DE ACUSAR TERRORISMO A ENCERRAR PERIODISTAS: LA
CRIMINALIZACIÓN DE LA PRENSA EN VERACRUZ
* La Fiscalía fracasa en tribunales, pero mantiene el castigo
contra el reportero Rafael León Segovia
Por: EXPEDIENTE SECRETO
VERACRUZ, México, 30 de diciembre de 2025.- Lo que no pudieron
sostener con pruebas, intentaron imponer con miedo. La Fiscalía General del
Estado de Veracruz fracasó en su intento de imputar el delito de terrorismo al
reportero de nota roja Rafael León Segovia, pero aun así logró su objetivo
principal: castigar, intimidar y mandar un mensaje ejemplarizante a la prensa
incómoda.
Un Juez de Control vinculó a proceso al comunicador únicamente
por los presuntos delitos de encubrimiento por favorecimiento y ataques contra
las instituciones de seguridad pública, dejando fuera el cargo más grave
—terrorismo— que había sido duramente cuestionado por su endeblez jurídica y su
evidente intención política. No obstante, el juez impuso como medida cautelar
el resguardo domiciliario por un año, mientras se desarrolla la investigación
complementaria.
El caso expone una peligrosa lógica institucional: aunque no
haya terrorismo, que haya castigo.
MENSAJES DE WHATSAPP CONVERTIDOS EN “PRUEBAS”
La Fiscalía pretende vincular al periodista con la
delincuencia organizada por haber recibido mensajes de WhatsApp de presuntos
integrantes de grupos criminales, quienes le notificaban supuestos hechos
delictivos. Lo que para cualquier reportero es una fuente —anónima o no—, para
la autoridad veracruzana se convirtió en pretexto para fabricar una narrativa
criminal.
La defensa y organizaciones de protección a la libertad de
expresión han sido claras: los mensajes llegaron porque el número del reportero
estaba vinculado a su fanpage, y Rafael León desconocía la identidad de quienes
los enviaban. Este hecho es conocido por las autoridades, pero fue
deliberadamente ignorado.
La intención, acusan, no es impartir justicia, sino enviar un
mensaje intimidatorio a los periodistas que investigan y publican
irregularidades del poder.
DETENIDO EN NAVIDAD: EL MENSAJE DEL MIEDO
“La verdad el 24 de diciembre la pasaría con mi familia y
llega la ministerial y me detienen, tomándome fotos como si fuera un
delincuente. Son medidas intimidatorias”, declaró.
La imputación inicial por terrorismo desató protestas de
organizaciones defensoras de la libertad de expresión y asociaciones de
periodistas, que advirtieron que se trataba de un intento burdo por inhibir el
ejercicio periodístico en Veracruz.
LA FISCALÍA QUE PERSIGUE PERIODISTAS
El abogado defensor, Julio de Jesús Sibaja de la Cruz, celebró
que el juez desechara el delito de terrorismo —lo que evitó la prisión
preventiva justificada—, pero lamentó que se mantenga la persecución judicial
por otros cargos que considera igualmente infundados.
Por su parte, el reportero denunció que existe una consigna
directa desde la Fiscalía General del Estado por las publicaciones en las que
ha exhibido irregularidades de servidores públicos.
En el centro de la polémica se encuentra la fiscal general Lisbeth
Aurelia Jiménez Aguirre, señalada desde su llegada como una funcionaria
dispuesta a pisotear la libertad de expresión con tal de acallar voces críticas,
aun utilizando argucias legales y montajes judiciales.
HOY FUE UNO, MAÑANA PUEDEN SER TODOS
El caso de Rafael León Segovia no es un hecho aislado: es una
advertencia. Una fiscalía que no logra probar terrorismo, pero que mantiene
procesos, restricciones y desgaste personal contra periodistas, no investiga
delitos: administra el miedo.
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