OTRA PIEDRA EN EL CAMINO DE SHEINBAUM
Por: Héctor De Mauleón
Ciudad de México. 8 de abril de 2025. La madre buscadora Teresa
González Murillo, del colectivo Luz de Esperanza, fue acribillada en
el rostro el pasado 27 de marzo: murió unos días después en una unidad de
terapia intensiva. Llevaba medio año buscando a su hermano, desaparecido en el
estado de Jalisco. Según la información proporcionada por la fiscalía,
tres sujetos armados, a bordo de motocicletas, la agredieron para
robarle el dinero de unas ventas y una “tanda”.
Su asesinato ocurre en un momento en el que el gobierno
mexicano, en vez de mostrar empatía con el drama que en todos los estados
del país viven los colectivos de búsqueda de desaparecidos, se ha empeñado
en desautorizarlos y cubrir de sospechas el trabajo de esas
organizaciones.
Héctor Flores, uno de los fundadores de Luz de Esperanza,
denunció que Teresa González había sido víctima de amenazas en los
días previos a la agresión y señaló que una de las hijas de la activista había
sido golpeada por integrantes de un grupo criminal que se
identificaron como gente “de la plaza”.
Al menos 40 integrantes de ese colectivo han sufrido amenazas.
Sin embargo, de acuerdo con Flores, ni las autoridades federales ni el gobierno
de Jalisco han acudido en su auxilio.
El caso del rancho Izaguirre, donde cientos de personas fueron
reclutadas por el Cártel Jalisco y en donde, según el relato de sobrevivientes,
un número aún indeterminado de personas fueron desaparecidas por el crimen
organizado, ha colocado al gobierno de Claudia Sheinbaum en un grave
predicamento.
A pesar de la estrategia de su gobierno para minimizar y poner
en duda lo ocurrido en ese sitio, el saldo para su administración ha sido
fundamentalmente negativo.
Voceros, medios públicos y propagandistas se han
esforzado en acusar la existencia de una campaña sucia, tendiente a
exagerar en redes sociales los hallazgos ocurridos en el rancho.
Políticos, legisladores y funcionarios de la 4T se han sumado en
diversas declaraciones a la ola que procura detener el tsunami provocado por
el caso del rancho. El pésimo manejo de la fiscalía general de la
República, que barrió y trapeó ese campo de reclutamiento y presunto exterminio
antes de permitir hace unos días el ingreso de los colectivos de búsqueda, solo
confrontó al gobierno de Sheinbaum con las organizaciones de madres buscadoras
y visibilizó a nivel internacional la tremenda crisis de las
desapariciones en México.
La información, proporcionada también por testigos, de que en
el estado de Guerrero grupos de jornaleros fueron reclutados por el gobierno
morenista estatal y por administraciones municipales con la promesa de
trabajar en campos agrícolas de Estados Unidos, y terminaron luego explotados o
a merced de grupos criminales, no hizo sino aumentar un peldaño a la mayor
crisis interna que ha enfrentado Sheinbaum en los primeros seis meses de
su administración.
El viernes pasado, el Comité contra las Desapariciones
Forzadas de la ONU anunció el inicio de un procedimiento en México frente
a la posibilidad de que en el país, de acuerdo con “información fundamentada” y
recibida por el comité, se estén registrando desapariciones forzadas “de manera
general o sistemática”.
Como ya han señalado diversos analistas, se trata de un asunto
absolutamente inédito: el más extremo con que cuenta el comité, según declaró a Animal
Político el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro: un acto que
podría poner a México, así como al rancho Izaguirre, bajo la lupa de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, como una forma de acceder “a la verdad y la
justicia para miles de familiares que buscan a sus seres queridos”.
Desde semanas atrás, fuentes de Palacio Nacional difundían
la versión de que el gobierno mexicano no apoyaría la intervención de
organismos internacionales en el caso del rancho Izaguirre y las desapariciones
forzadas, para no repetir el error que el gobierno de Enrique Peña Nieto cometió
al meter al GIEI en el caso Ayotzinapa.
La propia titular de la (inexistente) Comisión Nacional de
Derechos Humanos, Rosario Piedra, no hizo sino confirmar esa versión al
declarar que “experiencias previas con misiones extranjeras o medidas impuestas
desde el exterior han demostrado poca eficacia y en algunos casos
incluso han complicado lo que se pretende remediar”.
Piedra argumentó que la postura de la ONU “está descontextualizada”
y negó que en México se viva una crisis de desapariciones. Más de 50 mil
personas desaparecieron, sin embargo, en el sexenio pasado, y otras seis mil
han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del gobierno de
Sheinbaum.
Aunque al mismo tiempo la secretaria de Gobernación pidió
a la ONU que sea “responsable” antes “de hacer acusaciones sin pruebas”, la
crisis de las desapariciones, negada durante todo el sexenio de López
Obrador, en el que se intentó incluso rasurar el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas, se halla ya bajo el ojo internacional.
Una piedra más en el camino de la presidenta y otra herencia maldita
del irresponsable gobierno que hundió a México en el horror.
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