ENCUBRE GOBIERNO ESTATAL A CORRALONES QUE ROBAN VEHÍCULOS
Por EXPEDIENTE SECRETO
*Grúas Castillo: Madriguera de Ratas
LA PAZ, MÉX., A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025.– El Estado de México
se hunde en la descomposición total. Lo que vive Gabriela Adriana Vega Torres
no es un caso aislado, sino el retrato brutal de un sistema judicial podrido
hasta la médula, donde la justicia se vende al mejor postor y la impunidad se
firma desde los escritorios del poder.
En agosto de 2022, su esposo Adán Santos Cuevas fue asesinado.
La tragedia quedó registrada en la carpeta de investigación NUC
NEZ/NEZ/NZ3/062/222569/22/08.
El vehículo donde ocurrió el crimen, un Volkswagen Beetle,
color azul, modelo 2010, placas V05AZV de la CDMX, con un costo de 140 mil
pesos, fue asegurado por la Fiscalía Especializada de Homicidios zona Oriente,
con sede en Nezahualcóyotl.
Pero lo que debía ser una evidencia, terminó siendo botín de
un negocio sucio entre funcionarios y presuntos delincuentes de corralón.
El coche fue trasladado al infame depósito «Grúas Castillo»,
propiedad de Arturo Castillo, con razón social «Corporativo de Servicios y
Comercializadora Moctezuma S.A. de R.L», ubicado en el municipio de La Paz.
Ese lugar, señalado una y otra vez por extorsión, robo y
corrupción, sigue operando impunemente bajo el amparo del gobierno de Delfina
Gómez Álvarez.
DE VÍCTIMA A REHÉN DE LA CORRUPCIÓN
A través del oficio número 2133F000/73/2025, firmado por el
agente del ministerio público Miguel Ángel Roa Salazar, de fecha 20 de enero de
2025, Gabriela acudió al corralón a reclamar lo que por ley le correspondía.
La respuesta fue una bofetada: «No está el encargado, venga
después». Y cuando por fin fue recibida por el dueño, Arturo Castillo, éste le
exigió más de 100 mil pesos por «gastos» inexistentes, y con cinismo le dijo:
«¿De verdad le conviene recuperar su coche? Mejor cómprese otro». El corralón
no solo le robó el vehículo, le robó la dignidad.
ROBO CONFIRMADO
En septiembre de 2025, un trabajador del propio corralón
rompió el silencio: «Ya no pierda su tiempo, señora. Arturo Castillo es un
ratero. Su coche fue vendido a finales de 2024».
Gabriela verificó el número de serie 3VWKV21C1AM002737. La
comprobación oficial fue devastadora: su vehículo ya fue reemplacado con la
matrícula LHB-63-8B, repintado de color amarillo y hoy es conducido por un
presunto familiar del propio dueño del corralón.
El coche donde murió su esposo, una prueba clave del
homicidio, fue robado, alterado y revendido con la «complicidad de la Fiscalía,
la Secretaría de Movilidad y el gobierno estatal».
«Grúas Castillo» acumula decenas de denuncias por robo, cobros
ilegales y desaparición de vehículos. Ha sido clausurado múltiples veces, pero
siempre resurge protegido por altos mandos y políticos que lo usan como mina de
oro de la corrupción institucional.
El dueño, Arturo Castillo, presume públicamente su impunidad:
«El gobierno me autorizó a quedarme con los coches no reclamados».
Una mentira que se ha convertido en política de Estado bajo el
mandato de Delfina Gómez Álvarez. En los hechos, el gobierno morenista ha
legalizado el robo de vehículos bajo el disfraz de concesiones y «facultades
administrativas».
Castillo se sabe intocable. Reparte sobornos a ministerios
públicos y altos funcionarios de la FGJEM y, sobre todo, a la oficina del
titular de Movilidad, Daniel Andrés Sibaja González, quien, pese a las
múltiples denuncias públicas, mantiene un silencio cómplice.
LOS CÓMPLICES TIENEN NOMBRE Y APELLIDO
Detrás del corralón de la corrupción están los responsables
directos de la impunidad:
Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, quien
prometió en campaña acabar con los corralones corruptos, pero hoy los protege
con su silencio.
José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del
Edomex, que tolera el saqueo y la revictimización de ciudadanos.
Daniel Andrés Sibaja González, titular de Movilidad, quien ha
convertido la negligencia en complicidad.
Los tres forman parte de un pacto de impunidad que hunde al
Estado de México en la vergüenza nacional.
Mientras la gobernadora realiza eventos, entrega becas y posa
para la foto, los ciudadanos viven un infierno de corrupción institucional.
El caso de Gabriela Adriana Vega Torres es el grito de una
sociedad que ya no cree en las instituciones, porque quien debería impartir
justicia, la vende.
El Estado de México hoy no tiene gobierno ni ley. Solo
ladrones con credencial oficial, corralones que operan como cementerios de
evidencias y políticos que se hacen ricos del dolor ajeno.
Delfina Gómez Álvarez calla, la Fiscalía estatal encubre y los
corralones roban.
En el Estado de México, la justicia se vende por partes, igual que los autos robados.
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