EXTORSIÓN CON PLACA Y ARMAS LARGAS: ACUSAN RED CRIMINAL
DENTRO DE LA FGR EN EL EDOMEX
*Empresarios del sector energético denuncian cobros ilegales,
clausuras fabricadas y amenazas armadas en nombre del combate al huachicol
Por: EXPEDIENTE SECRETO
TOLUCA, Estado de México, 10 de enero de 2026.- Lo que debería
ser una estrategia federal para erradicar el robo de combustible se ha
convertido, según empresarios del sector Gas LP y gasolineros, en una maquinaria
de extorsión institucional, operada por elementos de la Policía Ministerial
Federal adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR). Bajo el disfraz
de supuestos “operativos” contra el huachicol, agentes federales estarían
saqueando a negocios legalmente constituidos en el norte del Estado de México.
Desde diciembre pasado, estaciones de servicio y puntos de
venta de Gas LP en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero han sido
objeto de incursiones intimidatorias, principalmente los fines de semana,
cuando la vigilancia ciudadana es menor y la presión económica mayor. Los
operativos, denuncian los afectados, carecen de órdenes judiciales, actas
fundadas o documentación oficial, pero sobran armas largas, camionetas
oficiales y amenazas.
El libreto se repite: llegan hasta 10 agentes armados,
realizan revisiones superficiales, inventan “irregularidades administrativas” y
advierten que el negocio será clausurado y se abrirá una carpeta de
investigación. Minutos después, aparece un Ministerio Público con una supuesta
orden judicial que refuerza el montaje. La ley no investiga: aprieta.
Las exigencias económicas, según los testimonios, van de 100
mil a 200 mil pesos mensuales, una cuota que no se deposita en arcas públicas,
sino que, presuntamente, engorda una red de corrupción que opera desde dentro
del aparato federal.
“Tenemos todos los permisos: SENER, Protección Civil,
municipio. Generamos empleos, pagamos impuestos y aun así ahora son los mismos
policías los que nos quieren joder”, denunció Raúl Garza, encargado de una
gasolinera en Atizapán de Zaragoza.
La extorsión se formaliza una vez colocados los sellos de
clausura. Los agentes dejan un número telefónico. Al llamar, el mensaje es
directo: para “agilizar” el levantamiento de sellos y evitar futuras
inspecciones, hay que pagar. La advertencia es brutal: “Si no pagas, no vuelves
a abrir”.
En las denuncias aparece señalado un agente que se identifica
como José Eduardo Acosta, quien asegura actuar por instrucciones del comandante
Fernando Pérez, adscrito a la Subdelegación de la FGR en Naucalpan. Ambos
nombres ya figuran en testimonios que describen una operación sistemática, no
hechos aislados.
Los empresarios aseguran que la FGR tiene conocimiento de
estas acusaciones y que existe un expediente abierto en Asuntos Internos. No
obstante, mientras los expedientes duermen el sueño de los justos, los negocios
cierran, los trabajadores pierden ingresos y el miedo se impone como política
pública de facto.
Arturo Martínez, encargado de otra gasolinera afectada, lanzó
un llamado directo y sin rodeos: “Estamos empezando el año. Si la fiscal
Ernestina Godoy o la gobernadora Delfina Gómez no actúan ya, esto va a ser una
extorsión permanente. Así nos van a tener todo el sexenio”.
LLAMADA URGENTE A DERECHOS HUMANOS
Ante la gravedad de los señalamientos, los empresarios exigen
la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), así como de organismos internacionales anticorrupción y de defensa de
garantías económicas, al considerar que estas prácticas violan el derecho al
trabajo, a la seguridad jurídica y al debido proceso, además de configurar
presuntos delitos de extorsión y abuso de autoridad cometidos por servidores
públicos federales.
Si estas denuncias se confirman y no hay consecuencias, el
mensaje del Estado será devastador: que en México no solo el crimen organizado
cobra cuotas, sino que el propio Estado aprendió a hacerlo con uniforme, placas
oficiales y sellos de clausura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario