Comunicadores en Pie de Lucha

ESTADO REBASADO: LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA OPERA SIN FRENO

*Gobierno federal, Delfina Gómez y el fiscal Cervantes Martínez fallan en detener a líderes criminales pese a años de inteligencia y violencia creciente

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Toluca, Estado de México, 18 de abril de 2026.- Lo que ocurre en el Estado de México y en amplias regiones del país ya no admite matices ni discursos oficiales: es un fracaso abierto del Estado. La operación impune de la organización criminal conocida como La Nueva Familia Michoacana es la prueba más clara de que las autoridades no solo han sido rebasadas, sino que han normalizado la incapacidad.

 

El secuestro del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, no es un hecho aislado: es un mensaje directo del crimen organizado que exhibe quién tiene el control real del territorio. Y aun así, la respuesta institucional sigue siendo tibia, reactiva y, peor aún, ineficaz.

 

Resulta insostenible que, después de más de dos décadas de operaciones criminales, los líderes de este grupo, Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, continúen en libertad. No se trata de desconocidos: las propias autoridades federales han documentado sus movimientos, sus redes familiares, sus operadores, sus rutas criminales y hasta su expansión territorial. Lo saben todo, menos cómo detenerlos.

 

La responsabilidad recae, en primer término, en el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, cuya gestión ha sido incapaz de contener la expansión criminal en una de las entidades más importantes del país. La violencia, las ejecuciones, las extorsiones y ahora el control de recursos estratégicos como el agua, avanzan sin freno mientras la Fiscalía permanece rebasada o, peor aún, ausente.

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez tampoco puede evadir su responsabilidad. Su administración ha permitido que regiones completas del estado, particularmente el sur y el oriente, queden bajo la sombra del crimen organizado. La promesa de transformación se diluye frente a una realidad donde los grupos criminales no solo operan, sino que imponen condiciones, controlan economías locales y, de acuerdo con autoridades federales, incluso influyen en procesos políticos.

 

Pero el problema no termina en el ámbito estatal. El gobierno federal, pese a contar con inteligencia militar, seguimiento permanente y hasta el respaldo internacional —como las millonarias recompensas ofrecidas por Estados Unidos—, tampoco ha logrado ejecutar capturas clave. La incapacidad para detener a estos objetivos prioritarios no solo debilita la credibilidad institucional, sino que fortalece la percepción de que hay territorios donde la ley simplemente no existe.

 

La diversificación criminal de este grupo —narcotráfico, extorsión, minería ilegal, robo de combustible y ahora el control del agua— demuestra una evolución que las autoridades no han sabido frenar. El reciente secuestro de Rogelio Poblete Zamora confirma que el crimen organizado no solo disputa territorios, sino sectores estratégicos que generan poder económico y político.

 

La pregunta ya no es qué está pasando. La pregunta es hasta cuándo las autoridades —estatales y federales— seguirán permitiendo que una organización criminal actúe con este nivel de impunidad. Porque cada día que pasa sin resultados, no solo crece el poder de estos grupos: se reduce, peligrosamente, la autoridad del Estado mexicano.