AMLO, EN RUTA DE LA REGRESIÓN
*Cada una de las 10 autonomías, cual más, cual menos, todas
parecen hoy bajo acoso
Por; Roberto Rock L.
Ciudad de México 10 de enero de 2021. Enfrentado a una
crisis agudizada en los frentes de la pandemia, la economía, una rebelión
interna en Morena, y con la perspectiva de una mala relación con el
gobierno Biden en Estados Unidos, el presidente López
Obrador intentó la semana pasada una falsa huida hacia adelante:
sentenciar a muerte a órganos autónomos, aun si ello supone una regresión en
avances fundamentales incorporados a la Constitución en los últimos 20 años.
Un primer acercamiento obligaría a entender como una cortina
de humo, surgida del indudable olfato político presidencial, el amago de
integrar al gobierno central a los institutos federales de Telecomunicaciones (IFT)
y el de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales (INAI).
La justificación declarada por el propio Presidente, de
ahorrar gastos al Estado, resulta ridiculizada cuando se compara el presupuesto
anual de, por ejemplo, el INAI (905 millones de pesos), con los 1,800 millones
gastados en dos años para promover las aficiones del tabasqueño, como el
béisbol, lo que ha incluido adquirir bajo condiciones sospechosas dos estadios
en Sonora.
Sin embargo, hay que aceptar que López Obrador muestra
consistencia en su repudio hacia los órganos autónomos. Así lo hizo como jefe
de Gobierno en la capital del país, cuando intentó doblegar a la autoridad
electoral y a las entidades protectoras de la transparencia y a la de derechos
humanos mediante la inanición financiera. Como ocurre ahora, su
administración estuvo dominada por la opacidad.
Cada una de las 10 autonomías bajo protección
constitucional, desde la del Banco de México a la del INEGI, pasando por
la universitaria, el INE o la CNDH, han formado parte de un esfuerzo para
perfeccionar al Estado, ofreciendo un contrapeso al exacerbado presidencialismo
mexicano. Cual más, cual menos, todas parecen hoy bajo acoso.
Así como el IFT busca oponerse a la captura del Estado por
parte de los enormes intereses del sector de las telecomunicaciones, derechos
de nueva generación, como el del acceso a la información en manos del poder,
abren espacios a los ciudadanos en la toma de decisiones de política pública.
Se trata de una enorme herramienta para exhibir a los servidores ineptos o
venales. Con ella se combate la corrupción en los hechos, no solo en prédicas
como las que se practican cotidianamente en Palacio Nacional.
El acceso a la información pública no puede depender de la
buena voluntad de la 4T (en caso de que existiera). Derruir este logro, que ha
tenido sucesivas mejoras, supondría sepultar lo que quizá sea el mayor impulso
democrático de los últimos 20 años. Representaría una grave derrota en la larga
batalla entre un Estado protector de libertades y uno autoritario.
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