LA MORDAZA CON SELLO OFICIAL: TRANQUILINO LAGOS Y MARTHA

 GUERRERO, LA CENSURA QUE MORENA NIEGA

 

* Entre discursos de libertad y detenciones reales, el gobierno municipal de La Paz exhibe cómo la censura morenista se ejerce con policías, amenazas y expedientes judiciales

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Los Reyes, La Paz, Estado de México, 29 de diciembre de 2025.- El 2025 no se explicará con discursos, sino con expedientes. Fue el año en que el poder dejó de callar con violencia abierta y comenzó a hacerlo con oficios, demandas, medidas cautelares y amenazas jurídicas. La censura ya no irrumpe: se tramita. Ya no golpea: firma. Y en municipios gobernados por Morena, como Los Reyes La Paz, esa lógica autoritaria tiene nombres y apellidos.

 

Desde el centro del país, Claudia Sheinbaum repite —igual que Andrés Manuel López Obrador— que en México no hay censura y que la libertad de expresión está garantizada. Sin embargo, esa narrativa se estrella contra la realidad que se vive en los estados y municipios morenistas, donde la crítica no se combate con argumentos, sino con el aparato del Estado.

 

Los antecedentes son claros. En Guerrero, un periodista fue sancionado por exhibir un presunto desfalco de mil millones de pesos. En Puebla, donde gobierna Alejandro Armenta se criminalizó la crítica bajo el tipo penal de “ciberasedio”. En Campeche, a gobernadora Layda Sansores cerró un medio e impuso censura previa con el aval del Poder Judicial. En Sonora, una ciudadana fue obligada a disculparse públicamente durante un mes por un tuit incómodo. Y en el Senado, Gerardo Fernández Noroña escenificó la humillación pública de un ciudadano que lo increpó.

 

Ese modelo nacional de represión “legalizada” aterrizó con precisión en Los Reyes La Paz, donde gobierna la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez, respaldada política y públicamente por su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, quien ha asumido el papel de vocero, defensor y operador político del poder municipal.

 

El detonante fue menor, pero revelador: la publicación de que el primer informe de gobierno de Martha Guerrero lució vacío, sin respaldo ciudadano real, con sillas desocupadas y asistencia forzada. La crítica incomodó. Y la respuesta no fue política: fue represiva.

 

El viernes 15 de diciembre, policías municipales privaron de la libertad a dos reporteros del medio EXPEDIENTE SECRETO. La orden, de acuerdo con el propio ejecutor, Pedro Luna Pintor, empleado de la Dirección de Gobierno municipal, provenía directamente de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez. El abuso derivó en la apertura de la carpeta de investigación NEZ/CCF/SPN/062/347133/25/12.

 

Lejos de deslindarse o condenar el uso de la fuerza contra periodistas, Tranquilino Lagos Buenabad reaccionó desde sus redes sociales con amenazas veladas. Advirtió que el uso de inteligencia artificial tendría “consecuencias jurídicas”, un mensaje dirigido de forma inequívoca a los reporteros críticos: publicar tiene costo.

 

Días después, Lagos Buenabad intentó cubrir el hecho con el discurso oficial de Morena. Aseguró que su partido no censura ni persigue periodistas, que sólo transformó la comunicación pública y que las mañaneras de López Obrador son ejemplo de libertad de expresión. Un argumento que se derrumba cuando se contrasta con policías municipales deteniendo reporteros y funcionarios lanzando advertencias legales desde el poder.

 

La contradicción es brutal. Si Morena no censura, ¿cómo se llama que policías municipales detengan periodistas por órdenes del ayuntamiento? Si hay libertad de expresión, ¿Por qué el esposo de la alcaldesa amenaza públicamente a medios críticos?

 

Para cualquier observador, eso tiene un nombre claro: censura.

Para Tranquilino Lagos Buenabad y Martha Guerrero Sánchez, parece ser simplemente “gobernar”.

 

El año cerró confirmando el patrón. En Veracruz, el periodista Lafita León fue detenido. En Puebla, Rodolfo Ruiz fue vinculado a proceso. Periodistas perseguidos, vigilados y judicializados, mientras los gobiernos morenistas insisten en que nadie calla a nadie.

 

La crítica no se prohíbe: se castiga. No se silencia: se judicializa. No se reprime: se “regula”.

 

Así pasará 2025 a la historia: como el año en que la mordaza se volvió institucional. Y Los Reyes La Paz, bajo el gobierno de Martha Guerrero Sánchez y la tutela política de Tranquilino Lagos Buenabad, quedará como ejemplo local de cómo Morena predica libertad mientras ejerce censura con uniforme, amenazas y expedientes.

DEFENSA DE DETENIDOS CON 37 MILLONES EN NAUCALPAN PRESENTA CARTAS ANTILAVADO Y DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR ORIGEN LÍCITO

 

*Millones asegurados, legalidad en disputa: defensa apuesta al soporte documental

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Naucalpan, Estado de México, 27 de diciembre de 2025.– La defensa legal de Iván “N” y José “N”, detenidos mientras transportaban 37 millones de pesos en efectivo sobre la Avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, presentó ante las autoridades cartas antilavado y diversa documentación con el objetivo de acreditar la procedencia lícita de los recursos asegurados.

 

El abogado defensor, Luis Enrique Sánchez, informó que las cartas antilavado forman parte de los procesos normativos de la empresa Grupo Águila Bicéfala de Transportes, dedicada a la seguridad privada y al traslado de valores. Dichos documentos, explicó, constituyen acuerdos mediante los cuales se manifiesta que el dinero trasladado proviene de actividades comerciales legales y debidamente reguladas.

 

“La carta antilavado es un acuerdo mediante el cual las partes manifiestan que el recurso que se obtiene o se traslada proviene de manera lícita. Es parte del proceso cuando damos de alta a un cliente; con ello se reconoce que el dinero corresponde a una actividad legal”, detalló el litigante.

 

Además de estas cartas, la defensa aportó permisos de portación de armas expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), autorizaciones de la camioneta utilizada para el traslado, pólizas de seguro y documentación que acredita la legalidad del movimiento del efectivo, así como un soporte documental individual de cada uno de los involucrados.

 

Sánchez precisó que los recursos pertenecen a empresas formalmente constituidas que contratan servicios de traslado de valores como parte de sus compromisos mercantiles, lo que genera operaciones reguladas y documentadas conforme a la normatividad vigente.

 

Indicó que aún se encuentran pendientes diversas diligencias, entre ellas la solicitud de grabaciones de cámaras del C4 y la comparecencia de los policías que fungieron como primeros respondientes, elementos que —aseguró— permitirán esclarecer plenamente los hechos.

 

Finalmente, el abogado sostuvo que durante la detención no existió resistencia por parte de sus representados y que las actuaciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos, por lo que confió en que las autoridades valoren de manera objetiva el soporte documental presentado y determinen el caso conforme a derecho.

 

No obstante, el caso permanece abierto y bajo escrutinio. Será la revisión de las grabaciones del C4, la actuación de los policías como primeros respondientes y la valoración judicial del soporte documental lo que determine si el traslado millonario se ajustó plenamente a la legalidad o si existen responsabilidades penales, en un contexto donde el manejo de grandes cantidades de efectivo sigue siendo uno de los principales focos de alerta para las autoridades financieras y de seguridad.

EXPEDIENTES RUMBO A 2027: LOS EXALCALDES PRESOS QUE PERSIGUEN A LOS PARTIDOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

* Rumbo a 2027, los expedientes penales de exalcaldes amenazan con convertirse en pasivo electoral para los partidos que los postularon

 

TOLUCA, Estado de México, 26 de diciembre de 2025.— La Navidad suele asociarse con tranquilidad, reunión familiar y pausas en la rutina. Sin embargo, para al menos nueve exalcaldes y exalcaldesas del Estado de México, las fiestas decembrinas transcurrieron lejos de casa y bajo custodia penitenciaria. Procesados o sentenciados por delitos graves, estos exfuncionarios concluyen el año privados de la libertad, convertidos en el reverso de una celebración que para millones simboliza unión y descanso.

 

Secuestro, extorsión, homicidio, abuso de autoridad y presuntos vínculos con el crimen organizado forman parte del catálogo de delitos que hoy pesan sobre quienes alguna vez encabezaron ayuntamientos mexiquenses. A continuación, un recuento de los casos más relevantes.

 

CONDENAS LARGAS Y ACUSACIONES DE ALTO IMPACTO

 

Uno de los casos más severos es el de María Elena Martínez, ex presidenta municipal de Amanalco, detenida el 22 de noviembre de 2024 durante la Operación Enjambre, dirigida contra servidores públicos con presuntos vínculos criminales. Fue señalada como autora intelectual del homicidio del ex síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer, asesinados en enero de 2023. Actualmente se encuentra recluida en el módulo femenil del penal de Santiaguito, donde cumple una sentencia de 70 años de prisión por doble homicidio calificado.

 

En Santo Tomás de los Plátanos, el poder municipal terminó convertido en expediente penal. Pedro Luis “N”, alias Wicho, exalcalde electo, fue detenido el 8 de febrero de 2025 también en el marco de la Operación Enjambre, acusado de extorsión contra una excandidata a la alcaldía. Su caso adquirió notoriedad cuando huyó de las autoridades el 17 de diciembre de 2024, en plena toma de protesta. Vinculado a proceso el 10 de febrero, permanece recluido en el penal de Tenango del Valle.

Su esposa, María del Rosario Matías, exalcaldesa del mismo municipio, fue detenida en enero de 2025 en Metepec. Está recluida en Santiaguito, acusada de extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado, en prisión preventiva.

 

Otro expediente emblemático es el de Emilio Arriaga Villa, ex presidente municipal de Ocuilán, detenido en diciembre de 2021 en Cuernavaca por su presunta participación en un secuestro agravado ocurrido en junio de ese año. En febrero de 2023 fue sentenciado a 75 años de prisión, además de multa y suspensión de derechos civiles y políticos. Cumple su condena en el penal de Tenancingo.

 

VÍNCULOS CRIMINALES Y ATAQUES ARMADOS

 

El caso de Fidel Figueroa Gómez, exalcalde de Zacualpan, refleja la colusión entre poder local y violencia organizada. Fue detenido el 4 de junio de 2020 por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra el entonces fiscal regional de Ixtapan de la Sal, Mauricio Blancas Valerio, ocurrido en marzo de 2019 y en el que murió un escolta. Investigaciones establecieron que habría aportado información a un grupo criminal para concretar la emboscada. En octubre de 2021 recibió una sentencia de 236 años de prisión, que cumple en Santiaguito.

 

En Zinacantepec, Gerardo Nava Sánchez, exalcalde del municipio, fue detenido en enero de 2021 por ordenar presuntamente un ataque armado contra un regidor municipal en marzo de 2020. En octubre de 2022 fue sentenciado a 42 años y seis meses de prisión por homicidio en grado de tentativa. También permanece recluido en Santiaguito.

 

ABUSO DE PODER Y DELITOS SEXUALES

 

Más recientes son los casos de Selenne “N”, ex presidenta municipal de Capulhuac, detenida el 24 de junio de 2025 y vinculada a proceso seis días después. Enfrenta cargos por lesiones agravadas, abuso de autoridad e irregularidades administrativas en agravio de una psicóloga del DIF municipal. Permanece en prisión preventiva en Santiaguito.

 

Por su parte, Diego Eric “N”, exalcalde de Santiago Tianguistenco, fue detenido en mayo de 2024. Enfrenta procesos por extorsión contra un servidor público y acusaciones de agresión sexual contra una extrabajadora del Ayuntamiento. En agosto de 2024 un juez ratificó la prisión preventiva justificada. Se encuentra recluido en Tenango del Valle.

 

Finalmente, Ari Patrick “N”, ex presidente municipal de Almoloya de Alquisiras, fue vinculado a proceso por extorsión. Fue detenido junto con su hermano y una comerciante; las autoridades los señalan por presuntos actos extorsivos en municipios del sur del Edomex y por vínculos con “La Familia Michoacana”.

 

DEL PODER AL ENCIERRO

 

Quienes tenían la responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar de la población hoy enfrentan procesos penales y sentencias históricas en distintos centros penitenciarios del Estado de México.

 

Mientras para millones las fiestas decembrinas representan convivencia y celebración, para estos exfuncionarios el cierre de año se vive tras las rejas, lejos de los privilegios del poder y bajo el peso de expedientes que exhiben la profunda crisis de corrupción y violencia en el ámbito municipal.

 

Mientras estos exalcaldes pasarán el cierre de año tras las rejas, sus partidos enfrentarán algo igual de incómodo: campañas bajo sospecha, candidaturas cuestionadas y un pasado que ningún spot podrá borrar.

¿TERRORISMO O PERIODISMO? VERACRUZ LLEVA LA CRIMINALIZACIÓN

 DE LA PRENSA A UN NUEVO EXTREMO

 

* Prisión preventiva y acusación de terrorismo: la Fiscalía de Veracruz silencia a un reportero sin pruebas claras

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

VERACRUZ, México, 25 de diciembre de 2025.– En un hecho que ha encendido las alertas nacionales e internacionales sobre la libertad de expresión en México, la Fiscalía General del Estado de Veracruz acusó al periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, de delitos tan graves como terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, sin presentar hasta ahora pruebas claras ni una narrativa jurídica sólida que sustente semejantes imputaciones.

 

La detención ocurrió el 24 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos, mediante un operativo conjunto de la Policía Ministerial y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ejecutando una orden de aprehensión que, de acuerdo con organizaciones civiles y colegas del comunicador, parece más una medida ejemplarizante que una acción de justicia.

 

Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz no ha detallado los hechos específicos ni la evidencia concreta que justificarían la acusación de terrorismo contra un reportero dedicado a la cobertura de nota roja y denuncias ciudadanas. Las autoridades se han limitado a señalar que el juez de control validó la detención y dictó prisión preventiva oficiosa, dejando al periodista tras las rejas mientras el caso avanza bajo una preocupante opacidad.

 

La audiencia de continuación fue programada para el sábado 29 de diciembre a las 8:00 horas, en un contexto político marcado por el reciente relevo en la Fiscalía estatal. Apenas el 9 de diciembre, el Congreso de Veracruz aprobó el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como nueva fiscal general, sustituyendo a Verónica Hernández Giadáns, lo que añade suspicacias sobre el uso del aparato judicial en esta etapa de transición.

 

AMENAZAS PREVIAS Y UN EXPEDIENTE CUESTIONADO

 

Aunque la Fiscalía no ha explicado cómo la labor informativa de Lafita León encuadra en el delito de terrorismo, medios locales y periodistas señalan un antecedente clave: las amenazas recibidas por el comunicador tras cubrir en vivo un accidente de tránsito, ocurrido el 16 de diciembre, en el que estuvo involucrada la hija de la abogada Leticia Zurita Dávila.

 

Durante esa transmisión se observa cómo Lafita León es agredido verbalmente por Zurita Dávila y otra mujer, mientras un elemento de la Marina resguarda el perímetro del accidente e impide al periodista acercarse. En ese contexto, la abogada lanzó una advertencia directa: “¡Te voy a hacer un desmadre, vas a ver!”, amenaza que hoy cobra relevancia frente a la detención del comunicador.

 

El periodista Rodrigo Barranco reveló en la red social X que, presuntamente, la Fiscalía habría sustentado la acusación en mensajes encontrados en el teléfono del reportero, bajo el argumento de que debió denunciar los hechos ante la autoridad en lugar de transmitirlos. Es decir, se pretende criminalizar el acto mismo de informar.

 

ALERTA POR CRIMINALIZACIÓN DE LA PRENSA

 

Organizaciones como ARTICLE 19, la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC) y la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Coatzacoalcos (AMECOPE) han condenado el caso, calificándolo como una criminalización directa de la libertad de prensa y advirtiendo que el expediente parece fabricado.

 

ARTICLE 19 documentó la detención y exigió a las autoridades de Veracruz cesar las prácticas abusivas e intimidatorias contra periodistas, exhortando a la Fiscalía a actuar con imparcialidad y al Poder Judicial a garantizar el debido proceso.

 

“La cobertura de hechos violentos o de interés público no puede usarse para imputar crímenes”, subrayaron las organizaciones, que además demandan medidas de protección y la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.

 

Mientras tanto, Lafita León permanece en prisión preventiva, sin posibilidad de defensa pública y sin que la Fiscalía explique cómo un periodista puede convertirse, por ejercer su oficio, en presunto terrorista.

 

En Veracruz, la pregunta ya no es solo qué hay detrás de este caso, sino quién será el siguiente.

OBRAS PARA LA FOTO, SILENCIO ANTE EL AGUA Y LA REPRESIÓN EN LA PAZ

 

* Mientras Martha Guerrero presume bajo puentes “históricos”, crecen las denuncias por control criminal del agua, venta de pipas a precios de extorsión y ataques a la libertad de expresión

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Los Reyes, La Paz, Estado de México, 25 de diciembre de 2025.- Mientras el gobierno municipal de La Paz y la alcaldía de Iztapalapa se esfuerzan por vender como “histórica” la recuperación de dos bajo puentes en la autopista México-Puebla, la realidad que enfrentan miles de habitantes de La Paz sigue marcada por el abandono, la opacidad y una crisis que el boletín oficial omite deliberadamente: la criminal falta de agua potable.

 

La alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez presume iluminación, balizamiento y limpieza urbana, pero guarda silencio absoluto frente a una emergencia cotidiana que golpea directamente a las familias más pobres del municipio. Vecinos y líderes comunitarios han denunciado que el desabasto no es casual ni técnico, sino consecuencia de un presunto acuerdo entre autoridades municipales y un grupo delictivo disfrazado de sindicato, que controla los pozos de agua y su distribución ilegal mediante pipas.

 

De acuerdo con estas denuncias, dicho esquema de control estaría operado con la complacencia —o participación— del círculo más cercano a la presidenta municipal. En particular, señalan a Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa, como el presunto enlace con este grupo, permitiendo que el agua sea vendida a la población más vulnerable hasta en 1,200 pesos por pipa, convirtiendo un derecho humano en un negocio de extorsión.

 

Resulta revelador que, en un acto donde se habla de drenaje, colectores y sustentabilidad, no se haya pronunciado una sola palabra sobre el saqueo de los mantos acuíferos ni sobre quién controla realmente el acceso al agua en La Paz. Tampoco hubo espacio para responder por la privación ilegal de la libertad de reporteros ocurrida en días recientes, ni para fijar postura frente a la intolerancia y agresividad con la que el propio Tranquilino Lagos Buenabad ha reaccionado ante la crítica periodística.

 

La contradicción es evidente: cuando eran oposición, exigían libertad de expresión; hoy, desde el poder, buscan silenciarla. El discurso de coordinación intergubernamental contrasta con una práctica autoritaria que castiga a quien documenta las fallas, abusos y presuntos vínculos oscuros del actual gobierno municipal.

 

El anuncio del reforzamiento del Colector Teotongo, con una inversión de 350 millones de pesos, tampoco disipa las dudas. Más allá de la obra hidráulica, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿Cómo se explica que un municipio inundado en temporada de lluvias viva, al mismo tiempo, una sequía inducida por el control mafioso del agua?

 

La narrativa oficial intenta vender obras como logros estructurales, pero en La Paz el problema no es únicamente el drenaje, sino un gobierno que ha normalizado el silencio, la represión a la crítica y la mercantilización de los derechos básicos. Mientras se pintan bajo puentes y se colocan luminarias para la foto, la población sigue pagando —literalmente— el precio de un modelo de gobierno que prometió transformación y hoy entrega simulación.

 

La pregunta que el boletín no responde es sencilla pero incómoda: ¿cómo puede un municipio inundarse cada temporada de lluvias y, al mismo tiempo, padecer una sequía inducida por intereses criminales?

 

Mientras esa respuesta no exista, cualquier obra será solo maquillaje urbano para ocultar un gobierno que traicionó sus propias banderas y gobierna desde el silencio, la opacidad y el abuso.

LAS POSADAS DEL CRIMEN: EL VERDE FESTEJA EN

 CHALCO CON DINERO DE EXTORSIÓN

 

* Dinero de extorsión, presencia política y silencio oficial: la alianza que sembró miedo en Chalco

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 25 de diciembre de 2025.— José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), exhibió un cinismo político difícil de ocultar al participar en una serie de posadas realizadas en el municipio de Chalco, eventos que lejos de representar un gesto social, quedaron manchados por el origen criminal de los recursos con los que fueron financiados.

 

Las celebraciones decembrinas, que recorrieron diversas colonias de Chalco, fueron costeadas por Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, identificado como líder del grupo criminal Sindicato 22 de Octubre y quien, hasta antes de su detención, se desempeñaba como sexto regidor del ayuntamiento de Chalco por el PVEM. No se trata de un dato menor: el dinero que financió estos eventos provino, según las investigaciones, de una estructura criminal dedicada a la extorsión, secuestro exprés, despojo de propiedades y al huachicoleo de agua, mediante la extracción y venta ilegal del vital líquido.

 

“El Jimmy” fue detenido el 21 de noviembre de 2025 en un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), señalado como cabecilla de una organización que utilizaba la figura sindical como fachada para delinquir. A pesar de que es señalado de manera reiterada como presunto responsable de múltiples asesinatos, al momento de su captura no fue imputado por homicidio, lo que desde entonces ha levantado sospechas y temores entre la población.

 

Lejos de deslindarse, Couttolenc Buentello acudió a las posadas, aun sabiendo que los eventos —bautizados entre los propios habitantes como “Las Posadas con Jimmy”— fueron financiados con dinero arrancado mediante la violencia a comerciantes, transportistas, piperos y ciudadanos de a pie. La presencia del líder del Verde no fue un error ni una casualidad: fue un acto de propaganda política sostenido con recursos manchados por la extorsión y el miedo.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué puede ofrecer un partido político que no muestra el menor escrúpulo ante el sufrimiento de las comunidades más golpeadas por el crimen? El PVEM, ya señalado históricamente como un instituto político satélite que se acomoda al mejor postor, ahora carga con un señalamiento aún más grave: la cercanía abierta con estructuras del crimen organizado.

 

En la zona oriente del Estado de México crece además un temor persistente. Habitantes advierten que la relación política exhibida en Chalco podría traducirse en acuerdos de alto nivel que involucrarían a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al secretario general de Gobierno Horacio Duarte Olivares y al fiscal general mexiquense José Luis Cervantes Martínez, con el objetivo de allanar el camino para que “El Jimmy” recupere su libertad y regrese a las calles.

 

Aunque el discurso oficial insiste en la independencia de las fiscalías y del Poder Judicial, la percepción social es otra: en el Estado de México la justicia se decide desde el poder político, definiendo a quién se detiene, a quién se protege y a quién se libera. Bajo ese contexto, no son pocos los que anticipan que Christian Jesús Castillo Grimaldo podría abandonar pronto la cárcel, con el aval tácito de las instituciones encargadas de combatirlo.

 

Las posadas financiadas con cientos de miles de pesos de origen criminal se realizaron en las colonias Emiliano Zapata, Barrio San Sebastián, Jacalones II, La Bomba, San Mateo Tezoquipan, Miraflores, San Lucas Amalinalco, Culturas de México, La Ejidal, Jardines de Chalco, Jardines de Cápala, San Marcos Huixtoco y San Gregorio Cuautzingo.

 

La interrogante queda abierta y es incómoda: si se normaliza que los partidos políticos convivan, celebren y se promocionen con recursos del crimen organizado, ¿hacia dónde se dirige el Estado de México?

SALUD DE CARTÓN: PROPAGANDA MORENISTA NO TAPA EL

 COLAPSO SANITARIO EN EDOMEX

Brigadas itinerantes, hospitales vacíos y un sistema sin medicamentos que se cae a pedazos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 22 de diciembre de 2025.– Mientras el Gobierno del Estado de México presume haber beneficiado a más de 83 mil personas mediante las jornadas “Jueves por la Salud de los y las Mexiquenses”, la realidad sanitaria de la entidad sigue marcada por carencias estructurales, rezagos históricos y una estrategia que, más que política pública de fondo, opera como paliativo itinerante y herramienta de propaganda.

 

Las 304 jornadas realizadas desde agosto de 2025 en 108 municipios, con más de 385 mil actividades médico-asistenciales, no resuelven el problema central: la ausencia de un sistema de salud permanente, con infraestructura funcional, personal suficiente y abasto regular de medicamentos. Las brigadas móviles, por definición, no sustituyen hospitales abandonados, clínicas sin médicos ni centros de salud que operan con horarios recortados o sin insumos básicos.

 

El discurso de “amplia cobertura” contrasta con la experiencia cotidiana de miles de mexiquenses: filas interminables, traslados forzados a otros municipios, consultas diferidas y tratamientos inconclusos. Atender a 83 mil personas en una entidad con más de 17 millones de habitantes evidencia el carácter marginal del programa, que cubre apenas una fracción mínima de la demanda real.

 

Incluso utilizando las palabras del propio mesías de Morena, Andrés Manuel López Obrador, “tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto”. Y el pueblo sabe, porque lo vive a diario, que en centros de salud, clínicas y hospitales de seguridad social simplemente no hay medicamentos. No es un problema de percepción ni de narrativa: es una crisis tangible. La gente se está muriendo mientras el gobierno estatal insiste en maquillar el colapso con cifras, boletines y eventos itinerantes.

 

Aunque la Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, habla de prevención, autocuidado y detección oportuna, la estrategia carece de indicadores públicos que permitan medir resultados clínicos, seguimiento de pacientes o impacto real en enfermedades crónicas. Sin continuidad, sin tratamientos completos y sin abasto, la prevención queda reducida a un acto discursivo.

 

La promesa de extender las jornadas a los 125 municipios llega en un contexto donde hospitales regionales continúan sin equipamiento, el personal médico denuncia sobrecarga laboral y la atención especializada sigue centralizada e inaccesible para comunidades rurales y zonas marginadas.

 

La gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez parece apostar a que la propaganda mantendrá a la gente callada, pero el desgaste es evidente. Más que un “modelo de salud cercano y humano”, las jornadas reflejan una política de simulación: llegar, contar atenciones, tomarse la foto y retirarse, sin resolver el fondo del problema.

 

En un Estado de México donde el sistema de salud se descompone día a día, el desastre no es una posibilidad futura: es una realidad en curso. Y, como advierten incluso las propias frases del obradorismo, pensar que la ciudadanía no lo ve es el error más grave. El colapso es imparable; sólo es cuestión de tiempo.

INTIMIDACIÓN, CENSURA Y AMENAZAS VELADAS: EL PODER MORENISTA

 EN LA PAZ CONTRA LA PRENSA CRÍTICA

 

* Amenazas, detenciones arbitrarias y hostigamiento: el cerco morenista contra la prensa crítica en La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Los Reyes, La Paz, Estado de México, 20 de diciembre de 2025.— A Tranquilino Lagos Buenabad ya se le adelgazó la piel. El esposo de la presidenta municipal morenista Martha Guerrero Sánchez pasó de la discreción al ataque directo contra la prensa crítica, exhibiendo una preocupante intolerancia frente a las publicaciones de la Revista Expediente Secreto desde la llegada de Morena al poder en La Paz.

 

Para Lagos Buenabad —como para el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— la prensa “libre” parece ser únicamente aquella que aplaude, legitima y repite la narrativa oficial. La crítica, en cambio, es etiquetada como “derecha”, “PRIAN” o conspiración política, exactamente bajo el mismo manual que hoy se replica desde Palacio Nacional hasta los ayuntamientos.

 

La tensión escaló el pasado 15 de diciembre, cuando dos periodistas de la Revista Expediente Secreto fueron privados de la libertad de manera arbitraria dentro del Palacio Municipal de La Paz. Policías municipales, por órdenes de Pedro Luna Pintor, quien se ostenta como titular de la Dirección de Gobierno, los retuvieron e intentaron ponerlos a disposición del Juez Conciliador.

El propio juez reconoció que no existía falta administrativa ni delito alguno, por lo que los reporteros fueron liberados de inmediato.

 

De acuerdo con lo asentado, Pedro Luna Pintor afirmó que actuó por órdenes expresas de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, quien habría instruido detener a cualquier reportero de dicho medio. Por estos hechos existe ya una carpeta de investigación:

NEZ/CCF/SPN/062/347133/25/12, en contra de los policías involucrados, del propio Luna Pintor y de quien resulte responsable.

 

Lejos de deslindarse o llamar a la mesura, Tranquilino Lagos Buenabad avivó el conflicto este día, al publicar en redes sociales una serie de mensajes en alusión directa a Expediente Secreto, acusando sin pruebas que el medio responde a una “línea editorial de la derecha prianista”, insinuando incluso que los periodistas “extrañan nóminas del gobierno anterior”.

 

En un tono abiertamente intimidante, Lagos Buenabad escribió que las publicaciones “no están documentadas” y advirtió que “falsear y utilizar inteligencia artificial en notas amarillas tiene un costo jurídico”, lo que constituye amenazas veladas contra el ejercicio periodístico, especialmente grave en un contexto donde ya existió una detención arbitraria previa.

 

El discurso del esposo de la alcaldesa no solo intenta desacreditar, sino victimizar al poder, presentando a “la derecha” como un enemigo abstracto, al estilo del obradorismo más radical. Sin embargo, en los hechos, las mayores fracturas y confrontaciones están dentro de Morena, donde Lagos Buenabad ha tomado partido por la corriente que encabeza el cacique político de Texcoco, Higinio Martínez Miranda.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué sigue después de la intimidación y las detenciones ilegales? ¿Más persecución administrativa? ¿Criminalización de la crítica? ¿Violencia?

Ante este escenario de hostigamiento sistemático, quienes integran la Revista Expediente Secreto hacen responsables directos a la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez y a su esposo Tranquilino Lagos Buenabad de cualquier agresión contra los reporteros.

 

Asimismo, recuerdan a la ciudadanía que la alcaldesa prometió iniciar al menos 10 carpetas de investigación contra la administración anterior por el presunto saqueo de las arcas municipales. A un año de gobierno, no existe una sola denuncia presentada, sin embargo, el esposo de la alcaldesa moreenista ya amenaza a periodistas de denunciarlos.

 

El discurso anticorrupción quedó en puras promesas; la persecución a la prensa, en una realidad. Y mientras no haya denuncias, resultados ni rendición de cuentas, la pregunta final queda en el aire: ¿quiénes son realmente los que tienen miedo a que se sepa la verdad?

COBERTORES, EXCUSAS Y AMNESIA POLÍTICA: EL ASISTENCIALISMO

 COMO COARTADA EN LA PAZ

 

* Asistencialismo, culpas al pasado y cero denuncias: la otra cara del gobierno morenista en La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LA PAZ, Estado de México, 20 de diciembre de 2025.— Bajo el disfraz de un acto “humanitario”, la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, encabezó la entrega de 500 cobertores en el Parque de los Niños, en Lomas de San Isidro. El evento, difundido como parte del programa “Abrigando Corazones”, no es otra cosa que una vieja práctica reciclada: asistencialismo de ocasión para ocultar la falta de resultados reales.

 

La alcaldesa, emanada de Morena —partido que prometió ser diferente— recurrió al mismo libreto de siempre: culpar a las administraciones pasadas de todos los males, mientras su gobierno se reduce a repartir cobijas, tinacos y discursos de victimización. Morena no resultó distinto; resultó igual, solo con otro color.

 

Guerrero Sánchez afirma que “le dejaron deudas y problemas” y pide comprensión a la ciudadanía. Sin embargo, omite convenientemente hablar de su propio pasado político. Fue regidora durante el gobierno del entonces perredista Agustín Corona, una de las administraciones a las que hoy señala como saqueadoras. Si en ese periodo hubo desvío de recursos —como ella misma sugiere—, tendría que explicar qué sabía, qué hizo y cuántos millones se embolso.

 

Más grave aún es el silencio en torno a su propio entorno más cercano. Su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, fungió como director del OPDAPAS, organismo señalado por presuntos desvíos millonarios que, según versiones ampliamente conocidas en La Paz, habrían servido para financiar sus aspiraciones políticas personales. Si la alcaldesa exige cuentas del pasado, la primera explicación pendiente está en casa. No basta con señalar; se debe devolver lo robado y ofrecer disculpas públicas.

 

Mientras acusa a exfuncionarios de haber vaciado las arcas municipales, no ha presentado una sola denuncia formal ante las autoridades correspondientes, pese a haberlo prometido al asumir el cargo. Esa omisión no es casual: es complicidad o cobardía política. Lo demás es retórica hueca.

 

La entrega de cobertores no resuelve el abandono estructural del municipio. Lucrar con la necesidad de quienes no tienen ni con qué cubrirse del frío no es política social, es propaganda. Es utilizar la pobreza como escenografía y a los más jodidos como fondo para la foto.

 

Ante vecinos de colonias como Mariel, 20 de Mayo, Libertad, Lomas de San Isidro, Tecomatlán y El Pino, la alcaldesa habló de “veneno” y de quienes critican su gobierno. Pero la crítica no es veneno; es consecuencia de un año de promesas incumplidas, de un discurso que se contradice con los hechos y de una administración que prefiere repartir culpas antes que rendir cuentas.

 

A un año de gobierno, Guerrero Sánchez insiste en que no se puede corregir un rezago de 40 años. Sin embargo, sí fue capaz de prometerlo en campaña. Hoy, la repavimentación de una avenida y la entrega de tinacos se presentan como grandes logros, cuando en realidad son obligaciones mínimas del gobierno municipal, no dádivas.

 

En La Paz no hacen falta cobertores mediáticos ni discursos de autojustificación. Hacen falta denuncias, resultados, transparencia y memoria. Porque quien hoy acusa al pasado, formó parte de él. Y quien gobierna sin denunciar, termina siendo exactamente lo mismo que dice combatir.

DEL HUACHICOL AL PODER LOCAL: EL CRIMEN SE DISFRAZÓ DE ESPECTÁCULO EN

 EL ESTADO DE MÉXICO

 

* “El Edomex como refugio criminal: festivales, política y huachicol bajo la misma red”

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ACOLMAN, Estado de México, 19 de diciembre de 2025.– La narrativa del “emprendedor cultural” y promotor de espectáculos se desmorona ante las revelaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y dueño de la franquicia Miss Universo, admitió ante autoridades federales haber participado en operaciones de huachicol, señalando como operador principal y socio criminal a Jacobo Reyes León, excomisario de Seguridad Pública de Acolman y excandidato del PRD a la Presidencia Municipal de San Martín de las Pirámides.

 

La declaración de Rocha Cantú —convertido en testigo protegido— coloca a Reyes León, alias “El Yaicob”, en el centro de una organización dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos, delincuencia organizada y tráfico de armas, delitos por los que fue detenido el pasado 16 de diciembre en la Ciudad de México y trasladado a un penal federal.

 

La paradoja es brutal: quien habló de “convivencia sana”, saldo blanco y desarrollo económico mediante conciertos, hoy es señalado como líder de una red criminal que operaba con millones de pesos y combustible contrabandeado.

 

El empresario cultural que prometía millones… y terminó señalado por huachicol

 

Reyes León se presentó públicamente como impulsor del Festival Caminante, evento realizado en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán, y utilizó esa plataforma para construir una imagen de gestor cultural y aspirante político.

 

En una entrevista difundida en 2021 en el canal de YouTube SOYMARTINTEOT, el propio Reyes admitía que su incursión en los festivales musicales fue el detonante de su carrera pública: “Antes ni me pelaban… Caminante fue lo que detonó que se diera a conocer mi nombre”.

 

Como candidato, prometía un Foro Multicultural desmontable para 14 mil personas, hasta 45 eventos anuales, y una supuesta derrama económica con recaudación directa de 5.8 millones de pesos anuales para el municipio. Incluso hablaba de crear proyectos de seguridad privada, mientras años después sería acusado de encabezar actividades criminales.

 

La detención y el señalamiento directo

 

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Reyes León fue arrestado en Reforma 75, sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), tras promover sin éxito un amparo contra la orden de captura girada el 15 de noviembre por el juez federal Rodrigo Rosales Salazar, del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro. La orden también incluía a Raúl Rocha Cantú y a otros siete presuntos integrantes del grupo delictivo.

 

Rocha Cantú confesó haber entregado 2 millones 100 mil pesos en dos exhibiciones, a finales de noviembre y diciembre de 2024, a cambio de rendimientos económicos derivados de la venta ilegal de combustible. Según su testimonio, Reyes León le garantizó seguridad en el negocio, asegurándole que él era “el operador” de toda la estructura.

 

El combustible, según la declaración ministerial, se almacenaba en un predio de Querétaro, dentro de instalaciones de la empresa Ferropolymers.

 

Testigo protegido y preguntas incómodas

Como parte de un criterio de oportunidad, Rocha Cantú —exdueño del Casino Royale— evitó la cárcel a cambio de colaborar con la FGR. Antes de dejar la titularidad de la dependencia, Alejandro Gertz Manero autorizó retirar la orden de aprehensión en su contra y concederle el estatus de testigo colaborador.

 

La pregunta de fondo permanece abierta y resulta incómoda para el poder en el Estado de México: ¿Por qué tantos personajes ligados al crimen organizado han ocupado cargos públicos o posiciones de poder en la entidad? ¿Quién los protege mientras construyen carreras políticas o empresariales? ¿Qué ha hecho la Policía de Investigación, bajo el mando del fiscal José Luis Cervantes Martínez, para detectar estas redes antes de que estallen?

 

¿Cuál es la responsabilidad política de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ante un estado donde prácticamente todos los municipios aparecen infestados de delincuencia organizada? ¿Cuántos funcionarios más caerán… y cuántos serán protegidos? ¿Morena les abrió la puerta o simplemente miró hacia otro lado?

 

El caso Reyes León no es un hecho aislado: es otro síntoma de un Estado de México donde el crimen, la política y los negocios conviven con alarmante normalidad, mientras la rendición de cuentas sigue siendo la gran ausente.

AUTORITARISMO EN LOS REYES LA PAZ: GOBIERNO MORENISTA

 MANDA DETENER A PERIODISTAS INCÓMODOS

 

* Retienen a reporteros dentro del palacio municipal; señalan órdenes directas de la alcaldesa Martha Guerrero

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES, LA PAZ, Estado de México, 17 de diciembre de 2025.– El gobierno municipal de Los Reyes La Paz volvió a exhibir un rostro autoritario y hostil contra la libertad de expresión. Dos periodistas de la Revista Expediente Secreto fueron privados de la libertad de manera arbitraria al interior del palacio municipal, en hechos ocurridos el pasado lunes 15 de diciembre alrededor de las 10 de la mañana.

 

De acuerdo con los testimonios y la narrativa de los hechos, los comunicadores se encontraban repartiendo el medio informativo dentro de las oficinas del ayuntamiento cuando Pedro Luna Pintor, quien se ostenta como director de Gobierno municipal, reaccionó de forma violenta y verbalmente agresiva. “Ya les dije que aquí no pueden estar repartiendo su chingadera”, gritó a uno de los reporteros, antes de ordenar a dos policías municipales que lo detuvieran.

 

Los uniformados acataron la instrucción de manera inmediata. Uno de los periodistas fue retenido en contra de su voluntad durante aproximadamente 45 minutos en el segundo piso del edificio municipal. Durante ese lapso, Pedro Luna Pintor le habría advertido que se trataba de instrucciones directas de la alcaldesa morenista Martha Guerrero, quien ha ordenado que cualquier persona que distribuyera la revista Expediente Secreto fuera detenida de inmediato.

 

La retención forzada del comunicador configura, conforme al marco legal vigente, el delito de privación ilegal de la libertad. Pese a ello, el abuso no terminó ahí. Tras mantenerlo retenido, Luna Pintor y los dos policías municipales lo condujeron al sótano del ayuntamiento, donde se ubican las oficinas de la policía municipal, para posteriormente presentarlo ante el Juez Conciliador.

 

De manera paralela, el segundo periodista —que se encontraba en la explanada municipal— también fue detenido por uno de los policías y trasladado al mismo Juez Conciliador. Tras revisar los hechos, la autoridad determinó que no existía infracción administrativa ni delito alguno, por lo que ambos comunicadores fueron puestos en libertad. Esta resolución deja en evidencia que la detención fue completamente arbitraria y carente de sustento legal.

 

Lejos de tratarse de un “malentendido”, el caso ya derivó en la apertura de la carpeta de investigación NEZ/CCF/SPN/062/347133/25/12, en la que figura como imputado Pedro Luna Pintor, junto con los dos policías municipales involucrados, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad.

 

El Código Penal es claro: toda persona que sea retenida contra su voluntad incurre en un delito. Además, el Artículo 355 establece sanciones y la obligación de reparación del daño en casos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, concusión, peculado y otros delitos cometidos por servidores públicos.

 

Más grave aún, el Título Séptimo de los Delitos contra la Libertad de Expresión, en su Artículo 356, tipifica como delito cualquier conducta destinada a impedir, limitar o atacar la labor periodística y a los medios de comunicación. Lo ocurrido en Los Reyes La Paz encaja de manera directa en estas disposiciones.

En este contexto, el gobierno encabezado por Martha Guerrero Sánchez, junto con su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, queda bajo un manto de sospecha política y legal. Para los reporteros de Expediente Secreto, las agresiones se han intensificado desde que el medio comenzó a publicar información sobre la presunta cercanía de Tranquilino Lagos con Héctor Becerril, señalado como presunto operador de extorsiones y presunto controlador de la venta ilegal de agua en La Paz y otros municipios de la zona oriente del Estado de México.

 

Mientras el ayuntamiento guarda silencio, los hechos hablan por sí solos: en Los Reyes La Paz, repartir información crítica se castiga con detenciones ilegales, abuso de poder y amenazas veladas. Cada día que pasa, el gobierno municipal morenista deja menos dudas sobre su intolerancia a la prensa incómoda y su desprecio por las libertades fundamentales.