EN LA PAZ LLEGO LA TRANSFORMACIÓN QUE NO DETIENE LAS BALAS
*Homicidios, presuntas extorsiones y bares clausurados que
vuelven a operar colocan bajo escrutinio al gobierno de Martha Guerrero. La
pregunta ya no es solamente quién dispara, sino por qué la violencia puede
repetirse sin que la autoridad logre impedirla.
Por: EXPEDIENTE SECRETO
LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 9 de septiembre de 2026.—
Un hombre cae abatido en una calle. Una trabajadora muere
dentro de un bar. El propietario de otro establecimiento es asesinado y su hijo
resulta herido. Los negocios son clausurados. Se colocan sellos. Se acordonan
escenas del crimen.
Y después de algunas semanas, los establecimientos vuelven a
abrir sus puertas. Mientras tanto, las preguntas permanecen.
¿Quién está protegiendo a los bares de mala muerte? ¿Quién
vigila los establecimientos considerados de riesgo? ¿Qué ocurre con las
investigaciones? ¿Por qué algunos negocios clausurados después de hechos
violentos vuelven a funcionar?
La administración de la morenista Martha Guerrero tiene frente
a sí una realidad que difícilmente puede ocultarse detrás de comunicados oficiales,
fotografías de operativos o discursos de transformación: la inseguridad sigue
cobrando vidas.
OTRA EJECUCIÓN, OTRA VEZ EN LAS CALLES
El pasado 2 de septiembre, Miguel Ángel Hernández, de 35 años,
terminó muerto sobre la acera de la calle 4 esquina con calle Lerma, en la
colonia Valle de Los Reyes.
El alertamiento del C-5 movilizó a policías municipales.
Cuando llegaron, encontraron al hombre sin signos vitales.
Vecinos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta
se acercaron y dispararon repetidamente contra la víctima. Después escaparon.
No hubo una persecución por parte de los policías municipales.
Como siempre no hubo detenidos anunciados.
Hubo, como en tantas otras ocasiones, una escena acordonada y
una investigación que quedó en manos de las autoridades competentes.
Hernández era conocido por vecinos de la zona como
mototaxista. Había regresado recientemente a la vivienda de sus padres después
de separarse de su pareja.
Una vida terminó. Los responsables huyeron. Y la ciudad
continuó funcionando. Ese es precisamente el problema.
Cuando un homicidio se convierte en un episodio más de la
rutina, la violencia deja de ser excepcional y comienza a convertirse en
normalidad.
EL EXPEDIENTE QUE CONDUCE HASTA “LA EUROPEA”
Nueve meses antes, el 4 de diciembre de 2025, otro episodio
había puesto en evidencia la vulnerabilidad de los establecimientos nocturnos
de La Paz.
Una mujer de aproximadamente 36 años, identificada como
trabajadora o mesera de un establecimiento conocido como “La Europea”, murió
después de recibir un disparo en el pecho.
El lugar se encuentra en los cruces de Benito Juárez y avenida
Puebla, prácticamente en una zona donde resulta difícil argumentar que la
presencia institucional sea inexistente: a unos pasos está el Palacio Municipal
y la estación de la policía municipal, así como la estación del Metro Los
Reyes.
De acuerdo con testimonios atribuidos a trabajadores del
establecimiento, sujetos habrían acudido al lugar a bordo de una motocicleta para
cobrar la cuota de extorsión.
La versión señala que el encargado manifestó que todavía no
contaba con el dinero solicitado. La respuesta habría sido violenta. Un
disparo. Una mujer muerta.
Y nuevamente, ningún responsable detenido en ese momento. La Fiscalía
estatal intervino y el establecimiento fue clausurado. Pero aquí aparece una de
las preguntas centrales de este reportaje:
¿Cómo puede un establecimiento clausurado después de un
homicidio volver a abrir sus puertas?
No se trata de una pregunta menor. Si la clausura obedeció a
irregularidades administrativas, debe explicarse cuáles fueron y cómo se
solventaron.
Si obedeció a una investigación ministerial, debe aclararse
bajo qué condiciones jurídicas se permitió nuevamente su funcionamiento.
Y si existen antecedentes relacionados con presuntas
extorsiones, corresponde a las autoridades explicar qué medidas fueron tomadas
para impedir que el lugar vuelva a convertirse en un foco de riesgo.
La reapertura, por sí misma, genera sospechas de complicidad
de la autoridad. Por lo que exige transparencia.
“EL PARAÍSO”: LA HISTORIA VUELVE A REPETIRSE
El 4 de julio de 2026, exactamente siete meses después del
caso de “La Europea”, la violencia volvió a golpear a otro establecimiento
nocturno.
El propietario del bar “El Paraíso” fue asesinado a balazos y
su hijo resultó lesionado. El establecimiento se ubica en la cabecera
municipal, aproximadamente a 300 metros del Palacio Municipal.
Las versiones conocidas sobre el caso apuntaron a una posible
negativa del propietario a pagar una presunta cuota de extorsión.
La Fiscalía habría clausurado el inmueble. Pero, nuevamente,
aparece el mismo patrón que en “La Europea”: el negocio habría vuelto a abrir.
Dos establecimientos. Dos hechos violentos. Dos clausuras. Y
una misma pregunta flotando sobre el municipio: ¿Qué sucede después de que las
autoridades colocan los sellos?
Porque cerrar temporalmente un negocio después de que ocurre
una tragedia no resuelve el problema si posteriormente vuelve a operar sin que
la ciudadanía conozca las condiciones bajo las cuales fue autorizado.
LOS BARES BAJO SOSPECHA
Los establecimientos nocturnos forman parte de cualquier
ciudad y no todos representan un problema de seguridad.
El problema aparece cuando existen señalamientos reiterados
sobre determinados lugares y la autoridad no explica qué inspecciones se
realizan ni qué resultados arrojan.
En La Paz existen acusaciones vecinales que relacionan algunos
establecimientos con presunta venta de drogas, prostitución, extorsión y hasta
posibles casos de trata de personas.
Estas acusaciones deben ser investigadas y acreditadas por las
autoridades; no pueden descalificarse automáticamente, por el contrario, deben
de ser aclaradas para la tranquilidad de los vecinos.
Porque si existen denuncias, corresponde investigar. Si
existen irregularidades, corresponde sancionar. Si existe actividad criminal,
corresponde actuar. Y si no existe nada de lo anterior, la autoridad tiene la
obligación de transparentarlo.
También existe otro aspecto que debería ser revisado: las
condiciones de protección civil de los establecimientos.
¿Cuentan con salidas de emergencia? ¿Tienen extintores? ¿Tienen
rutas de evacuación? ¿Tienen dictámenes vigentes? ¿Se realizan inspecciones? ¿Existen
programas internos de protección civil? La ciudadanía merece respuestas.
EL GOBIERNO MUNICIPAL NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO
Es cierto: la alcaldesa no tiene facultades absolutas para
investigar homicidios ni para decidir unilateralmente sobre todas las
actuaciones de la Fiscalía mexiquense.
Pero eso no significa que el Ayuntamiento carezca de
responsabilidades. El gobierno municipal puede y debe coordinarse con las
autoridades estatales y federales.
Puede fortalecer la policía preventiva. Puede realizar
verificaciones administrativas dentro de sus atribuciones. Puede exigir
revisiones de protección civil. Puede denunciar formalmente actividades
sospechosas. Puede solicitar operativos conjuntos. Puede exigir resultados.
Y puede informar a los ciudadanos. Por eso, el argumento de
que “la seguridad no depende solamente del municipio” no puede convertirse en
una licencia para la pasividad.
¿Y DÓNDE QUEDA TRANQUILINO LAGOS?
En medio de esta crisis también aparece una cuestión política
que forma parte del debate público en La Paz: el papel de Tranquilino Lagos
Buenabad, esposo de la alcaldesa Martha Guerrero y señalado políticamente por
distintos sectores como una figura con influencia dentro del gobierno
municipal.
Aquí también es indispensable separar hechos de percepciones. Que
sea esposo de la presidenta municipal no demuestra, por sí mismo, que ejerza
funciones gubernamentales ni que tenga responsabilidad en hechos delictivos.
Pero precisamente por tratarse de una figura cercana al poder
municipal, cualquier influencia política que se le atribuya debería poder ser
esclarecida públicamente.
La pregunta periodística es sencilla: ¿Quién toma las
decisiones en materia de seguridad y quién supervisa que esas decisiones produzcan
resultados? Porque cuando la violencia se multiplica, también debe existir
rendición de cuentas.
Martha Guerrero llegó al Ayuntamiento bajo la bandera de
Morena y el discurso de transformación. Pero la transformación que importa a
los ciudadanos no se mide por consignas partidistas.
Se mide en las calles. En la seguridad de los trabajadores. En
la tranquilidad de las familias. En la capacidad del gobierno para prevenir
homicidios. En la capacidad de las instituciones para investigar.
En la capacidad de la autoridad para impedir que los
establecimientos señalados en investigaciones criminales simplemente regresen a
la normalidad sin una explicación pública.
La ciudadanía no necesita que le digan que todo está bien. Necesita
saber qué está pasando.
Hay una diferencia fundamental entre gobernar la inseguridad y
administrar sus consecuencias. Gobernar implica prevenir.
Administrar las consecuencias significa llegar después,
acordonar, tomar fotografías, levantar reportes y esperar que la noticia desaparezca.
La muerte de Miguel Ángel Hernández vuelve a poner sobre la
mesa una realidad incómoda. En diciembre de 2025 murió una trabajadora en “La
Europea”. En julio de 2026 fue asesinado el propietario de “El Paraíso” y su
hijo resultó lesionado. En septiembre de 2026 un hombre fue ejecutado en plena
calle.
Mientras tanto, establecimientos previamente clausurados
vuelven a operar.
Las ejecuciones tienen un mismo patrón que merece ser
investigado: violencia, presuntas extorsiones, establecimientos señalados,
clausuras y posteriores reaperturas. Y frente a ese patrón, el silencio
institucional no basta.
La pregunta final no es solamente quién dispara. La pregunta
es: ¿Por qué en Los Reyes La Paz los ciudadanos siguen muriendo mientras los
responsables continúan escapando?
Y hay otra todavía más incómoda: ¿Cuántas ejecuciones más
tendrán que ocurrir para que la llamada transformación deje de ser discurso y
se convierta en seguridad real para los habitantes?
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