“DESARTICULAN RED DE DESPOJO EN ECATEPEC”;

 DETIENEN A MIEMBROS DE LA “USON”

 

Ecatepec, Méx., 22 de julio de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio un paso importante en el combate a las redes de despojo que operan en la entidad, al lograr la vinculación a proceso de Ulises “N” y Juan Alberto “N”, presuntos integrantes de la autodenominada Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

 

Ambos sujetos enfrentan ya dos procesos por el delito de despojo, y actualmente se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle. La detención más reciente deriva de los hechos ocurridos el 18 de noviembre de 2024, en un domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, colonia Izcalli Santa Clara, municipio de Ecatepec.

 

ASÍ OPERAN

 

De acuerdo con las investigaciones, ese día Ulises “N” y Juan Alberto “N” ingresaron al domicilio acompañados de otros individuos. Aunque se retiraron a los pocos minutos, dejaron a dos de sus cómplices dentro del inmueble. Más tarde, regresaron y al ser cuestionados por vecinos, uno de ellos afirmó ser el propietario, mientras el otro dijo haber sido contratado para remodelaciones. Desde entonces, comenzaron a ocupar el inmueble y a advertir a los vecinos que dejaran de “molestar a sus inquilinos”.

 

Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada como parte de la Operación “Restitución”, iniciativa con la que la FGJEM busca desarticular grupos delictivos vinculados al despojo, extorsión, secuestro y delitos contra la propiedad.

 

GOLPE A ESTRUCTURAS CRIMINALES… A MEDIAS

 

Ulises “N” y Juan Alberto “N” ya habían sido detenidos en mayo pasado, como parte de la misma operación, por otro caso de despojo. La Fiscalía del Edomex ha logrado hasta el momento la detención y vinculación a proceso de 18 objetivos prioritarios, ligados a organizaciones como la “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” y/o “Los 300”, “Sindicato 22 de Octubre”, “Los Gastones” y “AMOS”.

 

SIN EMBARGO, LOS PRESUNTOS LÍDERES DE ESTAS REDES CONTINÚAN EN LIBERTAD

 

Uno de ellos es Guillermo Fragoso Báez, alias “El Jefe”, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores 25 de Marzo y secretario general de la USON, quien pese a múltiples señalamientos sigue operando sin ser molestado por ninguna autoridad.

 

Otro caso es el de Christian de Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, actual regidor del Partido Verde en el municipio de Chalco y presunto cabecilla del “Sindicato 22 de Octubre”. Se le acusa de encabezar una red de extorsión a transportistas, conductores de pipas de agua y comerciantes, así como de tener el control ilegal de los pozos de agua potable en diversos municipios de la zona oriente del Estado de México.

 

IMPUNIDAD Y PRESUNTOS VÍNCULOS POLÍTICOS

 

A pesar de las investigaciones y los señalamientos, ambos personajes han evitado cualquier tipo de acción legal en su contra. En redes sociales circulan fotografías donde ambos aparecen presumiendo supuestos vínculos con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y con el líder del partido Verde en el Edomex, lo que ha generado críticas sobre la imparcialidad de las investigaciones y una aparente protección política desde los más altos niveles de la entidad.

VIGILANCIA, CENSURA Y REPRESALIAS: EL CASO DE MAULEÓN Y LA EXPOSICIÓN DEL PERIODISMO CRÍTICO EN MÉXICO

 

*Todos los días los mexicanos son testigos de la censura y el autoritarismo que Morena ha echado a andar en México  

 

Ciudad de México, 23 de julio de 2025. — El domicilio del periodista y columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, ha dejado de ser un dato privado. En días recientes, un dron ha sobrevolado su residencia, siguiendo los movimientos de quienes entran y salen, en un acto que ha generado profunda preocupación dentro del gremio periodístico y entre defensores de la libertad de expresión.

 

Esta vigilancia se da tras una polémica resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), que derivó en la notificación de una sentencia directamente en el domicilio del periodista. La información, presuntamente compartida por el Instituto Nacional Electoral (INE) con autoridades electorales de Tamaulipas, la Ciudad de México y el Estado de México, hizo posible esta acción, exponiendo datos personales de un comunicador que durante años ha investigado y denunciado redes del crimen organizado.

 

¿PERIODISMO O DELITO?

 

La persecución legal contra De Mauleón comenzó a raíz de su columna publicada el 1º de mayo titulada “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, donde exhibe una supuesta red de corrupción relacionada con el tráfico de combustibles en las aduanas tamaulipecas. En el texto, se retoma un oficio en el que el exsecretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, denunció a Juan Carlos Madero Larios, administrador de Operación Aduanera, por extorsión y vínculos con el huachicol.

 

El artículo también señalaba que el presunto líder de dicha red sería cuñado de Tania Contreras, entonces consejera jurídica del gobernador Américo Villarreal y posteriormente electa presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. A raíz de esa publicación, Contreras denunció al periodista y al medio por violencia política de género.

 

CENSURA INSTITUCIONAL

 

El Tribunal Electoral local, compuesto por funcionarios con vínculos familiares y laborales con la denunciante, falló a favor de Contreras. La resolución ordena a De Mauleón eliminar la columna del portal de El Universal, ofrecer disculpas públicas durante 16 días consecutivos, reconocer su responsabilidad, aceptar que causó daño y leer guías sobre lenguaje inclusivo. Además, se le impuso una multa económica y fue inscrito por cuatro años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género.

 

El periódico también fue sancionado con una multa y con la obligación de reconocer públicamente su “responsabilidad”, además de ser incluido en el mismo registro por igual periodo.

 

¿QUIÉN OPERA EL DRON?

 

Mientras tanto, el periodista ha denunciado la presencia reiterada de un dron que vigila su domicilio. El aparato, no identificado oficialmente, ha mantenido sobrevuelos durante varios días, lo cual ha encendido las alarmas en el contexto de las amenazas que muchos periodistas mexicanos enfrentan al investigar redes criminales y corrupción estatal.

 

“El hecho de que esta vigilancia comience justo después de que mi dirección fue compartida por una autoridad electoral es, cuando menos, alarmante”, declaró De Mauleón.

 

CRIMEN, PODER Y PERIODISMO BAJO ATAQUE

 

El contexto no puede ignorarse: De Mauleón ha documentado durante años la operación de cárteles en Tamaulipas, el Estado de México y la capital del país, además de denunciar la colusión entre funcionarios y organizaciones criminales. Su trabajo ha sido clave para entender las redes de corrupción en instituciones estatales, militares y judiciales.

 

La reacción institucional, con apariencia de legalidad, pero con fuerte tufo de censura y, el uso de mecanismos administrativos para silenciar a la prensa crítica, parecen confirmar una tendencia creciente en México: la judicialización de la opinión y la represión contra periodistas incómodos.

 

EL PRECEDENTE

 

El caso sienta un precedente peligroso: un columnista puede ser castigado no por mentir, sino por exhibir verdades incómodas. Que se le obligue a pedir disculpas, aceptar culpas impuestas y leer manuales ideológicos, recuerda más a regímenes autoritarios que a democracias consolidadas.

 

“¿Quién maneja el dron? ¿Quién lo envió? ¿Con qué propósito?”, preguntó De Mauleón. La falta de respuesta institucional hasta ahora refuerza la sospecha de que no se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia más amplia para intimidar y silenciar.

 

Libertad de expresión en jaque. Periodismo crítico bajo amenaza. ¿Democracia? Solo en los discursos oficiales.

BLOQUEAN ACCESOS A IXTAPAN DE LA SAL Y VALLE DE BRAVO TRAS

 OPERATIVO CONTRA LA FAMILIA MICHOACANA

 

*"La Familia Michoacana", "obliga a taxistas a manifestarse para contrarrestar las acciones de la justicia"

Ixtapan de la Sal, Edomex., 22 de julio de 2025.– Diversas vialidades en Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo, en el sur del Estado de México, permanecen bloqueadas desde el pasado lunes como reacción a un operativo conjunto de autoridades federales y estatales contra presuntas redes criminales vinculadas con La Familia Michoacana.

 

Los bloqueos fueron realizados por un gremio de transportistas, en protesta por los operativos implementado la tarde del lunes, donde se realizaron cateos y aseguramientos en negocios presuntamente ligados a extorsiones y lavado de dinero.

 

El despliegue fue encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad estatal.

 

Según fuentes federales, el objetivo fue capturar a al menos 10 presuntos líderes de La Familia Michoacana que operan en complicidad con sindicatos de transportistas y casas materialistas. Las autoridades aseguraron distribuidoras de materiales de construcción, expendedoras de carne y comercializadoras de ganado en 14 municipios del sur del Edomex, entre ellos Valle de Bravo, Temascaltepec, Luvianos, Tejupilco y Tlatlaya.

 

Zonas bloqueadas en Ixtapan de la Sal

 

El Gobierno Municipal de Ixtapan confirmó que los bloqueos han afectado la movilidad y paralizado los servicios de transporte público. Las rutas de autobuses suspendieron sus operaciones y no hay certeza sobre cuándo se restablecerán. Los traslados más cercanos solo llegan hasta Tenancingo, con horarios limitados.

 

Los puntos afectados son: Boulevard Turístico Tonatico, a la altura del Hospital General del Salitre, carretera Ixtapan – Coatepec Harinas (entrada a Tecomatepec), carretera Ixtapan – Coatepec Harinas, frente a una gasolinera en Colonia 3 de Mayo, Prolongación Mariano Matamoros esquina Francisco Villa, Colonia 5 de Febrero, Boulevard Arturo San Román (entrada al Hotel Ixtapan), Boulevard Arturo San Román esquina Lic. Adolfo López Mateos, Boulevard Arturo San Román, desvío hacia autopista Ixtapan – Tenango.

 

Carretera federal Ixtapan - Villa Guerrero, paraje Los Cocos

 

"Ya se ha notificado formalmente a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México para que se implementen las acciones correspondientes", indicó el ayuntamiento en un comunicado.

 

Valle de Bravo y más municipios también afectados

 

En Valle de Bravo, se reportaron bloqueos en las entradas por El Arco y El Fresno, aunque la salida hacia la autopista permanece libre en ambos sentidos.

 

Además, en San Francisco Oxtotilpan, comunidad del municipio de Temascaltepec, pobladores cerraron los accesos en protesta por la detención de seis personas en una mina de arena durante el operativo.

 

Las acciones del gobierno buscan desarticular puntos de extorsión y distribución de droga que, según informes, han operado impunemente en esta región durante años, bajo protección de células criminales aliadas a La Familia Michoacana.

¿QUIÉN RECOMENDÓ AL COMANDANTE H?

 

Por: Salvador García Soto

 

*Fue el general Audomaro Martínez Zapata, cuando estaba al frente del Centro Nacional de Inteligencia, quien avaló el nombramiento

 

Publicado el 22 de julio de 2025.- Al escandaloso caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “comandante H” y su banda criminal de “La Barredora”, contratado para el cargo por el entonces gobernador, Adán Augusto López, se suma un nuevo dato que escala este escabroso asunto del nivel estatal al nivel de la Federación y a lo más alto de la cúpula de poder de la llamada 4T.

 

Adán Augusto y Hernán tenían una relación de casi 30 años, desde que ambos colaboraron en el gobierno priista de Manuel Gurría Ordóñez en Tabasco en 1992, donde López fue subsecretario de Gobernación, invitado por el entonces priista Juan José Rodríguez Prats, mientras que Requena fue Director de Seguridad del Estado, de la mano de Jaime Lastra, procurador de Tabasco en aquella administración priista. De hecho, es Jaime Lastra, actual coordinador de Morena en el Congreso local, quien conecta a Bermúdez con Adán Augusto, de quien es actualmente uno de los hombres de mayor confianza.

 

Esa triada formada por Adán, Lastra y Requena caminó junta en los gobiernos priistas de Roberto Madrazo y hasta los inicios del gobierno de Manuel Andrade, cuya campaña por la gubernatura coordinó Adán Augusto. Pero después de 2001, Adán renuncia al PRI para sumarse al PRD, mientras que Bermúdez continúa colaborando en el gobierno de Andrade, donde fue subsecretario de Prevención y Readaptación Social. Según la revista Proceso, cuando tenía ese cargo, el 12 de junio de 2006, Requena fue detenido por agentes de la SEIDO de la PGR, al ser involucrado en el caso de la ejecución de Ponciano Vázquez Lagunes en el municipio de Huimanguillo.

 

El funcionario tabasqueño estuvo arraigado durante 11 días y fue liberado al no encontrarse pruebas en su contra, según informó entonces el subprocurador de PGR, Gilberto Higuera Bernal. Cuando lo detuvieron, dice Proceso, Hernán Bermúdez estaba cenando en un restaurante de Villahermosa con Cirilo Vázquez Lagunes, el llamado cacique del sur, a quien asesinaron cuatro meses después.

 

Por toda esa relación fue que en 2018, tanto Jaime Lastra como Hernán Bermúdez, se sumaron a la campaña de Adán Augusto López como gobernador, quien tras ganar la elección nombró a Lastra fiscal general de Tabasco mientras que al Comandante H, lo hizo director de la Policía de Investigación. El primer secretario de Seguridad de Adán renunció al cargo en 2019 y fue entonces cuando el gobernador decidió invitar a su amigo al que conocía desde hace 30 años, pero antes de hacerlo, solicitó el aval y el visto bueno del gobierno federal y fue el general Audomaro Martínez Zapata, quien estaba al frente del Centro Nacional de Inteligencia, quien avaló el nombramiento del llamado Capitán H.

 

El propio Adán Augusto ayer, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, reconoció que fue su amistad de largo tiempo lo que lo llevó a proponer a Hernán Bermúdez como su secretario de Seguridad Pública, tras la renuncia de su primer secretario, y dijo que nunca sospechó de quien ya había tenido acusaciones de tipo penal.

 

“No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Es un policía pues de trayectoria en Tabasco, lo conocí, coincidimos cuando yo era subsecretario de Gobierno; él empezó creo que como director operativo de Seguridad Pública, director de Operaciones y después fue el director general de Seguridad Pública, con Roberto Madrazo ocupó algún encargo, creo que como director de Prevención Social, con Manuel Andrade incluso fue subsecretario de Readaptación Social, era una gente de trayectoria ahí en Tabasco", declaró el coordinador de los senadores morenistas.

 

Así que entre la amistad y la confianza que dice haberle tenido el gobernador a quien resultó ser el jefe del grupo criminal que asoló a los tabasqueños durante seis años con extorsiones, ejecuciones y secuestros, y el aval que le dio el general, también tabasqueño, Audomaro Martínez, hombre de todas las confianzas del expresidente López Obrador, ahora se entiende cómo fue que, con el mote del “Capitán H”, Bermúdez Requena se convirtió en el hombre del Cártel Jalisco Nueva Generación desde la mismísima Secretaría de Seguridad de Tabasco.

 

Es decir que, si bien Adán dice no haberse enterado de que tenía a un pillo como secretario y amigo, ahora está muy claro que el hoy senador de Morena no actuó solo y siempre tuvo el aval de su amigo el presidente y del general Audomaro que se convirtió en el hombre fuerte de la seguridad (y de muchas otras cosas) en el sexenio de López Obrador.

CRECE LA INDIGNACIÓN EN LA PAZ: ACUSAN A JEFE POLICIACO

 DE ENCABEZAR RED DE EXTORSIÓN Y ABUSOS

 

*Vecinos y policías denuncian operativos ilegales, cuotas diarias y amenazas bajo el mando de Daniel Mendieta Torres; exigen su destitución y una auditoría inmediata

 

Los Reyes La Paz, Edomex., 20 de julio de 2025.– La indignación ciudadana va en aumento en el municipio de La Paz, Estado de México, tras la denuncia pública contra Daniel Mendieta Torres, actual encargado como jefe de servicios, acusado de encabezar una red de corrupción, extorsión y abuso de autoridad al interior de la Policía Estatal.

 

De acuerdo con testimonios de agentes policiales y ciudadanos que prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias, Mendieta Torres habría ordenado operativos simulados sin sustento legal, con el fin de intimidar a conductores y exigir sobornos, conocidos internamente como “la famosa gata”.

 

“Nos obligan a cumplir cuotas diarias o nos castigan con cambio de turno o de adscripción”, denunció un agente en activo.

 

Las prácticas denunciadas no son nuevas. Desde 2023, el Observatorio Nacional Ciudadano ha documentado un incremento en los casos de corrupción en agrupamientos policiacos del oriente mexiquense, señalando específicamente a municipios como La Paz, donde retenes irregulares, amenazas de corralón y cobros ilegales de hasta cinco mil pesos se han convertido en algo cotidiano.

 

Denuncias se multiplican en redes y colectivos vecinales

 

La presión social ha crecido luego de que diversos medios comunitarios y redes sociales dieran voz a los afectados. Colectivos como La Paz Transparente y Seguridad Sin Corrupción exigen la remoción inmediata de Daniel Mendieta Torres y la ejecución de una auditoría independiente al agrupamiento de la Policía Estatal en La Paz.

 

“No podemos permitir que quienes deben servir a la ciudadanía se enriquezcan a costa del miedo y el abuso”, denunció Pedro Medina, vocero de uno de los colectivos vecinales.

 

La ciudadanía también ha denunciado la inacción del gobierno municipal, encabezado por la morenista Martha Guerrero Sánchez, a quien acusan de complicidad por omisión, al no intervenir ni alzar la voz ante las múltiples irregularidades denunciadas por la población que la eligió.

 

Señalamientos por delitos graves

 

Además de las acusaciones por extorsión, se asegura que Daniel Mendieta Torres cuenta con múltiples denuncias penales y quejas internas por delitos como abuso de autoridad, robo con violencia, secuestro exprés y lo que resulte. A pesar de ello, no se han tomado acciones visibles en su contra.

 

En la misma línea de señalamientos se encuentra Israel Niñez Sánchez, identificado como jefe de turno “A”, a quien también se le vincula con estas prácticas.

 

Los denunciantes apuntan directamente al secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por permitir o solapar estas conductas.

 

“El Far”, convertido en un aparato de extorsión

 

Los ciudadanos han identificado al agrupamiento “El Far” como uno de los más activos en estas prácticas. En zonas como la carretera federal México-Texcoco y México-Puebla, así como en sus alrededores, se ha documentado la constante presencia de patrullas que detienen vehículos sin justificación, replicando las mismas prácticas que la policía de tránsito municipal.

 

Exigen depuración de la corporación

 

La exigencia ciudadana es clara: alto a la corrupción, al abuso de poder, a los malos tratos y a la discriminación. Tanto Daniel Mendieta Torres como Israel Niñez Sánchez deben ser separados de la corporación, y se demanda una revisión profunda del funcionamiento de la Policía Estatal en La Paz.

MANDO ÚNICO ORIENTE: MILITARIZACIÓN DISFRAZADA DE COORDINACIÓN

 

*Pese al discurso oficial de unidad y amor al pueblo, el nuevo esquema de seguridad impulsado por Sheinbaum profundiza la militarización y agrava la crisis en municipios del Edomex

 

*"Seguridad con amor y honestidad"… pero sin gasolina ni chalecos antibalas

 

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL. EDOMEX. 20 de julio de 2025.- Con un emotivo discurso cargado de valores como “amor”, “lealtad” y “honestidad”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Mando Único Oriente, estrategia de seguridad que operará en 11 municipios conurbados al oriente de la Ciudad de México, estrategia que esta condenado al fracaso, pues los castrenses no tienen la mínima idea de como tratar con los habitantes.

 

El 52% de los delitos que se cometen en el Estado de México se concentran en la zona oriente de la entidad. Esta zona incluye municipios como Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Los Reyes La Paz. En este último, como nunca, se concentran diferentes grupos de la delincuencia organizada que han encontrado una zona fértil para establecerse gracias a la debilidad de la policía municipal que no han encontrado el apoyo de la alcaldesa de Morena.

 

Los integrantes de la delincuencia organizada han sabido aprovechar muy bien, gracias al abandono en el que se encuentran la policía municipal. La alcaldesa Martha Guerrero decidido tener en el abandono a su fuerza policiaca, pues no es capaz de pagarles siquiera el sueldo mínimo, mucho menos de dotarlos de la infraestructura que necesitan para responder a las necesidades de seguridad que requieren sus habitantes, a pesar de que ellos son y seguirán siendo el primer contacto con la ciudadanía. Esto huele más a una militarización disfrazada.

 

El pasado 16 de julio, ante la presencia de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, presidentas y presidentes municipales de la región, la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esta iniciativa será "histórica" por su enfoque de prevención social y coordinación interinstitucional.

 

Sin embargo, en contraste con el evento protocolario celebrado en el Bordo de Xochiaca, Ciudad Nezahualcóyotl, expertos y policías municipales denuncian que el plan representa en los hechos una militarización encubierta que ha fracasado en otros países del mundo y podría agudizar la violencia en lugar de reducirla.

 

❝LA MILITARIZACIÓN NO TRAE PAZ, TRAE MIEDO❞

 

“Este mando único no es una coordinación, es una imposición de la lógica militar sobre los municipios”, advirtió un mando policiaco local que pidió el anonimato.

 

“Nos piden trabajar en conjunto con militares y marinos quienes no conocen el territorio, no tienen experiencia de proximidad y trato con la gente, pero, además, los elementos de la Guardia Nacional, militares y marinos no tienen ni la remota idea de lo que la seguridad publica significa, pues no saben ni hacer una puesta a disposición ante el agente del ministerio público. 

 

El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo,  ha demostrado no tener la capacidad de hacer entrar en cintura a la policía estatal que hasta hoy, se encuentra llena de delincuentes uniformados y extorsionadoras que no tienen el mínimo respeto por la ciudadanía, pero, además, se encuentra señalado de haber estado al servicio del Cartel de Sinaloa, cuando estuvo al frente de la seguridad publica en el Estado de Sinaloa, es decir, Castañeda, estuvo al servicio del narcotraficante más longevo de México, “El Mayo Zambada”, esto de acuerdo con lo publicado por la periodista Anabel Hernández, especialista en temas de narcotráfico.

 

CRISIS EN LAS POLICÍAS LOCALES: ABANDONO, EXPLOTACIÓN Y PRECARIEDAD

 

Mientras el gobierno federal presume coordinación y avances, los policías municipales siguen trabajando sin los mínimos recursos económicos y de operatividad.

 

Sin gasolina suficiente: existe municipios como en Los Reyes La Paz, donde apenas se les asignan 10 litros por turno de 24 horas a cada patrulla, sin chalecos antibalas ni armamento adecuado, sin preparación ni condiciones dignas, con sueldos que no alcanzan el salario mínimo, pero, además, son obligados a laborar más de 24 horas continuas.

 

¿DÓNDE SE APLICARÁ EL MANDO ÚNICO ORIENTE?

 

Municipios involucrados: Ecatepec, Naucalpan, La Paz, Tlalnepantla, Texcoco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chalco y Nezahualcóyotl.

 

EL MODELO FALLIDO EN CIFRAS Y HECHOS

 

Diversos informes de organismos internacionales y académicos coinciden: la militarización no reduce la violencia estructural, y en múltiples contextos (Brasil, Colombia, El Salvador), ha generado: Aumento de desapariciones forzadas, criminalización de la juventud pobre, cateos arbitrarios, abuso de la fuerza e impunidad en ejecuciones extrajudiciales.

 

 “PREVENCIÓN SOCIAL”, SIN POLÍTICAS CLARAS NI PRESUPUESTO SUFICIENTE

 

Durante su intervención, la presidenta Sheinbaum habló de atacar las causas de la violencia mediante acceso a la educación, cultura y deporte, pero no se presentaron programas concretos ni presupuestos etiquetados.

 

Sin estos elementos, el “enfoque social” queda como una promesa retórica que no se traduce en acción real, mientras el despliegue de la Guardia Nacional sigue avanzando.

 

“No puede haber paz verdadera sin justicia, ni seguridad real sin instituciones civiles fuertes y dignas.”

 

El Mando Único Oriente parece ser más una puesta en escena política que una solución estructural. En la práctica, subordina a los municipios a mandos castrenses y posterga la dignificación de las policías locales.

 

Mientras el discurso presidencial busca emociones, la calle sigue siendo territorio de la impunidad.

 NQUISICIÓN, CENSURA, Y PAZ CON EL SICARIATO

 

Por: Juan Pablo Becerra-Acosta M.

 

Dos temas.

 

Columna publicada, 19 de julio de 2025.- Uno. ¿Qué se puede negociar con el crimen organizado? ¿Qué sería viable pactar con los capos en aras de conseguir la paz en las regiones más devastadas por las guerras narcas, y en las zonas más explotadas por esa hacienda paralela que representa el cobro de piso? ¿Qué puede negociar la Iglesia católica mexicana con el sicariato que todos los días agobia a la gente a través de la extorsión?

 

Planteo las preguntas porque alrededor de 40 curas y 30 laicos de Matamoros, Acapulco, Morelia, Guadalajara y Ciudad de México han participado esta semana en un taller realizado en la Universidad Pontificia cuyo fin era lograr “el fortalecimiento de capacidades de negociación en sacerdotes para dialogar con miembros de grupos criminales”.

 

Así estamos en este país, pero, ¿exactamente de qué hablamos con eso de “dialogar” y “negociar”?

 

De acuerdo a una nota publicada el martes en EL UNIVERSAL, Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, dijo que el objetivo es acercarse a los integrantes del crimen organizado para construir la paz, y…“ayudar a que el delincuente se rehabilite”. Muy bien, todo lo que contribuya a generar una cultura de paz es encomiable, pero me inquietó el término “rehabilitar”. No estamos hablando de gente que se robó un pan. ¿Qué significa exactamente eso de que los integrantes del crimen organizado se “rehabiliten”? ¿Cómo se rehabilita un extorsionador que quema negocios, secuestra y desaparece gente a la que tortura y asesina? ¿A cambio de qué se rehabilita?

 

Subrayo el punto porque si algo ha contribuido a que el imperio criminal se establezca en tantos municipios del país es la impunidad, esa horrenda prima-hermana de la complicidad y la corrupción. Perdón por la impertinencia, pero, si “rehabilitar” es que los sicarios van a aprender catecismo o que van a acudir como ya lo hacen ante los curas para que se confiesen, les perdonen sus pecados, los absuelvan y salgan de nuevo a delinquir, todo con tal de que los sacerdotes puedan trasladarse en paz por sus territorios o cobrar a gusto narco-limosnas, no, no se vale, no nos vengan a vender, en nombre de Dios, el parto de los montes que perpetuará la esclavitud de los extorsionados.

 

Si van a dejar de cobrar piso, va, eso es todo lo que se necesita acordar con ellos. Si no se trata de tal cosa, a otro templo con esa historia.

 

Dos. La nota de este viernes en EL UNIVERSAL es contundente: en los últimos 18 meses al menos 27 periodistas han sido víctimas de censura y acoso judicial por sus críticas a funcionarios, gobernadores y legisladores ligados a Morena. Un expediente de censura cada tres semanas, en promedio. De acuerdo con Artículo 19, esos casos incluyeron litigios y demandas por daño moral, así como acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre políticas. Los últimos casos se han producido en Puebla, Veracruz, Sonora, Tamaulipas (con repercusiones en Ciudad de México) y Campeche.

 

El caso más inaudito es el campechano, donde una jueza de control del sistema penal oral y acusatorio del estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May, dictó esta semana medidas cautelares contra el veterano periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna, las cuales establecen que ambos contarán con “interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia para revisar qué pueden publicar”, y se les prohibió de manera estricta referirse… a la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores.

 

Tal cual lo leyó: Torquemada para ellos, mándelos a las mazmorras de la Censora Inquisición Sansoriana. ¿Qué es esto? ¿Cómo que un censor o censora nos va a decir qué podemos publicar y qué no? La presidenta Claudia Sheinbaum es la líder de la 4T y tiene el deber de ponerle un alto a los excesos vergonzosos de quienes se ostentan como sus compañeros de ruta y fieles seguidores. Varios periodistas llevamos semanas diciéndole y documentándole lo que está ocurriendo y si ella sigue sin escuchar y avala todos estos arrebatos represivos entonces será cómplice de que en México tengamos ya una deshonrosa censura previa en expansión, como en las peores dictaduras.

¿REALMENTE BAJÓ EL ROBO DE VEHÍCULOS EN LA PAZ O

 SOLO SE OCULTA LA REALIDAD?

 

*Policías mal pagados, sin gasolina ni armamento suficiente, señalan una realidad muy distinta a la que presume el gobierno municipal.

 

LOS REYES LA PAZ, EDOMEX., 19 de julio de 2025. – Mientras el gobierno municipal presume una supuesta disminución del robo de vehículos en La Paz, elementos de la propia policía municipal denuncian condiciones laborales deplorables, falta de equipo, y señalamientos de corrupción en los mandos que ponen en duda la veracidad de las cifras difundidas.

 

El boletín oficial difundido el pasado 18 de julio por el gobierno local en el que asegura que el robo de vehículos ha bajado de nueve casos diarios a uno por semana, una reducción que, según el director general de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y Movilidad, el contralmirante Eduardo Fouilloux Bataller, es resultado de operativos coordinados con fuerzas federales y estatales.

 

Las mentiras de la alcaldesa Martha Guerrero evidencia la falta de compromiso con la ciudadanía, el gobierno local pretende quitarse con boletines la presión de los policías municipales quienes en repetidas ocasiones se han manifestado, para lograr un salario digno y el respeto a sus Derechos Humanos.

 

La realidad que viven los propios policías contradice esa narrativa optimista. Tan solo el pasado 16 de julio, elementos de la corporación anunciaron una protesta en los límites del municipio de Los Reyes La Paz y la Ciudad de México, que fue suspendida tras un nuevo “voto de confianza” hacia la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez, quien no ha cumplido los acuerdos pactados tras el bloqueo de la carretera federal México-Texcoco hace un mes.

Entre las denuncias más graves hechas por los policías destacan: Sueldo quincenal de apenas 3,200 pesos, solo 10 litros de gasolina para cubrir turnos de 24 horas, falta de chalecos antibalas y equipo adecuado, solo se le entregan 10 balas a cada elemento, además los uniformados deben pagar de su bolsillo las reparaciones de patrullas.

 

MANDOS CUESTIONADOS Y SIN CONTROL DE CONFIANZA

 

El propio director de Seguridad, Fouilloux Bataller, se ha negado reiteradamente a presentar sus exámenes de control de confianza, generando sospechas sobre su idoneidad para el cargo. Lo mismo ocurre con el jefe operativo Isaías Ramírez Ariel, con indicativo “Gallo”, quien no solo evita dichos exámenes, sino que además ha sido señalado por presuntos vínculos con el grupo delictivo “La Familia Michoacana” durante su gestión al frente de la Seguridad Pública municipal en el municipio de Ixtapan de la Sal.

 

Estas omisiones minan la credibilidad de los operativos y cuestionan si realmente existe una voluntad institucional por combatir a fondo la inseguridad.

 

CORRUPCIÓN EN TRÁNSITO MUNICIPAL: EL REGRESO DE VIEJAS PRÁCTICAS

 

Además, la designación de Ismael Garduño como responsable de Tránsito Municipal ha generado rechazo dentro y fuera de la corporación. Garduño, formado en la vieja y corrupta policía estatal de los años 90, es recordado por su papel como recaudador para mandos superiores cuando se desempeñaba en el Segundo Sector Policiaco de Los Reyes La Paz. Ahora, afirman oficiales de tránsito, es él quien “obliga” a los agentes a salir a extorsionar conductores, presuntamente con el aval de la propia alcaldesa Martha Guerrero.

“¿Esa es la Cuarta Transformación que prometió Morena?”, cuestionan con indignación los uniformados.

 

¿UNA FALSA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD?

 

Mientras las autoridades aseguran que se han reducido los delitos, no presentan cifras públicas verificables, ni informes desglosados por colonia, modalidad del robo o número de detenciones efectivas. La percepción de los ciudadanos sigue siendo de temor e inseguridad, mientras los policías carecen de las herramientas básicas para realizar su trabajo.

 

Aunque los elementos decidieron suspender temporalmente su protesta, advirtieron que no descartan retomarla si no se cumplen los acuerdos básicos: salarios dignos, gasolina suficiente, equipo de protección y transparencia en los mandos.

EN LOS REYES LA PAZ, NO SE VIVE DE TINACOS

 

*Mientras el agua escasea y la inseguridad se desborda, la alcaldesa Martha Guerrero intenta tapar el desastre con plásticos

 

LOS REYES LA PAZ, EDOMEX., 17 de julio de 2025. — En plena crisis por inseguridad, abandono urbano y un sistema de agua colapsado, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, emanada de Morena, intenta maquillar el desastre de su administración regalando tinacos, en un acto que los propios vecinos califican como una burla y “atole con el dedo”.

 

hoy 17 de julio, el Ayuntamiento difundió con bombo y platillo la entrega de 400 tinacos en colonias de las zonas alta del municipio, como parte del programa “Tú Bienestar es Importante para Nosotros”, supuestamente para mitigar la falta de agua. Sin embargo, la realidad en las calles es muy distinta.

 

“Nos dan un tinaco, pero no tenemos con qué llenarlo”, lamentan vecinas de la colonia San José Las Palmas, donde el acceso al agua depende de pipas privadas que cobran hasta mil 200 pesos por servicio, inaccesible para la mayoría de pobladores.

 

El gobierno municipal no ha podido, o no ha querido, resolver de fondo el problema del desabasto hídrico, pues desde la llegada de la morenista Guerrero Sánchez no se ha invertido en infraestructura hidráulica ni se han gestionado convenios reales para dotar de agua a los sectores más afectados.

 

Pero además, mientras Martha Guerrero reparte tinacos, la seguridad pública está en ruinas. Los elementos de la policía municipal: No reciben ni el salario mínimo, trabajan sin chalecos antibalas, solo cuentan con 10 litros de gasolina por turno de 24 horas.

 

La delincuencia, en contraste, se mueve libremente en calles sin patrullaje, mientras el crimen organizado y la delincuencia común han ganado terreno en colonias como Lomas de San Sebastián, Valle de los Reyes, La Magdalena Atlicpac, El Pino, etcétera, mientras todo se transforma en desastre.

 

las calles siempre lucen inundadas, basura por doquier

 

Recorrer las principales vialidades del municipio como avenida Texcoco, la Carretera Federal México-Texcoco, avenida Manuel Serrano Vallejo o la propia Jorge Jiménez Cantú, es constatar el abandono institucional: basura acumulada, calles intransitables, inundaciones persistentes en temporada de lluvias, sin desazolve y con coladeras rebosadas.

 

En lugar de reparar drenajes colapsados, iluminar calles o mejorar servicios básicos, el gobierno local optó por medidas cosméticas como la entrega de tinacos que solo sirven para la fotografía oficial.

 

Una administración ausente

 

Martha Guerrero ha preferido la propaganda asistencialista antes que las soluciones estructurales. Los programas como el de tinacos, aunque útiles en el contextos de desarrollo, son inútiles sin acceso al recurso hídrico y solo representan un parche político ante la presión social.

 

Ni el director del órgano descentralizado, ni la propia alcaldesa, han sido capaces de responder a las preguntas básicas:

¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el gobierno?

 

La ciudadanía comienza a cuestionar severamente a la administración morenista que prometió transformar La Paz, pero que hoy deja un saldo de: Servicios públicos colapsados, inseguridad fuera de control, un cuerpo policial precarizado, cero transparencia en el gasto público.

 

“Nos están dando un bote, pero no una solución. Aquí no necesitamos plásticos, necesitamos agua, seguridad y limpieza”, afirma un padre de familia de la colonia Hank González.

 

Mientras en boletines y redes sociales se presume el reparto de tinacos como gran logro de gobierno, en las calles la situación es desesperante. La Paz no necesita populismo disfrazado de ayuda social: necesita un gobierno que trabaje, que invierta y que no huya de los problemas estructurales.

EL EJÉRCITO SEGUÍA LOS PASOS DE EL PEZ Y EL FRESA;

 LA ORDEN DE DETENERLOS NUNCA LLEGÓ

 

Por: Héctor De Mauleón

 

Publicado el 17 de julio de 2025.- Acaba de ser sentenciado a 50 años de cárcel el comisario de seguridad pública de Tlatlaya, Luis Ángel Nicolás Santos. Pero siguen en la impunidad los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la Familia Michoacana, que tienen en ese municipio mexiquense uno de sus santuarios desde hace más de 10 años.

 

El 21 de agosto del año pasado, dos personas que transportaban cerveza para venderla en Tlatlaya fueron alcanzadas por una patrulla de la policía municipal. “¿Quién les dio permiso? Debieron pedir permiso al patrón. Ya se metieron en un problema”, les dijeron.

 

Según la denuncia presentada por las víctimas, los propios municipales los entregaron a los tripulantes de tres camionetas que arribaron al lugar vestidos “con uniformes tipo militar”, quienes los despojaron de su mercancía.

 

La investigación de la fiscalía señala que, bajo las órdenes del director de seguridad, policías municipales de Tlatlaya operaban como halcones del grupo criminal y llevaban a cabo el cobro de extorsiones, en beneficio de la Familia Michoacana.

 

Nicolás Santos fue uno los objetivos incluidos en el Operativo Enjambre, que se desató el año pasado entre alcaldes y directores de seguridad vinculados a organizaciones como la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

 

Labores de inteligencia revelaron que el comisario se reunía con frecuencia con los hermanos Hurtado, conocidos como El Pez y El Fresa, y de hecho les brindaba protección cuando estos visitaban las fincas y los ranchos que el 28 de marzo pasado les fueron asegurados por elementos de la fiscalía: Las Canchas, rancho dotado precisamente con canchas de tenis; el Rancho Ancona, situado junto a una presa en donde El Pez y El Fresa tenían su Valle de Bravo particular; y el rancho conocido como Los Pinos.

 

Dichas propiedades habían sido adquiridas a través de prestanombres, “con auxilio de individuos que ostentan cargos de autoridad o de elección popular”.

 

En 2011, José María Chávez Magaña, El Pony, envió a Johnny Hurtado Olascoaga, al frente de 18 sicarios, a asegurar la frontera con Guerrero, a apoderarse de Tlatlaya y otros cinco municipios del sur del Edomex, y a detener el avance de organizaciones criminales guerrerenses que habían formado parte de la organización Beltrán Leyva.

 

El Pez descubrió las minas de oro y uranio en los límites de Guerrero y el Estado de México, y sobre ellas comenzó a fincar su poder. Cuando el Pony fue detenido en junio de 2014, los hermanos Hurtado se convirtieron en líderes absolutos del grupo criminal.

 

Un exteniente de infantería ligado a la Familia Michoacana reveló que El Pez hacía pagos de 140 mil pesos a integrantes del 102 Batallón de Infantería –el mismo involucrado en la masacre de Tlatlaya, que dejó 22 presuntos sicarios muertos en julio de 2014— a cambio de protección.

 

Tlatlaya fue uno de los municipios que la Familia Michoacana cercó para evitar el paso del Covid-19 a principios de 2020. Era una señal del sitio donde estaban refugiados los hermanos Hurtado.

 

La filtración de documentos de la Sedena realizada por el colectivo Guacamaya reveló que el Ejército conocía la ubicación y seguía de cerca los pasos de los líderes de la Familia. Los militares conocían el nombre de la niñera de la hija del Fresa, sabían en qué hospital de la Ciudad de México había nacido, sabían en qué tiendas de Perisur la esposa de El Fresa había ido a comprar el mobiliario con que iba a decorar un departamento ubicado en Tlalpan.

 

Sabían que El Pez había mandado a comprar una televisión Samsung de 82 pulgadas que fue llevada a una de sus casas. Sabían que iba a comprar un par de teléfonos Blackphone para estar en comunicación con su hermano. Sabían incluso de una reunión gestionada por el tesorero de Amatepec, en la que El Pez iba a negociar contratos públicos, en enero de 2019, con los entonces presidentes de Tlatlaya y Amatepec. Sabían que en 2018 adquirió una camioneta Toyota.

 

En 2016, El Pez fingió su muerte en un enfrentamiento ocurrido en San Vicente Tlalchapa. Se reportó que al lugar había llegado gente con ramos de flores, y en cuentas de redes sociales que supuestamente pertenecían a sus hijos se confirmó su deceso.

 

Dos meses después dejó en Tlatlaya dos muertos con una narcomanta dirigida a los entonces secretarios de la Defensa y Marina: “Ahí les dejo su cena de navidad… les doy 24 horas para que se retiren y si no los voy a empezar a matar en emboscadas… con su padre nunca van a poder. Atte. El Pez”.

 

A pesar del monitoreo constante, la orden de ir por los hermanos no llegó jamás. A lo largo del sexenio pasado, en la edad de oro de los “abrazos no balazos”, el poder de La Familia Michoacana se extendió sin freno. El excomisario de seguridad de Tlatlaya acaba de ser condenado a 50 años: un hito en la Operación Enjambre. Pero el caso da para más. Para muchísimo más.