EE.UU. PONE CONTRA LAS CUERDAS A RUBÉN ROCHA; SINALOA, ATRAPADO ENTRE LA NARCOPOLÍTICA Y LA CRISIS DE MORENA
*La acusación de Washington contra Rocha Moya sacude a Morena
y reaviva las sospechas de vínculos entre el poder político y el Cartel de
Sinaloa en medio de la crisis de violencia que azota al estado
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La acusación no es menor. Washington sostiene que Rocha Moya
habría operado en alianza con el Cartel de Sinaloa y particularmente con “Los
Chapitos”, la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán,
para facilitar el tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos. El documento
incluso señala que el ahora gobernador de Sinaloa habría recibido apoyo
político y presuntamente protección criminal desde su campaña electoral de
2021, cuando llegó al poder cobijado por Morena.
Las autoridades estadounidenses describen un esquema de
complicidad que, de confirmarse, exhibiría la infiltración absoluta del crimen
organizado en las estructuras del gobierno sinaloense. Según la acusación,
Rocha permitió que integrantes y operadores cercanos a “Los Chapitos” colocaran
funcionarios afines en áreas estratégicas de seguridad y gobierno local,
garantizando así protección e impunidad para las operaciones del narcotráfico.
La acusación es devastadora porque no se trata únicamente de
presuntos vínculos indirectos o rumores políticos. El señalamiento coloca a un
gobernador en funciones como supuesto aliado directo del Cartel de Sinaloa,
organización criminal responsable de miles de asesinatos, desapariciones y del
tráfico de fentanilo que ha provocado una crisis de salud pública en Estados
Unidos.
Además, el caso revive las sospechas que desde hace años pesan
sobre el entorno político sinaloense. En agosto de 2024, Ismael "El
Mayo" Zambada aseguró en una carta que el día de su captura acudiría a una
reunión en Culiacán donde estaría presente Rocha Moya. En aquel momento, el
gobernador minimizó el señalamiento, pero hoy la narrativa toma otra dimensión
tras las acusaciones formales del gobierno estadounidense.
Mientras tanto, Rocha reaccionó en redes sociales intentando
convertir el escándalo judicial en una supuesta agresión política contra Morena
y la “cuarta transformación”. Sin embargo, el mensaje dejó entrever algo más:
el gobernador parece advertir que no piensa enfrentar solo el costo político y
penal de este caso. En otras palabras, si cae Rocha, podría arrastrar a otros
actores del movimiento obradorista.
El problema para Morena es mayúsculo. La presidenta Claudia
Sheinbaum Pardo salió en su conferencia mañanera a exigir pruebas contra Rocha Moya
y a defender el debido proceso. No obstante, la postura presidencial exhibe una
evidente contradicción política: cuando el exsecretario de Seguridad Pública Genaro
García Luna fue acusado y posteriormente condenado en Estados Unidos, Morena
celebró el caso incluso cuando gran parte de la evidencia presentada también
descansaba en testimonios de narcotraficantes y colaboradores protegidos.
Hoy, el discurso cambia radicalmente porque el acusado
pertenece al partido gobernante.
La doble vara es imposible de ocultar. Lo que antes era
considerado prueba suficiente para condenar moralmente a adversarios políticos,
ahora es presentado como una persecución extranjera o un intento de
intervención contra la soberanía nacional.
En este contexto, la Fiscalía General de la República recibió
ya solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por
Estados Unidos. El fiscal especial Ulises Lara López confirmó que se abrirá una
investigación para determinar el sustento de las acusaciones, aunque reconoció
que Rocha Moya mantiene fuero constitucional y que sería necesario un proceso
legislativo para retirarle la inmunidad.
El embajador estadounidense Ronald Johnson lanzó además un
mensaje contundente: la corrupción que facilite operaciones del crimen
organizado será investigada y procesada bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
El caso estalla además en el peor momento para Sinaloa. La
entidad vive una de las etapas más violentas de los últimos años, marcada por
disputas internas entre facciones del propio Cartel de Sinaloa, desapariciones,
ejecuciones y un creciente ambiente de terror en distintas regiones del estado.
Por ello, la acusación contra Rocha Moya no sólo representa un
golpe personal contra un gobernador de Morena. También alimenta la percepción
internacional de que México atraviesa una profunda crisis de narcopolítica,
donde las fronteras entre gobierno y crimen organizado parecen cada vez más
borrosas.
Y mientras en Palacio Nacional intentan contener el daño
político, en Estados Unidos ya colocaron al gobernador sinaloense en el mismo
tablero donde antes estuvieron alcaldes, policías corruptos y operadores del
narcotráfico. La diferencia es que ahora el señalado es un mandatario estatal
en funciones, emanado del partido que prometió acabar con la corrupción y
pacificar al país.
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