EXTORSIÓN DESATADA EN LA PAZ: COMERCIANTES ACUSAN PROTECCIÓN OFICIAL
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Cansados de pagar, de ser golpeados y humillados, las víctimas
decidieron hablar. Sus testimonios dibujan un escenario alarmante donde el
crimen no se esconde: tiene nombres, apodos, territorio… y, presuntamente,
protección.
UNA RED QUE OPERA A LA VISTA DE TODOS
Los señalados no son fantasmas. De acuerdo con los
denunciantes, son personajes conocidos en la zona que han construido una
maquinaria de control basada en el miedo.
Entre ellos mencionan a Axel Villaseñor; Enrique Molina, alias
“El Kike”, hijo de “El Millones”; un sujeto apodado “El Camarón”, identificado
como ejecutor de golpizas; Rogelio Méndez, hijo de Rogelio Méndez, mayordomo de
una iglesia de la localidad y “La Madrina” Chayo Salazar, a quien
responsabilizan de sembrar terror entre comerciantes.
El aviso llegó el 5 de diciembre de 2025: comenzarían a cobrar
“derecho de piso” en la avenida Morelos. Nadie imaginó el nivel de violencia
que vendría después.
EL DÍA QUE LA AUTORIDAD DESAPARECIÓ
El 12 de febrero de 2026 marcó un antes y un después. De
madrugada, al menos 30 sujetos armados irrumpieron en la zona comercial:
destruyeron más de 15 puestos, sometieron a comerciantes y obligaron a varias
mujeres a arrodillarse como acto de humillación. Todo ocurrió a escasos metros
del palacio municipal. La policía municipal nunca llegó.
“La autoridad simplemente desapareció”, relatan las víctimas,
quienes apuntan directamente a la administración encabezada por la morenista Martha
Guerrero Sánchez y señalan la influencia de su esposo, Tranquilino Lagos
Buenabad, como pieza clave en el control político y territorial.
EXTORSIÓN CON CUOTA Y GOLPES
Ese mismo día, los agresores regresaron, ahora con el
argumento de tener supuestas órdenes judiciales. Bajo el mando de Axel
Villaseñor y “El Kike”, intimidaron directamente a los comerciantes.
Cuando un vendedor exigió legalidad, la respuesta fue
inmediata: golpes. La orden —según testigos— la ejecutó “El Camarón”.
Días después, el mensaje fue contundente: todos debían
alinearse con “El Millones”. El cobro quedó fijado entre 300 y 400 pesos
diarios. Quien no pague, no trabaja… o paga con violencia.
CONTROL, MIEDO Y QUIEBRA
La extorsión se normalizó.
Figuras como Roselia Mirafuentes, denuncian, operan como enlaces para decidir
quién puede vender y quién no. El saldo es devastador: familias sin ingresos,
negocios cerrados y una comunidad sometida.
Aunque los comerciantes aseguran que no buscan politizar con
la denuncia, la realidad los alcanza: la violencia, afirman, se disparó con la
llegada de la actual administración. La pregunta es inevitable: ¿ineptitud o
complicidad?
SOSPECHAS QUE APUNTAN ARRIBA
Una fuente interna de la dirección de gobierno municipal, bajo
anonimato, revela un dato aún más delicado: Tranquilino Lagos Buenabad
mantendría presuntos vínculos con un grupo delictivo que opera en la zona.
Mientras públicamente la alcaldesa promete apoyo a los
comerciantes, en los hechos —acusan— se estaría gestando una estrategia para
desmantelar a los comerciantes de la avenida Morelos, considerados un jugoso
“botín político y económico”.
FISCALÍA: OCHO MESES DE SILENCIO
La indignación crece al señalar la inacción de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México. En particular, apuntan a la
licenciada, Norma Liliana Mendiola Gómez, quien tiene ocho meses de haber
asumido el cargo de Fiscal Regional de Nezahualcóyotl, sin embargo, sigue
dormida en sus laureles, pues, afirman que, a pesar de tener conocimiento
directo de los hechos desde febrero, ni siquiera se ha dignado en permitir que
las victimas ratifiquen sus denuncias.
Existe carpeta de investigación. Existen denuncias. Existen pruebas.
Existen fotografías. Pero no hay detenidos. Ni avances. Ni siquiera llamados a
declarar.
El vínculo personal entre la fiscal y la alcaldesa, Martha
Guerrero, quien presume una estrecha cercanía con la Fiscal Regional, levanta
sospechas entre los afectados: ¿se trata de negligencia… o de un acuerdo de
protección?
LLAMADO URGENTE: ANTES DE QUE SEA TARDE
Ante el abandono institucional, los comerciantes han elevado
la voz a nivel federal. Exigen la intervención inmediata del titular de
Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. Sobre todo, porque recientemente
se tipifico el delito de extorsión como un delito grave del fuero federal.
Advierten, los afectados que el escenario es explosivo. Los
grupos que operan no sólo son violentos: actúan con la certeza de que nadie los
va a detener.
Y cuando el crimen se siente intocable, la tragedia deja de
ser posibilidad… para convertirse en destino.
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