LA PAZ, TIERRA DE NADIE: EXTORSIONADORES MARCHAN
IMPUNES Y EL GOBIERNO SE ESCONDE
Por: EXPEDIENTE SECRETOS
Al frente, José Emilio Molina Méndez, alias “El Millones”,
acompañado por al menos 50 mototaxistas —muchos de ellos, según versiones,
pagados con 300 pesos— marcharon sin causa, sin demandas, sin rumbo. No exigían
justicia ni soluciones. Su único objetivo: intimidar. Insultar. Marcar
territorio.
Lo hicieron a unos cuantos metros del palacio municipal, bajo
la sombra de una supuesta vigilancia permanente. Ahí, donde debería imperar el
orden, lo que reina es el miedo. Ejecuciones en bares cercanos, violencia
cotidiana y una autoridad que simplemente no aparece. La escena no deja espacio
a dudas: La Paz se ha convertido en un territorio sin ley.
La raíz del estallido viene de días atrás. Comerciantes de la
avenida Morelos, cansados de extorsiones, amenazas y agresiones, rompieron el
silencio y señalaron con nombre y apellido a quienes los tienen sometidos: “El
Millones”, su hijo Enrique Molina alias “El Kike”, “El Camarón”, Rogelio Méndez
y “La Madrina” Chayo Salazar. Todos, según denuncian, operan una red de cobros
ilegales que obliga a pagar entre 300 y 450 pesos diarios para poder trabajar.
UNA CUOTA DIARIA POR SOBREVIVIR. Y LO MÁS GRAVE: LAS
AUTORIDADES LO SABEN
Tanto la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez como su esposo,
Tranquilino Lagos Buenabad, han sido advertidos. Sin embargo, la policía
municipal permanece inmóvil. No hay operativos, no hay detenciones, no hay
respuestas. Solo silencio. La omisión es evidente: quienes deberían garantizar
la seguridad hoy se comportan como simples espectadores.
La marcha del viernes fue el mensaje más claro: los grupos
criminales no solo operan, también se sienten protegidos. No pidieron
audiencias ni levantaron consignas sociales. Solo lanzaron insultos contra el
líder de los comerciantes. Un acto puro de intimidación, diseñado para dejar
claro quién manda.
Y mientras tanto, la historia de la avenida Morelos —más de 45
años de trabajo, sustento familiar y movilidad social— está siendo aplastada
por la violencia. Ahí, generaciones enteras han salido adelante. Hoy, ese mismo
espacio es rehén del crimen.
Los antecedentes son contundentes. Desde el 5 de diciembre de 2025
comenzaron las amenazas. El 10 de febrero se cumplieron: un grupo de al menos
30 sujetos irrumpió de madrugada, destruyó puestos y despojó a comerciantes.
Nadie intervino. Nadie respondió. La omisión fue total.
Solo hasta que las víctimas hablaron públicamente, hubo una
reacción mínima: la detención de Óscar Pozos Rodríguez, sorprendido en
flagrancia cobrando extorsión. Hoy está en el penal Neza-Bordo. Sin embargo, el
caso revela un trasfondo aún más delicado: el detenido presuntamente es
hijastro de Consuelo Molina, hermana de “El Millones”, lo que habría desatado
la furia del grupo tras su captura.
PERO UN DETENIDO NO DESMANTELA UNA RED. EL PROBLEMA SIGUE
INTACTO
Y aquí es donde la responsabilidad deja de ser difusa y se
vuelve directa. La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez tiene la obligación
constitucional de garantizar la seguridad en el municipio. No es opcional. No
es negociable. Sin embargo, ni ella ni su esposo han intervenido de manera
efectiva. Por el contrario, su pasividad alimenta la sospecha de que detrás de
estas maniobras hay intereses políticos que buscan someter o desaparecer al
comercio organizado. Si eso es así, el riesgo es aún mayor.
Porque si la violencia escala, si las amenazas se convierten
en ejecuciones, si la sangre vuelve a correr en La Paz, la responsabilidad no
será abstracta. Tendrá nombre y apellido: Tranquilino Lagos Buenabad y la
propia alcaldesa, por permitir que el municipio caiga en manos del crimen sin
hacer nada.
A esto se suma un elemento político que no puede ignorarse. El
dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, José Alberto
Couttolenc Buentello, está obligado a salir públicamente a deslindarse de estos
hechos. Y es que Axel Villaseñor —vinculado por los comerciantes a este grupo—
presume abiertamente ser líder juvenil del partido en el Estado de México. Si
esa relación no es real, debe aclararse de inmediato. Si lo es, el silencio
sería aún más grave.
En el mismo nivel de responsabilidad está el fiscal José Luis
Cervantes Martínez, cuya inacción frente a una red de extorsión plenamente
identificada resulta inadmisible. No actuar ya no es omisión: es permitir que
el problema crezca.
Y también la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya ausencia
en la zona oriente del estado se traduce en abandono. La Paz no está en crisis:
está al borde del colapso.
Aquí no hay margen para discursos ni simulaciones. Si la
sangre corre, no será casualidad. Será consecuencia. Y habrá responsables.
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