LA REALIDAD DE LA NOTICIA

MORENA EN EDOMEX SE RESQUEBRAJA PESE A DISCURSO OFICIAL DE UNIDAD   *Horacio Duarte intenta contener la crisis, pero crecen las acusacio...

jueves, 8 de enero de 2026

VERDE POR FUERA, NEGRO POR DENTRO: EL PVEM PRESUME LEYES MIENTRAS APADRINA IMPRESENTABLES

 

*Más de 100 iniciativas “verdes” no alcanzan para tapar la podredumbre política y criminal que rodea al partido en el oriente del Edomex

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



TOLUCA, Estado de México, 8 de enero de 2025.- Al cierre de 2025, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de México salió a presumir un balance legislativo “favorable”: más de 100 instrumentos impulsados, decenas de reformas aprobadas y un discurso edulcorado sobre sostenibilidad, bienestar y medio ambiente. Un informe de autoelogio que, leído sin contexto, podría parecer un ejemplo de responsabilidad pública.

 

Pero fuera del boletín, lejos del papel y de los discursos, la realidad del Verde en el Estado de México es otra: una estructura política infestada de personajes con señalamientos criminales, vínculos con la delincuencia organizada, abuso de poder y una impunidad que huele a complicidad.

 

El coordinador parlamentario del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, habla de “poner a las personas en el centro de las decisiones públicas”, mientras guarda silencio frente a los perfiles que su partido impulsa en los municipios más golpeados por la violencia. Un silencio que ya no es omisión, sino corresponsabilidad política.

 

LEYES VERDES, TERRITORIOS ROJOS

 

El Verde presume la prohibición de plásticos de un solo uso, el combate a la tala ilegal, la protección de la Mariposa Monarca, los certificados verdes y hasta el derecho a la alimentación. Sin embargo, ¿de qué sirve legislar sobre agua y medio ambiente cuando en la zona oriente del Edomex el control del agua está, en manos del crimen organizado ligado a cuadros del propio partido?

 

El informe legislativo omite deliberadamente el lado oscuro del crecimiento del Partido Verde en el Estado de México, particularmente en la zona oriente de la entidad, donde el partido ha impulsado y protegido a personajes con graves señalamientos criminales.

 

CHALCO: UNA CANDIDATURA MANCHADA DE SANGRE

 

Uno de los casos más graves es el de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, regidor del PVEM en el municipio de Chalco durante el periodo 2025–2027 y líder del grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”.

 

Actualmente, El Jimmy se encuentra recluido en el penal Neza-Bordo, acusado de extorsión y secuestro. De acuerdo con diversas denuncias y reportes locales, Castillo Grimaldo ejercía control sobre pozos de agua en la zona oriente del Estado de México, encabezaba redes de extorsión al transporte público y a comerciantes, y estaría presuntamente vinculado con el asesinato de conductores de pipas de agua que se negaron a pagar derecho de piso.

 

Pese a estos antecedentes, José Alberto Couttolenc Buentello tenía conocimiento de los señalamientos y aun así avaló su candidatura, un hecho que compromete directamente la responsabilidad política del dirigente estatal del PVEM.

 

TEMAMATLA: UN ALCALDE BAJO INVESTIGACIÓN

 

En el municipio de Temamatla, el alcalde emanado del PVEM, José Gómez Hernández, enfrenta una investigación por intento de homicidio, luego de que presuntamente intentara asesinar a balazos a un chofer de transporte público tras un incidente vial.

Versiones ciudadanas señalan que el edil habría conducido a exceso de velocidad después de una noche de consumo de drogas. La investigación sigue abierta, mientras la dirigencia estatal del Verde, encabezada por Couttolenc, no ha fijado postura pública alguna.

 

LOS REYES LA PAZ: EL RECICLAJE DE LA VIOLENCIA

 

En Los Reyes La Paz, el PVEM colocó como dirigente municipal a Román Rico González, un personaje con un largo historial de episodios violentos. La madrugada del 8 de junio de 2020, su domicilio ubicado en la colonia Centro fue atacado con más de 30 disparos de arma de fuego, un hecho que generó pánico entre los vecinos.

De acuerdo a investigaciones, el hecho violento tuvo lugar por una disputa entre vendedores de droga al narcomenudeo, pero las indagatorias se frenaron sin explicación pública ¿Qué tiene que ver Rico González con vendedores de grapas de cocaína?

 

Además, existen señalamientos de la presunta participación de Román en un homicidio ocurrido años atrás, cuando se desempeñaba como “madrina”, es decir, soplon, de la entonces Policía Judicial del Estado de México.

 

A esto se suma un hecho documentado cuando agredió físicamente a un reportero dentro del comité municipal del PRI en La Paz, episodio que derivó en su expulsión de ese instituto político. Pese a estos antecedentes, el PVEM no solo lo arropó, sino que permitió que postulara a su hija como regidora, reproduciendo prácticas de nepotismo.

 

HÉCTOR PEDROZA JIMÉNEZ: DEL PRI AL VERDE SIN LIMPIAR EL PASADO

 

Otro de los cuadros apadrinados por el Partido Verde es Héctor Pedroza Jiménez, exdiputado local del PRI y actual diputado federal del PVEM.

En 2015, Pedroza fue señalado por amenazar a tortilleros de Nezahualcóyotl con clausurar sus negocios si no pintaban sus locales con los colores del PRI. Un año antes, en 2014, la entonces PGR y el SAT le congelaron cuentas bancarias por presunto enriquecimiento ilícito y vínculos con redes dedicadas al tráfico de vehículos “chocolate” en el norte del país.

En 2025, el legislador adquirió en Estados Unidos un laboratorio clínico móvil, valuado en más de un millón de dólares, con miras a utilizarlo en una eventual campaña rumbo a la presidencia municipal de Ciudad Nezahualcóyotl en 2027. Al mismo tiempo, reside en una zona residencial de Lomas de Chapultepec, lo que ha generado cuestionamientos públicos sobre el origen de sus recursos.

 

UN RIESGO PARA 2027

 

Círculos de inteligencia advierten que, conforme al crecimiento y la presencia política del Partido Verde en la zona oriente del Estado de México, también aumentaron los índices de extorsión, control ilegal del agua y violencia contra transportistas.

 

El silencio del dirigente estatal José Alberto Couttolenc Buentello, frente a estos perfiles y señalamientos, retumba como una forma de complicidad política.

 

El Partido Verde puede seguir presumiendo leyes ambientales y discursos de sustentabilidad, pero ninguna iniciativa borra los pactos con personajes ligados a la violencia y al crimen organizado.

Si el PVEM no rinde cuentas, su crecimiento rumbo a 2027 no representará una opción de cambio, sino la institucionalización de la impunidad y el avance de las mafias en el poder local.

Porque cuando el verde se mezcla con el crimen, el resultado no es esperanza: es miedo.

miércoles, 7 de enero de 2026

POLICÍA DE CHIMALHUACÁN: CASTIGADOS POR NO EXTORSIONAR,

 ABANDONADOS POR EL PODER

 

*Uniformados sin balas, sin patrullas y sin derechos, mientras la cúpula convierte la corporación en caja chica

 



CHIMALHUACÁN, Estado de México, 7 de enero de 2025.—Las condiciones en las que operan elementos de la policía municipal de Chimalhuacán han dejado de ser solo indignas para convertirse en una forma abierta de castigo y hostigamiento institucional. De acuerdo con testimonios internos, los uniformados asignados a custodias en zonas donde han ocurrido hechos sangrientos son, en su mayoría, aquellos que se han negado a participar en presuntas prácticas de robo y extorsión contra la ciudadanía.

 

Estos policías, señalan las denuncias, son enviados a servicios fijos donde hacen servicios de custodias, como la que se encuentra a las afuera del mercado San Isidro, sin condiciones mínimas para laborar: patrullas destartaladas, sin batería, sin mantenimiento y, en muchos casos, sin municiones en sus armas de cargo, lo que los deja totalmente vulnerables ante cualquier emergencia que se pudiera presentar.

 

La situación se agrava porque los elementos permanecen solos durante turnos prolongados de 24 horas, sin posibilidad de ir al baño o ingerir alimentos. Como consecuencia, varios de ellos presentan ya padecimientos en las vías urinarias, producto de jornadas inhumanas que, lejos de ser una omisión administrativa, representan un castigo deliberado por mantenerse íntegros.

 

EL CONTROL REAL DE LA CORPORACIÓN

 

Al interior de la policía municipal, el nombre que se repite es el del director operativo Arturo Hernández Ortega, conocido con el indicativo Centurión, señalado como quien realmente mueve los hilos de la corporación, quien, también, es señalado por estar detrás del grupo de policías delincuentes. En contraste, el comisario municipal Salvador Hernández Torres es descrito por los propios elementos policiacos como una figura decorativa, sin poder real de decisión, mientras su único trabajo es acompañar a la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez.

 

Según versiones recabadas, Hernández Ortega habría convertido a la policía municipal en una presunta máquina de extorsión, donde los agentes que acceden a “cooperar” reciben privilegios, mejores turnos y protección, mientras que quienes se niegan son enviados a los servicios más precarios hasta que enferman o renuncian.

 

EL MERCADO SAN ISIDRO: EXTORSIÓN Y MUERTE

 

Un caso emblemático es el del mercado San Isidro, donde el pasado sábado 22 de noviembre fue asesinado un comerciante dedicado a la venta de caldos de gallina, presuntamente por negarse a pagar derecho de piso. Para los denunciantes, este crimen no derivó en una depuración interna ni en un golpe a las redes de extorsión, sino en un silencio que protege intereses oscuros de la alcaldesa, su esposo y centurión.

 

Una fuente de la Fiscalía del Edomex, aseguro que las acusaciones apuntan a que los extorsionadores estarían plenamente identificados y forman parte del grupo de inteligencia de la propia policía municipal, operando bajo la protección de mandos, entre ellos Hernández Ortega y la comandante Marisela Altamirano Rodríguez, responsable de la región donde se ubica el mercado.

 

PREFERENCIAS, REGALOS Y CORRUPCIÓN

 

El deterioro de la corporación es descrito como resultado directo de mandos que, lejos de dignificar el uniforme, lo enlodan. De acuerdo con los señalamientos, se da preferencia a policías allegados, especialmente a aquellos que entregan dinero y regalos producto de presuntos atracos a ciudadanos, consolidando una estructura de corrupción interna.

 

Mientras tanto, los elementos que aún se mantienen íntegros enfrentan hostigamiento sistemático, condiciones laborales extremas y abandono institucional.

 

LA PREGUNTA INCÓMODA

 

En medio de este panorama, ciudadanos y policías coinciden en una pregunta que sigue sin respuesta: ¿Dónde está la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez?

 

De acuerdo con versiones locales, la edil ya ni siquiera viviría en Chimalhuacán, sino en zonas residenciales de Texcoco, donde presuntamente posee varias casas de lujo. Una postal que contrasta brutalmente con la precariedad de la policía municipal y con un municipio sometido por la violencia, la extorsión y la impunidad.

 

Mientras la corporación se descompone desde dentro y los policías son castigados por no delinquir, el gobierno municipal guarda silencio. Un silencio que, para muchos, ya no es omisión, sino complicidad.

lunes, 5 de enero de 2026

CHICOLOAPAN: TRIPLE EJECUCIÓN CON SELLO DEL CRIMEN ORGANIZADO EXPONE EL PACTO DE IMPUNIDAD MORENISTA

 

* Maniatados, torturados y ejecutados: el mensaje criminal que el gobierno municipal se niega a enfrentar

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 5 de diciembre de 2025.– La violencia volvió a exhibir su rostro más brutal en la zona oriente del Estado de México. La mañana del domingo, tres hombres fueron localizados sin vida en el paraje Ejidos de Coatepec, en la comunidad de San Vicente Chicoloapan. Los cuerpos estaban maniatados, con visibles huellas de tortura y ejecutados con el llamado tiro de gracia, una escena que remite directamente a los métodos del crimen organizado que opera con absoluta impunidad en la región.

 

El hallazgo se produjo tras una llamada anónima que alertó a las autoridades sobre la presencia de varios cuerpos abandonados entre los matorrales, a un costado de la carretera Coatepec–San Vicente Chicoloapan. Elementos de seguridad acudieron al sitio y confirmaron la existencia de tres cadáveres masculinos con impactos de arma de fuego y signos evidentes de violencia extrema, por lo que procedieron a acordonar el área.

 

Minutos después arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuyos peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento de los cuerpos, trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación y la necropsia de ley. Hasta el momento no hay detenidos ni identidades confirmadas, una constante que se repite en los crímenes de alto impacto en este municipio.

 

Pero este triple homicidio no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de años de descomposición institucional. La violencia no ha cesado desde el anterior gobierno municipal morenista, encabezado por la exalcaldesa Nancy Gómez, señalada por haber instalado en el poder fáctico local a sus hermanos Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, y Alexis Gómez Vargas, ambos identificados como líderes del grupo delictivo “La Familia Michoacana”. Pese a los señalamientos públicos y reiterados, nunca han sido detenidos, protegidos por un manto de impunidad que apunta directamente al actual alcalde y a los círculos de poder político.

 

Ese blindaje, según denuncias locales, es garantizado por el alcalde morenista Francisco Javier Mendoza Vázquez y por el esposo de la exalcaldesa, el diputado local Samuel Ros Moreno, quienes habrían permitido que los grupos criminales operen libremente en Chicoloapan, cobrando vidas mientras el gobierno mira hacia otro lado.

 

La complicidad no termina ahí. El actual comisario de seguridad, Josafat Green Ramírez, carece de experiencia policiaca y llegó al cargo no por méritos, sino por haber sido chofer de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez cuando fue alcaldesa de Texcoco. Hoy, lejos de combatir al crimen, Green Ramírez estaría más ocupado en proteger a Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”, presunto líder del grupo de extorsionadores “Los Talibanes”, para garantizar que siga fluyendo el dinero ensangrentado producto de las extorsiones, mientras la seguridad de la población queda relegada.

 

En Chicoloapan, los cadáveres se acumulan y las respuestas oficiales brillan por su ausencia. La ejecución de tres hombres, torturados y abandonados como mensaje, es una advertencia clara de que el control territorial está en manos del crimen, no del Estado.

 

La exigencia es ineludible: el alcalde Francisco Javier Mendoza Vázquez debe romper de inmediato el pacto de impunidad que mantiene con los grupos delictivos que operan en la zona. De no hacerlo, las ejecuciones continuarán y el terror seguirá gobernando Chicoloapan, mientras las autoridades morenistas insisten en simular que no pasa nada.

EXTORSIÓN SIN FRENO EN CHICOLOAPAN: BLOQUEAN LA MÉXICO–TEXCOCO Y ACUSAN PACTO ENTRE DELINCUENTES Y AUTORIDADES

 

* Entre cuotas ilegales, policías usados como amenaza y un regidor señalado como hijo del líder criminal, la extorsión en Chicoloapan opera con respaldo político y total impunidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México.– La paciencia se agotó. El pasado viernes 3 de enero, vecinos y comerciantes dedicados a la venta de juguetes bloquearon la carretera México–Texcoco, a la altura de Las Fuentes, para exigir al gobierno municipal y al Gobierno del Estado de México que frenen de una vez por todas a la banda de extorsionadores conocida como “Los Talibanes”.

 

Los manifestantes, quienes año con año participan en el tianguis de juguetes de la colonia Santa Rosa, denunciaron ser víctimas de un sistema de extorsión institucionalizado, encabezado —según sus testimonios— por Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”, líder del grupo criminal que desde hace años controla al menos 10 tianguis en San Vicente Chicoloapan y en el municipio de Chimalhuacán.

 

EXTORSIÓN, COBRO DE PISO Y FALSOS UNIFORMES

 

De acuerdo con los comerciantes, “Los Talibanes” cobran cuotas que van desde 500 hasta 5 mil pesos por espacio, además de imponer pagos adicionales bajo el argumento de una supuesta “protección” de la Policía Federal, asegurando que con ese dinero “nadie los va moles y mucho menos a detener por vender artículos chinos o de piratería”.

 

A esto se suma la presencia de sujetos vestidos completamente de negro, identificados por los afectados como integrantes del mismo grupo delictivo, quienes cobran otra cuota más por “vigilancia”, configurando un doble y hasta triple cobro de derecho de piso.

 

ACUSAN PROTECCIÓN POLÍTICA

 

Los comerciantes señalaron que el poder de “El Perro” no es casual. Denunciaron que el grupo operó como grupo de choque tanto de la exalcaldesa morenista Nancy Gómez Vargas, como del actual presidente municipal Francisco Javier Mendoza Vázquez, lo que —afirman— permitió que Edgar Ruiz Aguilar, hijo del presunto líder criminal, fuera colocado como primer regidor del Ayuntamiento.

 

Para los manifestantes, esto representa una burla y una afrenta directa: un presunto delincuente disfrazado de funcionario público, protegido desde el poder municipal de Morena.

 

CON MORENA, EL ABUSO SE DISPARÓ

 

Aunque el cobro de piso no es nuevo, los afectados aseguran que con la llegada de Morena al gobierno local las extorsiones se incrementaron, y que con la administración de Mendoza Vázquez los abusos no tienen límites.

 

El temor es inmediato: advierten que el próximo 5 de enero, en plena venta por el Día de Reyes, el grupo criminal podría llegar acompañado de la policía municipal para amedrentar a los comerciantes y exigir cantidades estratosféricas, bajo amenaza de retirarlos o agredirlos.

 

LAS AUTORIDADES YA LO SABEN

 

Los denunciantes sostienen que estos hechos ya son del conocimiento de: Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Edomex, de Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal, así como de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal

 

Pero, subrayan, quien tiene responsabilidad directa es el alcalde de San Vicente Chicoloapan, a quien acusan de proteger abiertamente a “El Perro” y a su hijo, hoy regidor morenista.

 

DENUNCIA FORMAL, PERO SIN RESPUESTA

 

Los hechos ya fueron denunciados formalmente y quedaron asentados bajo el folio EDO_040126-0829, atendido por la operadora 0986. Aun así, no hay acciones visibles contra el grupo delictivo.

 

Miles de comerciantes esperan que esta vez no se simule, y que el gobierno municipal, el estatal y el federal rompan el pacto de impunidad que —acusan— mantiene a “Los Talibanes” operando a plena luz del día.

 

Porque en Chicoloapan, denuncian, la extorsión no solo se tolera: se gobierna y se controla desde el poder.

domingo, 4 de enero de 2026

DONA SANGRE, DONA PLAQUETAS, DONA VIDA

 



CIUDAD DE MÉXICO, 4 de enero de 2026. Sherlyn es una niña que hoy necesita de todas y todos nosotros. Su tratamiento depende de algo que no se puede fabricar ni comprar: sangre y plaquetas donadas de manera altruista.

 

Se requieren 29 donadores de manera urgente. Cada donación cuenta. Cada donador puede marcar la diferencia.

 

Lugar de donación: Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, Ubicado a espaldas del Hospital General de México.

 

En este hospital, muchas niñas y niños como Sherlyn luchan todos los días por su salud. Tu sangre no distingue nombres, edades ni historias, pero sí puede salvar vidas.

 

No lo olvides: Tu sangre es igual de importante. Tu tiempo puede ser esperanza. Tu decisión puede ser vida.

 

Si puedes donar, hazlo hoy. Si no puedes, ayuda compartiendo este mensaje. Contacta a familiares de Sherlyn al número telefónico: 5560 314048.

 

Porque cuando donas sangre, no pierdes nada y alguien lo gana todo.

viernes, 2 de enero de 2026

REYES MAGOS EN SAN LÁZARO: LEGISLADORES PROLONGAN VACACIONES Y SE AUTO–REGALAN AUMENTO MILLONARIO

 

* Mientras millones de mexicanos enfrentan la cuesta de enero, la Comisión Permanente del Congreso decidió tomarse con calma el inicio del año: el regreso al trabajo será hasta después de abrir los regalos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



Ciudad de México, 2 de enero de 2026.- La austeridad republicana, al menos en el Poder Legislativo, parece haberse quedado guardada junto con los adornos navideños. Esto porque los diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión optaron por extender sus vacaciones para pasar tranquilos el Día de Reyes en casa, lejos del recinto parlamentario y de cualquier urgencia nacional. El regreso a labores, dicen, será hasta el 7 de enero, ya con juguetes estrenados y rosca digerida.

 

No se trata de un simple descanso administrativo. Es una postal que retrata con precisión la distancia entre la clase política y la realidad cotidiana del país. Mientras hospitales operan con carencias y sin medicamentos, así como la inseguridad no toma vacaciones y miles de familias ajustan el gasto para sobrevivir la cuesta de enero, los legisladores decidieron que el trabajo podía esperar unos días más.

 

Pero la historia no termina ahí. Porque si algo saben hacer bien en San Lázaro, es consentirse a sí mismos. Antes de irse de descanso prolongado, los diputados se adelantaron su propio “regalo” al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, donde —sin rubor alguno— se autorizaron un aumento en sus percepciones.

 

El resultado: cada legislador tendrá ingresos anuales por un millón 307 mil 224 pesos, contando sueldo, aguinaldo y prestaciones como seguro de vida. Esto representa 113 mil 739 pesos más que el año anterior, un incremento que para cualquier trabajador promedio sería impensable, pero que en el Congreso se vota sin mayor debate ni resistencia.

 

En otras palabras, mientras el discurso oficial insiste en la contención del gasto y la disciplina financiera, los representantes populares se aseguran que la inflación, la cuesta de enero y la incertidumbre económica no les rocen ni el saco. A ellos, como diría el clásico, la cuesta de enero les hace lo que el viento a Juárez.

 

El contraste es brutal. El país inicia 2026 con presiones económicas, ajustes presupuestales en estados y municipios, recortes en políticas públicas, educación y en seguridad social y una ciudadanía que estira cada peso. Y, sin embargo, quienes deberían dar el ejemplo prefieren estirar el calendario laboral y engordar la nómina legislativa.

 

No hay comunicados de indignación interna, ni llamados a la congruencia, ni renuncias simbólicas al aumento. Tampoco hay prisa por sesionar. Total, los problemas nacionales pueden esperar; Melchor, Gaspar y Baltasar no.

 

Así, el Congreso confirma una vez más que, cuando se trata de privilegios, no hay colores partidistas ni ideologías enfrentadas: hay unanimidad. Y mientras los legisladores celebran con regalos nuevos y cheques más grandes, el país sigue esperando que alguien, del otro lado del pleno, decida tomarse en serio su trabajo.

BALAS, SILENCIO Y FRACTURA MORENISTA: EL ATENTADO EN TECÁMAC 

QUE DESNUDA UNA CRISIS POLÍTICA

 

* La violencia alcanza al gobierno municipal en medio de la guerra interna de Morena rumbo a 2027

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



TECÁMAC, Estado de México, 2 de enero de 2026.— El atentado con arma de fuego contra Tania Avendaño Servín, directora del DIF municipal de Tecámac, no puede leerse como un hecho aislado ni reducirse a un simple episodio de violencia urbana. Ocurre en un municipio atravesado por una guerra interna dentro de Morena, una parálisis institucional creciente y una disputa abierta por el control político rumbo a 2027.

 

La funcionaria fue atacada la mañana del 31 de diciembre, alrededor de las 10 de la mañana, cerca de su domicilio, mientras viajaba en un vehículo Volkswagen Virtus blanco, con placas MRG-688-C del Estado de México. Aunque el ataque no se consumó plenamente —la funcionaria resultó herida por bala en el brazo izquierdo y se reporta fuera de peligro—, el mensaje fue claro: en Tecámac, hoy, ni los altos cargos públicos están a salvo.

 

El manejo oficial del caso, lejos de aportar certeza, sembró dudas. En un primer momento, el gobierno municipal se refirió a la víctima como “Tania N”, ocultando su identidad, lo que generó confusión y suspicacia. Horas más tarde, fue la propia cuenta oficial del DIF Tecámac la que confirmó que se trataba de su directora. ¿Por qué el titubeo? ¿A quién se buscaba proteger: a la víctima o al discurso político?

 

La alcaldesa Rosa Yolanda Wong Romero condenó el ataque y exigió justicia, al tiempo que reconoció públicamente que otros funcionarios y exfuncionarios municipales han sido amenazados e intimidados, hechos que —asegura— ya fueron denunciados ante las autoridades. Sin embargo, hasta ahora, no hay detenidos ni líneas claras de investigación conocidas por la ciudadanía.

 

La Guardia Civil de Tecámac desplegó un operativo de búsqueda y contención, pero el silencio posterior resulta ensordecedor frente a la gravedad del atentado. Las condenas retóricas no sustituyen resultados.

 

Este episodio ocurre en un contexto político enrarecido. El pasado 8 de diciembre, durante el primer informe de gobierno de la alcaldesa Wong Romero, el municipio vivió una escena inédita de confrontación pública: gritos, reproches y fracturas evidentes entre las facciones de Morena, particularmente con la exalcaldesa y hoy senadora Mariela Gutiérrez Escalante, en una disputa abierta por el control político de Tecámac.

 

Ni siquiera la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez logró contener el choque de tribus: el desorden y la falta de respeto institucional dejaron al descubierto una crisis política que ya rebasa lo local y salpica al Estado de México.

 

A esta fractura se suma la parálisis de servicios municipales provocada por el plantón y las protestas de ex trabajadores despedidos, quienes acusan ceses injustificados. Tecámac hoy es un municipio detenido, crispado y sin gobernabilidad plena.

 

Frente a este escenario, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Martínez, tiene la obligación de no descartar ninguna línea de investigación, incluida la posibilidad de que el atentado contra la directora del DIF y las amenazas previas tengan un trasfondo político, derivado de la pugna interna de Morena por el poder local y la proyección rumbo a 2027 y la sucesión gubernamental.

 

Cerrar los ojos ante este contexto sería no solo irresponsable, sino peligroso. Cuando la violencia alcanza a funcionarios públicos en medio de disputas partidistas, ya no se trata solo de seguridad: se trata de democracia, legalidad y del uso del miedo como arma política.

 

Tecámac no necesita más comunicados de condena. Necesita verdad, justicia y un Estado que deje de mirar hacia otro lado. Si el poder se disputa a balazos, el daño no es solo para un partido: es para toda la sociedad.

martes, 30 de diciembre de 2025

DE ACUSAR TERRORISMO A ENCERRAR PERIODISTAS: LA

 CRIMINALIZACIÓN DE LA PRENSA EN VERACRUZ

 

* La Fiscalía fracasa en tribunales, pero mantiene el castigo contra el reportero Rafael León Segovia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



VERACRUZ, México, 30 de diciembre de 2025.- Lo que no pudieron sostener con pruebas, intentaron imponer con miedo. La Fiscalía General del Estado de Veracruz fracasó en su intento de imputar el delito de terrorismo al reportero de nota roja Rafael León Segovia, pero aun así logró su objetivo principal: castigar, intimidar y mandar un mensaje ejemplarizante a la prensa incómoda.

 

Un Juez de Control vinculó a proceso al comunicador únicamente por los presuntos delitos de encubrimiento por favorecimiento y ataques contra las instituciones de seguridad pública, dejando fuera el cargo más grave —terrorismo— que había sido duramente cuestionado por su endeblez jurídica y su evidente intención política. No obstante, el juez impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por un año, mientras se desarrolla la investigación complementaria.

 

El caso expone una peligrosa lógica institucional: aunque no haya terrorismo, que haya castigo.

 

MENSAJES DE WHATSAPP CONVERTIDOS EN “PRUEBAS”

 

La Fiscalía pretende vincular al periodista con la delincuencia organizada por haber recibido mensajes de WhatsApp de presuntos integrantes de grupos criminales, quienes le notificaban supuestos hechos delictivos. Lo que para cualquier reportero es una fuente —anónima o no—, para la autoridad veracruzana se convirtió en pretexto para fabricar una narrativa criminal.

 

La defensa y organizaciones de protección a la libertad de expresión han sido claras: los mensajes llegaron porque el número del reportero estaba vinculado a su fanpage, y Rafael León desconocía la identidad de quienes los enviaban. Este hecho es conocido por las autoridades, pero fue deliberadamente ignorado.

 

La intención, acusan, no es impartir justicia, sino enviar un mensaje intimidatorio a los periodistas que investigan y publican irregularidades del poder.

 

DETENIDO EN NAVIDAD: EL MENSAJE DEL MIEDO

 

La detención ocurrió el 24 de diciembre, una fecha simbólica que refuerza la lógica del escarmiento.
“No fue justicia, fue terror”, relató el propio Rafael León Segovia, quien denunció haber sido detenido, fotografiado y tratado como delincuente.

 

“La verdad el 24 de diciembre la pasaría con mi familia y llega la ministerial y me detienen, tomándome fotos como si fuera un delincuente. Son medidas intimidatorias”, declaró.

 

La imputación inicial por terrorismo desató protestas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y asociaciones de periodistas, que advirtieron que se trataba de un intento burdo por inhibir el ejercicio periodístico en Veracruz.

 

LA FISCALÍA QUE PERSIGUE PERIODISTAS

 

El abogado defensor, Julio de Jesús Sibaja de la Cruz, celebró que el juez desechara el delito de terrorismo —lo que evitó la prisión preventiva justificada—, pero lamentó que se mantenga la persecución judicial por otros cargos que considera igualmente infundados.

 

Por su parte, el reportero denunció que existe una consigna directa desde la Fiscalía General del Estado por las publicaciones en las que ha exhibido irregularidades de servidores públicos.

 

En el centro de la polémica se encuentra la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, señalada desde su llegada como una funcionaria dispuesta a pisotear la libertad de expresión con tal de acallar voces críticas, aun utilizando argucias legales y montajes judiciales.

 

HOY FUE UNO, MAÑANA PUEDEN SER TODOS

 

El caso de Rafael León Segovia no es un hecho aislado: es una advertencia. Una fiscalía que no logra probar terrorismo, pero que mantiene procesos, restricciones y desgaste personal contra periodistas, no investiga delitos: administra el miedo.

 

En Veracruz, hoy más que nunca, el gremio periodístico enfrenta una disyuntiva peligrosa: callar o enfrentar al aparato penal del Estado.
La pregunta ya no es si hay persecución, sino quién será el siguiente.

 CÁLLENSE

 

*Queda claro que la rendición de cuentas es vista como un insulto en el gobierno de la presidenta

 

Por: Héctor De Mauleón

 



El Tren Interoceánico que salió de Salina Cruz a Coatzacoalcos la mañana del domingo se descarriló en Ixtaltepec. El saldo fue de 13 muertos y 109 heridos. En julio de 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su hijo Gonzalo López Beltrán había sido nombrado supervisor “honorífico” de una obra que costó al menos 65 mil millones de pesos, y que este domingo se convirtió en una de las mayores tragedias de 2025: un golpe que da directo en el corazón de la 4T y en uno de los proyectos emblemáticos del obradorismo.

 

Tres meses antes de que AMLO revelara que su hijo era supervisor “honorífico” en la construcción del Tren Interoceánico, se difundieron conversaciones telefónicas que revelaban que uno de los contratistas favoritos del sexenio, el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de los hijos de AMLO, había recibido del gobierno un contrato de más de 490 millones de pesos para suministrar, sin certificaciones de calidad, la piedra triturada conocida como balasto que se coloca entre los rieles para asegurar la estabilidad de las vías.

 

De acuerdo con la conversación difundida, Bobby, como se conoce a López Beltrán, había dado a Olán una instrucción específica: “Tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos (de balasto) de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo”, se oyó decir al empresario tabasqueño.

 

Su interlocutor, Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente, quien fungió como proveedor del Tren Interoceánico habló de los “moches” que se repartían a un laboratorio para que el balasto de mala calidad fuera aprobado: “Al laboratorio hay que pasarle su mochada cada 3 mil metros cúbicos, para que autoricen, y ya a la verga… Cada 3 mil metros cúbicos ellos hacen un análisis del material, cómo está llegando. Entonces, cada 3 mil metros cúbicos para su mochadita pa’ que den el palomazo de que todo está bien”.

 

Salazar Beltrán dijo entonces una frase que se ha viralizado tras el descarrilamiento del Interoceánico: “Ya cuando se descarrile el Tren, ya va a ser otro pedo”.

 

Los traficantes de influencias que actuaron bajo el amparo del gobierno de López Obrador recibieron contratos tanto para el Tren Maya como para el Ferrocarril Interoceánico, dos proyectos estrella del sexenio lopezobradorista.

 

Con visible molestia, la presidenta Claudia Sheinbaum canceló en su mañanera la posibilidad de investigar a los hijos del expresidente. No solo eso, sin hacer una sola mención a los antecedentes arriba recordados, Sheinbaum, apoyada por paleros enviados a hablar de “la rapiña de los medios”, se dejó ir una vez más contra la prensa:

 

“Su objetivo es denostar”, dijo.

 

Queda claro que la rendición de cuentas es vista como un insulto en el gobierno de la presidenta. Una vez más, la víctima de la tragedia es ella: los villanos son los medios y los periodistas que cumplen con la tarea de informar y cuestionar.

 

Al tomar posesión en 2024, Sheinbaum prometió garantizar la libertad de expresión. En los hechos, ha ocurrido todo lo contario. El hostigamiento contra la prensa ha alcanzado bajo su gobierno niveles que no tienen precedente. Solo en el primer semestre de 2025 la organización Artículo 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra medios y periodistas.

 

2025 cierra con los 13 muertos y los 109 heridos del Interoceánico, uno más de los caprichos de López Obrador y un caso más de corrupción en el que aparecen involucrados sus hijos, y con la andanada en contra de la prensa lanzada desde el micrófono más importante y más poderoso de México.

 

Entre enero y julio 39 periodistas y 12 medios de comunicación recibieron notificaciones de procesos legales en su contra: un proceso judicial cada cuatro días.

 

No se trata de casos aislados: estos procesos se están llevando en 18 estados de la República. Al mismo tiempo, la lista de periodistas purgados de los medios de 2024 a la fecha es ya verdaderamente escandalosa. Si durante el sexenio de López Obrador se emprendió la desautorización, la destrucción del prestigio de comunicadores y medios críticos, lo que vino con el ascenso de Sheinbaum al poder ha sido una operación de silenciamiento: presiones sistemáticas desde la Presidencia para que las voces no alineadas pierdan sus espacios. Esa operación ya es completamente visible en las mesas de debate de radio y televisión, así como en buena parte de los diarios.

 

En la reciente aparición del libro “Cállense: los nuevos rostros de la censura”, editado por Grano de sal y compilado por el periodista de izquierda Humberto Musacchio, en el que figuran textos escritos por una treintena de autores con miradas absolutamente distantes entre sí, está la exacta radiografía de la censura en México durante el primer año de Claudia Sheinbaum.

 

Las presiones desde la Presidencia de Sheinbaum han dejado de ser un secreto a voces para convertirse en la vida cotidiana de los medios.

 

El descarrilamiento del Ferrocarril Interoceánico no solo agrega otra tragedia al de por sí trágico proyecto lopezobradorista: cierra un año de escándalos caracterizados por la garantía de impunidad y cierra un año de ataques, de persecución, de intolerancia a la prensa crítica.

 

Es el año en el que el gobierno de Sheinbaum ha enviado a medios y periodistas un mensaje: Cállense.

lunes, 29 de diciembre de 2025

ECATEPEC: CIFRAS MAQUILLADAS Y SILENCIOS CRIMINALES

 

* Cifras alegres, funcionarios señalados y una red criminal que el gobierno finge no ver

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



ECATEPEC, Estado de México, 29 de diciembre de 2025.- Mientras el municipio sigue siendo sinónimo de miedo, extorsión y violencia cotidiana, el gobierno del Estado de México decidió cerrar el año con un acto de propaganda cuidadosamente montado desde el C5. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció, con tono triunfalista, una supuesta reducción del 25% en delitos de alto impacto y del 33% en homicidio doloso. Los números, dijo, son resultado de las Mesas de Paz, la coordinación institucional y el “trabajo en equipo”.

El problema no son las cifras. El problema es todo lo que esas cifras callan.

 

Porque ninguna estadística, por muy optimista que se presente, puede borrar la percepción social ni la realidad que se vive en calles, colonias y mercados de Ecatepec: cobro de piso, amenazas, control territorial y miedo normalizado. Y mucho menos puede ocultar los señalamientos graves que pesan sobre el gobierno municipal que hoy presume resultados.

 

En ningún momento, ni la gobernadora ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México explicaron cómo encajan estas cifras “a la baja” con las versiones periodísticas que vinculan a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss con presuntos nexos con grupos delictivos, entre ellos “La Chokiza”, organización criminal cuyo líder, Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, ha sido públicamente elogiado por la propia alcaldesa como “un gran ser humano”.

 

Tampoco se dijo una sola palabra sobre el perfil del asesor de seguridad municipal, José Jorge Amador Amador, alias “El Doctor” o “La Jirafa”, exdirector de Seguridad Pública de Ciudad Nezahualcóyotl durante 15 años. De acuerdo con investigaciones periodísticas del medio Latinus, basadas en informes de agencias de inteligencia, Amador Amador habría construido una amplia red criminal que involucra a funcionarios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, así como vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

Los mismos informes señalan que esta estructura presuntamente incluye políticos, mandos policiales y grupos criminales dedicados a la extorsión, el narcotráfico y el robo de combustible. Incluso se documenta que “La Jirafa” habría entrenado a mandos policiacos para controlar esquemas de extorsión cuyos recursos terminan en los bolsillos de la delincuencia organizada.

 

Nada de eso aparece en las gráficas del C5. Nada de eso se menciona en las Mesas de Paz. Nada de eso incomoda al discurso oficial.

 

Así, la narrativa del “avance en la paz” se sostiene más en powerpoints y boletines que en una depuración real de las corporaciones, en investigaciones serias o en decisiones políticas que rompan con los pactos inconfesables. Reducir la violencia en el papel no es lo mismo que desmantelar redes criminales incrustadas en el poder.

 

Ecatepec no necesita aplausos ni cifras autocomplacientes. Necesita respuestas claras. Necesita saber por qué, si todo va tan bien, los nombres incómodos se esconden bajo la alfombra. Porque cuando la propaganda grita éxito, pero el silencio protege a los señalados, la paz no avanza: se administra.

 

De cara a 2027, Ecatepec se perfila no como un bastión de paz, sino como un lastre electoral. Porque las cifras pueden acomodarse, pero los nombres pesan. Y cuando un gobierno apuesta a la propaganda en lugar de a la limpieza institucional, el mensaje que envía es devastador: no se gobierna para erradicar al crimen, sino para convivir con él sin que estorbe en las encuestas. Morena podrá repetir sus números en conferencias y Mesas de Paz, pero llegará el momento en que los votantes no comparen gráficas, sino realidades. Y entonces, cada silencio de hoy será un voto perdido mañana.

FEMINICIDIOS, BALAS Y SILENCIO OFICIAL: LA PAZ BAJO

 LA SOMBRA DE LA IMPUNIDAD

 

*El silencio del poder también mata: alcaldía y fiscalía ausentes ante los feminicidios

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



Los Reyes La Paz, Estado de México, 29 de diciembre de 2025.– En este municipio, la violencia contra las mujeres no sólo mata: también es sepultada por el silencio de las autoridades. A casi un mes del brutal feminicidio ocurrido al interior de un hotel de paso, no hay detenidos, no hay esclarecimiento y, lo más grave, no hay una sola postura pública de la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez.

 

El pasado martes 2 de diciembre fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 35 años de edad dentro de una habitación del hotel Saro, ubicado sobre la avenida Puebla, en la colonia Los Reyes Acaquilpan. El cuerpo presentaba múltiples golpes, principalmente en el rostro y la cabeza, evidencia clara de una agresión salvaje.

 

Como en tantos otros casos, la respuesta oficial se limita a la cantaleta de siempre: policías de investigación “revisan las cámaras de seguridad” para identificar al hombre que ingresó la noche anterior con la víctima. El sujeto, que nunca fue localizado en el lugar, es considerado el principal sospechoso. Pero hasta hoy, sigue libre.

 

De acuerdo con empleados del hotel, la mujer llegó acompañada de un hombre con quien permaneció durante toda la noche. A la mañana siguiente, al concluir el tiempo contratado, el personal tocó en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Siguiendo el protocolo, ingresaron con una llave maestra y encontraron a la mujer desnuda, recostada sobre la cama e inconsciente. Minutos después, paramédicos de Protección Civil confirmaron lo inevitable: había muerto a causa de los golpes.

 

El Ministerio Público inició una carpeta de investigación por feminicidio. Sin embargo, el caso se fue diluyendo en el mismo pantano de negligencia e impunidad que caracteriza a la región oriente del Estado de México.

 

PERO LA VIOLENCIA NO SE DETUVO AHÍ.

 

El jueves 4 de diciembre, alrededor de las 10 de la noche, una balacera irrumpió en el bar “La Europea”, ubicado literalmente a espaldas del Palacio Municipal, donde despacha la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez junto con su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad. El saldo: otra mujer asesinada.

 

Dos mujeres muertas en menos de una semana. Dos escenarios distintos. Una misma constante: el silencio del gobierno municipal.

 

Resulta alarmante que la alcaldesa no haya fijado postura alguna ante los asesinatos de mujeres en su municipio. No hay condena pública, no hay exigencia de justicia, no hay presión institucional. ¿Pues no decían que “llegaron todas”?

 

Guerrero Sánchez ni siquiera ha levantado la voz para exigir resultados a la Coordinación General de Homicidios del Estado de México, encabezada por Sayonara Encarnación Rosales, ni al titular de homicidios en la zona oriente, Guillermo Varela Espinoza. Ambos funcionarios son señalados, en voz baja pero constante, de estar más enfocados en fabricar culpables que en esclarecer crímenes.

 

En La Paz, los feminicidios avanzan, las balas suenan incluso detrás del Palacio Municipal y la autoridad calla. Un silencio que ya no es omisión: es complicidad.

 

En Los Reyes La Paz, “llegamos todas” no es una realidad. Es una consigna vacía que intenta tapar la omisión, la impunidad y la complicidad institucional.