NEZA, TIERRA DE IMPUNIDAD: POLICÍAS CORRUPTOS, MINISTERIOS
PÚBLICOS VENDIDOS Y UN FISCAL GENERAL CIEGO
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, 27 de agosto de 2025.–
Lo que debería haber sido un simple procedimiento de tránsito tras un accidente
se convirtió en un ejemplo grotesco de la podredumbre institucional que carcome
al Estado de México. El caso de una mujer atropellada el pasado 12 de junio en
Nezahualcóyotl expone la cadena de corrupción que va desde policías municipales
y paramédicos hasta agentes del Ministerio Público y funcionarios de la llamada
Fiscalía Anticorrupción, todos amparados bajo la indiferencia o complicidad del
Fiscal General José Luis Cervantes Martínez.
Ese jueves, alrededor de las 8:20 de la mañana, la mujer se
dirigía a su trabajo en motoneta sobre avenida Sor Juana Inés de la Cruz. De
pronto, un vehículo compacto blanco salió intempestivamente de la calle
Amanecer Ranchero y la embistió de frente, arrojándola al asfalto. La víctima
quedó inconsciente, tendida en plena vialidad. Lo lógico habría sido que la
policía asegurara a la conductora responsable, preservara la escena y
garantizara el traslado seguro de la herida. Nada de eso ocurrió.
Policías al servicio del dinero
Los primeros en llegar fueron los policías municipales José
Alberto García, Maye y Juan Pablo García Roque, tripulando la unidad 108. En
vez de actuar conforme a la ley, se dedicaron a encubrir. La mujer lesionada
relata que los uniformados permitieron que la verdadera conductora del vehículo,
una joven menor de edad, que incluso portaba sandalias, fuera sustituida por
otra persona. Los policías fabricaron una versión falsa del accidente, borrando
toda responsabilidad de la autora real.
Lo más indignante: tanto policías como paramédicos manipularon
el parte informativo, borraron evidencias y acomodaron los hechos a cambio de
dinero. La vida de la víctima, que presentaba lesiones serias, pasó a segundo
plano frente al interés de llenar sus bolsillos.
Paramédicos: mercenarios de la desgracia
Los tripulantes de la ambulancia tampoco cumplieron con su
deber. La mujer fue trasladada al hospital sin que le permitieran identificar
el número económico de la unidad ni los nombres de los paramédicos. La dejaron
abandonada a las puertas del nosocomio, como si fuera un estorbo, a pesar de
que la ley los obliga a garantizar la atención hasta descartar cualquier riesgo
de muerte.
Los estudios confirmaron fracturas en el brazo y en el pie
derecho, lesiones que la dejarían incapacitada por meses.
Ministerio Público de Neza-La Perla: justicia vendida
Cuando la víctima salió del hospital y acudió al Ministerio
Público de Neza-La Perla, la realidad fue todavía más obscena: el vehículo
nunca fue detenido, la conductora nunca fue presentada y los policías habían
borrado cualquier rastro de responsabilidad. La agente del MP, Cecilia González
Vargas, lejos de actuar en favor de la víctima, se ha convertido en un muro de
pretextos. Vendió su conciencia, bloqueando la investigación a cambio de unos
cuantos pesos.
La carpeta de investigación, con número NEZ/NEZ/NZ3/062/164845/25/06,
quedó reducida a papel muerto. La afectada tuvo que peregrinar durante semanas
sin obtener más que negativas y evasivas.
Fiscalía Anticorrupción: burla institucional
Como último recurso, la mujer acudió a la Fiscalía
Anticorrupción, donde esperaba un mínimo de imparcialidad. Lo que encontró fue
otra farsa. El agente Jesús Helmer Zareth Hernández Sánchez, adscrito a la
Visitaduría General, la citó tres veces, retrasando el proceso de manera
deliberada. Finalmente, el 22 de agosto, le confesó sin pudor que su denuncia
jamás prosperaría y le sugirió que se diera por vencida.
¿De qué sirve una Fiscalía Anticorrupción que desalienta a las
víctimas y protege a los corruptos? En Neza, parece ser un mecanismo de
simulación: una oficina creada no para combatir la podredumbre, sino para
administrarla y ocultarla.
El gran ausente: José Luis Cervantes Martínez
En lo alto de esta cadena está el fiscal general del Estado de
México, José Luis Cervantes Martínez. Cada omisión, cada encubrimiento, cada
negligencia y cada soborno cometido por policías, paramédicos y ministerios
públicos ocurre bajo su responsabilidad. Su silencio lo convierte en cómplice.
Porque cuando una mujer atropellada es abandonada a su suerte, cuando se
manipulan informes oficiales, cuando se compra la voluntad de ministerios
públicos y cuando una Fiscalía Anticorrupción se dedica a encubrir, y el fiscal
general no actúa, entonces no hay justicia: hay un sistema de complicidad.
¿De qué sirve un fiscal que se mantiene callado como momia
mientras la corrupción se come viva a la gente de Neza? ¿Cuántas víctimas más
deben ser humilladas, despojadas y abandonadas para que Cervantes Martínez deje
de solapar delincuentes vestidos de uniforme o de traje?
Impunidad institucionalizada
Este caso no es un hecho aislado: es un reflejo de un patrón
en Nezahualcóyotl. La policía actúa como un cartel con placa, los paramédicos
como mercenarios de la desgracia, los ministerios públicos como vendedores de
justicia y la Fiscalía Anticorrupción como un chiste cruel.
La mujer lesionada no solo fue víctima de un atropellamiento,
fue víctima del sistema entero. Perdió su salud, su fuente de ingresos y meses
de tranquilidad. Lo único que ganó fue una lección amarga: en Neza, la justicia
se compra, la ley se negocia y las víctimas son obligadas a rendirse.
Una exigencia inaplazable
Es momento de exigir que nombres como José Alberto García,
Maye, Juan Pablo García Roque, Cecilia González Vargas y Jesús Helmer Zareth
Hernández Sánchez no sigan cobrando como servidores públicos. Deberían estar
enfrentando procesos penales por corrupción y encubrimiento. Y es momento de
que el fiscal José Luis Cervantes Martínez responda públicamente: ¿por qué
protege a estos delincuentes? ¿Qué gana con su silencio?
En Nezahualcóyotl, hoy queda claro que el verdadero peligro no
es ser atropellado: es caer en manos de un sistema de justicia podrido que
puede condenar a cualquier ciudadano inocente al abandono y a la impunidad.
