EU EVALUARÁ SI PENA DE MUERTE ES APLICABLE A 6 NARCOS ENTREGADOS POR MÉXICO; PODRÍA INCLUIR A CARO QUINTERO
*Estados Unidos atribuye acción a "posición de
fuerza" de Trump
Estados Unidos evaluará si la pena de muerte es aplicable
a seis de los 29 narcos entregados por México, entre los que se
incluye Rafael Caro Quintero.
En un comunicado, el Departamento de Justicia de EU indicó que
"muchos de los acusados fueron objeto de solicitudes de extradición de
larga data de Estados Unidos que no fueron atendidas durante el gobierno del
presidente Joe Biden, pero que el gobierno mexicano decidió transferir al
actual gobierno de Estados Unidos en respuesta a los esfuerzos del Departamento
de Justicia de conformidad con la directiva del Presidente Trump en la Orden
Ejecutiva 14157, titulada Designación de Cárteles y Otras Organizaciones
como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales
Especialmente Designados, para buscar la eliminación total de estos cárteles”.
Otra orden relevante es la 14164, titulada
Restablecimiento de la Pena de Muerte y Protección de la Seguridad Pública,
además de la guía del Fiscal General del 5 de febrero con respecto a la pena de
muerte.
Por ejemplo, en el caso de Rafael Caro Quintero, cuya
acusación estará en el Distrito Este de Nueva York, las penas son de
muerte o cadena perpetua.
Otros casos en los que se mencionan las mismas penas de muerte
o cadena perpetua son en el de José Rodolfo Villarreal Hernández, Vicente
Carrillo Fuentes, Andrés Clark, Luis Geraldo Méndez Estevane, Aliso Martín
Sotelo.
¿Cuáles son las órdenes importantes y los memorándums a tomar
en cuenta?
En la orden 14164 se menciona que "es política de
Estados Unidos asegurar que las leyes que autorizan la pena capital se respeten
y se apliquen fielmente, y contrarrestar a los políticos y jueces que
subvierten la ley obstruyendo e impidiendo la ejecución de las sentencias
capitales".
Además, "el fiscal General aplicará la pena de
muerte para todos los delitos cuya gravedad exija su aplicación. (b) Además de
buscar la pena de muerte cuando sea posible, el Fiscal General, cuando sea
compatible con la ley aplicable, buscará la jurisdicción federal y solicitará
la pena de muerte independientemente de otros factores para cada delito capital
federal que involucre: (i) El asesinato de un agente de la ley; o (ii) Un
delito capital cometido por un extranjero presente ilegalmente en este
país".
También se dice que "el fiscal General tomará todas las
medidas necesarias y legales para asegurar que cada estado que permita la pena
capital tenga un suministro suficiente de los medicamentos necesarios para
llevar a cabo la inyección letal".
En el caso de la orden 14157, en la que se solicita
la designación de los cárteles de la droga y otras organizaciones extranjeras
como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) o terroristas globales
especialmente designados (SDGT), se especifica que entran en esa categoría los
cárteles De Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Del Noreste (CDN),
La Nueva Familia Michoacana (LNFM), Cártel del Golfo (CDG) y Cárteles Unidos
(CU), además del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Anteriormente, la fiscal general Pam Bondi emitió una guía
respecto a la pena de muerte. En éste se ordena aplicar la medida, que se
suspendió durante la administración Biden, y que comience a solicitar la pena
capital en los casos apropiados, señalando que se espera que los fiscales
“soliciten la pena de muerte en casos que involucren el asesinato de un agente
de la ley y delitos capitales cometidos por extranjeros que se encuentran
ilegalmente en los Estados Unidos”.
En otro memorándum Bondi ordenó la "eliminación total de
los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales".
Añadió que para los "líderes y administradores de cárteles y las
organizaciones criminales terroristas, los delitos más graves y fácilmente
demostrables incluirán crímenes capitales, terrorismo, extorsión y delitos
continuos de empresa criminal".
Para los criminales de bajo nivel, añade que se evitará su
persecución penal priorizando su deportación cuando carezcan de estatus
migratorio legal.
También se debe tomar en cuenta "cualquier delito violento
previo conocido o que se sospeche haya cometido la víctima". Además, se
buscará la "eliminación de impedimentos burocráticos a los
procesamientos".
Se priorizarán "las investigaciones relacionadas con el
soborno transnacional que facilite las operaciones delictivas de cárteles y
organizaciones criminales transnacionales".
El Departamento de Justicia indicó tras la entrega de 29
narcotraficantes que fue "en respuesta a los esfuerzos del Departamento de
Justicia de conformidad con la directiva del Presidente Trump en la Orden
Ejecutiva 14157, titulada Designación de Cárteles y Otras Organizaciones
como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales
Especialmente Designados, para buscar la eliminación total de estos
cárteles". En el documento no se agradece al gobierno mexicano.
Estos traslados ocurren el mismo día en que autoridades
mexicanas se reunieron en Washington con el secretario de Estado, Marco
Rubio, y otros funcionarios estadounidenses y acordaron efectuar "acciones
coordinadas" contra el narcotráfico, informó el gobierno mexicano.
El "objetivo central" del plan es "disminuir
las muertes" por fentanilo en Estados Unidos y el tráfico de armas desde
ese país que terminan en manos de los cárteles mexicanos, añadió en un
comunicado.
Dicho encuentro se enmarca en los esfuerzos para evitar que
Washington imponga aranceles del 25% a las importaciones mexicanas a partir del
próximo martes.
Martha Bárcena, embajadora eminente, posteó que "México
nunca ha extraditado a mexicanos que puedan ser sujetos a la pena de
muerte".
El acuerdo binacional de extradición no permite la pena de
muerte; no obstante, el gobierno mexicano ni EU hablan de
"extradición".
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