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martes, 29 de septiembre de 2026

LA MÁSCARA DEL DESPOJO: ANTORCHA CAMPESINA

 Y EL ARTE DE LA VICTIMIZACIÓN

 

*Mientras el Movimiento Antorchista se victimiza en los medios y simula respeto por la academia, la comunidad universitaria padece la pérdida de su patrimonio experimental por métodos de despojo que la sociedad mexiquense conoce y repudia desde hace décadas

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


Septiembre de 2026.- El reciente despliegue de presión mediática y movilización por parte del Movimiento Antorchista frente a las instalaciones del diario La Jornada abre un debate que va mucho más allá de una simple disputa por el derecho de réplica. La exigencia de la organización para que el rotativo se retracte de una nota que los vincula con el despojo de más de mil 600 hectáreas en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan —propiedad de la Universidad Autónoma Chapingo— es el más reciente ejemplo de un guion largamente ensayado: el deslinde conveniente, el ataque a la prensa y la inmediata victimización corporativa.

 

Para defenderse, la dirigencia antorchista ha echado mano de minucias técnicas y de la identificación de actores políticos rivales —en este caso, un diputado federal de Morena— para asegurar que ellos no tienen las manos metidas en el conflicto de Ixtapaluca. Argumentan que el diario utilizó testimonios anónimos y que la comunidad universitaria no está plenamente informada. Sin embargo, lo que este grupo parece olvidar es que, en el tribunal de la opinión pública, los antecedentes pesan más que un desmentido de coyuntura.

 

Para la ciudadanía del Estado de México, el modus operandi denunciado en Chapingo no resulta ajeno ni inverosímil; al contrario, retrata a la perfección el sello de la casa. Durante décadas, la historia de esta organización ha estado indisolublemente ligada a la lotificación irregular, la toma violenta de terrenos, el control corporativo del transporte y el comercio popular, y la asfixia de administraciones locales mediante plantones y marchas multitudinarias.

 

Por eso, mientras Antorcha Campesina se rasga las vestiduras exigiendo pulcritud periodística, la sociedad civil se planta ante una interrogante mucho más profunda y dolorosa: ¿Quién les restituye los daños a los miles de ciudadanos afectados por sus métodos a lo largo de los años?

 

Detrás de cada gran movilización de la organización existe una estructura clientelar que ha lucrado sistemáticamente con la necesidad de los más vulnerables. Es un secreto a voces el cobro de cuotas obligatorias a los agremiados y las multas económicas o el retiro de apoyos para aquellos que se niegan a asistir a los mítines como carne de cañón. El dinero del erario público que fluyó hacia sus arcas durante el apogeo del viejo régimen no se tradujo en un cambio para la gente más pobres, sino en la consolidación de una cúpula de dirigentes que hoy viven con lujos dignos de virreyes, completamente divorciados de la realidad de sus bases.

 

Hoy en día, el discurso antorchista de "defensa de los desamparados" suena hueco, desgastado y paradójicamente similar a la retórica oficialista que tanto combaten: una narrativa que promete redención social pero que solo perpetúa la dependencia. La ciudadanía ya no cree en esas marchas de trescientas personas que pretenden imponer verdades absolutas por la fuerza del número.

 

La disputa por las hectáreas de Chapingo terminará por resolverse en los tribunales o en las páginas de aclaraciones, pero el verdadero juicio ya ocurrió en las calles. Antorcha Campesina puede ganar un espacio de réplica en un periódico, pero difícilmente recuperará la legitimidad perdida ante una sociedad que ya aprendió a distinguir entre la auténtica lucha social y el negocio del despojo institucionalizado.

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