
resolución clara. Porque detrás de cada cifra presentada en los informes
oficiales hay víctimas, familias y comunidades que siguen esperando algo más
que estadísticas. Exigen resultados.
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