MILLONES "EVITADOS", PERO LA EXTORSIÓN SIGUE
IMPARABLE EN EL ESTADO DE MÉXICO
*Mientras la administración estatal presume resultados, las redes de extorsión y la corrupción institucional siguen siendo señaladas como parte del problema
Lejos de representar una disminución del delito, las cifras
difundidas por la propia administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez
revelan la enorme dimensión del problema. Entre el 28 de mayo y el 24 de junio
se recibieron 3 mil 457 reportes, es decir, un promedio cercano a 130 denuncias
diarias, lo que confirma que la extorsión se mantiene como uno de los delitos
que más afectan a la población.
El gobierno celebra haber impedido depósitos millonarios, pero
el boletín no informa cuántos extorsionadores fueron detenidos, cuántas bandas
criminales fueron desarticuladas, cuántas investigaciones concluyeron con
sentencias o si disminuyó realmente la incidencia del delito. En otras
palabras, presume el dinero que no se perdió, pero guarda silencio sobre los
responsables que siguen operando.
Más aún, las propias cifras evidencian que existen modalidades
cada vez más diversas: extorsión telefónica, fraude telefónico, amenazas,
extorsión electrónica y hasta casos de cobro de derecho de piso, un delito que
refleja la presencia de organizaciones criminales que buscan controlar territorios
y actividades económicas.
El gobierno también destaca que el monto exigido por los
delincuentes disminuyó 45 por ciento en una semana. Sin embargo, ese indicador
no significa necesariamente que la delincuencia esté retrocediendo; únicamente
refleja la cantidad de dinero que los extorsionadores intentaron obtener en ese
periodo. El número de reportes sigue siendo elevado y la amenaza permanece
vigente.
Pero el problema no termina en las calles. Diversos abogados,
litigantes y ciudadanos han denunciado durante años que en general las agencias
del Ministerio Público continúan siendo señaladas como espacios donde
prevalecen actos de corrupción, abusos y redes de extorsión contra quienes
buscan acceso a la justicia. Lejos de combatir esas prácticas, persiste la
percepción de que la impunidad permite que esos esquemas continúen operando.
En ese contexto, las críticas también alcanzan al fiscal
general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, a quien distintos
sectores cuestionan por no haber erradicado de manera efectiva los focos de
corrupción al interior de la institución que encabeza. Para sus críticos,
mientras no exista una depuración profunda, sanciones ejemplares y
transparencia sobre el desempeño de ministerios públicos y fiscales, cualquier
estrategia contra la extorsión quedará incompleta.
Mientras la administración estatal presenta estadísticas sobre
recursos "evitados", miles de comerciantes, transportistas,
empresarios y ciudadanos continúan enfrentando llamadas, amenazas y presiones
que afectan su patrimonio y su tranquilidad.
La verdadera medición del éxito no debería centrarse
únicamente en cuánto dinero dejaron de recibir los delincuentes, sino en
cuántos fueron capturados, procesados y sentenciados, cuántos funcionarios
corruptos fueron separados del cargo y cuántas agencias del Ministerio Público
fueron saneadas. Esos datos, al menos en este informe oficial, simplemente no
aparecen.
Porque evitar un depósito es importante. Desmantelar las redes
de extorsión, dentro y fuera de las instituciones encargadas de procurar
justicia, sería el verdadero indicador de que la estrategia está funcionando.
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