EL CORRALÓN DE GRÚAS MOCTEZUMA IMPLICADO EN EL ROBO DE VEHÍCULOS
* Impune el influyente Arturo Castillo
Por EXPEDIENTE SECRETO
LA PAZ, MÉX., A 7 DE OCTUBRE DE 2025.– El caso de Gabriela
Adriana Vega Torres es la viva muestra de que en el Estado de México la
justicia está secuestrada por mafias de corralones, fiscales y ministerios
públicos corruptos, que han hecho del dolor ciudadano un negocio millonario.
Todo comenzó en agosto de 2022, cuando su esposo, Adán Santos
Cuevas, fue asesinado. De aquel crimen se abrió la carpeta de investigación NUC
NEZ/NEZ/NZ3/062/222569/22/08, pero además de cargar con el luto, Gabriela lleva
tres años soportando abusos, corrupción y revictimización.
El vehículo en el que viajaba la víctima, un Volkswagen Beetle
2010, color azul, placas V05AZV de la CDMX, quedó asegurado por la Fiscalía
Especializada de Homicidios de zona Oriente, con sede en Nezahualcóyotl.
Fue el 1 de agosto de 2022 cuando dicho vehículo fue enviado
al corralón «Grúas Castillo», concesionado bajo la razón social «Corporativo de
Servicios y Comercializadora Moctezuma S A. de R.L», ubicado en Francisco I.
Madero s/n, km 18, carretera México-Texcoco, municipio de La Paz.
Ese depósito vehicular, señalado por múltiples denuncias y con
fama de ser un refugio de corrupción, convirtió la tragedia de Gabriela en un
viacrucis interminable.
UN CALVARIO PARA RECUPERAR SU COCHE
Con oficio de devolución en mano, con el número
2133F000/73/2025, firmado por el agente del ministerio público, Miguel Ángel
Roa Salazar, de fecha 20 de enero de 2025, Gabriela acudió con toda confianza
al corralón. Pero lo que ahí recibió fueron pretextos y burlas.
Durante meses la respuesta siempre fue la misma: «no está el
encargado, él tiene que hacer la cuenta». Gabriela acudió al menos diez veces
sin obtener solución.
El 19 de marzo de 2025, cansada del hostigamiento, exigió
atención directa y fue recibida por Arturo Castillo, dueño del corralón. Su
respuesta fue tan grosera como insultante:
«Si quiere su coche, primero págueme más de 100 mil pesos. ¿De
veras le conviene recuperarlo? Mejor cómprese otro».
Gabriela exigió ver su vehículo. Castillo se negó y le repitió
que primero debía pagar. Incluso cambió el tono para tratar de convencerla de
que «lo dejara por la paz». El coche no es un objeto cualquiera: es el lugar
donde murió su esposo, un bien con valor emocional incalculable.
UN ROBO CON PAPELES FALSOS
La historia tomó un giro indignante en septiembre de 2025. Un
trabajador del propio corralón, harto de los abusos, le confesó a Gabriela:
«Ya no pierda su tiempo, señora. Arturo Castillo es un ratero.
A su carro le hicieron papeles y lo vendieron a finales de 2024».
Desesperada, Gabriela verificó el NIV 3VWKV21C1AM002737 en
páginas oficiales del Estado de México. La confirmación fue brutal: su vehículo
Volkswagen, modelo Beetle ya había sido reemplacado con matrícula LHB-63-8B.
Es decir, el vehículo que un ministerio público ordenó
devolverle, fue robado y revendido con la complicidad del propio corralón y
autoridades estatales.
UNA MAFIA PROTEGIDA DESDE MUY ARRIBA
El caso no es aislado. «Grúas Castillo» acumula decenas de
denuncias por vehículos que nunca aparecen. El negocio ha sido clausurado en
varias ocasiones, pero siempre vuelve a operar, protegido por las altas esferas
del poder.
¿Quién protege a Castillo? Todas las miradas apuntan al Fiscal
General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, cuya
omisión raya en complicidad.
Y no sólo él: la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que en
campaña prometió clausurar los corralones corruptos, guarda silencio. Delfina
sabe que muchos de esos depósitos son refugios de ladrones y centros de venta
de autopartes robadas, pero prefiere mirar hacia otro lado.
JUSTICIA SECUESTRADA
El caso de Gabriela Adriana Vega Torres es un grito
desesperado contra un sistema podrido. Su esposo fue asesinado. Su coche, es
una prueba del crimen y el recuerdo de su vida juntos, fue robado por un
corralón protegido por fiscales, policías y políticos.
Hoy, la pregunta es directa: ¿Hasta cuándo el Fiscal José Luis
Cervantes y la gobernadora Delfina Gómez seguirán protegiendo a los ladrones de
corralones? ¿Cuántas familias más deben ser despojadas para que rompan el pacto
de impunidad?
El silencio de las autoridades convierte al Estado de México
en tierra de nadie, donde la víctima siempre pierde y los delincuentes de
cuello blanco siempre ganan.
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