LA FAMILIA MICHOACANA ESTÁ DETRÁS DEL CONTROLO DE VARIOS MUNICIPIOS EM EL EDOMEX, ¿DELFINA GÓMEZ ROMPERÁ EL PACTO?

 

*La ambición desmedida del secretario de gobierno, Horacio Duarte, no tiene límite

*Hasta cuando serán detenidos “El Kino y El Honda, los dos hermanos criminales de la morenista y ex alcaldesa Nancy Gómez

 

Toluca, Estado de México, 18 de abril de 2025. Ahora si ni la Gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez, ni el Secretario de Gobierno, Horacio Duarte, ni el Fiscal General del Edomex, José Luis Cervantes Martínez, van a poder seguir defendiendo a los lieres del grupo criminal “La Familia Michoacana”. Johnny Hurtado Olascoaga, alias, “El Pez” y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias, “El Fresa”.

 

El pasado 16 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer sanciones contra los cuatro hermanos Hurtado Olascoaga, así como confiscar cualquier propiedad o cuenta bancaria de su propiedad

 

La organización criminal “La Familia Michoacana” opera hoy bajo una estructura de liderazgo consolidada por cuatro hermanos: Johnny “El Pez”, José Alfredo “El Fresa”, Adita y Ubaldo Hurtado Olascoaga. El cartel, ha encontrado protección en el Estado de México, gobernado por la 4T, ahora si la fiscalía de la entidad y las fuerzas federal tendrán que hacer todo lo que sea necesario para aprender a estos criminales que a lo largo del tiempo han sido protegidos por los gobiernos del PRI y ahora por los de Morena.

 

Quizás el error garrafal que cometió el grupo criminal “La Nueva Familia Michoacana, o La Familia Michoacana”, fue iniciar a cobrar derecho de piso a empresas Estadunidenses que tienen presencia en el Estado de México. La información llego a Washington y el gobierno del país vecino tomo cartas en el asunto. La situación ya puso en aprietos a muchos alcaldes, alcaldesas, exalcaldes y ex alcaldesas, debido a que el grupo criminal hizo toda una operación criminal para beneficiar a Morena y colocarlos en el poder.

 

Ejemplos sobran: En San Vicente Chicoloapan, donde gobernó Nancy Gómez Vargas, los dos periodos pasados, “La Familia Michoacana” se apodero de las calles, barrios y colonias, obvio con el conocimiento y autorización de la morenista. De hecho, Nancy, fue quien alentó a sus hermanos criminales, hoy prófugos de la justicia, Marco Antonio Gómez Vargas, alias, “El Kino” y Alexis Gómez Vargas, alias, “El Honda”, a construir otro gobierno alterno en el que todos pagan derecho de piso.

 

Pero, además, en San Vicente Chicoloapan el consumo de cocaína es alarmante, pues se encuentra inundado de drogas que es comercializadas por la familia criminal de Nancy Gómez Varga. Es decir, en Chicoloapan, se pagan otros impuestos al grupo criminal comandados por “El Kino y “El Honda”, dinero que también va a los bolcillos la ex alcaldesa Nancy Gómez y su familia. El movimiento criminal sigue intacto gracias al diputado local Samuel Ríos quien grita a los cuatro vientos y presume tener una excelente relación de amistad con el Fiscal del Edomex, José Luis Cervantes Martínez.

 

Es importante señalar que, una de las estrategias empleadas por la “Nueva Familia Michoacana” o “La Familia Michoacana” para consolidar su presencia en municipios de Estado de México ha sido el control de recursos públicos municipales.

 

Es cierto que “La Familia Michoacana” se dedica a la producción de drogas ilícitas y su exportación a los Estados Unidos. Pero tienen zonas donde ejercen dominio sobre los gobiernos municipales. El grupo criminal se percató de que el principal empresario de los municipios es el propio gobierno municipal por los recursos que recibe a través del ramo 33”. El Ramo 33 son recursos federales asignados a los municipios con condiciones de mediana y alta marginación, con el objetivo de financiar obras públicas como pavimentación, electrificación y sistemas de agua potable.

 

“Entonces, lo que hicieron fue financiar candidatos, apoyar proyectos políticos de todos los partidos que estuviesen en condiciones de ganar. Una vez con la victoria en la bolsa, les imponen a los alcaldes la designación de los titulares de obra pública o, en su caso, se apoderan de la inversión en la infraestructura”.

 

Es importante recordar que Zudikey Rodríguez, el martes 18 de mayo del 2021, cuando era candidata en Valle de Bravo, presentó una denuncia tras amenazas de muerte de la “Familia Michoacana”.

 

Por medio de un comunicado, el PRI del Estado de México, informó que se acompañó y respaldó a la candidata a interponer la denuncia. La deportista y candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo por la coalición PRI, PAN y PRD, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a presentar una denuncia, tras darse a conocer que fue amenazada y levantada por miembros del crimen organizado, específicamente por los lideres, “El Pez” y “El Fresa” y uno de sus colaboradores conocido como “Lalo Mantecas”.

 

El periodista Raymundo Riva Palacio, relató que fue necesario montar un operativo federal para sacar a Rodríguez de su casa, pues la Familia Michoacana había montado un cerco de vigilancia en los alrededores, y llevarla sana y salva a la Ciudad de México.

 

Zudikey Rodríguez cerró su casa de campaña y detuvo sus actividades de proselitismo. El triunfo fue obtenido por la candidata de Morena Michelle Núñez, quien poco después denunció a Kourchenko por supuesta violencia política de género: el columnista había señalado que la candidata morenista era impulsada “con el poderoso apoyo de su pareja sentimental”. El hoy Secretario de Gobierno del Estado de México Horacio Duarte —cuyas aspiraciones políticas en la entidad son de sobra conocidas, pues quiere ser el próximo gobernador de la entidad mexiquense.

 

“La ambición política de Horacio Duarte por el control del municipio, como trampolín a la gubernatura del estado, permitió la entrega de la plaza al crimen organizado y sus funestas consecuencias”, escribió el periodista.

 

Luego del triunfo de la morenista en Valle de Bravo, circuló en redes sociales un video, en el que Medardo Hernández Vera, alias, “El Lalo Mantecas o El 100”, aparece en un festejo celebrado en Benito Juárez, Michoacán, bailando un caballo, y celebrando al lado del cantante de narcocorridos conocido como “El Komander”. Según reportes de los pobladores recogidos por fuentes de seguridad, la fiesta fue blinda da por un centenar de sicarios de la Familia Michoacana.

 

“Los alcaldes, en retribución al apoyo político que reciben de “La Familia Michoacana”, les entregan direcciones de obra pública, de policía y de fiscalización. Es decir, es una penetración del crimen organizado en las estructuras del poder político. También están detrás de la organización de ferias regionales. La Familia Michoacana cuenta con promotores artísticos, constructoras y con un circuito de bares, donde se comercializan drogas ilícitas y se ejerce la trata de personas de mujeres jóvenes, con fines de explotación sexual”.

 

Luego de que es un secreto a voces que Morena protege al grupo crimina “La Familia Michoacana” ¿La Gobernadora Delfina Gómez y el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, seguirán haciendo actos de simulación o se atreverán a romper el pacto criminal?

DETIENEN A EXMISS ESTADO DE MÉXICO POR PRESUNTO DESPOJO

 DE INMUEBLE EN ATIZAPÁN

 

*De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2022

 

Atizapán, Estado de México. 16 de abril de 2025. Daniela Miruvska “N”, ex Miss Estado de México, quien en su momento fungiera como titular del Instituto de la Mujer en el gobierno municipal de Atizapán, fue aprendida por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, debido a que presuntamente participó en un caso de despojo de un inmueble.

 

La detención ocurrió en Eje 1 Norte, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. luego de su detención, fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde se definirá su situación jurídica.

 

De acuerdo con la investigación de la fiscalía mexiquense, los hechos tuvieron lugar, el 16 de noviembre de 2022. De acuerdo al testimonio de la víctima, trabajadores suyos acudieron a un inmueble ubicado en la calle Faisán, colonia Fuentes de Satélite, en Atizapán, con el objetivo de realizar reparaciones en el inmueble. La propiedad se encontraba bajo un régimen de usufructo vitalicio cedido previamente por la propia Miruvska en favor de la denunciante.

 

No obstante, los trabajadores fueron interceptados por Daniela Miruvska “N” y otra persona, quienes les impidieron el acceso al lugar argumentando que ella seguía siendo la legítima propietaria. La situación escaló al día siguiente, el 17 de noviembre, cuando la exfuncionaria regresó al domicilio acompañada de otra persona, un cerrajero y policías municipales. Según el reporte, habrían ingresado al inmueble y desalojado por la fuerza a dos personas que se encontraban dentro.

 

El caso tomó un nuevo giro el 31 de mayo de 2024, cuando se llevó a cabo una diligencia legal para la recuperación del inmueble. Durante esta revisión, la víctima reportó la desaparición de múltiples pertenencias, entre ellas equipo de spa, equipos de cómputo, joyería, documentos personales, ropa, calzado y una suma en efectivo de aproximadamente 250 mil pesos.

 

El usufructo vitalicio es una figura legal que otorga a una persona el derecho de utilizar y aprovechar un bien, generalmente un inmueble, durante toda su vida. Aunque no es la propietaria del bien, esta persona conocida como usufructuaria puede habitarlo, alquilarlo o incluso recibir ingresos por su uso.

 

Sin embargo, no puede vender la propiedad, ya que la titularidad legal sigue perteneciendo al dueño original. Este derecho finaliza automáticamente con el fallecimiento del usufructuario, momento en el cual el control pleno del bien regresa al propietario o pasa a quien corresponda legalmente.

GARDUÑO SE VA IMPUNE Y CUANDO ÉL QUISO

 

Por: Salvador García Soto

 

*La respuesta soberbia y segura de Garduño debió surtir algún efecto porque se le dejó seguir ocupando el cargo

 

Justo dos días después de que un Tribunal colegiado con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, le suspendió el proceso penal y le garantizó su libertad por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que le imputaron por la muerte de 40 migrantes que murieron calcinados en la estación migratoria en esa misma ciudad fronteriza en 2023, el todavía director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue mencionado en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para anunciar su próxima salida del cargo a partir del 1 de mayo.

 

Fue como si, una vez que el señor Garduño ya no necesitara la protección de un cargo público de alto nivel, porque ya los magistrados de ese Tribunal se encargaron de blindarlo y suspenderle el proceso, el amigo personal del expresidente López Obrador ahora sí decidió dejar la dirección del Instituto Nacional de Migración el cual ocupó de manera extraña e irregular durante los seis meses del actual gobierno, cuando ya la presidenta Sheinbaum había nombrado a Sergio Salomón Céspedes para ocupar ese cargo, pero Garduño se negaba a renunciar a esa posición.

 

Hoy Garduño se va porque ya no teme que se le aplique la ley por la negligencia criminal cometida por el Instituto a su cargo en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, cuando a 40 migrantes indocumentados que se encontraban detenidos se les cerraron las celdas y todas las puertas para que no pudieran escapar de un incendio ocurrido ese día en esas instalaciones federales, lo que provocó que todos los extranjeros murieran calcinados mientras clamaban por ayuda que nunca les dieron los guardias del INM.

 

Porque el fallo de los tres magistrados del Colegiado fue tan generoso con él, que no sólo le otorgaron la suspensión condicionada del proceso penal y le dieron una “salida alterna” para pagar por su delito, sino que además Francisco Garduño no tendrá que pagar ni un peso de reparación del daño, porque ese dinero ya lo pagó el Estado mexicano –es decir el dinero los contribuyentes– que indemnizó a las 40 familias y con ello eximió de responsabilidad al director del INM, contrario a la exigencia de las víctimas representadas por los familiares de los migrantes calcinados que pedían que el funcionario pagara, pero los magistrados dijeron que no, porque “esa es responsabilidad del Estado”.

 

Es decir que al señor Garduño le salió muy barato, prácticamente regalado, haber sido responsable, por su indebido ejercicio público, de la muerte por calcinamiento de 40 inmigrantes centroamericanos. Porque además, durante el tiempo que estuvo abierto el proceso penal y él era citado a declarar o comparecer para firmar cada 15 días en el Juzgado de Ciudad Juárez que llevaba el caso, sus boletos de avión y sus gastos, tanto de él como de sus colaboradores, los cargaba como viáticos al INM y se pagaban con dinero público.

 

Según publicó EL UNIVERSAL el pasado 10 de mayo de 2024, el director del INM gastó junto con sus colaboradores, 39 millones 306 mil 792 pesos, por concepto de pasajes aéreos a Ciudad Juárez entre 2023 y 2024, de acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Gobernación vía una solicitud de transparencia, en la que también se informó que solo él personalmente gastó 666 mil 347 pesos por pago de boletos personales de avión. Es decir que hasta los gastos por atender el juicio penal en el que fue imputado se lo pagamos los contribuyentes con nuestros impuestos.

 

Tan impune y protegido se sintió siempre Garduño, que lejos de renunciar a su cargo cuando ocurrió la tragedia migrante en Juárez, se quedó en el cargo por instrucciones de su entonces jefe, el presidente López Obrador que, como a Ignacio Ovalle y a muchos otros funcionarios acusados por delitos y desvíos en su gobierno los protegió y mantuvo en cargos públicos. Pero cuando terminó el gobierno todo mundo pensó que se le acabaría la protección al ser relevado del cargo, sin embargo a partir del 1 de octubre ocurrió algo totalmente sui generis e irregular al existir dos directores en funciones del INM.

 

Según cuentan integrantes del actual gobierno, la presidenta Sheinbaun no tenía intenciones de mantener en el cargo a Francisco Garduño y por eso nombró como nuevo titular de Migración al exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Pero resultó que pasado el 1 de octubre el señor Garduño se seguía presentando a trabajar y ocupaba la oficina del director que nunca se la entregó al nuevo titular nombrado por la doctora. Cuando Salomón fue a comentar lo que pasaba a la Segob, mandaron a un emisario a hablar con Garduño.

 

“La presidenta le pide por favor que desaloje la oficina y deje el cargo al nuevo director que ella nombró para el Instituto”, le dijeron comedidamente al exdirector. Pero lejos de acatar la orden que le mandaban de Palacio Nacional, Garduño se engalló y le respondió a la mensajera: “No, yo no me muevo de aquí porque eso fue lo que me pidió el presidente López Obrador, que yo permaneciera aquí y no voy a moverme si él no me lo ordena”.

 

La respuesta soberbia y segura de Garduño debió surtir algún efecto porque se le dejó seguir ocupando un cargo para el que la presidenta ya había nombrado a otro titular y durante meses, sin que se diera ninguna explicación oficial, el INM pareció tener dos cabezas, porque a cada reunión de trabajo ya fuera en Gobernación o con la presidenta para el tema migratorio, siempre asistía Garduño y como segundo Sergio Salomón.

 

Hasta que ayer por la mañana, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum anunció que ahora sí el señor Francisco Garduño dejaba la dirección del INM, pero ni siquiera de manera inmediata, sino a partir del próximo 1 de mayo, lo que parece que todavía le dieron vacaciones pagadas de 15 días. Y ahora sí, informó la doctora, podrá tomar posesión su designado para ocupar el citado instituto migratorio. Todo eso hasta que Garduño estuvo blindado y casi exonerado por los magistrados de Circuito. Lo interesante sería saber si esta vez la decisión de que por fin desocupara el despacho de Migración fue de la presidenta o si a Garduño le dieron otra orden desde Palenque.

ESTADOS UNIDOS DA A CONOCER EL NUEVO MAPA CRIMINAL

 DE LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA

 

*Sería bueno que las y los gobernadores de Morena ya inicien a poner sus barbas a remojar, pues el crecimiento de los grupos criminales no se entiende sin su complicidad

 

Estados Unidos, 16 de abril de 2025. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer sanciones contra los cuatro hermanos Hurtado Olascoaga, así como confiscar cualquier propiedad o cuenta bancaria de su propiedad

 

La organización criminal La Familia Michoacana opera hoy bajo una estructura de liderazgo consolidada por cuatro hermanos: Johnny “El Pez”, José Alfredo “El Fresa”, Adita y Ubaldo Hurtado Olascoaga. El cartel, ha encontrado protección en el Estado de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, curiosamente donde gobierna Morena, así mismo se ha intentado extinguir a otras regiones del país.

 

Los hermanos Hurtado Olascoaga, son quienes encabezan actualmente La Familia Michoacana: Johnny, alias, “El Pez” y José Alfredo, alias, “El Fresa” Hurtado Olascoaga son identificados como los líderes máximos de la organización criminal, responsables del trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

 

Sin embargo, han surgido otros nombres “que no figuraban públicamente en la escena crimina, Ubaldo Hurtado es descrito por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro como un alto dirigente implicado en extorsiones, tráfico de drogas, minería ilegal de mercurio y uranio, así como en la supervisión de sicarios.

 

Adita Hurtado es señalada como operadora financiera del cartel, responsable de blanquear dinero a través de tiendas de ropa usada en Texas y de traficar armas desde Estados Unidos hacia México. Adita, es encargada de comprar la ropa y enviarla a México, para que luego sea comercializada, las prendas son conocidas popularmente como ropa de paca.

 

Johnny Hurtado Olascoaga, alias, el “Pez”, líder de La “Familia Michoacana, o “La Nueva Familia Michoacana, está Involucrado en el tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína hacia Estados Unidos. “El Pez”, ya había sido sancionado en 2022 por su papel en la proliferación internacional de drogas ilícitas.

 

Actualmente también es acusado formalmente por un gran jurado federal en Georgia. Se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura o condena.

 

José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias, “El Fresa”, también líder del grupo criminal, Igualmente se encuentra implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, quien ya fue sancionado previamente en 2022 y ahora también bajo nuevas sanciones como miembro de una organización terrorista. Se ofrece una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

 

El nuevo miembro incluido en el grupo criminal para las agencias de vecino país del norte es; Ubaldo Hurtado Olascoaga, considerado alto dirigente operativo de LNFM. Responsable de actividades de extorsión y narcotráfico y por supervisar a los sicarios del cártel. Ubaldo Hurtado, se encuentra involucrado en la extracción ilegal de mercurio y uranio para la organización.

 

Adita Hurtado Olascoaga, es encargada de actividades de lavado de dinero para “La Familia Michoacana”, o “Nueva Familia Michoacana”. Ella, utiliza un esquema comercial con tiendas de ropa usada en el Valle del Río Grande, es decir, compra ropa en EE. UU. La envía a México para su venta, el dinero obtenido es lavado y entregado al cártel. También trafica armas desde EE. UU. a México para apoyar a sus hermanos en los enfrentamientos contra cárteles rivales.

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el pasado martes 15 de abril sanciones contra los cuatro hermanos Hurtado Olascoaga. Las medidas permiten confiscar cualquier propiedad o cuenta bancaria registrada a su nombre en territorio estadounidense, y prohíben toda relación financieras o comerciales con ellos.

 

“El gobierno estadounidense está decidido a utilizar todas las herramientas disponibles para atacar a los carteles y proteger a sus comunidades”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro, al anunciar las medidas.

 

Un gran jurado federal del Distrito Norte de Georgia imputó a Johnny y José Alfredo por “conspiración para fabricar y distribuir sustancias controladas, sabiendo que serían importadas a Estados Unidos”. El Departamento de Estado también anunció recompensas por un total de ocho millones de dólares.

 

Cinco millones por información que conduzca a la captura de Johnny Hurtado Olascoaga, alias, “El Pez” y tres millones por José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”.

 

Cabe recordar que, en febrero pasado, el gobierno de Donald Trump designó oficialmente a La Familia Michoacana como organización terrorista, en conjunto con otros cinco grupos criminales mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

 

“México está gobernado en buena medida por los carteles”, declaró Trump durante el anuncio. “Son responsables de envenenar a nuestra población con fentanilo y de cometer actos de terror en su propio país”, afirmó el presidente.

 

Es lamentable que las autoridades mexicanas, solo por órdenes y presión del gobierno estadunidense estén actuando. Sería bueno que las autoridades del Estado de México, donde gobierna la Morenista Delfina Gómez Álvarez, así como el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla y la flamante gobernadora y morenista Evelin Salgado Pineda. Desde este momento dejen de proteger a los lideres del grupo criminal que a lo largo de muchos años se han movido a sus anchas.

 

Pues sin la protección de las autoridades, no se entiende el crecimiento exponencial de la (FM). Para nadie es un secreto que los hermanos Hurtado Olascoaga, son protegidos por las autoridades de la 4T. sin embargo, hay que tener paciencia porque la ciudadanía quiere ser testigo de las detenciones de muchos funcionarios que están coludidos con el grupo criminal y deben de estar detrás de las rejas.

MIENTRAS SON MILES LAS DESAPARECIDAS EN EL EDOMEX, LA GOBERNADORA DELFINA GÓMEZ Y EL FISCAL JOSÉ LUIS CERVANTES SE ENCUENTRAN MUY OCUPADOS ATACANDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 

*El Edomex, se disputándose el primer lugar con Jalisco y Tamaulipas, las entidades con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas

 

Coacalco, Estado de México. El 11 de abril, familiares, amigos y vecinos de las desaparecidas bloquearon la avenida López Portillo para presionar a la Fiscalía General de Justicia del Edomex. Los manifestantes denunciaron que, desde la última semana de marzo y los primeros días de abril, cinco menores, de 14, 15, 16 y 17 años, así como una mujer de 36 años, habían sido reportadas como desaparecidas sin que avanzaran las investigaciones para dar con su paradero.

 

Es importante destacar que, Coacalco se encuentre en lo que se le ha llamado “el corredor de las desaparecidas”, que conecta con el municipio de Ecatepec, Coacalco, Tultepec, Cuautitlán y Tultitlán: una zona donde estudiantes y trabajadoras deben hacer viajes de hasta tres horas para llegar a la Ciudad de México y en donde, desde hace varios años se reporta un alto número de agresiones, desapariciones y feminicidios, sin embargo, hoy la entidad mexiquense es gobernada por una mujer, es decir, por la morenista Delfina Gómez Álvarez y ni aun así se hace nada al respecto.

 

Aunque días más tarde se determinó que cuatro de las mujeres de Coacalco habían sido localizadas sanas y salvas, debido a que tres de ellas se habían ausentado de manera voluntaria, por problemas familiares, y una más se reportó desde el hospital al que había ingresado para tratarse una enfermedad. Sin embargo, de las otras dos menores se sigue sin saberse nada.

 

El caso vuelve a poner sobre la mesa la realidad de un estado cuyas cifras, un año sí y otro también, lo colocan a la cabeza, disputándose el primer lugar con Jalisco y Tamaulipas, las entidades con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas. Históricamente el Edomex ha permanecido a la cabeza, es lamentable que también se encuentre con el mayor número de feminicidios cometidos en el país.

 

En 2018 apareció ya un Monstruo de Ecatepec, Juan Carlos Hernández Béjar, vinculado al asesinato de unas 20 mujeres cuya desaparición nadie investigó, y que admitió incluso haberse comido a algunas de sus víctimas.

 

En los abundantes canales de aguas negras que cruzan ese corredor aparecen con frecuencia mujeres embolsadas y estranguladas. Las historias de agresiones cometidas contra ellas erizan la piel: aparecen vejadas, abusadas, incineradas, asfixiadas.

 

Pero al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez y a la Gobernadora, con “A”, Delfina Gómez Álvarez, les preocupa más estar censurando la libertad de expresión en los palenques de la feria de Texcoco, que poner puntual atención en los asesinatos de mujeres que abundan por miles en la entidad mexiquense.

CON EL REGRESO DE RAMÓN MONTALVO A LOS CÍRCULOS DE PODER, LAS AUTORIDADES POLICIACAS DEBEN DE ESTAR MUY ATENTAS

 

*Los habitantes de Valle de Chalco aseguran que Ramón Montalvo no tiene calidad moral para ostentar un cargo público

 

Valle de Chalco, Estado de México. 14 de abril de 2025.- El exalcalde Ramón Montalvo Hernández, está de regreso a los círculos de poder, ahora como flamante regidor de la localidad. Su regreso a política inquieta no solo a las autoridades, sino, también a la ciudadanía en general, debido a que Montalvo se ha caracterizado por estar en medio de hechos sangrientos, pero, además, durante su paso por la política como alcalde y diputado, diversos grupos criminales con presencia en Valle de Chalco se han fortalecido ¿Sera simple coincidencia?

 

Montalvo Hernández, es un arquitecto dedicado a la política miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha sido protagonista de diversos incidentes y controversias a lo largo de su carrera. Se desempeñó como presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad en dos periodos: de 2006 a 2009 y de 2016 a 2018. Además, fue diputado federal de 2012 a 2015.​

 

Durante su gestión como alcalde, se identificaron irregularidades en el manejo de recursos públicos. Por ejemplo, se descubrió que 29 millones de pesos gestionados por él como diputado federal para la rehabilitación de la ex hacienda de Xico, no fueron invertidos, es decir, todo mundo sabe que se los embolso, dejando el lugar en completo abandono. Además, se encontraron inconsistencias en el programa Hábitat, donde su administración tuvo que aportar 13 millones de pesos para cumplir con la normatividad y no perder una inversión federal de 26 millones. ​

 

Pero además, a Montalvo, siempre lo perseguido el derramamiento de sangre, en 2014, Montalvo fue víctima de un atentado en el que recibió tres disparos. A pesar de las investigaciones, no se identificaron a los autores intelectuales ni materiales del ataque. Posteriormente, en 2017, denunció amenazas por parte del Cártel de Tláhuac, las cuales fueron reportadas a las autoridades correspondientes. En marzo de 2024, apareció una narcomanta en Valle de Chalco con amenazas directas hacia él, advirtiéndole

que, si participaba como candidato en las elecciones, sería asesinado.

 

Otro episodio que marco al flamante miembro de PRD, fue la detención de su hijo: En enero de 2018, su hijo fue detenido en la Ciudad de México y acusado por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa tras una balacera registrada el 29 de diciembre en calles de la colonia Selene, en la delegación Tláhuac. De acuerdo a la acusación, el hijo de Ramón Montalvo acompañado de otros dos sujetos, balearon desde una camioneta Ford tipo Expedition, a otros presuntos delincuentes cuando viajaban en otra camioneta, de la marca Chevrolet tipo Avalanche. El entonces alcalde y padre de uno de los detenidos, Ramón Montalvo acudió a la agencia del Ministerio Publico para tratar de liberar a su vástago asesino, sin embargo, las autoridades capitalinas no lo permitieron, esta situación desato la ira del perredista quien por largo tiempo trato de jugar el papel de víctima.

 

El tráfico de influencias, ha sido una práctica común por parte de Ramón Montalvo, puesto que también intento influir para liberar a su escolta Ricardo David Zaragoza, cuando fue detenido por asesinar a un narcomenudista perteneciente al “Cartel de Tláhuac”, durante su periodo como diputado federal en 2015. Sin embargo. Su escolto fue detenido a pesar de sus intentos para liberarlo. ​

 

Ramón Montalvo, en noviembre de 2016, fue sorprendido en estado de ebriedad en Ixtapaluca, donde intentó evitar la detención de una mujer que portaba un arma de fuego sin permiso. Además, intentó sobornar a los policías para que la liberaran, por lo que resultó detenido acusado de alterar el orden público en estado de ebriedad. ​

 

Percepción pública: Vecinos y ciudadanos de Valle de Chalco ya han expresado críticas hacia Montalvo, recordando que, durante sus gestiones como alcalde de la localidad, el lugar enfrentó altos índices de inseguridad y la presunta colusión de Ramón Montalvo con grupos delictivos. También los habitantes lo han acusado de carecer de autoridad moral para señalar problemas actuales de seguridad, dado su negro historial en el cargo.

 

Estas situaciones han contribuido a la compleja imagen pública de Ramón Montalvo, marcada por acusaciones de corrupción, abuso de poder y vínculos con actividades delictivas.

ZAFARRANCHO EN LA FERIA DEL CABALLO EN TEXCOCO EDOMEX

 

*La policía municipal brillo por su ausencia y el presidente municipal morenista Nazario Gutiérrez, se lavo las manos y dijo que la feria continuaría de manera normal.

 

Texcoco, Estado de México. La madrugada del pasado sábado 12 de abril en la Feria Internacional del Caballo 2025 se registró un zafarrancho debido a que un artista musical se negó a interpretar corridos que hacen apología del delito.

 

El gobierno del Estado de México llamó a las autoridades de los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco a vigilar que en los conciertos de artistas, considerados para sus respectivas ferias, no incluyan audiovisuales con apología de la violencia, referencia a personajes ligados a actos criminales o consumo de narcóticos.

 

En un comunicado el gobierno mexiquense realizó el llamado a través de las Secretarías General de Gobierno y de Seguridad, así como la Fiscalía General de Justicia estatal para que se acaten las restricciones.

 

Durante la madrugada de este sábado ocurrió un zafarrancho en la Feria Internacional del Caballo 2025, celebrada como cada año en Texcoco, donde Luis R. Conriquez, cantante de música regional mexicana, confirmó ante los asistentes que no cantaría en su presentación los corridos de su repertorio.

 

La respuesta del público fue violenta, debido a que comenzaron a arrojar objetos al escenario después de que Luis R. Conriquez culminara su presentación sin incluir corridos en su setlist.

Incluso, los asistentes invadieron el escenario y destruyeron los instrumentos de los integrantes de la banda de Conriquez, sin embargo, las autoridades locales brillaron por su ausencia a pesar de que se puso en riesgo la integridad física de los asistentes.

 

Ante este suceso registrado, el gobierno mexiquense extendió la invitación a las autoridades municipales a tomar las previsiones necesarias para evitar que los grupos, bandas y solistas utilicen cualquier referencia de personajes o actos ilícitos en imágenes, voz, audio o videos.

 

Cabe mencionar que el Código Penal del Estado de México establece la facultad para sancionar a quienes cometan la falta, ya sean artistas, cantantes, productores, promotores, representantes, músicos o público en general, por lo que, de acuerdo a la norma, se deberán iniciar las carpetas de investigación correspondientes en caso de existir dichas insinuaciones.

HABITANTES DE VALLE DE CHALCO YA ESTÁN HASTA LA MADRE

 DE LOS ROBOS Y LA VIOLENCIA IMPARABLE

 

*El jefe policiaco Inocencio Candelas Cruz, ha “logrado” un Pax Narca, gracias a su presunta complicidad con la célula criminal del “Cartel Jalisco Nueva Generación” (CJNG) y con el regidor “Jimmy”, líder del grupo delictivo “Sindicato 22 de Octubre”

 

Valle de Chalco, Estado de México. 12 de abril de 2025. Ya son insoportables los asaltos, la violencia, el crecimiento del narcomenudeo, sin embargo, a todo esto nadie hace nada, sobre todo porque la ciudadanía asegura que el jefe de la policía municipal Inocencio Candelas Cruz, desde hace muchos años tiene acuerdo con una célula delictiva vinculada al “Cartel Jalisco Nueva Generación” que se encuentra asentada en la localidad, así como con Christian Jesús Castillo Grimaldo, quien funge como sexto regidor, a quien le apodan “El Jimmy”, líder de la sécula criminal dedicada principalmente al cobre de derecho de piso, denominada “Sindicato 22 de Octubre”.

 

Todo mundo sabe que el jefe Candelas, ha logrado construir una Pax Narca, nombre que se le da cuando en una localidad existe una relativa tranquilidad debido a que las autoridades locales han llegado a acuerdos con la delincuencia organizada, según ellos en beneficio de los habitantes, sin embargo, esos acuerdos siempre terminan mal y el derramamiento de sangre lo terminan siempre pagando los ciudadanos. Es un secreto a voces que Candelas Cruz ha sabido manejar muy bien “La Pax Narca, debido a su excelente relación con la delincuencia organizada, razón por la que lleva más de cinco años como titular de la policía municipal de Valle de Chalco.

 

La ciudadanía vive alarmada porque la violencia y los asaltos, son parte de lo cotidiano, el pasado 25 de marzo. Don hombres con pistola en mano entraron a una Barberia ubicada en la calle División del Norte en la colonia San Isidro. Sometieron a los dos empleados del negocio. Les robaron teléfonos celulares, equipo de trabajo, dinero, luego los encerraron a las personas en el baño y se fueron como si nada hubiese pasado, la gente asegura que estos robos son habituales y que la mediocre policía municipal no hace absolutamente nada, por ello los habitantes del violento municipio ya no denuncias, pues saben que los criminales y los policías municipales son exactamente lo mismo.

EL KARMA LOS ALCANZÓ: YA TIENEN SU AYOTZINAPA

 

Por: Salvador García Soto

 

CIUDAD DE MÉXICO. 10 abril de 2025. Durante años la izquierda que hoy milita en Morena y el movimiento lopezobradorista respaldaron la versión sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa (“Fue el Estado”) y defendieron la posición de los padres de familia, sus abogados y los centros de Derechos Humanos Pro y Tlanchinollan de la Montaña, de que a los estudiantes los había atacado, detenido y se los habían llevado aquella noche del 26 de septiembre los policías municipales de Huitzuco, Iguala y Cocula.

 

El informe de la CNDH sobre el caso Aytozinapa reforzó esa versión y confirmó que los cuerpos municipales de seguridad actuaron por órdenes de “El Patrón”, el misterioso personaje que sigue sin ser identificado, y que agentes de la entonces Policía Federal y del Ejército supieron y vieron del secuestro de los jóvenes por parte de los policías locales y no hicieron nada para impedirlo. Y cuando López Obrador tuvo el poder, las investigaciones reabiertas en el pasado sexenio, dirigidas por la Comisión de la Verdad del subsecretario Alejandro Encinas, les dieron la razón confirmando no sólo la responsabilidad de los policías locales, sino también del Ejército, con la acusación histórica de 16 mandos militares, a los que se acusó de “desaparición forzada”, aunque en un hecho inédito e ilegal la FGR pidió a un juez revocar sus propias denuncias para liberar de culpa a los oficiales del Ejército.

 

Hoy, cuando el escándalo y la tragedia del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde la misma FGR ya confirmó la presencia de restos humanos cremados, alcanza repercusión internacional –como la que también tuvo Ayotzinapa— y el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU presenta un informe sobre el crecimiento de las desapariciones en México y la impunidad y desatención que ha permitido el Estado mexicano, los mismos morenistas que antes gritaban “Fue el Estado”, hoy se desgañitan y se ponen fúricos contra el director de ese Comité, al que hasta piden destituir, pero ahora dicen que “No fue el Estado” y que en México y en los gobiernos de la 4T, el pasado y el actual, “no hay desapariciones forzadas”.

 

Pero en el caso de los crematorios y el campo de exterminio de Teuchitlán, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó el pasado 19 de marzo que sí hubo participación de la Policía Municipal de Tala para detener, secuestrar y entregar a jóvenes al Cártel Jalisco Nueva Generación, que a su vez los llevaba al mencionado rancho, donde los que se resistían a ser entrenados como sicarios, eran “torturados y asesinados”, según informó también el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, el pasado 24 de marzo. “¿Se puede decir que hubo colusión de policías y autoridades?”, le preguntaron a Gertz Manero en la conferencia que dio hace tres semanas. “Obviamente, eso es evidente, eso lo dicen los mismos testigos, no lo digo yo”, respondió el fiscal.

 

Luego entonces, si la participación de los policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas confirmaba que se trató de una “desaparición forzada”, la “colusión” y participación de los policías de Tala (más lo que falta que arrojen las investigaciones en curso) también confirma que los jóvenes desaparecidos en Jalisco y procedentes de ese y otros estados, que fueron secuestrados, torturados y asesinados en el Rancho Izaguirre y en otros campos de entrenamiento y exterminio en Zacatecas, también fueron víctimas de “desaparición forzada”. En ambos casos la participación de policías municipales involucra al Estado mexicano.

 

Pero además, el verdadero fondo del informe que tanto incomodó al gobierno de la doctora Sheinbaum, elaborado por el funcionario de la ONU, Oliver Frouville, al que casi quieren linchar los morenistas, parte de la información que tiene dicho Comité, que le ha entegado el propio Estado mexicano desde 2014 y de las denuncias y solicitudes de colectivos y grupos de madres buscadoras, que documentan que desde hace más de 10 años (o incluso más porque abarca a otros gobiernos anteriores) han ocurrido las desapariciones en México sin que ningún gobierno, ni los dos de Morena ni los del PRI y el PAN antes hicieran nada para evitarlo, no investigaran las desapariciones y tampoco detuvieran a los responsables.

 

Por eso el CDE (por sus siglas en inglés) y su presidente decidieron analizar la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, porque a partir de la información que tiene y las solicitudes que ha recibido, se confirma que en México desde las últimas dos décadas al menos han ocurrido desapariciones sistemáticas, en las que instituciones del Estado sí participaron directamente y por comisión en algunos casos (Ayotzinapa y ahora Teuchitlán) y en otras por que el Estado y sus instituciones permitieron, consintieron o dieron su aquiescencia, por omisión y negligencia, para que esas desapariciones ocurrieran, por lo que también serían desapariciones forzadas.

 

Ya la ONU aclaró en un comunicado que las reacciones del gobierno de Sheinbaum y de los morenistas que se desgarraron las vestiduras para decir que ellos no desaparecen personas, están prejuzgando el contenido del informe y lo malinterpretan, pues lo que hará el CDE es llevar, con el citado artículo 34 de la Convención, el caso a la Asamblea General de la ONU, que será donde se decida si se responsabiliza o no al Estado mexicano de los casos de desaparición forzada sistemática.

 

Pero para que no queden dudas de que, aunque lo nieguen y se hagan los ofendidos, este gobierno sí tendrá que enfrentar el tema ante la ONU, no como administración sino como representante del Estado mexicano, el artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como "la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida; que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley". ¿No han contado las desapariciones de más de 125 mil mexicanos reconocidos oficialmente en calidad de desaparecidos o no localizados con la aquiescencia o consentimiento de facto de un Estado que no actúo, investigó ni castigó a los secuestradores, sean criminales, narcos o policías?

 

Tan solo en el rancho de Teuchitlán, ya confirmado por el Fiscal General de la República, sí hubo policías municipales que secuestraban a los jóvenes y se los entregaban al crimen organizado. Solo ese caso, lo quieran reconocer o no, ya representa el nuevo “Ayotzinapa” de la 4T, más todos los que se acumulen y los que nunca investigó, sancionó y castigó –por no hablar de los ataques y acusaciones de “conservadoras y opositoras” a las madres buscadoras— de López Obrador, más los de Peña Nieto, Calderón y Fox. Todos juntos serán juzgados en la Asamblea de la ONU que tendrá el último veredicto, por más berrinches que hagan los de la 4T.

EJECUTAN A ABOGADO FRENTE A NOTARÍA EN TEXCOCO

 

*Al gobierno de la 4T le bale pura madre los reclamos de la sociedad debido al aumento de la inseguridad en Texcoco

 

    Texcoco, Edomex. 8 de abril de 2025. — Un abogado fue ejecutado a balazos la tarde del lunes cuando salía de la Notaría Pública No. 72, ubicada sobre la calle 2 de marzo. Los hechos ocurrieron en pleno centro de Texcoco, cuando la zona era altamente concurrida y, rodeada de oficinas, comerciantes y escuelas, donde testigos se llenaron de terror al escuchar las detonaciones antes de ver el cuerpo de la víctima tirado muerto en la banqueta.

 

Como siempre, tarde, acudieron al lugar los servicios de emergencia y elementos policiacos. Los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, la zona fue acordonada por autoridades municipales para permitir el trabajo de los peritos, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo e iniciaban las indagatorias correspondientes.

 

De acuerdo con reportes preliminares, los agresores habrían huido en un vehículo que los esperaba a unos metros del lugar. Hasta ahora, no hay personas detenidas ni se ha dado a conocer información sobre la identidad del abogado o el móvil del crimen. La Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación para dar seguimiento al caso.

 

Este asesinato se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en el municipio. En lo que va del gobierno del morenista Nazario Gutiérrez Martínez, se contabilizan al menos 14 homicidios, de acuerdo con cifras difundidas por medios locales. La inseguridad ha sido uno de los principales reclamos ciudadanos en redes sociales, sin embargo, al gobierno de la 4T le bale un soberano pepino las necesidades y las exigencias de la ciudadanía.

OTRA PIEDRA EN EL CAMINO DE SHEINBAUM

 

Por: Héctor De Mauleón

 

Ciudad de México. 8 de abril de 2025. La madre buscadora Teresa González Murillo, del colectivo Luz de Esperanza, fue acribillada en el rostro el pasado 27 de marzo: murió unos días después en una unidad de terapia intensiva. Llevaba medio año buscando a su hermano, desaparecido en el estado de Jalisco. Según la información proporcionada por la fiscalía, tres sujetos armados, a bordo de motocicletas, la agredieron para robarle el dinero de unas ventas y una “tanda”.

 

Su asesinato ocurre en un momento en el que el gobierno mexicano, en vez de mostrar empatía con el drama que en todos los estados del país viven los colectivos de búsqueda de desaparecidos, se ha empeñado en desautorizarlos y cubrir de sospechas el trabajo de esas organizaciones.

 

Héctor Flores, uno de los fundadores de Luz de Esperanza, denunció que Teresa González había sido víctima de amenazas en los días previos a la agresión y señaló que una de las hijas de la activista había sido golpeada por integrantes de un grupo criminal que se identificaron como gente “de la plaza”.

 

Al menos 40 integrantes de ese colectivo han sufrido amenazas. Sin embargo, de acuerdo con Flores, ni las autoridades federales ni el gobierno de Jalisco han acudido en su auxilio.

 

El caso del rancho Izaguirre, donde cientos de personas fueron reclutadas por el Cártel Jalisco y en donde, según el relato de sobrevivientes, un número aún indeterminado de personas fueron desaparecidas por el crimen organizado, ha colocado al gobierno de Claudia Sheinbaum en un grave predicamento.

 

A pesar de la estrategia de su gobierno para minimizar y poner en duda lo ocurrido en ese sitio, el saldo para su administración ha sido fundamentalmente negativo.

 

Voceros, medios públicos y propagandistas se han esforzado en acusar la existencia de una campaña sucia, tendiente a exagerar en redes sociales los hallazgos ocurridos en el rancho. Políticos, legisladores y funcionarios de la 4T se han sumado en diversas declaraciones a la ola que procura detener el tsunami provocado por el caso del rancho. El pésimo manejo de la fiscalía general de la República, que barrió y trapeó ese campo de reclutamiento y presunto exterminio antes de permitir hace unos días el ingreso de los colectivos de búsqueda, solo confrontó al gobierno de Sheinbaum con las organizaciones de madres buscadoras y visibilizó a nivel internacional la tremenda crisis de las desapariciones en México.

 

La información, proporcionada también por testigos, de que en el estado de Guerrero grupos de jornaleros fueron reclutados por el gobierno morenista estatal y por administraciones municipales con la promesa de trabajar en campos agrícolas de Estados Unidos, y terminaron luego explotados o a merced de grupos criminales, no hizo sino aumentar un peldaño a la mayor crisis interna que ha enfrentado Sheinbaum en los primeros seis meses de su administración.

 

El viernes pasado, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU anunció el inicio de un procedimiento en México frente a la posibilidad de que en el país, de acuerdo con “información fundamentada” y recibida por el comité, se estén registrando desapariciones forzadas “de manera general o sistemática”.

 

Como ya han señalado diversos analistas, se trata de un asunto absolutamente inédito: el más extremo con que cuenta el comité, según declaró a Animal Político el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro: un acto que podría poner a México, así como al rancho Izaguirre, bajo la lupa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como una forma de acceder “a la verdad y la justicia para miles de familiares que buscan a sus seres queridos”.

 

Desde semanas atrás, fuentes de Palacio Nacional difundían la versión de que el gobierno mexicano no apoyaría la intervención de organismos internacionales en el caso del rancho Izaguirre y las desapariciones forzadas, para no repetir el error que el gobierno de Enrique Peña Nieto cometió al meter al GIEI en el caso Ayotzinapa.

 

La propia titular de la (inexistente) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, no hizo sino confirmar esa versión al declarar que “experiencias previas con misiones extranjeras o medidas impuestas desde el exterior han demostrado poca eficacia y en algunos casos incluso han complicado lo que se pretende remediar”.

 

Piedra argumentó que la postura de la ONU “está descontextualizada” y negó que en México se viva una crisis de desapariciones. Más de 50 mil personas desaparecieron, sin embargo, en el sexenio pasado, y otras seis mil han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del gobierno de Sheinbaum.

 

Aunque al mismo tiempo la secretaria de Gobernación pidió a la ONU que sea “responsable” antes “de hacer acusaciones sin pruebas”, la crisis de las desapariciones, negada durante todo el sexenio de López Obrador, en el que se intentó incluso rasurar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se halla ya bajo el ojo internacional.

 

Una piedra más en el camino de la presidenta y otra herencia maldita del irresponsable gobierno que hundió a México en el horror.