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viernes, 26 de diciembre de 2025

¿TERRORISMO O PERIODISMO? VERACRUZ LLEVA LA CRIMINALIZACIÓN

 DE LA PRENSA A UN NUEVO EXTREMO

 

* Prisión preventiva y acusación de terrorismo: la Fiscalía de Veracruz silencia a un reportero sin pruebas claras

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



VERACRUZ, México, 25 de diciembre de 2025.– En un hecho que ha encendido las alertas nacionales e internacionales sobre la libertad de expresión en México, la Fiscalía General del Estado de Veracruz acusó al periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, de delitos tan graves como terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, sin presentar hasta ahora pruebas claras ni una narrativa jurídica sólida que sustente semejantes imputaciones.

 

La detención ocurrió el 24 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos, mediante un operativo conjunto de la Policía Ministerial y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ejecutando una orden de aprehensión que, de acuerdo con organizaciones civiles y colegas del comunicador, parece más una medida ejemplarizante que una acción de justicia.

 

Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz no ha detallado los hechos específicos ni la evidencia concreta que justificarían la acusación de terrorismo contra un reportero dedicado a la cobertura de nota roja y denuncias ciudadanas. Las autoridades se han limitado a señalar que el juez de control validó la detención y dictó prisión preventiva oficiosa, dejando al periodista tras las rejas mientras el caso avanza bajo una preocupante opacidad.

 

La audiencia de continuación fue programada para el sábado 29 de diciembre a las 8:00 horas, en un contexto político marcado por el reciente relevo en la Fiscalía estatal. Apenas el 9 de diciembre, el Congreso de Veracruz aprobó el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como nueva fiscal general, sustituyendo a Verónica Hernández Giadáns, lo que añade suspicacias sobre el uso del aparato judicial en esta etapa de transición.

 

AMENAZAS PREVIAS Y UN EXPEDIENTE CUESTIONADO

 

Aunque la Fiscalía no ha explicado cómo la labor informativa de Lafita León encuadra en el delito de terrorismo, medios locales y periodistas señalan un antecedente clave: las amenazas recibidas por el comunicador tras cubrir en vivo un accidente de tránsito, ocurrido el 16 de diciembre, en el que estuvo involucrada la hija de la abogada Leticia Zurita Dávila.

 

Durante esa transmisión se observa cómo Lafita León es agredido verbalmente por Zurita Dávila y otra mujer, mientras un elemento de la Marina resguarda el perímetro del accidente e impide al periodista acercarse. En ese contexto, la abogada lanzó una advertencia directa: “¡Te voy a hacer un desmadre, vas a ver!”, amenaza que hoy cobra relevancia frente a la detención del comunicador.

 

El periodista Rodrigo Barranco reveló en la red social X que, presuntamente, la Fiscalía habría sustentado la acusación en mensajes encontrados en el teléfono del reportero, bajo el argumento de que debió denunciar los hechos ante la autoridad en lugar de transmitirlos. Es decir, se pretende criminalizar el acto mismo de informar.

 

ALERTA POR CRIMINALIZACIÓN DE LA PRENSA

 

Organizaciones como ARTICLE 19, la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC) y la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Coatzacoalcos (AMECOPE) han condenado el caso, calificándolo como una criminalización directa de la libertad de prensa y advirtiendo que el expediente parece fabricado.

 

ARTICLE 19 documentó la detención y exigió a las autoridades de Veracruz cesar las prácticas abusivas e intimidatorias contra periodistas, exhortando a la Fiscalía a actuar con imparcialidad y al Poder Judicial a garantizar el debido proceso.

 

“La cobertura de hechos violentos o de interés público no puede usarse para imputar crímenes”, subrayaron las organizaciones, que además demandan medidas de protección y la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.

 

Mientras tanto, Lafita León permanece en prisión preventiva, sin posibilidad de defensa pública y sin que la Fiscalía explique cómo un periodista puede convertirse, por ejercer su oficio, en presunto terrorista.

 

En Veracruz, la pregunta ya no es solo qué hay detrás de este caso, sino quién será el siguiente.

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