SEGURIDAD EN CRISIS: ARVIZU Y MARTHA GUERRERO, BAJO
EL ESCRUTINIO CIUDADANO
*Dos gobiernos de Morena que enfrentan el reclamo de una
población cansada de la violencia: mientras las balas vuelven a cobrar vidas en
la zona limítrofe de Ixtapaluca y La Paz, la capacidad de sus administraciones
para prevenir los delitos y garantizar la seguridad queda nuevamente bajo
cuestionamiento
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La mañana del lunes 21 de septiembre, la carretera federal
México-Puebla se convirtió nuevamente en escenario de muerte. A la altura de la
zona conocida como “El Tubo Azul”, un ataque armado dejó dos personas muertas,
una de ellas presuntamente el objetivo directo de la agresión y la segunda una
víctima circunstancial que se encontraba trabajando.
Los reportes periodísticos coinciden en que hombres armados
dispararon contra un automóvil particular de color negro con numero de placas
MB-360-C. El conductor murió dentro de la unidad, que quedó atravesada sobre la
vialidad. Pero la violencia no se detuvo en el blanco del ataque.
En ese momento circulaba por la zona una camioneta repartidora
de bebidas de la empresa Bonafina identificada con el número de matrícula
MZ-211-C. El trabajador fue alcanzado por los disparos pese a que, de acuerdo
con las versiones difundidas, no era el objetivo de la agresión.
Herido, todavía consiguió avanzar aproximadamente 20 metros
hasta llegar a una estación de gasolina, donde pidió ayuda. Los trabajadores
intentaron auxiliarlo, pero finalmente murió a consecuencia de las lesiones.
Dos muertos. Una persecución armada. Un trabajador que
simplemente cumplía con su jornada laboral y terminó pagando con la vida por
una violencia que no provocó. Eso es lo que ocurre cuando las armas toman las
calles y la ciudadanía queda atrapada en medio del fuego cruzado.
EL ORIENTE DEL EDOMEX, ENTRE BALAS Y MIEDO
El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio la situación de
seguridad en la zona oriente del Estado de México, particularmente en una
región donde confluyen Ixtapaluca y Los Reyes La Paz, municipios estratégicos
por su conexión con la Ciudad de México y por el enorme flujo cotidiano de
trabajadores, comerciantes y transportistas.
La carretera México-Puebla es una de las principales arterias
de comunicación de la región. Que un ataque armado pueda desarrollarse en plena
vialidad y a plena luz del día, con automovilistas y trabajadores circulando
alrededor, representa un riesgo evidente para la población.
Los reportes disponibles señalan que los agresores escaparon
y, hasta el momento, no se habían reportado detenidos. La Fiscalía General de
Justicia del Estado de México quedó a cargo de las investigaciones y del
procesamiento de los indicios balísticos.
Después de la balacera, elementos de seguridad acudieron para
acordonar el lugar y realizar cortes a la circulación mientras se desarrollaban
las diligencias ministeriales. La presencia policial posterior al crimen, sin
embargo, vuelve a abrir el debate sobre la capacidad preventiva de las
corporaciones municipales y estatales.
Porque para una familia que pierde a un padre, un hijo o un
trabajador, llegar después de que las balas ya fueron disparadas no representa
una solución.
La verdadera prueba de cualquier estrategia de seguridad es
evitar que los hechos ocurran, detener a los responsables y garantizar que la
población pueda transitar sin convertirse en víctima colateral.
Y APARECE OTRO PROBLEMA: LA PRENSA
Durante la cobertura de los hechos, según el señalamiento
proporcionado para esta información, elementos de la Policía Municipal de
Ixtapaluca habrían intentado amedrentar a reporteros que realizaban su trabajo.
La cobertura periodística de un hecho violento no debe
convertirse en otro frente de confrontación entre autoridades y comunicadores.
Los periodistas tienen derecho a documentar acontecimientos de interés público
y las autoridades están obligadas a respetar la libertad de expresión y el
trabajo de los medios.
La seguridad pública no puede utilizarse como argumento para
intimidar a quienes informan.
ARVIZU Y MARTHA GUERRERO, BAJO EL ESCRUTINIO CIUDADANO
El ataque también coloca nuevamente bajo la lupa a los
gobiernos municipales de la región.
Ixtapaluca es gobernado por Felipe Arvizu, mientras Los Reyes
La Paz es encabezado por Martha Guerrero Sánchez, ambos emanados de Morena.
En el caso de La Paz, incluso en fechas recientes el propio
gobierno municipal ha presumido acciones de coordinación y capacitación
policial; el 3 de septiembre se informó que elementos municipales recibieron
capacitación de la Fiscalía General de la República sobre actuación del primer
respondiente y flagrancia.
El problema es que la ciudadanía no evalúa a sus autoridades
únicamente por fotografías, ceremonias, cursos, discursos o comunicados. Las
evalúa por lo que ocurre en las calles.
Y cuando una carretera se convierte en escenario de una
persecución armada, un conductor termina ejecutado y un trabajador muere por
una bala que ni siquiera iba dirigida contra él, la pregunta sobre la eficacia
de las estrategias de seguridad resulta inevitable.
No se trata de afirmar que los alcaldes sean responsables
directos de los homicidios —eso corresponde determinarlo a las autoridades
ministeriales y judiciales—, sino de exigirles resultados en materia de
prevención, vigilancia y seguridad pública.
Porque gobernar también significa responder por las
condiciones de seguridad que existen en los territorios bajo su administración.
La zona oriente no puede normalizar la muerte. Lo ocurrido en
“El Tubo Azul” no debe convertirse en una estadística más. Detrás de cada
cuerpo existe una familia. Detrás del repartidor que murió existe una familia
que esperaba su regreso después de una jornada de trabajo.
Y detrás de cada ataque armado existe una pregunta que las
autoridades todavía tienen pendiente:
¿Quién está garantizando la seguridad de quienes todos los días
salen a trabajar, estudiar o simplemente transitar por el oriente del Estado de
México?
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