DE ACUSAR TERRORISMO A ENCERRAR PERIODISTAS: LA

 CRIMINALIZACIÓN DE LA PRENSA EN VERACRUZ

 

* La Fiscalía fracasa en tribunales, pero mantiene el castigo contra el reportero Rafael León Segovia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

VERACRUZ, México, 30 de diciembre de 2025.- Lo que no pudieron sostener con pruebas, intentaron imponer con miedo. La Fiscalía General del Estado de Veracruz fracasó en su intento de imputar el delito de terrorismo al reportero de nota roja Rafael León Segovia, pero aun así logró su objetivo principal: castigar, intimidar y mandar un mensaje ejemplarizante a la prensa incómoda.

 

Un Juez de Control vinculó a proceso al comunicador únicamente por los presuntos delitos de encubrimiento por favorecimiento y ataques contra las instituciones de seguridad pública, dejando fuera el cargo más grave —terrorismo— que había sido duramente cuestionado por su endeblez jurídica y su evidente intención política. No obstante, el juez impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por un año, mientras se desarrolla la investigación complementaria.

 

El caso expone una peligrosa lógica institucional: aunque no haya terrorismo, que haya castigo.

 

MENSAJES DE WHATSAPP CONVERTIDOS EN “PRUEBAS”

 

La Fiscalía pretende vincular al periodista con la delincuencia organizada por haber recibido mensajes de WhatsApp de presuntos integrantes de grupos criminales, quienes le notificaban supuestos hechos delictivos. Lo que para cualquier reportero es una fuente —anónima o no—, para la autoridad veracruzana se convirtió en pretexto para fabricar una narrativa criminal.

 

La defensa y organizaciones de protección a la libertad de expresión han sido claras: los mensajes llegaron porque el número del reportero estaba vinculado a su fanpage, y Rafael León desconocía la identidad de quienes los enviaban. Este hecho es conocido por las autoridades, pero fue deliberadamente ignorado.

 

La intención, acusan, no es impartir justicia, sino enviar un mensaje intimidatorio a los periodistas que investigan y publican irregularidades del poder.

 

DETENIDO EN NAVIDAD: EL MENSAJE DEL MIEDO

 

La detención ocurrió el 24 de diciembre, una fecha simbólica que refuerza la lógica del escarmiento.

“No fue justicia, fue terror”, relató el propio Rafael León Segovia, quien denunció haber sido detenido, fotografiado y tratado como delincuente.

 

“La verdad el 24 de diciembre la pasaría con mi familia y llega la ministerial y me detienen, tomándome fotos como si fuera un delincuente. Son medidas intimidatorias”, declaró.

 

La imputación inicial por terrorismo desató protestas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y asociaciones de periodistas, que advirtieron que se trataba de un intento burdo por inhibir el ejercicio periodístico en Veracruz.

 

LA FISCALÍA QUE PERSIGUE PERIODISTAS

 

El abogado defensor, Julio de Jesús Sibaja de la Cruz, celebró que el juez desechara el delito de terrorismo —lo que evitó la prisión preventiva justificada—, pero lamentó que se mantenga la persecución judicial por otros cargos que considera igualmente infundados.

 

Por su parte, el reportero denunció que existe una consigna directa desde la Fiscalía General del Estado por las publicaciones en las que ha exhibido irregularidades de servidores públicos.

 

En el centro de la polémica se encuentra la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, señalada desde su llegada como una funcionaria dispuesta a pisotear la libertad de expresión con tal de acallar voces críticas, aun utilizando argucias legales y montajes judiciales.

 

HOY FUE UNO, MAÑANA PUEDEN SER TODOS

 

El caso de Rafael León Segovia no es un hecho aislado: es una advertencia. Una fiscalía que no logra probar terrorismo, pero que mantiene procesos, restricciones y desgaste personal contra periodistas, no investiga delitos: administra el miedo.

 

En Veracruz, hoy más que nunca, el gremio periodístico enfrenta una disyuntiva peligrosa: callar o enfrentar al aparato penal del Estado.

La pregunta ya no es si hay persecución, sino quién será el siguiente.

 CÁLLENSE

 

*Queda claro que la rendición de cuentas es vista como un insulto en el gobierno de la presidenta

 

Por: Héctor De Mauleón

 

El Tren Interoceánico que salió de Salina Cruz a Coatzacoalcos la mañana del domingo se descarriló en Ixtaltepec. El saldo fue de 13 muertos y 109 heridos. En julio de 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su hijo Gonzalo López Beltrán había sido nombrado supervisor “honorífico” de una obra que costó al menos 65 mil millones de pesos, y que este domingo se convirtió en una de las mayores tragedias de 2025: un golpe que da directo en el corazón de la 4T y en uno de los proyectos emblemáticos del obradorismo.

 

Tres meses antes de que AMLO revelara que su hijo era supervisor “honorífico” en la construcción del Tren Interoceánico, se difundieron conversaciones telefónicas que revelaban que uno de los contratistas favoritos del sexenio, el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de los hijos de AMLO, había recibido del gobierno un contrato de más de 490 millones de pesos para suministrar, sin certificaciones de calidad, la piedra triturada conocida como balasto que se coloca entre los rieles para asegurar la estabilidad de las vías.

 

De acuerdo con la conversación difundida, Bobby, como se conoce a López Beltrán, había dado a Olán una instrucción específica: “Tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos (de balasto) de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo”, se oyó decir al empresario tabasqueño.

 

Su interlocutor, Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente, quien fungió como proveedor del Tren Interoceánico habló de los “moches” que se repartían a un laboratorio para que el balasto de mala calidad fuera aprobado: “Al laboratorio hay que pasarle su mochada cada 3 mil metros cúbicos, para que autoricen, y ya a la verga… Cada 3 mil metros cúbicos ellos hacen un análisis del material, cómo está llegando. Entonces, cada 3 mil metros cúbicos para su mochadita pa’ que den el palomazo de que todo está bien”.

 

Salazar Beltrán dijo entonces una frase que se ha viralizado tras el descarrilamiento del Interoceánico: “Ya cuando se descarrile el Tren, ya va a ser otro pedo”.

 

Los traficantes de influencias que actuaron bajo el amparo del gobierno de López Obrador recibieron contratos tanto para el Tren Maya como para el Ferrocarril Interoceánico, dos proyectos estrella del sexenio lopezobradorista.

 

Con visible molestia, la presidenta Claudia Sheinbaum canceló en su mañanera la posibilidad de investigar a los hijos del expresidente. No solo eso, sin hacer una sola mención a los antecedentes arriba recordados, Sheinbaum, apoyada por paleros enviados a hablar de “la rapiña de los medios”, se dejó ir una vez más contra la prensa:

 

“Su objetivo es denostar”, dijo.

 

Queda claro que la rendición de cuentas es vista como un insulto en el gobierno de la presidenta. Una vez más, la víctima de la tragedia es ella: los villanos son los medios y los periodistas que cumplen con la tarea de informar y cuestionar.

 

Al tomar posesión en 2024, Sheinbaum prometió garantizar la libertad de expresión. En los hechos, ha ocurrido todo lo contario. El hostigamiento contra la prensa ha alcanzado bajo su gobierno niveles que no tienen precedente. Solo en el primer semestre de 2025 la organización Artículo 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra medios y periodistas.

 

2025 cierra con los 13 muertos y los 109 heridos del Interoceánico, uno más de los caprichos de López Obrador y un caso más de corrupción en el que aparecen involucrados sus hijos, y con la andanada en contra de la prensa lanzada desde el micrófono más importante y más poderoso de México.

 

Entre enero y julio 39 periodistas y 12 medios de comunicación recibieron notificaciones de procesos legales en su contra: un proceso judicial cada cuatro días.

 

No se trata de casos aislados: estos procesos se están llevando en 18 estados de la República. Al mismo tiempo, la lista de periodistas purgados de los medios de 2024 a la fecha es ya verdaderamente escandalosa. Si durante el sexenio de López Obrador se emprendió la desautorización, la destrucción del prestigio de comunicadores y medios críticos, lo que vino con el ascenso de Sheinbaum al poder ha sido una operación de silenciamiento: presiones sistemáticas desde la Presidencia para que las voces no alineadas pierdan sus espacios. Esa operación ya es completamente visible en las mesas de debate de radio y televisión, así como en buena parte de los diarios.

 

En la reciente aparición del libro “Cállense: los nuevos rostros de la censura”, editado por Grano de sal y compilado por el periodista de izquierda Humberto Musacchio, en el que figuran textos escritos por una treintena de autores con miradas absolutamente distantes entre sí, está la exacta radiografía de la censura en México durante el primer año de Claudia Sheinbaum.

 

Las presiones desde la Presidencia de Sheinbaum han dejado de ser un secreto a voces para convertirse en la vida cotidiana de los medios.

 

El descarrilamiento del Ferrocarril Interoceánico no solo agrega otra tragedia al de por sí trágico proyecto lopezobradorista: cierra un año de escándalos caracterizados por la garantía de impunidad y cierra un año de ataques, de persecución, de intolerancia a la prensa crítica.

 

Es el año en el que el gobierno de Sheinbaum ha enviado a medios y periodistas un mensaje: Cállense.

ECATEPEC: CIFRAS MAQUILLADAS Y SILENCIOS CRIMINALES

 

* Cifras alegres, funcionarios señalados y una red criminal que el gobierno finge no ver

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 29 de diciembre de 2025.- Mientras el municipio sigue siendo sinónimo de miedo, extorsión y violencia cotidiana, el gobierno del Estado de México decidió cerrar el año con un acto de propaganda cuidadosamente montado desde el C5. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció, con tono triunfalista, una supuesta reducción del 25% en delitos de alto impacto y del 33% en homicidio doloso. Los números, dijo, son resultado de las Mesas de Paz, la coordinación institucional y el “trabajo en equipo”.

El problema no son las cifras. El problema es todo lo que esas cifras callan.

 

Porque ninguna estadística, por muy optimista que se presente, puede borrar la percepción social ni la realidad que se vive en calles, colonias y mercados de Ecatepec: cobro de piso, amenazas, control territorial y miedo normalizado. Y mucho menos puede ocultar los señalamientos graves que pesan sobre el gobierno municipal que hoy presume resultados.

 

En ningún momento, ni la gobernadora ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México explicaron cómo encajan estas cifras “a la baja” con las versiones periodísticas que vinculan a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss con presuntos nexos con grupos delictivos, entre ellos “La Chokiza”, organización criminal cuyo líder, Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, ha sido públicamente elogiado por la propia alcaldesa como “un gran ser humano”.

 

Tampoco se dijo una sola palabra sobre el perfil del asesor de seguridad municipal, José Jorge Amador Amador, alias “El Doctor” o “La Jirafa”, exdirector de Seguridad Pública de Ciudad Nezahualcóyotl durante 15 años. De acuerdo con investigaciones periodísticas del medio Latinus, basadas en informes de agencias de inteligencia, Amador Amador habría construido una amplia red criminal que involucra a funcionarios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, así como vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

Los mismos informes señalan que esta estructura presuntamente incluye políticos, mandos policiales y grupos criminales dedicados a la extorsión, el narcotráfico y el robo de combustible. Incluso se documenta que “La Jirafa” habría entrenado a mandos policiacos para controlar esquemas de extorsión cuyos recursos terminan en los bolsillos de la delincuencia organizada.

 

Nada de eso aparece en las gráficas del C5. Nada de eso se menciona en las Mesas de Paz. Nada de eso incomoda al discurso oficial.

 

Así, la narrativa del “avance en la paz” se sostiene más en powerpoints y boletines que en una depuración real de las corporaciones, en investigaciones serias o en decisiones políticas que rompan con los pactos inconfesables. Reducir la violencia en el papel no es lo mismo que desmantelar redes criminales incrustadas en el poder.

 

Ecatepec no necesita aplausos ni cifras autocomplacientes. Necesita respuestas claras. Necesita saber por qué, si todo va tan bien, los nombres incómodos se esconden bajo la alfombra. Porque cuando la propaganda grita éxito, pero el silencio protege a los señalados, la paz no avanza: se administra.

 

De cara a 2027, Ecatepec se perfila no como un bastión de paz, sino como un lastre electoral. Porque las cifras pueden acomodarse, pero los nombres pesan. Y cuando un gobierno apuesta a la propaganda en lugar de a la limpieza institucional, el mensaje que envía es devastador: no se gobierna para erradicar al crimen, sino para convivir con él sin que estorbe en las encuestas. Morena podrá repetir sus números en conferencias y Mesas de Paz, pero llegará el momento en que los votantes no comparen gráficas, sino realidades. Y entonces, cada silencio de hoy será un voto perdido mañana.

FEMINICIDIOS, BALAS Y SILENCIO OFICIAL: LA PAZ BAJO

 LA SOMBRA DE LA IMPUNIDAD

 

*El silencio del poder también mata: alcaldía y fiscalía ausentes ante los feminicidios

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Los Reyes La Paz, Estado de México, 29 de diciembre de 2025.– En este municipio, la violencia contra las mujeres no sólo mata: también es sepultada por el silencio de las autoridades. A casi un mes del brutal feminicidio ocurrido al interior de un hotel de paso, no hay detenidos, no hay esclarecimiento y, lo más grave, no hay una sola postura pública de la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez.

 

El pasado martes 2 de diciembre fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 35 años de edad dentro de una habitación del hotel Saro, ubicado sobre la avenida Puebla, en la colonia Los Reyes Acaquilpan. El cuerpo presentaba múltiples golpes, principalmente en el rostro y la cabeza, evidencia clara de una agresión salvaje.

 

Como en tantos otros casos, la respuesta oficial se limita a la cantaleta de siempre: policías de investigación “revisan las cámaras de seguridad” para identificar al hombre que ingresó la noche anterior con la víctima. El sujeto, que nunca fue localizado en el lugar, es considerado el principal sospechoso. Pero hasta hoy, sigue libre.

 

De acuerdo con empleados del hotel, la mujer llegó acompañada de un hombre con quien permaneció durante toda la noche. A la mañana siguiente, al concluir el tiempo contratado, el personal tocó en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Siguiendo el protocolo, ingresaron con una llave maestra y encontraron a la mujer desnuda, recostada sobre la cama e inconsciente. Minutos después, paramédicos de Protección Civil confirmaron lo inevitable: había muerto a causa de los golpes.

 

El Ministerio Público inició una carpeta de investigación por feminicidio. Sin embargo, el caso se fue diluyendo en el mismo pantano de negligencia e impunidad que caracteriza a la región oriente del Estado de México.

 

PERO LA VIOLENCIA NO SE DETUVO AHÍ.

 

El jueves 4 de diciembre, alrededor de las 10 de la noche, una balacera irrumpió en el bar “La Europea”, ubicado literalmente a espaldas del Palacio Municipal, donde despacha la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez junto con su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad. El saldo: otra mujer asesinada.

 

Dos mujeres muertas en menos de una semana. Dos escenarios distintos. Una misma constante: el silencio del gobierno municipal.

 

Resulta alarmante que la alcaldesa no haya fijado postura alguna ante los asesinatos de mujeres en su municipio. No hay condena pública, no hay exigencia de justicia, no hay presión institucional. ¿Pues no decían que “llegaron todas”?

 

Guerrero Sánchez ni siquiera ha levantado la voz para exigir resultados a la Coordinación General de Homicidios del Estado de México, encabezada por Sayonara Encarnación Rosales, ni al titular de homicidios en la zona oriente, Guillermo Varela Espinoza. Ambos funcionarios son señalados, en voz baja pero constante, de estar más enfocados en fabricar culpables que en esclarecer crímenes.

 

En La Paz, los feminicidios avanzan, las balas suenan incluso detrás del Palacio Municipal y la autoridad calla. Un silencio que ya no es omisión: es complicidad.

 

En Los Reyes La Paz, “llegamos todas” no es una realidad. Es una consigna vacía que intenta tapar la omisión, la impunidad y la complicidad institucional.

LA MORDAZA CON SELLO OFICIAL: TRANQUILINO LAGOS Y MARTHA

 GUERRERO, LA CENSURA QUE MORENA NIEGA

 

* Entre discursos de libertad y detenciones reales, el gobierno municipal de La Paz exhibe cómo la censura morenista se ejerce con policías, amenazas y expedientes judiciales

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Los Reyes, La Paz, Estado de México, 29 de diciembre de 2025.- El 2025 no se explicará con discursos, sino con expedientes. Fue el año en que el poder dejó de callar con violencia abierta y comenzó a hacerlo con oficios, demandas, medidas cautelares y amenazas jurídicas. La censura ya no irrumpe: se tramita. Ya no golpea: firma. Y en municipios gobernados por Morena, como Los Reyes La Paz, esa lógica autoritaria tiene nombres y apellidos.

 

Desde el centro del país, Claudia Sheinbaum repite —igual que Andrés Manuel López Obrador— que en México no hay censura y que la libertad de expresión está garantizada. Sin embargo, esa narrativa se estrella contra la realidad que se vive en los estados y municipios morenistas, donde la crítica no se combate con argumentos, sino con el aparato del Estado.

 

Los antecedentes son claros. En Guerrero, un periodista fue sancionado por exhibir un presunto desfalco de mil millones de pesos. En Puebla, donde gobierna Alejandro Armenta se criminalizó la crítica bajo el tipo penal de “ciberasedio”. En Campeche, a gobernadora Layda Sansores cerró un medio e impuso censura previa con el aval del Poder Judicial. En Sonora, una ciudadana fue obligada a disculparse públicamente durante un mes por un tuit incómodo. Y en el Senado, Gerardo Fernández Noroña escenificó la humillación pública de un ciudadano que lo increpó.

 

Ese modelo nacional de represión “legalizada” aterrizó con precisión en Los Reyes La Paz, donde gobierna la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez, respaldada política y públicamente por su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, quien ha asumido el papel de vocero, defensor y operador político del poder municipal.

 

El detonante fue menor, pero revelador: la publicación de que el primer informe de gobierno de Martha Guerrero lució vacío, sin respaldo ciudadano real, con sillas desocupadas y asistencia forzada. La crítica incomodó. Y la respuesta no fue política: fue represiva.

 

El viernes 15 de diciembre, policías municipales privaron de la libertad a dos reporteros del medio EXPEDIENTE SECRETO. La orden, de acuerdo con el propio ejecutor, Pedro Luna Pintor, empleado de la Dirección de Gobierno municipal, provenía directamente de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez. El abuso derivó en la apertura de la carpeta de investigación NEZ/CCF/SPN/062/347133/25/12.

 

Lejos de deslindarse o condenar el uso de la fuerza contra periodistas, Tranquilino Lagos Buenabad reaccionó desde sus redes sociales con amenazas veladas. Advirtió que el uso de inteligencia artificial tendría “consecuencias jurídicas”, un mensaje dirigido de forma inequívoca a los reporteros críticos: publicar tiene costo.

 

Días después, Lagos Buenabad intentó cubrir el hecho con el discurso oficial de Morena. Aseguró que su partido no censura ni persigue periodistas, que sólo transformó la comunicación pública y que las mañaneras de López Obrador son ejemplo de libertad de expresión. Un argumento que se derrumba cuando se contrasta con policías municipales deteniendo reporteros y funcionarios lanzando advertencias legales desde el poder.

 

La contradicción es brutal. Si Morena no censura, ¿cómo se llama que policías municipales detengan periodistas por órdenes del ayuntamiento? Si hay libertad de expresión, ¿Por qué el esposo de la alcaldesa amenaza públicamente a medios críticos?

 

Para cualquier observador, eso tiene un nombre claro: censura.

Para Tranquilino Lagos Buenabad y Martha Guerrero Sánchez, parece ser simplemente “gobernar”.

 

El año cerró confirmando el patrón. En Veracruz, el periodista Lafita León fue detenido. En Puebla, Rodolfo Ruiz fue vinculado a proceso. Periodistas perseguidos, vigilados y judicializados, mientras los gobiernos morenistas insisten en que nadie calla a nadie.

 

La crítica no se prohíbe: se castiga. No se silencia: se judicializa. No se reprime: se “regula”.

 

Así pasará 2025 a la historia: como el año en que la mordaza se volvió institucional. Y Los Reyes La Paz, bajo el gobierno de Martha Guerrero Sánchez y la tutela política de Tranquilino Lagos Buenabad, quedará como ejemplo local de cómo Morena predica libertad mientras ejerce censura con uniforme, amenazas y expedientes.

DEFENSA DE DETENIDOS CON 37 MILLONES EN NAUCALPAN PRESENTA CARTAS ANTILAVADO Y DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR ORIGEN LÍCITO

 

*Millones asegurados, legalidad en disputa: defensa apuesta al soporte documental

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Naucalpan, Estado de México, 27 de diciembre de 2025.– La defensa legal de Iván “N” y José “N”, detenidos mientras transportaban 37 millones de pesos en efectivo sobre la Avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, presentó ante las autoridades cartas antilavado y diversa documentación con el objetivo de acreditar la procedencia lícita de los recursos asegurados.

 

El abogado defensor, Luis Enrique Sánchez, informó que las cartas antilavado forman parte de los procesos normativos de la empresa Grupo Águila Bicéfala de Transportes, dedicada a la seguridad privada y al traslado de valores. Dichos documentos, explicó, constituyen acuerdos mediante los cuales se manifiesta que el dinero trasladado proviene de actividades comerciales legales y debidamente reguladas.

 

“La carta antilavado es un acuerdo mediante el cual las partes manifiestan que el recurso que se obtiene o se traslada proviene de manera lícita. Es parte del proceso cuando damos de alta a un cliente; con ello se reconoce que el dinero corresponde a una actividad legal”, detalló el litigante.

 

Además de estas cartas, la defensa aportó permisos de portación de armas expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), autorizaciones de la camioneta utilizada para el traslado, pólizas de seguro y documentación que acredita la legalidad del movimiento del efectivo, así como un soporte documental individual de cada uno de los involucrados.

 

Sánchez precisó que los recursos pertenecen a empresas formalmente constituidas que contratan servicios de traslado de valores como parte de sus compromisos mercantiles, lo que genera operaciones reguladas y documentadas conforme a la normatividad vigente.

 

Indicó que aún se encuentran pendientes diversas diligencias, entre ellas la solicitud de grabaciones de cámaras del C4 y la comparecencia de los policías que fungieron como primeros respondientes, elementos que —aseguró— permitirán esclarecer plenamente los hechos.

 

Finalmente, el abogado sostuvo que durante la detención no existió resistencia por parte de sus representados y que las actuaciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos, por lo que confió en que las autoridades valoren de manera objetiva el soporte documental presentado y determinen el caso conforme a derecho.

 

No obstante, el caso permanece abierto y bajo escrutinio. Será la revisión de las grabaciones del C4, la actuación de los policías como primeros respondientes y la valoración judicial del soporte documental lo que determine si el traslado millonario se ajustó plenamente a la legalidad o si existen responsabilidades penales, en un contexto donde el manejo de grandes cantidades de efectivo sigue siendo uno de los principales focos de alerta para las autoridades financieras y de seguridad.

EXPEDIENTES RUMBO A 2027: LOS EXALCALDES PRESOS QUE PERSIGUEN A LOS PARTIDOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

* Rumbo a 2027, los expedientes penales de exalcaldes amenazan con convertirse en pasivo electoral para los partidos que los postularon

 

TOLUCA, Estado de México, 26 de diciembre de 2025.— La Navidad suele asociarse con tranquilidad, reunión familiar y pausas en la rutina. Sin embargo, para al menos nueve exalcaldes y exalcaldesas del Estado de México, las fiestas decembrinas transcurrieron lejos de casa y bajo custodia penitenciaria. Procesados o sentenciados por delitos graves, estos exfuncionarios concluyen el año privados de la libertad, convertidos en el reverso de una celebración que para millones simboliza unión y descanso.

 

Secuestro, extorsión, homicidio, abuso de autoridad y presuntos vínculos con el crimen organizado forman parte del catálogo de delitos que hoy pesan sobre quienes alguna vez encabezaron ayuntamientos mexiquenses. A continuación, un recuento de los casos más relevantes.

 

CONDENAS LARGAS Y ACUSACIONES DE ALTO IMPACTO

 

Uno de los casos más severos es el de María Elena Martínez, ex presidenta municipal de Amanalco, detenida el 22 de noviembre de 2024 durante la Operación Enjambre, dirigida contra servidores públicos con presuntos vínculos criminales. Fue señalada como autora intelectual del homicidio del ex síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer, asesinados en enero de 2023. Actualmente se encuentra recluida en el módulo femenil del penal de Santiaguito, donde cumple una sentencia de 70 años de prisión por doble homicidio calificado.

 

En Santo Tomás de los Plátanos, el poder municipal terminó convertido en expediente penal. Pedro Luis “N”, alias Wicho, exalcalde electo, fue detenido el 8 de febrero de 2025 también en el marco de la Operación Enjambre, acusado de extorsión contra una excandidata a la alcaldía. Su caso adquirió notoriedad cuando huyó de las autoridades el 17 de diciembre de 2024, en plena toma de protesta. Vinculado a proceso el 10 de febrero, permanece recluido en el penal de Tenango del Valle.

Su esposa, María del Rosario Matías, exalcaldesa del mismo municipio, fue detenida en enero de 2025 en Metepec. Está recluida en Santiaguito, acusada de extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado, en prisión preventiva.

 

Otro expediente emblemático es el de Emilio Arriaga Villa, ex presidente municipal de Ocuilán, detenido en diciembre de 2021 en Cuernavaca por su presunta participación en un secuestro agravado ocurrido en junio de ese año. En febrero de 2023 fue sentenciado a 75 años de prisión, además de multa y suspensión de derechos civiles y políticos. Cumple su condena en el penal de Tenancingo.

 

VÍNCULOS CRIMINALES Y ATAQUES ARMADOS

 

El caso de Fidel Figueroa Gómez, exalcalde de Zacualpan, refleja la colusión entre poder local y violencia organizada. Fue detenido el 4 de junio de 2020 por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra el entonces fiscal regional de Ixtapan de la Sal, Mauricio Blancas Valerio, ocurrido en marzo de 2019 y en el que murió un escolta. Investigaciones establecieron que habría aportado información a un grupo criminal para concretar la emboscada. En octubre de 2021 recibió una sentencia de 236 años de prisión, que cumple en Santiaguito.

 

En Zinacantepec, Gerardo Nava Sánchez, exalcalde del municipio, fue detenido en enero de 2021 por ordenar presuntamente un ataque armado contra un regidor municipal en marzo de 2020. En octubre de 2022 fue sentenciado a 42 años y seis meses de prisión por homicidio en grado de tentativa. También permanece recluido en Santiaguito.

 

ABUSO DE PODER Y DELITOS SEXUALES

 

Más recientes son los casos de Selenne “N”, ex presidenta municipal de Capulhuac, detenida el 24 de junio de 2025 y vinculada a proceso seis días después. Enfrenta cargos por lesiones agravadas, abuso de autoridad e irregularidades administrativas en agravio de una psicóloga del DIF municipal. Permanece en prisión preventiva en Santiaguito.

 

Por su parte, Diego Eric “N”, exalcalde de Santiago Tianguistenco, fue detenido en mayo de 2024. Enfrenta procesos por extorsión contra un servidor público y acusaciones de agresión sexual contra una extrabajadora del Ayuntamiento. En agosto de 2024 un juez ratificó la prisión preventiva justificada. Se encuentra recluido en Tenango del Valle.

 

Finalmente, Ari Patrick “N”, ex presidente municipal de Almoloya de Alquisiras, fue vinculado a proceso por extorsión. Fue detenido junto con su hermano y una comerciante; las autoridades los señalan por presuntos actos extorsivos en municipios del sur del Edomex y por vínculos con “La Familia Michoacana”.

 

DEL PODER AL ENCIERRO

 

Quienes tenían la responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar de la población hoy enfrentan procesos penales y sentencias históricas en distintos centros penitenciarios del Estado de México.

 

Mientras para millones las fiestas decembrinas representan convivencia y celebración, para estos exfuncionarios el cierre de año se vive tras las rejas, lejos de los privilegios del poder y bajo el peso de expedientes que exhiben la profunda crisis de corrupción y violencia en el ámbito municipal.

 

Mientras estos exalcaldes pasarán el cierre de año tras las rejas, sus partidos enfrentarán algo igual de incómodo: campañas bajo sospecha, candidaturas cuestionadas y un pasado que ningún spot podrá borrar.

¿TERRORISMO O PERIODISMO? VERACRUZ LLEVA LA CRIMINALIZACIÓN

 DE LA PRENSA A UN NUEVO EXTREMO

 

* Prisión preventiva y acusación de terrorismo: la Fiscalía de Veracruz silencia a un reportero sin pruebas claras

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

VERACRUZ, México, 25 de diciembre de 2025.– En un hecho que ha encendido las alertas nacionales e internacionales sobre la libertad de expresión en México, la Fiscalía General del Estado de Veracruz acusó al periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, de delitos tan graves como terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, sin presentar hasta ahora pruebas claras ni una narrativa jurídica sólida que sustente semejantes imputaciones.

 

La detención ocurrió el 24 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos, mediante un operativo conjunto de la Policía Ministerial y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ejecutando una orden de aprehensión que, de acuerdo con organizaciones civiles y colegas del comunicador, parece más una medida ejemplarizante que una acción de justicia.

 

Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz no ha detallado los hechos específicos ni la evidencia concreta que justificarían la acusación de terrorismo contra un reportero dedicado a la cobertura de nota roja y denuncias ciudadanas. Las autoridades se han limitado a señalar que el juez de control validó la detención y dictó prisión preventiva oficiosa, dejando al periodista tras las rejas mientras el caso avanza bajo una preocupante opacidad.

 

La audiencia de continuación fue programada para el sábado 29 de diciembre a las 8:00 horas, en un contexto político marcado por el reciente relevo en la Fiscalía estatal. Apenas el 9 de diciembre, el Congreso de Veracruz aprobó el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como nueva fiscal general, sustituyendo a Verónica Hernández Giadáns, lo que añade suspicacias sobre el uso del aparato judicial en esta etapa de transición.

 

AMENAZAS PREVIAS Y UN EXPEDIENTE CUESTIONADO

 

Aunque la Fiscalía no ha explicado cómo la labor informativa de Lafita León encuadra en el delito de terrorismo, medios locales y periodistas señalan un antecedente clave: las amenazas recibidas por el comunicador tras cubrir en vivo un accidente de tránsito, ocurrido el 16 de diciembre, en el que estuvo involucrada la hija de la abogada Leticia Zurita Dávila.

 

Durante esa transmisión se observa cómo Lafita León es agredido verbalmente por Zurita Dávila y otra mujer, mientras un elemento de la Marina resguarda el perímetro del accidente e impide al periodista acercarse. En ese contexto, la abogada lanzó una advertencia directa: “¡Te voy a hacer un desmadre, vas a ver!”, amenaza que hoy cobra relevancia frente a la detención del comunicador.

 

El periodista Rodrigo Barranco reveló en la red social X que, presuntamente, la Fiscalía habría sustentado la acusación en mensajes encontrados en el teléfono del reportero, bajo el argumento de que debió denunciar los hechos ante la autoridad en lugar de transmitirlos. Es decir, se pretende criminalizar el acto mismo de informar.

 

ALERTA POR CRIMINALIZACIÓN DE LA PRENSA

 

Organizaciones como ARTICLE 19, la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC) y la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Coatzacoalcos (AMECOPE) han condenado el caso, calificándolo como una criminalización directa de la libertad de prensa y advirtiendo que el expediente parece fabricado.

 

ARTICLE 19 documentó la detención y exigió a las autoridades de Veracruz cesar las prácticas abusivas e intimidatorias contra periodistas, exhortando a la Fiscalía a actuar con imparcialidad y al Poder Judicial a garantizar el debido proceso.

 

“La cobertura de hechos violentos o de interés público no puede usarse para imputar crímenes”, subrayaron las organizaciones, que además demandan medidas de protección y la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.

 

Mientras tanto, Lafita León permanece en prisión preventiva, sin posibilidad de defensa pública y sin que la Fiscalía explique cómo un periodista puede convertirse, por ejercer su oficio, en presunto terrorista.

 

En Veracruz, la pregunta ya no es solo qué hay detrás de este caso, sino quién será el siguiente.

OBRAS PARA LA FOTO, SILENCIO ANTE EL AGUA Y LA REPRESIÓN EN LA PAZ

 

* Mientras Martha Guerrero presume bajo puentes “históricos”, crecen las denuncias por control criminal del agua, venta de pipas a precios de extorsión y ataques a la libertad de expresión

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Los Reyes, La Paz, Estado de México, 25 de diciembre de 2025.- Mientras el gobierno municipal de La Paz y la alcaldía de Iztapalapa se esfuerzan por vender como “histórica” la recuperación de dos bajo puentes en la autopista México-Puebla, la realidad que enfrentan miles de habitantes de La Paz sigue marcada por el abandono, la opacidad y una crisis que el boletín oficial omite deliberadamente: la criminal falta de agua potable.

 

La alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez presume iluminación, balizamiento y limpieza urbana, pero guarda silencio absoluto frente a una emergencia cotidiana que golpea directamente a las familias más pobres del municipio. Vecinos y líderes comunitarios han denunciado que el desabasto no es casual ni técnico, sino consecuencia de un presunto acuerdo entre autoridades municipales y un grupo delictivo disfrazado de sindicato, que controla los pozos de agua y su distribución ilegal mediante pipas.

 

De acuerdo con estas denuncias, dicho esquema de control estaría operado con la complacencia —o participación— del círculo más cercano a la presidenta municipal. En particular, señalan a Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa, como el presunto enlace con este grupo, permitiendo que el agua sea vendida a la población más vulnerable hasta en 1,200 pesos por pipa, convirtiendo un derecho humano en un negocio de extorsión.

 

Resulta revelador que, en un acto donde se habla de drenaje, colectores y sustentabilidad, no se haya pronunciado una sola palabra sobre el saqueo de los mantos acuíferos ni sobre quién controla realmente el acceso al agua en La Paz. Tampoco hubo espacio para responder por la privación ilegal de la libertad de reporteros ocurrida en días recientes, ni para fijar postura frente a la intolerancia y agresividad con la que el propio Tranquilino Lagos Buenabad ha reaccionado ante la crítica periodística.

 

La contradicción es evidente: cuando eran oposición, exigían libertad de expresión; hoy, desde el poder, buscan silenciarla. El discurso de coordinación intergubernamental contrasta con una práctica autoritaria que castiga a quien documenta las fallas, abusos y presuntos vínculos oscuros del actual gobierno municipal.

 

El anuncio del reforzamiento del Colector Teotongo, con una inversión de 350 millones de pesos, tampoco disipa las dudas. Más allá de la obra hidráulica, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿Cómo se explica que un municipio inundado en temporada de lluvias viva, al mismo tiempo, una sequía inducida por el control mafioso del agua?

 

La narrativa oficial intenta vender obras como logros estructurales, pero en La Paz el problema no es únicamente el drenaje, sino un gobierno que ha normalizado el silencio, la represión a la crítica y la mercantilización de los derechos básicos. Mientras se pintan bajo puentes y se colocan luminarias para la foto, la población sigue pagando —literalmente— el precio de un modelo de gobierno que prometió transformación y hoy entrega simulación.

 

La pregunta que el boletín no responde es sencilla pero incómoda: ¿cómo puede un municipio inundarse cada temporada de lluvias y, al mismo tiempo, padecer una sequía inducida por intereses criminales?

 

Mientras esa respuesta no exista, cualquier obra será solo maquillaje urbano para ocultar un gobierno que traicionó sus propias banderas y gobierna desde el silencio, la opacidad y el abuso.

LAS POSADAS DEL CRIMEN: EL VERDE FESTEJA EN

 CHALCO CON DINERO DE EXTORSIÓN

 

* Dinero de extorsión, presencia política y silencio oficial: la alianza que sembró miedo en Chalco

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 25 de diciembre de 2025.— José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), exhibió un cinismo político difícil de ocultar al participar en una serie de posadas realizadas en el municipio de Chalco, eventos que lejos de representar un gesto social, quedaron manchados por el origen criminal de los recursos con los que fueron financiados.

 

Las celebraciones decembrinas, que recorrieron diversas colonias de Chalco, fueron costeadas por Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, identificado como líder del grupo criminal Sindicato 22 de Octubre y quien, hasta antes de su detención, se desempeñaba como sexto regidor del ayuntamiento de Chalco por el PVEM. No se trata de un dato menor: el dinero que financió estos eventos provino, según las investigaciones, de una estructura criminal dedicada a la extorsión, secuestro exprés, despojo de propiedades y al huachicoleo de agua, mediante la extracción y venta ilegal del vital líquido.

 

“El Jimmy” fue detenido el 21 de noviembre de 2025 en un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), señalado como cabecilla de una organización que utilizaba la figura sindical como fachada para delinquir. A pesar de que es señalado de manera reiterada como presunto responsable de múltiples asesinatos, al momento de su captura no fue imputado por homicidio, lo que desde entonces ha levantado sospechas y temores entre la población.

 

Lejos de deslindarse, Couttolenc Buentello acudió a las posadas, aun sabiendo que los eventos —bautizados entre los propios habitantes como “Las Posadas con Jimmy”— fueron financiados con dinero arrancado mediante la violencia a comerciantes, transportistas, piperos y ciudadanos de a pie. La presencia del líder del Verde no fue un error ni una casualidad: fue un acto de propaganda política sostenido con recursos manchados por la extorsión y el miedo.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué puede ofrecer un partido político que no muestra el menor escrúpulo ante el sufrimiento de las comunidades más golpeadas por el crimen? El PVEM, ya señalado históricamente como un instituto político satélite que se acomoda al mejor postor, ahora carga con un señalamiento aún más grave: la cercanía abierta con estructuras del crimen organizado.

 

En la zona oriente del Estado de México crece además un temor persistente. Habitantes advierten que la relación política exhibida en Chalco podría traducirse en acuerdos de alto nivel que involucrarían a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al secretario general de Gobierno Horacio Duarte Olivares y al fiscal general mexiquense José Luis Cervantes Martínez, con el objetivo de allanar el camino para que “El Jimmy” recupere su libertad y regrese a las calles.

 

Aunque el discurso oficial insiste en la independencia de las fiscalías y del Poder Judicial, la percepción social es otra: en el Estado de México la justicia se decide desde el poder político, definiendo a quién se detiene, a quién se protege y a quién se libera. Bajo ese contexto, no son pocos los que anticipan que Christian Jesús Castillo Grimaldo podría abandonar pronto la cárcel, con el aval tácito de las instituciones encargadas de combatirlo.

 

Las posadas financiadas con cientos de miles de pesos de origen criminal se realizaron en las colonias Emiliano Zapata, Barrio San Sebastián, Jacalones II, La Bomba, San Mateo Tezoquipan, Miraflores, San Lucas Amalinalco, Culturas de México, La Ejidal, Jardines de Chalco, Jardines de Cápala, San Marcos Huixtoco y San Gregorio Cuautzingo.

 

La interrogante queda abierta y es incómoda: si se normaliza que los partidos políticos convivan, celebren y se promocionen con recursos del crimen organizado, ¿hacia dónde se dirige el Estado de México?