CIFRAS ALEGRES Y COMPLICIDADES CRIMINALES: LA EXTORSIÓN QUE EL GOBIERNO DEL EDOMEX SE NIEGA A COMBATIR
* Entre discursos oficiales y redes de complicidad política,
la extorsión sigue gobernando municipios enteros del Edomex
Por: EXPEDIENTE SECRETO
TOLUCA, Estado de México, 14 de diciembre de 2025.— Mientras
el Gobierno del Estado de México presume como “logro” que la Policía
Cibernética evitó el pago del 93.3 por ciento del dinero exigido por extorsión
y fraude entre el 4 y el 10 de diciembre —equivalente a 12 millones de pesos—,
la realidad en las calles y mercados del estado desmiente el discurso oficial.
Durante la Mesa de Paz número 233, encabezada por la
gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Seguridad estatal informó
que en ese periodo se recibieron 748 denuncias ciudadanas, principalmente por
extorsión telefónica, fraude y amenazas. Para el gobierno, estas cifras son
motivo de celebración. Para la ciudadanía, son apenas la punta del iceberg.
La propia estadística oficial omite un dato clave: por cada
denuncia presentada existen al menos ocho casos más que no se denuncian, debido
a la desconfianza absoluta en las policías municipales, la policía estatal y,
sobre todo, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada
por José Luis Cervantes Martínez.
Ni la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ni el secretario de
Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, han mostrado voluntad
política para recuperar la confianza ciudadana. Y la razón es evidente: hacerlo
implicaría una depuración profunda de los cuerpos policiacos y de los
ministerios públicos, hoy señalados de operar más como aliados del crimen
organizado que como defensores de la sociedad.
Un ejemplo claro de esta descomposición institucional se vive
en San Vicente Chicoloapan, donde comerciantes y habitantes han denunciado
desde hace años la operación del grupo de extorsionadores conocido como “Los
Talibanes”, encabezado por Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”.
De acuerdo con múltiples señalamientos locales, este grupo
mantiene sometidos a comerciantes mediante el cobro de derecho de piso, con la clara
complicidad del alcalde morenista Francisco Javier Mendoza Vázquez, quien lejos
de enfrentar a la delincuencia, es acusado de protegerla y tolerarla.
La red de impunidad no termina ahí. Edgar Ruiz Aguilar, hijo
de Reinaldo Ruiz Castaneyra, funge actualmente como primer regidor del
ayuntamiento de Chicoloapan, y públicamente presume que será el próximo
candidato de Morena a la alcaldía, pese a los señalamientos que pesan sobre su
entorno familiar y político.
Este tipo de casos explican por qué las víctimas de extorsión
no denuncian. No es miedo irracional: es la certeza de que las autoridades
están involucradas, aliadas o directamente coludidas con los grupos criminales
que dicen combatir en discursos y mesas de seguridad.
Así, el llamado oficial a denunciar al 089 resulta vacío y
ofensivo para quienes viven bajo amenaza permanente. Las cifras que presume el
gobierno son, en realidad, cifras alegres, construidas sobre el silencio
forzado de miles de mexiquenses que saben que denunciar puede costarles el
patrimonio, la libertad o la vida.
Mientras no se rompan las redes de complicidad, no se castigue
a funcionarios coludidos y no se limpie de fondo a las corporaciones de
seguridad y procuración de justicia, la extorsión seguirá mandando en el Estado
de México. Y el gobierno seguirá celebrando números, mientras la delincuencia
gobierna territorios completos con el aval del poder.
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