Comunicadores en Pie de Lucha

SED, CONTROL POLÍTICO Y CRIMEN: ESTALLA CRISIS EN LA PAZ

 

*Vecinos acusan a Martha Guerrero Sánchez de condicionar el agua y permitir que un grupo criminal opere pozos y distribución mientras colonias cumplen hasta 10 días sin suministro

 

Por: EXPEDIETE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 23 de abril de 2026.- La crisis hídrica en el municipio ya dejó de ser un problema de gestión para convertirse en un foco de indignación social y sospechas de corrupción. Vecinos de distintas colonias, hartos de pasar hasta 10 días sin una sola gota de agua, acusan directamente a la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez de incumplir su promesa más básica: garantizar el acceso al vital líquido.

 

La molestia no es menor. Habitantes de la cabecera municipal y zonas altas denuncian que la escasez actual no tiene precedentes en administraciones recientes. Mientras tanto, el gobierno local intenta contener el enojo social con el envío selectivo de pipas, que —según testimonios— no llegan a todos, sino únicamente a quienes muestran afinidad política con Morena. La acusación es grave: el agua, un derecho básico, estaría siendo utilizada como herramienta de presión y control político.

 

Pero el problema escala aún más allá de la incompetencia. Señalamientos directos apuntan a que la alcaldesa y su círculo cercano, incluido su esposo y operador político, Tranquilino Lagos Buenabad, habrían permitido que el control de los pozos, la distribución y hasta la venta del agua queden en manos de Héctor Becerril, identificado como líder del grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”.

 

La gravedad de esta presunta relación no es menor. Expertos en seguridad advierten que abrir la puerta a grupos delictivos en la operación de servicios públicos es una decisión que inevitablemente termina en crisis mayores. El antecedente es claro: la captura de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, hoy recluido en un penal de Coahuila por delitos de alto impacto como extorsión, secuestro y homicidio. Su caso evidenció cómo este grupo criminal ya había logrado infiltrarse en la política, al grado de ocupar cargos públicos en municipios como Chalco.

 

En medio de esta tormenta, lejos de atender la emergencia, Tranquilino Lagos mantiene su activismo político en defensa del senador Higinio Martínez Miranda, mientras en las calles la realidad es otra: familias enteras sobreviven sin agua, comprando a precios inflados o dependiendo de favores condicionados.

 

La desesperación ya alcanzó niveles críticos. Habitantes exigen la intervención inmediata del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para investigar la presunta colusión entre autoridades municipales y el crimen organizado, así como frenar el avance de estructuras delictivas que —acusan— operan con respaldo institucional.

 

En La Paz, la sequía ya no solo es de agua. También es de autoridad, de legalidad y de respuestas. Y mientras el gobierno local guarda silencio o reparte el recurso a discreción, la población enfrenta una realidad límite: sobrevivir sin agua en un municipio donde, denuncian, el poder parece haberse entregado a intereses oscuros.