BLACK HAWK: 170 MILLONES EN EL AIRE Y LAS PREGUNTAS QUE
DELFINA GÓMEZ DEBE RESPONDER
*La compra del Black Hawk por 170 millones de pesos abre
interrogantes sobre GS3, los contratos y dictámenes que sustentaron la operación,
mientras crece el escrutinio sobre la administración de Delfina Gómez y la
actuación de la Secretaría de Seguridad
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La investigación de AD Noticias coloca bajo escrutinio la ruta
comercial del helicóptero Sikorsky UH-60A, adquirido por la administración de
Delfina Gómez Álvarez mediante una operación anunciada en 170 millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, esa cantidad incluiría la aeronave,
equipamiento, capacitación, certificaciones y adecuación de un hangar.
Pero el problema no termina en el precio. Empieza con quién
estuvo detrás de la operación.
AD Noticias documentó que Servicio Global de Seguridad y Sistemas
Privados GS3, empresa constituida en 2014 con un capital inicial de apenas 60
mil pesos, aparece en los registros estadounidenses como compradora del
helicóptero Sikorsky UH-60A que posteriormente terminó incorporado al Gobierno
del Estado de México. La empresa tenía como actividad pública principal
servicios de seguridad privada, custodias y protección.
La investigación periodística documentó además una primera
compraventa entre 5-State Helicopters y GS3, realizada en mayo de 2026, que
posteriormente fue cancelada. El 9 de junio ambas empresas declararon que
aquella operación no se había consumado y la aeronave regresó al registro
estadounidense; posteriormente se formalizó una segunda compraventa.
Y aquí aparece la pregunta que alcanza directamente al
Gobierno del Estado de México: ¿Quién autorizó, supervisó y validó cada paso de
esta operación?
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, como titular del Poder
Ejecutivo estatal, no puede ser presentada como responsable personal de una
irregularidad que hasta ahora no ha sido acreditada. Pero tampoco puede ser
considerada ajena a una operación de 170 millones de pesos de recursos públicos
realizada durante su administración.
La pregunta política es inevitable: ¿Dónde están los
documentos que permitan saber cómo se decidió gastar esos 170 millones?
Hasta ahora, AD Noticias señala que no se han hecho públicos
el contrato, la factura, el avalúo, el estudio de mercado y el desglose de
cuánto correspondió a la aeronave, cuánto al equipamiento, cuánto a
capacitación, certificaciones, soporte y adecuación del hangar.
Y eso es precisamente lo que debe explicar la administración
de Delfina Gómez. No basta con decir que el Black Hawk costó 170 millones.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se compró, a quién
se le compró, bajo qué procedimiento, con qué dictámenes, qué empresa recibió
los recursos y cómo se determinó que la operación era conveniente para el
Estado de México.
UNA EMPRESA DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE UNA OPERACIÓN
AERONÁUTICA
El caso de GS3 agrega otra interrogante. De acuerdo con la
investigación de AD Noticias, la empresa acumulaba 110 contratos federales
entre 2023 y 2026 por aproximadamente 68.7 millones de pesos, principalmente
relacionados con vigilancia, mantenimiento de inmuebles, controles de acceso,
sistemas contra incendios y otros servicios.
Frente a ese historial, la operación del Black Hawk representa
un salto extraordinario. Eso no demuestra por sí mismo una irregularidad, pero
sí plantea una pregunta perfectamente legítima:
¿Qué experiencia, capacidad técnica, instalaciones, talleres,
permisos y especialistas acreditó GS3 para participar en una operación
aeronáutica de esta magnitud?
Y hay otro dato que tampoco puede ignorarse. El helicóptero
fue fabricado en 1985 y registraba más de 16 mil horas de vuelo. AD Noticias
señala que en 2024 fue sometido a una intervención estructural importante. Esto
tampoco demuestra que la aeronave sea insegura ni que su adquisición haya sido
ilegal; pero hace todavía más importante conocer el dictamen técnico, avalúo y
estudios de vida útil que utilizó el Gobierno del Estado de México para
justificar la operación.
La propia investigación señala que una referencia de 170
millones de pesos corresponde al paquete anunciado por el gobierno y no permite
afirmar que esa cantidad haya sido exclusivamente el precio del helicóptero.
Precisamente por eso, el desglose resulta indispensable.
LA ASF YA PUSO LA LUPA
El asunto tampoco puede analizarse como una simple polémica
mediática. AD Noticias reportó que la Auditoría Superior de la Federación abrió
el expediente de presunta responsabilidad administrativa 013/2026 y solicitó
información relacionada con la operación mediante el oficio
UE-IAF/DGIA/0017/2026.
Entre los documentos requeridos aparecen contratos, avalúos,
estudios de mercado, factibilidad técnica, actas del Comité de Adquisiciones y
documentación relacionada con el hangar.
Es decir: la discusión sobre la compra no se limita a las
redes sociales. Existe una revisión de carácter fiscalizador que busca conocer
cómo se realizó la operación.
¿Y AHORA LOS PENALES?
En medio de este escenario apareció otro anuncio de la
Secretaría de Seguridad. El titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda
Camarillo, informó que alrededor de 20 directores de centros penitenciarios han
sido dados de baja y que contra algunos mandos se iniciaron procedimientos
legales por presuntas irregularidades relacionadas con cobros y beneficios
indebidos dentro de los penales. La información ha sido reportada por medios
como Meganoticias y La Jornada Estado de México.
La Secretaría ha señalado que las rotaciones forman parte de
las acciones emprendidas frente a irregularidades detectadas en el sistema
penitenciario.
Sin embargo, algunos funcionarios de la propia Secretaría de
Seguridad —según la versión proporcionada para esta información— consideran que
el anuncio puede funcionar como un distractor frente al creciente escrutinio de
la compra del Black Hawk. Por lo que se dice que las dos noticias fueron anunciadas
deliberadamente para desviar la atención de la adquisición del helicóptero.
DELFINA GÓMEZ NO PUEDE QUEDAR AL MARGEN
La gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez encabeza el
Poder Ejecutivo del Estado de México. Por eso, aunque no exista hasta ahora
evidencia pública que permita afirmar que ella personalmente incurrió en
corrupción, sí existe una responsabilidad política sobre la administración que
encabeza y sobre los mecanismos institucionales mediante los cuales se
ejercieron esos recursos.
La pregunta no es si Delfina Gómez pilotó el helicóptero. La
pregunta es: ¿quién decidió comprarlo? ¿quién autorizó el procedimiento? ¿quién
determinó el valor? ¿quién revisó el avalúo? ¿quién verificó la capacidad del
proveedor? ¿quién autorizó el pago? ¿quién recibió la aeronave? ¿y dónde están
todos esos documentos?
Porque si todo fue legal, transparente y conveniente para el
Estado, la respuesta debería ser sencilla: mostrar los papeles.
El Gobierno del Estado de México presume al Black Hawk como
una herramienta para operaciones de seguridad, búsqueda, rescate y atención de
emergencias; la propia Secretaría de Seguridad ha difundido su utilización
operativa.
Pero una aeronave puede estar en el aire mientras su
expediente permanece enterrado en la tierra.
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