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miércoles, 29 de octubre de 2025

EL CORRALÓN MOCTEZUMA: EL NEGOCIO DEL ABUSO BAJO

 LA PROTECCIÓN DE MORENA EN LA PAZ

 

* Arturo Castillo exige más de 69 mil pesos por una simple descompostura; policías, juez cívico y funcionarios estatales actúan como cómplices del saqueo institucionalizado.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



Los Reyes, La Paz, Estado de México, 29 de octubre de 2025.— En el municipio gobernado por Morena, La Paz, los abusos de poder y la corrupción no solo persisten: se perfeccionan. El caso del conductor de un camión torton que se descompuso en plena vía pública y terminó siendo víctima del corporativo “Servicios y Comercializadora Moctezuma”, conocido como corralón Castillo, es el retrato más claro de cómo la impunidad se volvió negocio.

 

El trabajador, que transportaba toneladas de maíz, nunca imaginó que una falla mecánica lo convertiría en presa de una red de extorsión institucionalizada. En lugar de recibir auxilio, fue detenido por policías municipales de la patrulla SP-284 y presentado ante el juez cívico, quien le impuso una multa de 4 mil 394 pesos. Su vehículo fue remitido al corralón Moctezuma, propiedad de Arturo Castillo, de donde no ha podido salir, pues ahora le exigen un pago de 69 mil 209 pesos.

 

Los cobros que se le pretenden aplicar son un insulto a la razón y a la ley:

Servicio de grúa: 14,211 pesos

Abanderamiento: 7,800 pesos

Tiempo en espera: 4,545 pesos

Piso: 3,255 pesos

Maniobras de salvamento: 21,452 pesos

Servicio de grúa tipo B (dos unidades): 8,800 pesos
Subtotal: 59,663 pesos
IVA (16%): 9,546 pesos
Total exigido: 69,209 pesos

 

El abuso es tan evidente que el documento de cobro lleva el membrete de Servicios y Comercializadora Moctezuma, pero el inventario del camión está bajo otra razón social: Grúas Tlalpizahuac, también propiedad de Castillo y ubicada en Ixtapaluca. Dos empresas, un mismo dueño y el mismo patrón de corrupción.

 

Castillo actúa con total descaro porque sabe que está protegido por la alcaldesa de La Paz, Martha Guerrero Sánchez; el secretario de Movilidad, Daniel Andrés Sibaja González; el fiscal general, José Luis Cervantes Martínez; y la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez. Todos ellos, convertidos en cómplices por omisión o conveniencia, permiten que este negocio de extorsión funcione con el aval del poder público.

 

Los documentos del afectado exhiben las cantidades absurdas y la falta de regulación real sobre los corralones que, en lugar de brindar un servicio, se dedican a despojar a los ciudadanos. Lo que antes era corrupción tolerada, hoy es corrupción organizada desde el Gobierno del Estado de México, donde Morena en el mayor beneficiario.

 

Los mexiquenses creyeron que con la llamada “Cuarta Transformación” llegaría la justicia. Pero en La Paz, la realidad es otra: la transformación solo cambió de nombre a los mismos vicios del pasado.

 

Mientras la gente pierde su sustento económico y su herramienta de trabajo por una descompostura, los amigos del poder hacen su millonaria fortuna con la impunidad.

 

El corralón Moctezuma no es un servicio: es un saqueo con respaldo oficial.

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