AUMENTAN CASI 40% LOS ACCIDENTES DE MOTOCICLISTAS EN EDOMEX; NUEVAS SANCIONES ENTRAN EN VIGOR EL 25 DE NOVIEMBRE

 

* El Edomex endurece sanciones ante el aumento alarmante de percances en moto

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 13 de noviembre de 2025.- Los accidentes de motociclistas en el Estado de México se han disparado en los últimos años. De acuerdo con cifras del INEGI, entre 2019 y 2023 estos incidentes aumentaron casi 40 por ciento. Solo en 2024, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) registró 30,682 accidentes relacionados con motocicletas y 491 personas fallecidas, una cifra que refleja la gravedad del problema.

 

Ante este panorama, el Gobierno del Estado de México decidió actualizar el Reglamento de Tránsito, incorporando medidas de seguridad más estrictas para quienes conducen motocicletas y para quienes los acompañan. La principal modificación es la obligatoriedad del uso de casco certificado, tanto para el conductor como para cualquier acompañante.

 

El incumplimiento será sancionado bajo un nuevo esquema de multas con rangos máximo, medio y mínimo, calculados conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

 

La actualización también atiende la protección de menores que viajan en este tipo de vehículos. Se impondrán multas cuando niñas, niños o adolescentes sean transportados sin poder sujetarse adecuadamente, sentarse de forma correcta o apoyar con firmeza los pies en los posapiés. La sanción va de 16 a 20 UMAs, cada una equivalente a $113.40 pesos, por lo que el monto máximo alcanzaría los $2,268 pesos.

 

Entre las infracciones enlistadas destacan: Conducir sin casco (para conductor y acompañante), transportar más personas de las permitidas en la tarjeta de circulación y circular entre carriles o a exceso de velocidad.

 

Para estas conductas, las multas se establecen en 20 UMAs como máximo, 18 como rango medio y 16 como mínimo.

 

Además, para poder circular, las personas motociclistas deberán contar con placas y licencia en regla, evaluaciones universales de conducción, luces delanteras y traseras encendidas permanentemente, y aditamentos luminosos por las noches.

 

La actualización al Reglamento de Tránsito entrará en vigor el próximo 25 de noviembre y tiene como objetivo principal proteger la vida de quienes utilizan este medio de transporte. A partir de esa fecha, será obligatorio respetar los carriles, los límites de velocidad y todas las nuevas disposiciones establecidas.

OTRA JOYA DEL VERDE: ALCALDE DE TEMAMATLA BAJO INVESTIGACIÓN

 POR INTENTO DE HOMICIDIO

 

* Cae otro del Verde: la impunidad se pinta de verde en Temamatla

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEMAMATLA, Estado de México, 12 de noviembre de 2025.– La podredumbre vuelve a brotar del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Edomex. Esta vez, el protagonista es el alcalde de Temamatla, José Gómez Hernández, investigado por presunto intento de homicidio contra un chofer de transporte público. La ciudadanía exige justicia, mientras tanto, el silencio del dirigente estatal José Alberto Couttolenc Buentello retumba como una complicidad.

 

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a través de su Fiscalía de Asuntos Especiales, se abrió una carpeta de investigación contra el edil, quien el 23 de octubre habría disparado dos veces contra una camioneta de la Ruta 36 en la carretera que conecta Temamatla con Chalco. Según la indagatoria, el alcalde, presuntamente en estado de ebriedad, accionó un arma de fuego por una simple diferencia vial, poniendo en riesgo la vida de pasajeros inocentes.

 

A diferencia de lo que suele ocurrir en casos donde hay poder de por medio, la FGJEM asegura que “no se solapará a nadie” y que hará cumplir la ley. Sin embargo, el escepticismo social es enorme. Los habitantes de Temamatla exigen resultados inmediatos y un castigo ejemplar, pues nadie olvida que la justicia mexiquense suele ser selectiva y lenta, sobre todo cuando el acusado viste un chaleco verde.

 

Mientras tanto, el alcalde calla. Reporteros han intentado obtener su versión, pero el presunto agresor ha optado por esconderse, igual que la titular de su área de comunicación social, quien igual que Gómez Hernández, guarda un monstruoso silencio. En Temamatla, la indignación crece. Muchos ciudadanos ya no dudan en afirmar que el municipio podría estar gobernado por un integrante de la delincuencia organizada disfrazado de político ecologista.

 

Y como si la historia se repitiera, Pepe Couttolenc, el líder del PVEM mexiquense, también guarda silencio. No es la primera vez que su partido se ve rodeado de personajes turbios: ahí está el caso de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, regidor de Chalco y líder del grupo delictivo Sindicato 22 de Octubre, señalado por extorsión, agresiones a transportistas y por su presunta vinculación en la masacre de la planta cementera de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, donde murieron ocho personas.

 

Ahora, Couttolenc carga con otro presunto delincuente en sus filas. La pregunta es inevitable: ¿Hasta cuándo seguirá el Verde reclutando criminales?

¿Cuántos más necesita “Don Pepe” para admitir que su partido se ha convertido en refugio de delincuentes con fuero?

 

Porque si el silencio es complicidad, el Verde ya no solo es cómplice: es parte del problema, parte del crimen y parte de la cloaca política que hunde al Estado de México.

EL “TARIFAZO” SIN RUMBO: CORRUPCIÓN Y SIMULACIÓN

 EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

 

* Promesas rotas, cobros excesivos y una red de corrupción que sigue intocable en el transporte del Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Toluca, Estado de México, 11 de noviembre de 2025.– A un mes de haberse implementado el aumento al transporte público en el Estado de México, las promesas de mejora se quedaron en el aire. Ni hay unidades nuevas, ni choferes certificados, ni un sistema más seguro o eficiente. Lo único que sí ha cambiado es el precio, y con él, la paciencia de los usuarios que ahora pagan más por el mismo servicio deficiente.

 

El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, reconoció lo evidente: “falta mucho por hacer”, dijo en entrevista con AD Noticias, intentando justificar un “proyecto integral” que, en los hechos, no pasa de ser una colección de discursos huecos y promesas recicladas.

 

Sibaja asegura que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez pretende “solucionar de fondo el tema del transporte público”. Sin embargo, lo único que se ha visto son los mismos vicios de siempre: rutas irregulares, choferes sin control, unidades chatarra, extorsiones y corrupción en cada esquina del sistema.

 

El funcionario presume tres supuestas medidas estrella, certificación, cromática e inspección técnica, pero la realidad en las calles lo desmiente. No hay transparencia en los procesos, no hay mecanismos efectivos de control y, mucho menos, resultados palpables.

 

Mientras Sibaja habla de “cambios históricos” y de un fideicomiso con más de mil millones de pesos, los usuarios siguen atrapados en un transporte que apesta a impunidad. El “fideicomiso” suena más a caja chica que a una verdadera política pública: dinero que entra, pero cuyos beneficios nunca se ven en las calles.

 

El secretario insiste en que “no habrá corrupción” en las inspecciones mecánicas, pero lo dice el mismo funcionario que ha sido señalado por transportistas, usuarios y trabajadores del sector, que lo acusan de solapar los corralones que saquean impunemente a miles de ciudadanos. Si realmente quisiera limpiar la Secretaría de Movilidad, empezaría por clausurar esos nidos de robo disfrazados de depósitos oficiales, donde recuperar un vehículo puede costar más que comprar uno nuevo.

 

A pesar de las quejas, más de tres mil en apenas un mes, según la propia dependencia, la autoridad mantiene su discurso triunfalista. Pero el Edomex vive otra cosa: un transporte caro, peligroso y plagado de corrupción.

 

Los usuarios, una vez más, son los que pagan el precio del desorden institucional. Pagan más por moverse, más por caer en manos de policías corruptos, más por los abusos en los ministerios públicos, y más por los “servicios” de corralones que funcionan con total complicidad de las autoridades.

 

El aumento en la tarifa fue vendido como el inicio de una transformación, pero terminó siendo lo de siempre: una nueva forma de exprimir al ciudadano.

 

El discurso de Daniel Sibaja pretende vender humo envuelto en buenas intenciones. Pero los mexiquenses no viven de discursos, sino de realidades. Y la realidad es que el transporte público en el Estado de México sigue siendo un infierno rodante, donde la corrupción tiene placas oficiales y los abusos circulan sin freno.

 

El gobierno de Delfina Gómez puede hablar de “cambios de fondo”, pero mientras los bolsillos de los ciudadanos sigan vaciándose para llenar los de unos cuantos, no hay transformación: hay saqueo.

 

Porque el verdadero motor del transporte mexiquense no es el combustible, es la corrupción institucionalizada que Sibaja y compañía se niegan a frenar.

 EL “PLAN MICHOACÁN”: CIFRAS MILLONARIAS, DISCURSOS

 RECICLADOS Y UNA PAZ QUE NO LLEGA

* Entre la propaganda y la tragedia, el gobierno federal lanza otro megaplan para un estado que ya no cree en promesas.

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2025.– A una semana del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió responder con lo que este gobierno mejor sabe hacer: presentar un plan, con cifras espectaculares y promesas que suenan vacías.

 

Desde Palacio Nacional, rodeada de funcionarios y cámaras, Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia que, según dijo, movilizará más de 57 mil millones de pesos en inversión pública y mixta para “recuperar la paz” en el estado. Lo mismo se dijo hace seis años con el Plan Integral para la Pacificación del País, y antes con el Plan de Apoyo a Guerrero, y más atrás con el Programa Nacional de Seguridad. La historia se repite, el resultado también.

 

El anuncio llegó en medio de la indignación por el crimen de Manzo, pero también como una maniobra política para lavar la imagen de un gobierno que ha perdido el control en Michoacán. Los ejes, los montos y los discursos parecen calcados de administraciones pasadas: reforzar la Guardia Nacional, construir infraestructura, atender las causas. La receta es la misma, aunque los muertos se acumulen.

 

Doce ejes, cien acciones, miles de millones… y cero autocríticas. El plan promete de todo: patrullas, escuelas, becas, carreteras, créditos para mujeres, fibra óptica y campañas turísticas. Una lista digna de un catálogo electoral más que de una política de seguridad. En los hechos, ni Sheinbaum ni su secretario de Seguridad han explicado cómo evitarán que las obras públicas, los contratos y los apoyos sociales terminen en manos del crimen organizado, que en Michoacán controla desde las obras hasta el voto.

 

El gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, con el cinismo de siempre, agradeció “el respaldo del Gobierno de México” y ofreció 2,700 millones más. Pero no dijo nada sobre sus vínculos familiares con el narcotráfico, documentados en cortes estadounidenses. No mencionó tampoco que su propio estado ha sido incapaz de garantizar seguridad ni siquiera a sus alcaldes.

 

En los municipios, los ediles gobiernan entre amenazas y los ciudadanos sobreviven entre balas. Hablar de paz desde Palacio Nacional mientras Uruapan, Zamora o Aguililla son territorios sitiados es, como mínimo, una ofensa.

 

El llamado Plan de Operaciones “Paricutín”, que involucra Ejército, Marina y Guardia Nacional, suena contundente, pero ya se ha intentado antes. En 2019, con el despliegue federal de 6,000 elementos, se prometió “recuperar la tranquilidad” en Tierra Caliente. Hoy, los cárteles son más, las armas mejores y las fosas más profundas.

 

Sheinbaum habló de diálogo con comunidades indígenas, empresarios, jóvenes y mujeres. Pero ese diálogo nunca llega a los que más lo necesitan: los alcaldes que viven con escolta, los campesinos que pagan derecho de piso o las familias que entierran a sus muertos sin justicia.

 

La presidenta aseguró que dará seguimiento personal cada 15 días al plan y que los avances se informarán en “La mañanera del pueblo”. Un guiño al control mediático que ya se volvió política pública: si se anuncia, existe; si se repite, funciona.

 

El país lleva dos décadas escuchando planes de paz. Y Michoacán ha sido laboratorio de todos. El resultado: más programas, menos seguridad; más dinero, menos Estado.

 

Mientras los funcionarios presentan ejes y montos, la gente sigue huyendo de sus pueblos, los empresarios cierran cortinas y los criminales cobran impuestos. Esa es la verdadera rendición de cuentas.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no es más que un paliativo político frente a una crisis moral y de Estado. Lo que necesita Michoacán no son planes de escritorio ni discursos en Palacio, sino autoridades que no teman al narco, gobiernos que no sean sus socios y presidentes que no confundan anuncios con resultados.

La paz no se decreta, se construye. Y en Michoacán, por ahora, solo se finge.

MICHOACÁN: EL NARCO GOBIERNA Y EL MIEDO MANDA

 

* Reuniones vacías, alcaldes aterrados y un gobernador con la sombra del crimen en la espalda. La simulación es ya la única estrategia del poder.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2025.– A Michoacán lo gobierna el miedo. Y lo administra la simulación. A principios de esta semana, el equipo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ese morenista que presume control mientras el estado se desangra, ordenó a los secretarios particulares de los alcaldes acudir a Morelia para reunirse con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

 

La cita, dijeron, era para “escucharlos”. Lo que nadie les aclaró fue que el gobierno federal no tiene ni la mínima idea de cómo hacer una estrategia de seguridad para contener la violencia que devora los municipios de Michoacán.

 

El miércoles se presentaron 59 de 61 alcaldes convocados; el jueves, otra tanda. Todos llegaron con caras largas, algunos con el susto tatuado. No es para menos: apenas el fin de semana anterior asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, frente a su familia y ante cientos de personas. Nadie en el gobierno lo protegió; esa era una muerte anunciada y prácticamente “todos sabían que lo iban a matar”.

 

Rosa Icela les habló con tono maternal. Les pidió confianza, les prometió que escucharía sus inquietudes. Y luego soltó la verdad: no hay plan alguno para pacificar Michoacán. Lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, solo se trató de otra fantasía más de Palacio Nacional.

 

Los alcaldes guardaron silencio. No solo por respeto, sino por terror. En Michoacán nunca se sabe quién está sentado a tu lado: no se sabe si un colega alcaldes es un emisario del narco. En voz baja lo reconocen: “hablar es dinamita”. En este estado, quien se atreve a denunciar no siempre regresa con vida.

 

La historia no es nueva. En tiempos de Peña Nieto, ocurrió lo mismo: reuniones de cortesía, promesas vacías y funerales prematuros. De aquel entonces, dos voces críticas, Gustavo Garibay y Osbaldo Esquivel Lucatero, terminaron asesinadas. En Michoacán, levantar la voz es firmar la sentencia de muerte.

 

Esta semana, la escena se repitió. Tres horas de discursos huecos y reclamos absurdos, como el de una alcaldesa que se quejaba de no tener semáforos desde hace dos años. El ejemplo es grotesco, pero revela la parálisis del poder local: mientras los alcaldes piden semáforos, los criminales controlan los territorios.

 

El alcalde panista de Sahuayo, Manuel Gálvez, fue el único que habló con dignidad. Exigió que se hablara de seguridad, no de trámites. Pero el mensaje se perdió entre la burocracia y el miedo.

 

Y mientras tanto, el gobernador Ramírez Bedolla carga con su propio escándalo familiar, que ya no puede esconder. Documentos judiciales del Distrito Sur de Florida confirman que su tío, Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, alias “El Fruto”, y su primo, Adalberto Comparán Bedolla, están presos en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

 

El expediente, firmado por el juez Jonathan Goodman, detalla que ambos fueron acusados de conspirar para importar, distribuir y poseer más de 500 gramos de metanfetamina, además de lavar dinero violando el Título 21 del Código de los Estados Unidos. Dicho de otro modo: la sangre y el dinero sucio corren también por el árbol genealógico del gobernador Michoacano.

 

Y ahora, con el asesinato de Carlos Manzo, crítico frontal de Ramírez Bedolla y aspirante a la gubernatura, las sospechas apuntan directo a la Casa de Gobierno. Porque en Michoacán los enemigos del poder no caen por accidente, los mandan callar.

 

Hoy los alcaldes exigen reuniones privadas, lejos de la secretaria, lejos del gobernador. No por estrategia, sino por sobrevivencia. Saben que el narco los observa más que el propio Estado.

 

La tragedia michoacana no es producto del destino, sino del desdén. Sheinbaum sonríe en Palacio Nacional, Rosa Icela toma nota y Bedolla se victimiza. Mientras tanto, el crimen gobierna, la gente huye, y los muertos siguen contando la historia que el poder no quiere escribir.

 

Michoacán no necesita más reuniones. Necesita justicia. Y tal vez también, un gobernador que no despierte entre sombras familiares del narco.

CORRUPCIÓN A CIELO ABIERTO EN LA FISCALÍA DEL EDOMEX: SILENCIO CÓMPLICE Y NEGOCIOS SUCIOS EN NEZAHUALCÓYOTL

                                      

* Mientras Cervantes y Archundia presumen transparencia, sus fiscales extorsionan, fabrican delitos y convierten la justicia en un negocio de alto rendimiento

Por: EXPEDIENTE SECRETO

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, 8 de noviembre de 2025.– Mientras el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, desfila casi a diario ante cámaras al lado de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares y del secretario de Seguridad estatal Cristóbal Castañeda Camarillo, presumiendo una supuesta “disminución” de los delitos graves en la entidad, la podredumbre al interior de las fiscalías especializadas, enfaticamente en la zona oriente, sigue creciendo sin freno.

 

El discurso triunfalista del Fiscal se estrella contra una realidad incómoda: la corrupción es el verdadero delito que no se combate. Y lo peor, se comete desde adentro.

 

LA CUEVA DE LOS LADRONES “INVESTIGADORES”

 

En Ciudad Nezahualcóyotl, la llamada Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, encabezada por el Fiscal especializado del combate al Robo de Vehículos, Zona Oriente, Luis Alberto Olmedo Aguillón, funciona más como una oficina de extorsión institucional que como una dependencia de justicia. Bajo su mando opera todo un ejército de “madrinas”, soplones y falsos investigadores que, a plena luz del día, cobran 700 pesos por revisar si un auto o motocicleta tiene reporte de robo, dinero que jamás entra a las arcas públicas, pero sí engorda los bolsillos del fiscal y su círculo de confianza.

 

El método es tan cínico como rentable: los informantes de la propia fiscalía señalan motocicletas o autos presuntamente irregulares, muchas veces propiedad de talleres o negocios que compran desperdicio industrial. Luego viene el operativo, el cateo, las detenciones arbitrarias y el sello en el inmueble, “inmovilizado”. La negociación llega después: pagos que pueden alcanzar los cientos de miles de pesos para “liberar” personas o propiedades.

 

LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA

 

Los abusos no son secreto. En la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, donde despacha Olmedo Aguillón, el tráfico de influencias y la extorsión son parte del día a día. Propietarios de inmuebles cateados o vehículos asegurados deben esperar semanas, a veces meses, para que se “resuelva” su caso. En ese tiempo, la desesperación se convierte en negocio: hasta 150 mil pesos por recuperar un predio no es raro.

 

Y el negocio no termina ahí. Fuentes internas señalan que Olmedo Aguillón mantiene acuerdos directos con los dueños de los corralones “Asistencia Metropolitana” y “Aries”, donde van a parar todos los vehículos asegurados. A cambio, recibe una comisión por unidad, entre 1,500 y 2,000 pesos, lo que convierte cada cateo, cada retén y cada decomiso en un negocio redondo.

 

EL SILENCIO QUE PROTEGE

 

Lo más grave no es solo la existencia de estos delitos, sino la impunidad institucionalizada. Tanto el Fiscal General Cervantes Martínez como el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Rodrigo Archundia Barrientos, conocen los hechos y guardan silencio. El primero presume “eficacia”, el segundo “transparencia”, pero ambos parecen más preocupados por cuidar su imagen política que por limpiar la cloaca en la que se ha convertido buena parte del aparato ministerial mexiquense.

 

Archundia, nombrado con bombo y platillo como el supuesto guía contra la corrupción, ha resultado otro funcionario decorativo, mudo ante los escándalos que manchan la fiscalía. Su inacción es cómplice.

 

UN SISTEMA PODRIDO DESDE LA CÚPULA

 

En el Estado de México, la corrupción ya no se esconde: se administra. Los fiscales especializados actúan como virreyes, los investigadores como cobradores de piso, y los ciudadanos como simples víctimas de un sistema que castiga la pobreza, no el crimen.

 

Mientras tanto, los responsables de limpiar la institución prefieren salir en las fotos, inaugurar foros y presumir estadísticas manipuladas. La justicia mexiquense sigue siendo un negocio, y sus operadores, los principales delincuentes.

 

En el oriente del Edomex, la Fiscalía especializada contr el Robo de Vehículos no combate el delito: lo fabrica, lo vende y lo recicla. Y mientras Cervantes y Archundia sigan haciéndose de la vista gorda, la impunidad seguirá siendo el motor que mueve a su “fiscalía ejemplar”.

 

Porque en el Edomex, los verdaderos ladrones no se esconden entre los criminales: despachan en las oficinas de la propia Fiscalía. Y lo hacen con uniforme, cargo oficial y total impunidad.

EL ORO, ENTRE LA BASURA Y EL DESGOBIERNO: CUANDO EL

 PUEBLO SE CANSA DE LA SIMULACIÓN

Vecinos amarran a funcionarios ante el colapso de los servicios municipales y la ausencia de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, símbolo del fracaso local de la 4T

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

EL ORO, Estado de México, 7 de noviembre de 2025.— Lo que comenzó como una protesta por la falta de recolección de basura terminó convirtiéndose en una escena de hartazgo social: vecinos enfurecidos amarraron al director de Servicios Públicos y a un funcionario estatal, cansados del colapso que asfixia al municipio desde hace semanas. Entre montones de desechos, olores insoportables y riesgo sanitario, los habitantes decidieron hacer lo que el gobierno no ha querido: exigir respuestas.

 

Las calles del Pueblo Mágico se transformaron en un vertedero, mientras la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, brilla por su ausencia. Los manifestantes llevaron bolsas de basura al Palacio Municipal, símbolo de una autoridad que dejó de escuchar y de atender, y que parece más preocupada por mantener privilegios que por servir al pueblo que la eligió.

 

La molestia ciudadana no es nueva. Díaz Peñaloza acumula críticas por su inexperiencia, prepotencia y falta de sensibilidad social. A la edil le han llovido señalamientos: desde el retraso en el pago de nómina a empleados municipales, hasta el uso de personal de seguridad pública como escoltas personales para ella, su familia y su círculo cercano. Mientras tanto, los vecinos viven entre la inseguridad, la falta de servicios básicos y el abandono de las 52 comunidades que integran el municipio.

 

El gobierno local ha hecho de la improvisación su bandera. No hay obras, no hay resultados, no hay rumbo. Lo que sí hay es un creciente repudio colectivo, incluso entre quienes alguna vez creyeron en su discurso de “transformación”. Porque en El Oro, la 4T se convirtió en un símbolo de corrupción chiquita y poder mal ejercido, donde los funcionarios se sirven del cargo mientras los ciudadanos padecen el deterioro de su entorno.

 

La protesta de este viernes no es un hecho aislado, sino el grito desesperado de una comunidad que ya no tolera la simulación. En cada bolsa de basura arrojada frente al Palacio Municipal se deposita una verdad incómoda: la Cuarta Transformación también apesta cuando se ejerce con soberbia y sin capacidad.

 

Y si algo debería quedar claro rumbo al 2027, es que elegir con fe ciega tiene consecuencias, sobre todo cuando los que prometen limpiar la corrupción terminan hundidos en su propio lodazal.

 

¿Gobernar con el pueblo? En El Oro, ni la presidenta ni su discurso aparecen. Solo la basura… y el enojo de una ciudadanía que ya no traga mentiras.

DELFINA Y SU GABINETE: PROPAGANDA MILLONARIA MIENTRAS EL DOLOR DE LAS FAMILIAS BLOQUEA LA MÉXICO–TOLUCA

* Ocho horas de bloqueo por la desesperación ante la indiferencia. Las víctimas exigen justicia mientras el gobierno del Estado de México se refugia en boletines y discursos huecos.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

OCOYOACAC, Estado de México, 6 de noviembre de 2025.- Mientras la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y su gabinete se aferran a los reflectores de la propaganda oficial, la realidad les estalla en la cara. La mañana de este miércoles, familiares de personas desaparecidas bloquearon durante más de ocho horas la carretera México–Toluca, a la altura del kilómetro 48, cansados del silencio, la indiferencia y la simulación institucional.

 

Y es que, mientras los afectados claman por la vida y la justicia, la gobernadora, el secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, el secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo y el fiscal José Luis Cervantes Martínez se dedican a derrochar millones en campañas mediáticas que solo buscan convencer a la opinión pública de un supuesto “Estado de Paz” que no existe más que en los boletines.

 

El bloqueo, iniciado cerca de las 8:30 de la mañana, colapsó la vialidad con dirección a la Ciudad de México. Los manifestantes, madres, padres, hijos que cargan el vacío de la ausencia, liberaban los carriles por breves lapsos de cinco minutos para permitir el paso de vehículos. Aun así, el tráfico fue el menor de los males frente a la negligencia oficial.

 

Los familiares denunciaron que han tocado todas las puertas, que la Fiscalía estatal solo acumula carpetas sin resolver y que la Secretaría de Seguridad no busca, simula. Una delegación acudió a Palacio de Gobierno, pero solo encontró muros, secretarios ocupados y funcionarios sordos.

 

Después de ocho horas de desesperación, el bloqueo se levantó tras promesas de una mesa de diálogo con la Fiscalía de Género, programada para el lunes próximo. Pero las familias no confían, porque ya conocen la historia: prometen, posan para la foto… y vuelven a olvidar.

 

La llamada Cuarta Transformación mexiquense se hunde en la retórica de los triunfos inventados, mientras las madres buscan a sus hijas en barrancas, cerros y fosas clandestinas. Y el gobierno, en lugar de resultados, ofrece publicidad y discursos empalagosos sobre “humanismo” y “cercanía con el pueblo”.

 

La pregunta es brutal pero necesaria:

¿De qué sirve gastar millones en propaganda si no pueden encontrar a los desaparecidos?

 

La tragedia ya no cabe bajo la alfombra. Y cada bloqueo, cada protesta, cada grito desesperado de las familias es una bofetada al cinismo de quienes gobiernan desde la comodidad del cargo.

 

Porque mientras Delfina, Duarte, Castañeda y Cervantes presumen “gobernabilidad”, la gente sigue contando muertos y desaparecidos.

 

Y cuando el dolor de un pueblo se convierte en bloqueo, ya no es protesta: es el retrato del fracaso de un gobierno.

EXPLOTA EL CASO SOSA RUIZ: INVESTIGACIÓN EN EE. UU. POR HUACHICOL FISCAL Y FINANCIAMIENTO ILEGAL DE CAMPAÑAS EN TEXAS

* La senadora morenista por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz, estaría bajo la lupa de Washington por presunto lavado de dinero y nexos con la red del “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona. Palacio Nacional habría sido notificado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2025.- La bomba la soltó el periodista especializado en temas de seguridad, Óscar Balderas, y su onda expansiva amenaza con alcanzar a las más altas esferas del poder. Según documentos a los que tuvo acceso, existe una investigación radicada en Estados Unidos contra la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, representante de Morena por Tamaulipas, por contrabando ilegal de combustible, huachicol fiscal y por presuntamente financiar campañas políticas estadounidenses con dinero sucio.

 

El caso es de dimensiones mayúsculas. El dinero proveniente del contrabando de combustible en Tamaulipas, operado por la red del llamado “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona, habría sido canalizado para fortalecer campañas de políticos texanos, con la promesa de recibir protección y contratos públicos a cambio.

 

De confirmarse las acusaciones, Washington podría clasificar a los implicados como terroristas, una etiqueta que en términos judiciales coloca a Sosa Ruiz y su red en la misma categoría que Genaro García Luna o Joaquín “El Chapo” Guzmán.

 

Aún más grave: la semana pasada habría llegado a Palacio Nacional una alerta diplomática procedente del Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, notificando la inclusión de Sosa Ruiz en una lista de funcionarios mexicanos bajo investigación judicial en Estados Unidos. Un recordatorio incómodo para un gobierno que presume “cero tolerancia a la corrupción”.

 

No es la primera vez que el nombre de la senadora aparece en escándalos financieros. Hace unas semanas trascendieron operaciones por más de 60 millones de pesos realizadas por su madre y su tía mediante Vector Casa de Bolsa, encabezada por Alfonso Romo, exjefe de gabinete de López Obrador y hoy también en la mira de Washington. Sosa, sin embargo, ha querido justificar esas transacciones bajo el argumento de que se trató de “una herencia familiar”.

 

El contexto internacional no podría ser más delicado. NBC News reveló recientemente, con fuentes de alto nivel en la CIA y el Joint Special Operations Command, que el Pentágono estaría preparando un plan de incursión terrestre contra los cárteles mexicanos, una acción que podría ejecutarse sin consentimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum. La advertencia es clara: si Estados Unidos decide intervenir, no pedirá permiso.

 

Y mientras tanto, personajes como los gobernadores Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla, Américo Villarreal, o la propia Olga Patricia Sosa Ruiz, socavan el discurso oficial del combate al narco y la cooperación bilateral.

 

Porque una cosa es el relato de la 4T, y otra muy distinta la percepción en Washington: que existe una red de políticos protegidos por el poder, que han hecho del crimen y la corrupción un negocio institucionalizado.

 

El problema no son los periodistas que revelan la podredumbre del sistema. El problema y la vergüenza son los funcionarios que la encarnan.

 

¿Hasta cuándo seguirán culpando al mensajero, en lugar de asumir las consecuencias de sus actos?

ACOSAN A SHEINBAUM FRENTE A PALACIO NACIONAL: EL AGRESOR YA FUE DETENIDO, PERO EL CASO SE MANEJA CON TOTAL HERMETISMO

 

* El episodio expone las fallas del equipo de seguridad presidencial y abre el debate sobre los riesgos del “baño de pueblo” como estrategia política

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre de 2025.- Lo que el equipo de comunicación presidencial intentó presentar como una muestra de cercanía y calidez popular terminó convertido en un episodio bochornoso y revelador: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue víctima de acoso en plena vía pública, mientras su equipo de seguridad reaccionaba con una lentitud que raya en la negligencia.

 

El incidente, ocurrido frente a Palacio Nacional tras la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, dejó al descubierto las contradicciones de una presidencia que insiste en mantener contacto directo con la gente, aun a costa de su propia seguridad.

 

Un hombre, en aparente estado de intoxicación, logró acercarse peligrosamente a la mandataria, abrazarla por detrás e incluso intentar besarla, antes de que un colaborador interviniera de manera tardía. La presidenta, visiblemente incómoda, trató de mantener la compostura con un diplomático: “Ahorita nos tomamos la foto”. Sin embargo, la escena, captada en video y difundida ampliamente en redes sociales, habla por sí sola: un espacio personal invadido, una mujer acosada y un aparato de seguridad que falló en su deber más elemental.

 

Paradójicamente, la presidenta que ha hecho de la lucha por los derechos de las mujeres una de sus banderas, fue víctima del mismo tipo de violencia que ha condenado en sus discursos. Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación no ha informado si habrá una denuncia formal contra el agresor, ni si se revisarán los protocolos de la llamada ayudantía presidencial, ese cuerpo civil que sustituyó al desaparecido Estado Mayor Presidencial.

 

Fuentes cercanas confirmaron que el hombre que acosó a la presidenta ya fue detenido, aunque se mantiene un completo hermetismo en torno al caso. No ha trascendido información sobre su identidad, situación legal o las posibles medidas que se tomarán tras el incidente.

 

En redes sociales, el tema provocó una ola de críticas. No sólo hacia el agresor, sino también hacia la estrategia presidencial de los llamados “baños de pueblo”, cada vez más riesgosos y forzados. “No es posible que la presidenta esté tan expuesta”, escribieron algunos usuarios, mientras otros exigieron congruencia: “Que Sheinbaum dé el ejemplo y denuncie. No basta con sonreír ante el abuso”.

 

El episodio deja una pregunta incómoda y profunda: ¿vale la pena sacrificar la investidura y la seguridad presidencial por una fotografía o un gesto populista?

La escena frente a Palacio Nacional fue una lección amarga: el populismo del contacto puede convertirse en una trampa, y cuando el afán por mostrarse accesible supera al criterio, ni siquiera la figura presidencial queda a salvo.

EL PRECIO DEL “BAÑO DE PUEBLO”: SHEINBAUM ACOSADA

 Y SU SEGURIDAD EN EVIDENCIA

 

* El incidente frente a Palacio Nacional no sólo evidenció una falla grave en los protocolos de protección presidencial, sino también los riesgos del populismo de contacto directo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de noviembre de 2025.— Lo que el equipo de comunicación presidencial intentó mostrar como una escena de cercanía y calidez popular, terminó convertido en un episodio bochornoso y revelador: la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso en plena vía pública, mientras su equipo de seguridad reaccionaba con una lentitud que raya en la negligencia.

 

El incidente, ocurrido frente a Palacio Nacional tras la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, dejó al descubierto las contradicciones de una presidencia que insiste en el contacto directo con la gente, aun a costa de su propia seguridad. Un hombre en aparente estado de intoxicación logró acercarse a Sheinbaum, abrazarla por detrás e incluso intentar besarla, antes de que un colaborador interviniera tardíamente.

 

La mandataria, visiblemente incómoda, trató de mantener la compostura con un diplomático “Ahorita nos tomamos la foto”, pero la escena registrada en video y difundida en redes, habla por sí sola: un espacio personal invadido, una mujer acosada y un aparato de seguridad que falló en su deber más elemental.

 

Paradójicamente, la presidenta que ha hecho bandera de la lucha por los derechos de las mujeres fue víctima del mismo tipo de violencia que ella misma ha condenado. Hasta ahora, la Secretaría de Gobernación no ha informado si habrá una denuncia formal contra el agresor, ni si se revisarán los protocolos de la llamada ayudantía presidencial, ese cuerpo improvisado de seguridad civil que sustituyó al desaparecido Estado Mayor.

 

Las redes sociales estallaron en críticas. No sólo hacia el hombre que cometió el acoso, sino hacia la estrategia presidencial de “baños de pueblo”, cada vez más riesgosos y forzados. “No es posible que la presidenta esté tan expuesta”, señalaron usuarios, mientras otros exigieron una respuesta firme: “Que Sheinbaum dé el ejemplo y denuncie. No basta con sonreír ante el abuso”.

 

El episodio deja una pregunta incómoda: ¿vale la pena sacrificar la investidura y la seguridad por una fotografía? La escena frente a Palacio Nacional fue una lección amarga: el populismo del contacto puede ser una trampa, y cuando el afán por mostrarse accesible supera al criterio, ni la investidura presidencial queda a salvo.

DELFINA Y DUARTE, TAPADERA DEL FRACASO: MAQUILLAN CIFRAS Y DEFIENDEN A SHEINBAUM EN MEDIO DEL BAÑO DE SANGRE

 

* Mientras el país se estremece por el asesinato del alcalde de Uruapan, el gobierno mexiquense prefiere el servilismo político antes que reconocer el desastre en seguridad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 4 de noviembre de 2025.– En plena crisis nacional por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los 15 alcaldes del oriente mexiquense decidieron hacer lo que mejor saben: aplaudirle al poder. Durante la Mesa de Paz número 206, la mandataria estatal refrendó su “respaldo total” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a su política de seguridad nacional, justo cuando la estrategia federal muestra su rotundo fracaso.

 

El acto, envuelto en un discurso de obediencia y simulación, surgió como respuesta a las críticas por la falta de acompañamiento y protección a Carlos Manzo, edil de Uruapan, Michoacán, quien fue asesinado el pasado sábado en plena vía pública. En lugar de admitir errores o revisar los protocolos de seguridad, Delfina Gómez prefirió hablar de “coordinación, respeto y compromiso”, como si las palabras fueran suficientes para tapar los cadáveres que se acumulan cada día.

 

Pero la farsa no se detuvo ahí. Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno y quien ya se ve sentado en la silla de la próxima gubernatura, no perdió oportunidad para acusar a “la derecha” de promover el caos y el autoritarismo, intentando desviar la atención del verdadero desastre: el dominio del crimen organizado en amplias zonas del Estado de México y la inoperancia de su administración.

 

“Respaldamos a la Presidenta Sheinbaum y su estrategia de resolver la violencia atendiendo las causas”, repitió Duarte como si se tratara de un dogma. El problema es que mientras Morena habla de “causas”, los ciudadanos siguen contando muertos, secuestros y extorsiones en cada municipio del oriente mexiquense.

 

Como si el teatro necesitara más maquillaje, el gobierno mexiquense presumió que, a 221 días de su llamada Estrategia Operativa Oriente, los delitos de robo de vehículo bajaron 52% y los homicidios dolosos 19%, según el General Alejandro Alcántara Ávila, responsable del Mando Unificado Oriente. Cifras que, sin auditoría ni contraste con las carpetas de investigación reales, suenan más a propaganda que a resultados.

 

El operativo abarca municipios con altísimos índices delictivos, Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco, entre otros, donde la ciudadanía vive bajo la sombra de la extorsión, los feminicidios y los asesinatos cotidianos. Pero para Delfina y Duarte, el desastre tiene otro nombre: “coordinación”.

 

Qué lástima de gobierno. Qué lástima de mediocridad. Porque mientras los ciudadanos entierran a sus alcaldes y se atrincheran en sus casas, los morenistas del Estado de México siguen jugando a ser voceros del fracaso nacional, repitiendo consignas y negando la realidad.