ANTORCHA SE DESLINDA DE SEÑALAMIENTOS SOBRE CHAPINGO, PERO NO RESPONDE AL FONDO DE LAS ACUSACIONES
*Deslindarse no basta: Antorcha descalifica a medios incómodos,
pero evita responder de fondo a los señalamientos sobre su presunto control
político y administrativo de Chapingo
Por: EXPEDIENTE SECRETO
En su comunicado, el movimiento antorchista rechazó las
afirmaciones publicadas y aprovechó para arremeter contra otros medios de
comunicación que han dado seguimiento al tema, a los que descalificó como
“pasquineros”, una etiqueta que, más que responder a los cuestionamientos,
evidencia el nivel de incomodidad que generan las publicaciones críticas.
El argumento central de Antorcha para cuestionar la
información de La Jornada fue que la nota no estaba firmada por un periodista
en particular. Sin embargo, ese hecho no invalida automáticamente la
información publicada. La nota efectivamente apareció sin la firma de un
periodista y fue publicada en la edición del 24 de agosto de 2026.
Más importante aún: el texto no presentó las acusaciones como
una sentencia judicial contra Antorcha, sino como señalamientos realizados por
profesores, académicos y estudiantes inconformes con la situación que, según
sus testimonios, prevalece dentro de la universidad.
Y ahí está precisamente el problema para la organización: un
comunicado de deslinde no sustituye una explicación puntual de cada uno de los
señalamientos.
La información difundida por La Jornada habló de un presunto
dominio antorchista sobre el órgano rector, el Consejo Universitario,
direcciones y jefaturas de la UACh; de modificaciones presuntamente irregulares
a estatutos y reglamentos; de la contratación de más de 200 asesores; de
supuestos mecanismos de cooptación de trabajadores y estudiantes; de presiones
contra profesores opositores y de una creciente intervención política en la
vida universitaria.
También se cuestionó el papel del rector Ángel Garduño García
y su cercanía con el movimiento, así como la modificación de estructuras
administrativas de la institución.
La propia información periodística consignó el rechazo del
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo
(Stauach) a un nuevo reglamento para el ingreso y permanencia del personal
académico, al considerar que podría afectar la estabilidad laboral y
contradecir disposiciones del contrato colectivo de trabajo, la legislación
laboral y la Constitución.
¿Y QUÉ PASA CON LOS RECURSOS?
Otro de los asuntos que no desaparecen con un comunicado es el
relacionado con la fiscalización de los recursos públicos.
De acuerdo con lo publicado por La Jornada, la Auditoría
Superior de la Federación presumió un probable daño o perjuicio a la Hacienda
Pública Federal o al patrimonio de la universidad por 51 millones 138 mil 657
pesos, derivado de pagos que consideró improcedentes, además de las cargas
financieras correspondientes.
Entre las observaciones se encuentran 8 millones 416 mil 469
pesos correspondientes a sueldos pagados a 595 empleados por encima del
tabulador autorizado; 40 millones 625 mil 511 pesos por compensaciones
garantizadas a 170 empleados; así como otros pagos por conceptos de despensa,
renta, transporte y útiles escolares que habrían excedido los tabuladores
acreditados.
La auditoría también detectó 1 millón 655 mil 889 pesos
pagados a 97 empleados después de su baja; 194 mil 33 pesos correspondientes a
43 trabajadores a quienes no se descontaron inasistencias, y 33 mil 860.62
pesos relacionados con dos trabajadores que no registraron sus asistencias.
Es decir, el debate sobre Chapingo no puede reducirse a
determinar si una nota periodística lleva el nombre de un reportero o aparece
firmada por la redacción. Hay documentos de fiscalización, posicionamientos
sindicales y testimonios de integrantes de la comunidad universitaria que
merecen ser revisados y respondidos con argumentos y documentos.
DESCALIFICAR A LOS MEDIOS NO RESUELVE LAS PREGUNTAS
La reacción de Antorcha también abre otro debate: ¿por qué
llamar “pasquineros” a los medios que resultan incómodos en lugar de responder
a sus publicaciones?
El periodismo crítico puede equivocarse y, cuando ocurre, debe
ser cuestionado con datos, documentos y derecho de réplica. Pero desacreditar
de manera general a los medios únicamente porque publican información
desfavorable tampoco constituye una respuesta de fondo.
En el caso de La Jornada, la publicación del 24 de agosto no
fue un texto anónimo subido a una red social. Se trató de una información
publicada en un periódico nacional y retomada posteriormente por otros espacios
informativos. Además, el Observatorio de Políticas Educativas del IISUE-UNAM
registró la publicación dentro de su seguimiento de información sobre autonomía
y gobernabilidad universitaria.
Por ello, el deslinde antorchista deja abierta una pregunta
elemental: si las acusaciones son falsas, ¿dónde están las pruebas que permitan
desmentirlas una por una?
Porque afirmar que no existe control político sobre Chapingo
es una cosa; demostrar quién ocupa cada órgano de decisión, cómo fueron designados
los funcionarios, bajo qué procedimientos ingresaron los trabajadores y
asesores cuestionados, cómo se modificaron los reglamentos y qué ocurrió con
los recursos observados por la ASF es otra muy distinta.
El problema de los señalamientos sobre intimidación. Hay
además un elemento particularmente delicado.
La organización ha sido históricamente señalada por su
utilización de estructuras de movilización y grupos de choque. En el caso
específico de Chapingo, los testimonios recogidos por La Jornada hablaron
incluso de grupos de estudiantes o “porros” presuntamente utilizados para
emprender ataques digitales contra profesores y trabajadores críticos de la
administración, mediante perfiles falsos y videos difamatorios.
A ello se suman señalamientos que circulan desde hace años en
torno a la existencia de grupos de personas identificadas por adversarios de
Antorcha como “guardias blancas”, a quienes atribuyen tareas de intimidación o
persecución contra desertores de la organización y personas consideradas
enemigas.
Es importante precisar que estos últimos señalamientos
constituyen acusaciones y no deben presentarse como hechos judicialmente
acreditados sin pruebas específicas. Pero precisamente por la gravedad de lo
que se denuncia, tampoco pueden desaparecer simplemente porque la organización
emita un comunicado de deslinde.
Si Antorcha considera falsos esos señalamientos, tiene la
oportunidad de demostrarlo con evidencias, no únicamente con descalificaciones.
Chapingo merece algo más que una guerra de comunicados
La Universidad Autónoma Chapingo no es patrimonio de una
organización política, de un grupo de profesores, de una corriente sindical ni
de una administración en turno. Es una institución pública financiada con
recursos de los todos los mexicanos y con una enorme responsabilidad en la
formación de profesionales del sector agropecuario.
Por eso, las acusaciones sobre un eventual control político de
la institución, modificaciones administrativas, contratación de personal,
presunta cooptación de estudiantes y trabajadores, restricciones a
investigadores y posibles irregularidades financieras deben ser sometidas al
escrutinio público.
Antorcha Campesina tiene todo el derecho de defenderse, negar
las acusaciones y ejercer su derecho de réplica. Pero deslindarse no equivale a
demostrar que los señalamientos son falsos. Y llamar “pasquineros” a los medios
que incomodan tampoco contesta las preguntas.
Mientras existan observaciones de la Auditoría Superior de la
Federación, pronunciamientos sindicales, testimonios de profesores y
estudiantes y denuncias sobre la conducción de la universidad, el caso Chapingo
seguirá siendo un asunto que merece investigación, transparencia y respuestas.
Porque si todo lo publicado es falso, la mejor manera de
demostrarlo no será con insultos ni descalificaciones: serán los documentos,
las auditorías, las actas, los reglamentos, los contratos, las nóminas y las
decisiones de los órganos universitarios los que tendrán la última palabra.
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