ALIANZA TÓXICA: HIGINIO, ANTORCHA Y LA GUERRA

 INTERNA QUE SACUDE AL EDOMEX

*Ambición, rupturas y pactos cuestionables adelantan el 2027 y ponen en riesgo la estabilidad política estatal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 22 de marzo de 2026.- Lo que debería ser un proceso político ordenado rumbo a 2027 se ha convertido en una disputa anticipada marcada por la confrontación, las alianzas incómodas y una evidente descomposición interna. En el centro de esta tormenta se encuentra Higinio Martínez Miranda, cuya estrategia política no solo ha encendido las alertas, sino que ha desatado acusaciones de complicidad con grupos históricamente cuestionados.

 

El adelantado arranque de campañas disfrazadas de posicionamiento ha generado una ola de encuestas, rumores y movimientos políticos que exhiben una fractura profunda dentro de Morena en el Estado de México. Junto a Horacio Duarte, el senador ha sido señalado por diversos actores políticos, periodistas y usuarios en redes sociales de impulsar una carrera anticipada que no solo ignora los tiempos electorales, sino que dinamita la cohesión interna del partido.

 

La tensión es evidente. Municipios completos, liderazgos locales y estructuras políticas han comenzado a migrar de un bando a otro, en un reacomodo que huele más a imposición que a consenso. El caso de Tecámac es ilustrativo: una ruptura política abierta que tiene como telón de fondo la influencia directa de Higinio Martínez.

 

Pero el conflicto no se queda en el terreno de las percepciones. Al interior del propio Morena crece el malestar. Militantes han denunciado lo que consideran un intento de desestabilización del gobierno estatal, alimentado por protestas que, aseguran, tienen un trasfondo político. El plantón instalado frente al Palacio de Gobierno, impulsado por Felipe Rodríguez, líder único, vitalicio de la UPREZ, es visto como una maniobra que beneficia directamente al senador.

 

Más grave aún es el tejido de alianzas. En su intento por consolidar poder, Higinio ha abierto la puerta a grupos ligados al viejo priismo, incluyendo corrientes cercanas a Alejandra del Moral. Sin embargo, lo que ha generado mayor indignación es su cercanía con Antorcha Campesina, una organización con altos niveles de rechazo ciudadano.

 

La posibilidad de ver converger a estructuras como la UPREZ y Antorcha Campesina no solo resulta inquietante, sino explosiva. Ambas organizaciones arrastran historiales polémicos y niveles de desaprobación que, lejos de sumar, multiplican el desgaste político.

 

Paradójicamente, mientras algunas encuestas colocan a Higinio Martínez en posiciones competitivas, también revelan un dato contundente: encabeza los niveles de rechazo más alto entre los posibles aspirantes. Es decir, su figura no solo divide, sino que genera una resistencia significativa entre el electorado.

 

Si a esto se suma que Antorcha Campesina es una de las organizaciones con mayor rechazo a nivel nacional, y que la UPREZ enfrenta una percepción similar en el Estado de México, el resultado es una ecuación política adversa. La suma de negativos no solo debilita cualquier aspiración, sino que amenaza con convertir su eventual candidatura en un lastre electoral.

 

En este contexto, la llamada “ciencia política” que presumen dominar parece haber sido sustituida por la urgencia y la ambición. La apuesta es riesgosa: imponer una candidatura con altos niveles de rechazo podría no solo fracasar en las urnas, sino profundizar la crisis interna de Morena.

 

La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿por qué la ciudadanía tendría que pagar el costo de estas disputas de poder? Y más aún, ¿qué sigue en esta escalada? ¿La incorporación de estructuras criminales disfrazadas de sindicatos que son cuestionadas como parte de este bloque político?

 

El escenario es claro: una alianza que, lejos de fortalecer, amenaza con arrastrar al Estado de México a una confrontación política de alto costo social. Porque cuando la ambición supera a la prudencia, los daños no se quedan en la clase política… los termina pagando la gente.

CJNG SIGUE INTACTO TRAS CAÍDA DEL MENCHO; DUDAS SOBRE

 ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FEDERAL

Declaraciones de Omar García Harfuch evidencian la falta de una ofensiva clara para desmantelar la estructura criminal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de marzo de 2026.-** La confirmación de lo evidente terminó por abrir una pregunta incómoda en materia de seguridad nacional: si el Cártel Jalisco Nueva Generación sigue operando con fuerza tras la caída de su líder, ¿por qué el Estado no ha lanzado una ofensiva para desmantelarlo?

 

Ayer, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Gabinete de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, reconoció que el grupo criminal no ha desaparecido pese a la muerte de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

 

“El grupo sigue teniendo presencia nacional, es fuerte y altamente peligroso”, admitió el funcionario, en una declaración que, si bien responde a una pregunta obvia, deja al descubierto la ausencia de una narrativa más contundente: la de una estrategia clara para desarticular al cártel en su momento de mayor vulnerabilidad.

 

Porque, aunque la caída del Mencho representa, en teoría, el golpe más significativo al narcotráfico en los gobiernos recientes —en contraste con la política de “abrazos, no balazos” impulsada por Andrés Manuel López Obrador—, lo cierto es que no se ha anunciado una segunda fase ofensiva contra la estructura criminal.

 

Hasta ahora, no hay señales de operativos dirigidos a capturar o eliminar a los líderes regionales ni a desmantelar las redes financieras del CJNG, pese a que especialistas y mandos militares consideran que ese sería el paso lógico tras la neutralización del capo.

 

Fuentes castrenses señalan que el Ejército estaría listo para avanzar contra los posibles sucesores de Oseguera Cervantes, pero que la orden simplemente no ha llegado desde el más alto nivel del poder, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

La omisión resulta aún más llamativa si se considera la magnitud del conglomerado criminal. El CJNG no es una estructura vertical tradicional, sino una especie de franquicia delictiva que agrupa decenas de células dedicadas no sólo al narcotráfico, sino también al huachicol, trata de personas, tráfico de armas, extorsión, lavado de dinero y control territorial.

 

En ese contexto, la falta de una ofensiva posterior al golpe inicial abre interrogantes inevitables: ¿se trata de una estrategia deliberada o de una pausa inexplicable?

 

Entre las versiones que circulan, una apunta a factores internacionales y políticos. La cercanía de la Copa del Mundo y el temor a una reacción violenta del crimen organizado podrían estar influyendo en la contención de acciones más agresivas, ante el riesgo de generar inestabilidad en el país.

 

Otra línea, más delicada, sugiere tensiones internas y una reconfiguración en la cooperación bilateral en materia de seguridad, con un papel más directo de agencias estadounidenses y del aparato militar mexicano en operativos de alto nivel.

Incluso el nombre del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en el trasfondo, ante las presiones para endurecer la lucha contra los cárteles, las cuales habrían influido en la decisión de ir por el Mencho.

 

Sin embargo, más allá de las versiones, lo único claro es que el CJNG sigue activo, con capacidad operativa y presencia nacional e internacional.

 

La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿ordenará el gobierno federal una ofensiva total para desmantelar a esta organización o permitirá que sus células se reorganicen y nombren a un nuevo líder?

 

Porque si algo ha demostrado la historia del narcotráfico en México es que los vacíos de poder no duran mucho. Y si no se actúa ahora, el riesgo es evidente: que en poco tiempo surja un nuevo “Mencho” y que las cuatro letras sigan imponiendo su ley en amplias regiones del país.

POLICÍAS DE TRÁNSITO DE LA PAZ GOLPEAN A CIUDADANO

 QUE SE NEGÓ A EXTORSIÓN

*Elementos de la patrulla TM-262, bajo el mando de Ismael “La Ardilla” Garduño, evidencian abuso mientras crecen señalamientos contra la alcaldesa Martha Guerrero por tolerar corrupción sistemática

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 20 de marzo de 2026.- La escena es tan indignante como reveladora: policías municipales de tránsito, a bordo de la patrulla TM-262, fueron captados mientras golpeaban a un ciudadano en plena vía pública. Los agresores —dos mujeres y un hombre uniformados— no solo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que, de acuerdo con testigos, actuaron como represalia luego de que la víctima se negara a ser extorsionada.

 

Los hechos, que han comenzado a circular entre vecinos y redes sociales, exponen nuevamente el patrón que desde hace años se denuncia en La Paz: el uso de la corporación de tránsito no para garantizar la seguridad vial, sino como un mecanismo sistemático de cobro ilegal a ciudadanos.

 

UNA ESTRUCTURA QUE PROTEGE ABUSOS

 

Detrás de estos elementos se encuentra el director de tránsito municipal, Ismael Garduño, alias “La Ardilla”, un personaje ampliamente señalado por su historial dentro de las corporaciones policiacas del Estado de México, donde arrastra acusaciones de prácticas corruptas y redes de complicidad con criminales.

 

Lejos de ser un hecho aislado, la agresión refleja una cadena de mando que, por acción u omisión, permite que estos abusos ocurran a plena luz del día. La pregunta es inevitable: ¿quién protege a estos policías?

 

SILENCIO DESDE EL PODER

 

La responsabilidad también alcanza a la alcaldesa de extracción morenista, Martha Guerrero, así como a su operador político y esposo, Tranquilino Lagos Buenabad. Ambos, según múltiples denuncias ciudadanas, conocen perfectamente el comportamiento de la policía de tránsito, cuya reputación está marcada por constantes señalamientos de extorsión.

 

A pesar de ello, no hay acciones contundentes, investigaciones públicas ni sanciones ejemplares. El silencio institucional frente a denuncias reiteradas solo fortalece la percepción de que existe una tolerancia deliberada —o incluso un beneficio directo— de estas prácticas.

 

LA PREGUNTA INCÓMODA

 

Las redes sociales están llenas de testimonios que apuntan en la misma dirección: agentes que detienen sin motivo, amenazas disfrazadas de infracciones y “arreglos” en efectivo para evitar sanciones. Todo esto ocurre sin que la autoridad municipal actúe.

 

En ese contexto, la interrogante que crece entre la ciudadanía es cada vez más directa y corrosiva: ¿Cuánto dinero circula dentro de esta estructura para que quienes gobiernan decidan hacerse de la vista gorda?

 

UN PROBLEMA QUE ESCALA

 

La golpiza registrada no es solo un abuso individual, es el síntoma de una corporación descompuesta, donde la violencia y la corrupción parecen normalizadas. La falta de control interno, sumada a la ausencia de voluntad política, convierte a los ciudadanos en víctimas potenciales de quienes deberían protegerlos.

 

Mientras no haya consecuencias reales, el mensaje es claro: en Los Reyes La Paz, negarse a pagar puede salir caro.

PT AMENAZA CON ROMPER CON MORENA POR CAMBIOS AL PLAN B ELECTORAL

*Denuncian que se alteró el acuerdo sobre la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum y temen uso político del proceso en 2027

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de marzo de 2026.- La aparente unidad del oficialismo en torno al llamado “Plan B” de la reforma electoral comenzó a resquebrajarse. El Partido del Trabajo (PT) abrió la puerta a rechazar la iniciativa, al acusar un rompimiento de acuerdos en las negociaciones sostenidas con el gobierno federal y Morena.

 

De acuerdo con versiones internas del petismo, el respaldo inicial a la propuesta no fue gratuito. El día en que dirigentes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PT salieron públicamente a cerrar filas con la iniciativa, se habría firmado un acuerdo político clave: la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se realizaría en agosto de 2027, es decir, fuera del calendario electoral.

 

Sin embargo, según denuncian los petistas, tras el anuncio de respaldo el contenido del proyecto fue modificado “mágicamente”. El nuevo planteamiento fija la revocación en junio de ese mismo año, coincidiendo con las elecciones federales intermedias y los comicios para renovar gubernaturas, lo que encendió las alertas dentro del PT.

 

La preocupación no es menor. Dirigentes cercanos a Alberto Anaya consideran que la coincidencia de fechas podría abrir la puerta a una intervención directa de la titular del Ejecutivo en el proceso electoral. Bajo el argumento de promover la revocación de mandato, temen que Sheinbaum participe activamente en la contienda, pero no necesariamente para fortalecer a toda la coalición oficialista.

 

En el cálculo petista, el riesgo es claro: que la presidenta utilice su posicionamiento para apuntalar exclusivamente a los candidatos de Morena, relegando —o incluso debilitando— a sus aliados. Este escenario pondría al PT en una posición de desventaja frente a su socio mayoritario, con quien ha mantenido una relación de cooperación, pero también de tensiones soterradas.

 

El episodio exhibe, una vez más, la fragilidad de los acuerdos dentro del bloque gobernante. Aunque públicamente se ha buscado proyectar cohesión, en los hechos persisten disputas por espacios de poder, candidaturas y reglas del juego electoral. La eventual modificación de un compromiso previamente pactado habría sido la gota que derramó el vaso para el PT.

 

En este contexto, el partido enfrenta una decisión estratégica: mantener su respaldo al Plan B, aun con condiciones que considera adversas, o endurecer su postura y rechazar la reforma como medida de presión política. La disyuntiva no es menor, pues implicaría tensar la relación con Morena y el gobierno federal en un momento clave rumbo a 2027.

 

Por ahora, el petismo ha optado por elevar el tono y advertir que no dará un cheque en blanco. En los próximos días se definirá si las huestes de Alberto Anaya ceden ante la presión del oficialismo o, como ha ocurrido en otras coyunturas, deciden “vender caro su amor” y convertir su respaldo en moneda de cambio dentro del tablero político nacional.

EDOMEX: DE ANTORCHA AL UPREZ, LOS “MONSTRUOS” QUE EL

 PODER NO PUEDE CONTROLAR

 

*Del PRI a Morena, el Estado de México repite el mismo error: organizaciones que nacen al amparo del gobierno y terminan chantajeándolo

 

Por: Rodolfo Rodríguez, Martín Ponce y Carlos Recio

 

TOLUCA, Estado de México, 20 de marzo de 2026.– En el Estado de México, la historia política parece condenada a repetirse, y no precisamente en sus mejores capítulos. Existe una regla no escrita que los partidos en el poder han seguido al pie de la letra: crear, tolerar o alimentar estructuras clientelares que tarde o temprano terminan convertidas en verdaderos monstruos políticos.

 

ASÍ OCURRIÓ DURANTE DÉCADAS CON EL PRI Y ANTORCHA POPULAR

 

Lo que comenzó como un movimiento de corte social, terminó transformándose en un aparato de presión y chantaje que operó con total impunidad en municipios clave de la zona oriente como Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca y Chalco. Durante casi 30 años, Antorcha no solo negoció con los gobiernos priistas: los dobló.

 

Sus liderazgos —Aquiles Córdoba Morán, Tolentino Román Bojórquez, Brasil Acosta y Maricela Serrano— perfeccionaron un modelo perverso: un día respaldaban al gobernador en turno y al siguiente bloqueaban calles, organizaban plantones o movilizaban contingentes para exigir recursos, programas sociales o privilegios.

 

Todo bajo un discurso de combate a la pobreza, acceso a la vivienda o impulso a la educación. En la práctica, los beneficios reales rara vez llegaban a la base social; quienes sí prosperaban eran los dirigentes, convertidos en caciques intocables.

 

HOY, CON MORENA EN EL PODER, EL PATRÓN NO SOLO CONTINÚA: SE RECICLA

 

La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), encabezada por el exdiputado local y federal perredista y hoy flamante dirigente de Morena, Felipe Rodríguez Aguirre, se perfila como el nuevo “Antorcha” de la llamada Cuarta Transformación. Con un discurso similar y tácticas prácticamente calcadas, esta organización ha comenzado a tensar la relación con el gobierno estatal.

 

Hace apenas unos meses, en septiembre pasado, la UPREZ llenó puentes peatonales y vialidades principales como Paseo Tollocan con propaganda para felicitar a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su Segundo Informe de gobierno. Hoy, ese respaldo se transformó en presión directa: mantienen un plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno en Toluca.

 

¿LA EXIGENCIA? RECURSOS PÚBLICOS PARA RODRÍGUEZ AGUIRRE Y OTROS LÍDERES DE MORENA

 

Recursos para vivienda, educación y programas sociales, principalmente en la zona oriente del estado. Exactamente el mismo libreto que durante años utilizó Antorcha Campesina.

 

El mensaje es claro: primero se construye cercanía con el poder, luego se ejerce presión para obtener beneficios. Una relación basada no en gobernabilidad, sino en chantaje político.

 

Lo más preocupante no es la existencia de estos grupos, sino la permisividad del gobierno estatal. La administración de Delfina Gómez parece repetir el error histórico del PRI: tolerar estructuras que no representan a la ciudadanía, pero que sí tienen capacidad de movilización y presión.

 

El resultado es un círculo vicioso donde organizaciones como Antorcha o UPREZ no solo sobreviven, sino que se fortalecen, mientras la población sigue atrapada entre promesas incumplidas y liderazgos que lucran con la necesidad.

 

Hoy, nombres como Aquiles Córdoba Morán, Tolentino Román Bojórquez, Brasil Acosta, Maricela Serrano y Felipe Rodríguez Aguirre generan rechazo entre amplios sectores estudiantiles y ciudadanos. Sin embargo, ese descontento social no se traduce en acciones de gobierno.

 

POR EL CONTRARIO, LA TOLERANCIA INSTITUCIONAL LOS MANTIENE VIGENTES

 

El problema de fondo es estructural: el poder en el Estado de México sigue apostando por la misma fórmula desgastada, donde las organizaciones sociales dejan de ser interlocutores legítimos para convertirse en grupos de presión que condicionan la gobernabilidad.

 

ANTORCHA FUE EL MONSTRO DEL PRI, UPREZ AMENAZA CON SER EL DE MORENA

 

La pregunta ya no es si el gobierno puede controlarlos. La pregunta es cuánto tiempo más está dispuesto a seguir alimentándolos.

ENCUESTAS A MODO Y REALIDADES INCÓMODAS: EL ESPEJISMO

 DEL “ÉXITO” EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Encuestas a modo frente a un estado marcado por la inseguridad, la desigualdad y la simulación gubernamental

 

TOLUCA, Estado de México, 18 de marzo de 2026.- Desde las oficinas del poder con sede en la capital mexiquense se insiste, una y otra vez, en construir una narrativa triunfalista que poco tiene que ver con lo que viven millones de mexiquenses todos los días. Ahora, con el respaldo de una encuesta de la empresa FactoMétrica, el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez pretende vender la idea de que la percepción ciudadana ha mejorado sustancialmente. Pero detrás de los números alegres, la realidad sigue siendo mucho más dura.

 

El 65.1% de aprobación que presume el boletín no es más que una cifra que, en el mejor de los casos, refleja percepciones superficiales y, en el peor, una herramienta de propaganda cuidadosamente construida. Porque si algo caracteriza al Estado de México no es precisamente la bonanza económica ni la tranquilidad social, sino la precariedad laboral, la informalidad y la inseguridad que persistente.

 

Hablar de “avance” en generación de empleos resulta, por decir lo menos, ofensivo para miles de mexiquenses que sobreviven en condiciones de subempleo o dentro de la economía informal. Los empleos que se generan —cuando existen— suelen ser mal pagados, sin prestaciones y sin estabilidad. No hay política pública sólida que esté transformando el mercado laboral; lo que hay es maquillaje estadístico.

 

En cuanto a los programas sociales, el gobierno estatal intenta capitalizar políticamente su implementación, pero evita hablar de su uso como mecanismos clientelares. Lejos de ser herramientas de desarrollo estructural, estos apoyos muchas veces funcionan como paliativos temporales que no atacan las causas de fondo de la pobreza ni la desigualdad.

 

Pero donde el discurso oficial se vuelve francamente insostenible es en materia de seguridad. Presumir un incremento de casi 10 puntos en la percepción positiva, mientras el propio boletín reconoce que casi el 60% de la población considera la inseguridad como el principal problema, es una contradicción evidente. Es, en realidad, un intento por imponer una narrativa que no resiste el contraste con los hechos.

 

En municipios del oriente del estado, como Ciudad Nezahualcóyotl, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec o Los Reyes La Paz, la percepción no es la de una mejora, sino la de abandono. Extorsiones, robos, presencia del crimen organizado y cobro de derecho de piso forman parte de la cotidianidad, aunque no aparezcan en los boletines oficiales.

 

El problema de fondo no es la encuesta en sí, sino el uso político que se le da. Se pretende sustituir la realidad con cifras, como si los datos pudieran borrar la experiencia diaria de inseguridad, desigualdad y falta de oportunidades. Es una estrategia conocida: repetir una mentira suficientes veces hasta intentar convertirla en verdad.

 

Sin embargo, la realidad termina por imponerse. Y esa realidad no se mide en porcentajes, sino en calles inseguras, en negocios que cierran por extorsión, en jóvenes sin oportunidades y en familias que viven con miedo.

 

El gobierno estatal puede seguir difundiendo números optimistas, pero mientras no exista un cambio real y tangible en la vida de la gente, cualquier encuesta favorable será vista por amplios sectores de la población como lo que realmente es: propaganda disfrazada de medición.

SIMULACIÓN DE SEGURIDAD EN EL EDOMEX: CIFRAS INFLADAS, VIOLENCIA REAL

 

*Mientras el gobierno presume operativos y detenciones, ejecuciones, extorsiones y control criminal del agua exhiben un Estado rebasado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 18 de marzo de 2026.- En el papel, todo parece funcionar. Operativos con nombres rimbombantes, cifras que superan las 400 detenciones y decomisos que buscan proyectar una estrategia integral contra el crimen. Pero fuera del boletín oficial, la realidad en el Estado de México cuenta otra historia: la violencia no cede, se adapta y, en muchos casos, se fortalece.

 

La narrativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, junto al secretario general de gobierno Horacio Duarte, así como el secretarios de seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo y el fiscal José Luis Cervantes Martínez, insiste en vender eficacia. Sin embargo, en las calles —de Ecatepec a Nezahualcóyotl, Los Reyes la Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan y de Texcoco, así como al sur mexiquense— la percepción ciudadana está lejos de coincidir con esos números.

 

Porque mientras el gobierno presume más de 400 detenciones en dos años, la pregunta es inevitable: ¿cuántos de esos detenidos eran realmente operadores clave del crimen y cuántos simples eslabones reemplazables? La delincuencia organizada no se desarticula con cifras acumulativas, sino con resultados sostenidos. Y esos no se ven.

 

Las llamadas “macrooperaciones” —Enjambre, Caudal, Restitución, Liberación— parecen más ejercicios de comunicación política que estrategias de fondo. Se anuncian cateos, aseguramientos e investigaciones, pero en paralelo crecen fenómenos que evidencian la fragilidad institucional:

 

Ejecuciones que no cesan, muchas con signos de ajuste de cuentas. Extorsión sistemática, donde comerciantes, transportistas y pequeños empresarios pagan cuotas de supervivencia. Cobro de derecho de piso generalizado, ya no como excepción, sino como regla en amplias zonas del estado. Control del agua por grupos criminales, un fenómeno particularmente grave que no podría sostenerse sin redes de complicidad.

 

El propio gobierno reconoce haber intervenido tomas clandestinas y pozos. Pero lo que no dice es lo esencial: el negocio del agua ilegal no es posible sin protección política y omisión institucional. Es decir, el problema no es solo criminal, es estructural.

 

La llamada Operación Enjambre, que presume detenciones de funcionarios, confirma lo que la ciudadanía ya sabe: la infiltración del crimen en las instituciones no es un caso aislado, sino un sistema. Y si hay 60 detenidos, la duda es cuántos más siguen operando con total impunidad.

 

En este contexto, los boletines oficiales se convierten en instrumentos de propaganda. Se repiten cifras, se duplican párrafos, se inflan resultados. Pero no logran ocultar lo evidente: el Estado no ha recuperado el control territorial.

 

Hoy, en muchas regiones del Estado de México, la autoridad formal convive —o cede— ante una autoridad paralela impuesta por grupos criminales. Ellos fijan precios, controlan servicios, deciden quién trabaja y quién no.

 

Y frente a eso, ningún número, ningún operativo y ningún boletín alcanza para sostener la narrativa de éxito.

 

Porque la verdadera medición no está en los comunicados oficiales, sino en una pregunta simple: ¿vive hoy más segura la gente?

 

La respuesta, en la mayoría del territorio mexiquense, sigue siendo un rotundo no.

LA FERIA DEL DISCURSO: TEXCOCO ENTRE EL NEGOCIO POLÍTICO, EL DERECHO DE PISO Y LA GUERRA INTERNA DE MORENA

 

*Mientras Delfina Gómez presume empleos y prosperidad, empresarios denuncian cobros, extorsiones y la ausencia de Higinio Martínez deja al descubierto la fractura en la 4T mexiquense

 

Por: Rodolfo Rodríguez y Martín Ponce

 

TEXCOCO, Estado de México, 14 de marzo de 2026.- La inauguración de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026 volvió a mostrar una escena que se repite cada año en la política mexicana: discursos optimistas desde el templete y una realidad muy distinta en las calles.

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el arranque del evento que desde 1977 se promociona como uno de los más importantes del Estado de México. Durante su intervención habló de tradición, identidad, orgullo texcocano y de un supuesto impulso económico para la región.

 

Sin embargo, muchas de las cosas que señaló la mandataria simplemente no corresponden con lo que ocurre en el municipio.

 

En su discurso aseguró que la feria generará hasta 20 mil empleos directos e indirectos y que el evento representa una gran derrama económica para comerciantes, prestadores de servicios y familias de la región.

 

Pero en la práctica, quienes realmente conocen el funcionamiento de la feria saben que ese beneficio no llega de manera pareja.

 

Primero, porque hacer negocio en Texcoco no es sencillo para cualquiera. Gran parte de los espacios y oportunidades terminan en manos de empresarios cercanos al gobierno municipal o vinculados con los grupos políticos que controlan el ayuntamiento.

 

Segundo, porque el propio gobierno local cobra prácticamente por todo: permisos, espacios, accesos y diferentes trámites que terminan reduciendo al mínimo las ganancias de quienes intentan participar como comerciantes.

 

Pero el problema más delicado es otro del que nadie habló durante la inauguración.

 

En Texcoco, como ocurre en muchas zonas del Estado de México, la presencia del crimen organizado es una realidad que se intenta ocultar. Empresarios, comerciantes y prestadores de servicios viven bajo la presión permanente del cobro de derecho de piso, una práctica que se ha vuelto parte de la vida cotidiana en diversas actividades económicas.

 

El resultado es evidente: los ingresos que presume el gobierno terminan diluyéndose entre cuotas oficiales, cobros municipales y extorsiones criminales, mientras las autoridades hacen como si el problema no existiera.

 

Así, la feria puede atraer visitantes y generar movimiento económico, pero eso no significa que el dinero llegue realmente a los trabajadores o a los pequeños comerciantes.

 

LA SILLA VACÍA DE TEXCOCO

 

Pero si algo llamó la atención durante la inauguración no fue lo que se dijo en el discurso… sino quien no estuvo presente.

 

El gran ausente fue el senador texcocano Higinio Martínez Miranda, uno de los personajes más influyentes de la política mexiquense durante las últimas décadas y considerado el verdadero operador del grupo político que dominó Texcoco por años.

 

Su ausencia en un evento emblemático para su propio municipio no fue un simple descuido protocolario.

 

Dentro de Morena, cada vez son más las voces que reconocen que la unidad en el Estado de México está fracturada y que el senador lleva tiempo construyendo un rompimiento interno dentro de la llamada Cuarta Transformación mexiquense.

 

Según diversos actores políticos, Higinio Martínez Miranda trabaja día y noche para reorganizar su propio bloque de poder, incluso si eso significa confrontar al grupo político que hoy gobierna la entidad.

 

El problema es que, según personas cercanas al propio senador, su capacidad política ya no es la misma.

 

Los años pesan y quienes lo conocen aseguran que ya no tiene la energía ni la fuerza que lo caracterizó durante décadas, pero aun así mantiene la obsesión de volver a disputar el control político del Estado de México.

 

Una ambición que, paradójicamente, podría terminar debilitando al propio Morena en la entidad.

 

LOS PACTOS INCÓMODOS

 

A esto se suma otro elemento que comienza a generar inquietud dentro del partido: los acercamientos políticos con el antorchismo, una organización que durante años ha sido señalada por conflictos violentos y prácticas de presión política en distintas regiones del país.

 

Que estos acuerdos se estén construyendo en medio de la disputa interna solo confirma que la lucha por el poder dentro de Morena en el Estado de México está lejos de resolverse.

 

LA FIESTA… Y LA REALIDAD

 

Mientras en el templete se hablaba de orgullo, identidad y desarrollo económico, en las calles de Texcoco muchos comerciantes tienen una percepción mucho más clara de lo que realmente ocurre.

 

La feria sigue siendo un evento popular, lleno de música, caballos, comida y espectáculos. Pero detrás de la fiesta también se esconde la misma realidad política que domina buena parte del Estado de México: negocios para unos cuantos, presiones para muchos y silencios convenientes para quienes gobiernan.

 

Porque al final, más allá del corte de listón y de los discursos oficiales, la Feria del Caballo también es el reflejo de cómo funciona el poder en Texcoco.

 

Y en esa historia, el dinero, la política y las rupturas internas dentro de Morena parecen pesar mucho más que las tradiciones que tanto se presumen desde el templete.

SEÑALAMIENTOS POR NARCOPOLÍTICA PERSIGUEN A LEONEL

 GODOY Y A SU GRUPO EN MICHOACÁN

 

Fuente: Narcopolíticos, es un registro de los políticos, burócratas, empresarios y otros personajes públicos que han protegido o colaborado con el crimen organizado en México. La complicidad de los agentes estatales y privados con las organizaciones criminales ha sido fundamental para que estas organizaciones pudieran extender su poder y dominio por todo el país. Al exponer estas complicidades, buscamos luchar contra la impunidad (jurídica y social) que ha tolerado estos abusos. Las y los mexicanos no estamos condenados a vivir sometidos a la violencia ni a la corrupción.

 

*Investigaciones, audios y operativos federales han vinculado al entorno del exgobernador Leonel Godoy Rangel con el crecimiento de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, mientras su grupo político busca mantenerse en el poder en el estado rumbo a la elección de 2027.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo de 2026.- El exgobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel (2008-2012), fundador del PRD y posteriormente aliado de Morena, ha sido señalado en distintos informes, investigaciones periodísticas y denuncias públicas por presuntos vínculos políticos con el crimen organizado en el estado.

 

Durante su carrera ocupó cargos clave como secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2000-2002) y secretario de Gobierno en la administración de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008). En ese periodo surgió y se expandió La Familia Michoacana, organización que posteriormente derivó en Los Caballeros Templarios durante su gubernatura.

 

Diversos audios y videos difundidos entre 2010 y 2015 vinculan a su entorno político con Servando Gómez Martínez, uno de los líderes templarios. Entre ellos destacan conversaciones entre el narcotraficante y Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador, quien fue acusado por autoridades federales de operar redes de protección política para La Familia Michoacana y posteriormente fue desaforado y se dio a la fuga.

 

Durante el llamado Michoacanazo de 2009, un operativo federal ordenado durante el gobierno de Felipe Calderón, fueron detenidos 38 funcionarios locales por presuntos vínculos con el crimen organizado, varios de ellos integrantes del gobierno o del grupo político de Godoy.

 

Informes de inteligencia militar filtrados en 2015 señalaron que durante su sexenio los cárteles se fortalecieron en Michoacán y que existía un modelo político-criminal basado en la intervención del narco en procesos electorales. Este esquema, según analistas y documentos citados en investigaciones periodísticas, habría favorecido la permanencia del mismo grupo político en el poder estatal.

 

Ese grupo —integrado actualmente por figuras como Alfredo Ramírez Bedolla y Raúl Morón Orozco— ha gobernado Michoacán durante la mayor parte del periodo entre 2002 y 2027, con excepción del breve gobierno priista de Fausto Vallejo.

 

Al final de su administración, el propio Godoy reconoció el deterioro de la seguridad en el estado. Para entonces, Los Caballeros Templarios habían consolidado cientos de células operativas y la violencia se había disparado, con miles de homicidios, secuestros y extorsiones registrados durante ese periodo.

BALACERA POR DISPUTA DEL NARCO EN LOS REYES LA PAZ DEJA MADRE Y NIÑO MUERTOS; OTRA MENOR LUCHA POR SU VIDA

 

* El ataque armado ocurrió mientras la mujer caminaba con sus hijos; vecinos denuncian que la violencia es ya insostenible en el municipio gobernado por Martha Guerrero Sánchez, mientras los responsables huyeron y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aún no reporta detenidos.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 14 de marzo de 2026.— La violencia desatada por la disputa de la plaza entre grupos criminales volvió a teñir de sangre las calles del municipio gobernado por Morena. La noche del viernes 13 de marzo, una mujer de 32 años y su hijo de apenas 11 años fueron asesinados a balazos, mientras que una adolescente de 15 años —hija y hermana de las víctimas— resultó gravemente herida durante un ataque armado ocurrido en la vía pública.

 

Habitantes de la zona aseguran que la violencia en el municipio ya es insostenible y que la población vive bajo un clima permanente de miedo, mientras los enfrentamientos entre grupos delictivos por el control del narcomenudeo siguen cobrando víctimas inocentes.

 

De acuerdo con testimonios de vecinos y curiosos que presenciaron los hechos, la mujer caminaba por la calle acompañada de sus dos hijos cuando sujetos armados abrieron fuego repentinamente. Presuntamente, el ataque estaba dirigido contra narcomenudistas que operan en el lugar, señalado por pobladores como un punto de venta de “grapas” de cocaína, pero en ese momento la madre y los menores pasaban por la zona y quedaron atrapados en medio de la balacera.

 

El resultado fue devastador: la mujer y su hijo de 11 años murieron en el lugar, mientras la adolescente de 15 años fue trasladada de emergencia a un hospital debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

 

Como ocurre en la mayoría de los hechos violentos en el municipio, los agresores lograron escapar sin ser detenidos, dejando otra escena de muerte que solo fue atendida después por policías municipales, quienes acordonaron la zona cuando ya nada podía hacerse por las víctimas.

 

La tragedia ocurre apenas días después de que la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez pronunciara un discurso público con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, en el que hablaba del empoderamiento de las mujeres en el municipio. Sin embargo, para muchos ciudadanos esas palabras contrastan brutalmente con la realidad de violencia que enfrentan las mujeres en las calles de La Paz.

 

Vecinos y organizaciones ciudadanas ahora exigen que la alcaldesa —quien, aseguran, cogobierna el municipio junto con su esposo Tranquilina Lagos Buenabad— exija resultados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para esclarecer este doble homicidio que dejó además a una menor gravemente herida y a una familia destrozada.

 

A la indignación social se suma otro señalamiento que ha circulado desde hace meses entre medios de comunicación y actores políticos locales: las presuntas relaciones con el crimen organizado de Isaías Ramírez Real, quien pese a esas advertencias fue designado como jefe operativo de la policía municipal.

 

Mientras tanto, el comisario de seguridad pública, el contraalmirante Eduardo Fouilloux Bataller, es señalado por críticos como una figura meramente decorativa en medio de la escalada criminal que golpea al municipio.

 

Entre discursos oficiales y promesas de seguridad, la realidad en Los Reyes La Paz vuelve a quedar marcada por la sangre de ciudadanos inocentes, atrapados en una guerra criminal que las autoridades, hasta ahora, no han logrado contener.

UNIFORMES NUEVOS, VIEJOS PROBLEMAS: EN NEZA PRESUMEN EQUIPAMIENTO POLICIAL MIENTRAS PERSISTEN EXTORSIONES

 

*Críticos señalan que, pese a más de cuatro años de gobierno de Adolfo Cerqueda Rebollo, comerciantes siguen denunciando cobros de “derecho de piso” en distintos puntos del municipio

Por: Martín Ponce, Carlos Recio y Rodolfo Rodríguez

 

CIUDAD Nezahualcóyotl, Estado de México.— Mientras el gobierno municipal presume la entrega de 2 mil 300 uniformes al personal operativo de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, comerciantes y empresarios locales sostienen que el problema de las extorsiones y las abundantes tienditas donde se comercializan drogas, como cocaína y cristal, sigue siendo una de las principales preocupaciones en el municipio.

 

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo informó que la entrega simbólica de uniformes forma parte de las acciones para mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad, así como fortalecer las capacidades operativas de la policía municipal y los cuerpos de emergencia.

 

Durante el evento, el edil reconoció la labor de los policías y adelantó que su administración continuará invirtiendo en la consolidación del Centro de Formación Policial de nivel A, además de proyectar la construcción de una escuela de manejo para capacitar a nuevos elementos.

 

Sin embargo, distintos sectores comerciales advierten que la realidad en las calles dista mucho del discurso oficial. Sobre todo porque los policías municipales les cobran renta a los narcomenudistas a cambio de no molestaros.

 

Además, en el municipio, señalan, prácticamente todos los niveles del comercio enfrentan cobros de “derecho de piso”: desde empresarios grandes y medianos hasta pequeños comerciantes, vendedores de tianguis, puestos de comida, comerciantes de verduras o vendedores de ropa usada americana.

 

De acuerdo con testimonios de comerciantes, estos cobros ilegales se han convertido en una práctica extendida en distintas zonas del municipio, situación que, afirman, no ha sido frenada pese a que el actual alcalde se encuentra en su segundo periodo al frente del gobierno local, lo que representa más de cuatro años de administración.

 

Incluso, algunos denunciantes sostienen que en muchos de los casos elementos de la propia policía municipal estarían implicados en esquemas de presión o extorsión, lo que agrava la desconfianza hacia las autoridades encargadas de garantizar la seguridad.

 

En este contexto, críticos del gobierno municipal señalan que este tipo de eventos públicos —como la entrega de uniformes— coinciden con un momento político particularmente sensible, ya que diversos actores han advertido que Morena se encuentra realizando actividades que podrían interpretarse como campañas adelantadas, lo cual está prohibido por la legislación electoral.

 

Así, mientras el ayuntamiento habla de fortalecer a la policía y mejorar la seguridad, comerciantes y ciudadanos insisten en que el verdadero reto sigue siendo frenar las extorsiones, la venta de cocaína y cristal y recuperar la confianza en las instituciones de seguridad.

 

Porque para muchos habitantes de Nezahualcóyotl, el problema no es la falta de uniformes… sino la ausencia de resultados contra el crimen que afecta directamente su economía y su vida cotidiana.