LOS ABANDONADOS
Héctor De Mauleón
27 de enero de 2021.
*“Me siento abandonado, humillado. Y ahora el INSABI me
niega el beneficio de gratuidad. Es un infierno”
Isidro H. 60 años. Ocupación: albañil. En febrero del año
pasado sufrió una pérdida anormal de peso. Vinieron vómitos, mareos, una
descompensación general. Fue atendido en un centro de salud. El diagnóstico fue
posible tumoración en el riñón izquierdo y en el lóbulo hepático izquierdo.
Se le envió al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”. Ahí el diagnóstico se confirmó. Los tumores
tenían características malignas.
El “Salvador Zubirán” fue convertido al poco tiempo en
un hospital Covid. Comenzaba la emergencia que el Presidente de México
creía que iba a terminar en abril, según dejó ver en una de sus “mañaneras”.
Isidro H fue una de esas miles de personas que de la noche a la mañana se
quedaron aferrados con las uñas al borde de un amargo precipicio. Le entregaron
una hoja de referencia: “Debido a la situación actual de contingencia
institucional por Covid-19 no se cuenta con capacidad para realizar biopsia de
tumoración renal de manera segura, ni para ofrecer tratamiento oncológico
subsecuente…”.
Fue referido al Instituto Nacional de Cancerología, INCAN.
Le abrieron expediente hasta el 15 de mayo. En la especialidad de
Gastroenterología le informaron que se trataba de un cáncer agresivo y que
requería cirugía, “en virtud de que podía hacer metástasis en pulmones y
huesos”. Le solicitaron una serie de estudios de urgencia para prepararlo para
la operación.
El 1º de junio, Isidro H fue enviado a realizarse los mismos
estudios que ya se había realizado, así como un PET-Scanner ya que existía la
posibilidad de que el cáncer hubiera avanzado a otros órganos. Resultó
imposible practicar el estudio: “No se contaba con el material necesario para
realizarlo”, relata Isidro.
Sin recibir tratamiento médico de ningún tipo, y con una
crisis de salud que ya no le permitía tenerse en pie, ni probar ni retener
alimento a consecuencia de los dolores que sentía, Isidro H perdió el
conocimiento. Para entonces llevaba tres días sin poder comer. El 25 de junio,
sus familiares lo llevaron a Urgencias del INCAN. “En dicha institución
únicamente me pusieron suero y me dieron un medicamento para las náuseas”,
relata. Le indicaron que de momento no podían hacer más “debido a la
contingencia sanitaria que presenta el país”.
En total, pasaron cinco meses sin que él recibiera ningún
tipo de tratamiento. En ese tiempo bajó 30 kilos. Su salud se fue menoscabando
al punto de que necesitaba ayuda para ponerse en pie o para ir al baño. Perdió
el trabajo y se fue quemando los ahorros que había logrado a lo largo de su
vida.
Una abogada, Perla Moctezuma, quien se ofreció a ayudarle
sin cobrar un centavo, tramitó un juicio de amparo en el juzgado duodécimo en
materia administrativa de la Ciudad de México (expediente 663/2020). La
sentencia resolvió que en 24 horas las autoridades responsables —la Secretaría
de Salud, el INSABI y el INCAN— debían otorgar a Isidro la atención médica
necesaria.
Durante 20 días más no recibió absolutamente nada. No solo
eso, el INCAN y el INSABI se inconformaron contra la sentencia, a la que
declararon “excesiva e incongruente”.
El INCAN manifestó que algunas de las enfermedades que
Isidro padecía —obesidad, diabetes, dislipidemia, etcétera— “se derivaban
de sus malos hábitos alimenticios” y eran “responsabilidad del paciente y no
del Instituto”.
El INSABI declaró que no había recibido recursos del
gobierno de la ciudad (según acuerdo firmado en febrero de 2020) para
garantizar la prestación gratuita de servicios de salud).
Isidro siguió sin recibir ningún tipo de medicamento
oncológico. Pero le dieron fecha para la operación: 20 días después de lo que
la sentencia había indicado: el 23 de julio de 2020.
Un día antes le informaron que debía pagar 20 mil pesos
“para la renta de un aparato”, según dice, que iba a usarse durante la
intervención. “Nos dijeron que si no llevábamos el dinero, tendrían que
cancelar, que la operación no podría hacerse sin ese aparato”, relata la hija
de Isidro.
A pesar de todo decidieron ir, acompañados por su abogada.
La operación al fin se llevó a cabo. Mientras convalecía, a Isidro le
reclamaron que además de negarse a pagar hubiera llevado a una abogada que lo
amenazó. Dice su hija que para darlo de alta les cobraron 37 mil pesos.
Por todo medicamento, le dieron paracetamol y unos
antibióticos.
En agosto le hicieron por fin el PET-Scanner. Se decidió que
eran necesario hacer otra intervención para retirar el riñón. Se la hicieron el
3 de noviembre.
Hace unos días, un año después de la primera consulta, a
Isidro le dijeron que el mal estaba muy extendido y que ya era imposible
someterlo a un tratamiento de quimioterapia. Le recetaron un medicamento,
“Nexavar”. Su costo es de 73 mil pesos.
“Me siento abandonado, humillado. Fui beneficiario del
Seguro Popular con una vigencia del 3 de agosto de 2018 al 2 de agosto de 2021.
Y ahora el INSABI me niega el beneficio de gratuidad. Ya no tengo dinero. No
puedo trabajar. Me mareo, me he caído tres veces. Mi cerebro está dando
vueltas. Muchas noches no duermo, me la paso llorando. Es un infierno, un
infierno, pero hay que pasarlo”, dice Isidro.
Un médico le dijo, por todo consuelo: “Le tocó, señor, la
enfermedad y lo del Covid”.
“Yo ya solo estoy a lo que Dios diga”, agrega Isidro.
Todavía no se sabe cuántas decenas de miles de mexicanos
están o estuvieron así, exactamente así.
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