Comunicadores en Pie de Lucha

A LA GOBERNADORA DELFINA GÓMEZ, NO LE VENGAN

 CON ESO DE QUE LA LEY ES LA LEY

 

* Los elementos perciben salarios que oscilan entre 20 mil y 45 mil pesos mensuales. Lo que representa un gasto superior a 15 millones de pesos al mes pagados con dinero del pueblo

 

Toluca, Estado de México. 25 de febrero de 2025.- Los privilegios y la austeridad republicana en gobierno encabezado por Morena es una vulgar mentira, el dinero de los impuestos se despilfarra para brindar seguridad a exfuncionarios de anteriores administraciones, a pesar que de acuerdo a la ley, ellos deberían de pagar su propia seguridad si es que la necesitan.

 

El expresidente Enrique Peña Nieto carga la factura de su equipo de seguridad al Estado de México, así como otros personajes del pasado quienes también cuentan con escoltas financiados con recursos públicos. Entre ellos, se encuentran exprocuradores y exfiscales como Alfonso Navarrete Prida, Alfredo Castillo Cervantes, Alejandro Gómez Sánchez, entre otros, exsecretarios generales de Gobierno como José Manzur Quiroga, e incluso el flamante senador morenista, quien recientemente pidió licencia, Higinio Martínez Miranda.

 

Estos guardaespaldas están adscritos a la nómina de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Otros pertenecen al Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) o a la Secretaría de Seguridad. La lista completa es extensa y evidencia un esquema de privilegios que sigue vigente, pasándose por el arco del triunfo eso de la austeridad republicana, que en realidad es una verdadera falacia.

 

Son 480 policías convertidos en escoltas de la élite política, de acuerdo a datos adquiridos por medio del portal de transparencia y publicados por diversos medios de comunicación.

Un cálculo moderado indica que al menos 480 policías, entre agentes de investigación, preventivos, municipales y auxiliares, están asignados a funciones de guardias. Otros a custodia y protección de funcionarios, exfuncionarios e incluso particulares.

 

Los elementos perciben salarios que oscilan entre 20 mil y 45 mil pesos mensuales. Lo que representa un gasto superior a 15 millones de pesos al mes en recursos públicos destinados a pagar este privilegio a la alta burocracia y a personajes influyentes y totalmente ajenas al servicio público.

 

Sería bueno que la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez le explicara al pueblo de México, porque estos exservidores públicos aun gozan de estos privilegios en los que se despilfarran millones de pesos que podrán ser utilizados en medicamentos de los que tanto carecen los hospitales del Edomex.

 

Delfina Gómez, por ejemplo, no se transporta en un Tsuru o un Jetta, las camionetas en las que viaja son de lujo y eso si muy bien equipadas porque a la mandataria le gusta el aire acondicionado, además cuenta con un grupo de seguridad discreto, pero armados hasta los dientes, sin duda, si usted observa a la flamante gobernadora notara que, si hay un antes y un después, es decir, la maestra rural quedo en el pasado.

 

Como dice el dicho, el que nunca robo y llega para robar, loco se quiere volver, existen alcaldes que parecen más preocupados por su seguridad y por imitar a los jefes locales de la delincuencia organizada, por lo que hacen todo lo posible por lucir extravagantes y abusivos, ellos se desplazan en convoyes de tres, cuatro y hasta cinco camionetas de lujo, algunas blindadas, con equipos de hasta diez escoltas armados hasta los dientes. Se comportan como pequeños, pero muy pequeños jefes de plaza del crimen organizado a tal grado que muchas veces son confundidos con criminales, que para el caso son lo mismo.

 

Es importante destacar que, en el año 2019, el Congreso del Estado de México aprobó la eliminación de los privilegios que permitían a los exgobernadores y exfuncionarios públicos contar con escoltas, personal de ayudantía, choferes y secretarias pagados con recursos públicos.

 

Esta medida abrogó decretos anteriores que otorgaban dichos beneficios a exmandatarios como Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila, Arturo Montiel, Alfredo Baranda e Ignacio Pichardo. Desde entonces, estos exfuncionarios deben cubrir los gastos de su seguridad y personal administrativo con recursos propios. La única excepción es si logran justificar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que enfrentan un riesgo significativo, en cuyo caso podrían recibir apoyo estatal, pero a la morenista Delfina Gómez Álvarez, no le vengan con eso de que la ley es la ley.