LA REALIDAD DE LA NOTICIA

MARTHA GUERRERO PRESUME LOGROS ATRASADOS MIENTRAS CRECEN SOSPECHAS DE DESVÍOS MILLONARIOS   * A casi un año de haber tomado protesta, in...

martes, 16 de septiembre de 2025

DESPUÉS DE LA TORMENTA, EL ABANDONO: MARTHA GUERRERO EXHIBE INCAPACIDAD EN LOS REYES LA PAZ

 



Los Reyes La Paz, Estado de México, 16 de septiembre de 2025.– Después de la tormenta, vino el drama. Cientos de familias de Los Reyes La Paz enfrentan por enésima ocasión el infierno de las inundaciones, mientras la alcaldesa morenista, Martha Guerrero Sánchez, vuelve a quedar exhibida en su ineficiencia y en su indiferencia ante el sufrimiento ciudadano.

 

De acuerdo con información publicada por El Universal, durante un recorrido por las colonias afectadas, Guerrero fue encarada por vecinos que exigieron obras hidráulicas definitivas y no simples promesas que se evaporan con el agua sucia que invade sus casas cada temporada de lluvias.

 

“Ya no hay nada que tirar en las casas, sólo falta que nos ahoguemos la próxima vez”, le reclamó una vecina de la colonia Valle de Los Reyes, recordándole que apenas el pasado 4 de septiembre se habían inundado y, en menos de quince días, la tragedia se repitió.

 

Más de 500 viviendas resultaron dañadas, según admitió la propia edil. Entre las zonas devastadas se encuentran la colonia Valle de Los Reyes, la unidad habitacional Tepozanes y hasta el Hospital General de Zona 53 del IMSS, que nuevamente se convirtió en un símbolo de abandono institucional.

 

Las imágenes son de pesadilla: muebles, colchones y electrodomésticos pudriéndose en las calles; familias sacando el agua con jícaras y cubetas porque las bombas que llevó el ayuntamiento, conocidas como “becerros”, apenas sirvieron de paliativo. Niños que se quedaron sin útiles ni libros escolares porque todo se mojó. Y madres que, con lágrimas en los ojos, le dijeron a la alcaldesa que no saben cómo sus hijos volverán a clases.

 

Mientras tanto, Guerrero prometió que “en breve” comenzará un proyecto hidráulico con participación de los tres niveles de gobierno. La misma promesa vacía que se escuchó hace algunos días y que resuena cada temporada de lluvias, pero, que nunca llega.

 

El hartazgo es evidente. La población recuerda con rabia que este mismo gobierno municipal fue incapaz de responder en tragedias recientes: el abandono del niño Fernandito, quien perdió la vida en manos de sus verdugos y el gobierno de Morena le dio la espalda.

 

La explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, donde Guerrero ni siquiera envió una brigada de apoyo o un lote de vendas. Y ahora, en plena emergencia por las inundaciones, su presencia en las calles no representa esperanza, sino indignación.

 

En la unidad habitacional Tepozanes, los vecinos todavía luchan hoy martes 16 de septiembre por sacar el agua del estacionamiento donde quedaron atrapados varios vehículos. En otras colonias, bardas derribadas siguen sin repararse, como símbolo de un gobierno que no resuelve nada.

 

La realidad es contundente: ya nadie cree en el gobierno de Morena en La Paz. La alcaldesa Martha Guerrero ha demostrado ser indolente, insensible y completamente incapaz de prevenir y atender tragedias.

 

Hoy los damnificados limpian con sus manos lo que el ayuntamiento fue incapaz de evitar. Y mientras las familias cargan con pérdidas materiales y emocionales incalculables, la pregunta que resuena en cada calle anegada es inevitable:

 

¿Qué se puede esperar de un gobierno tan indolente y tan ajeno al dolor de su gente?

 

En Los Reyes La Paz la tragedia se repite, la gente pierde todo y el gobierno de Martha Guerrero solo reparte excusas. Lo que falta no es agua, sino autoridad.

“DE FOTÓGRAFO A VERDUGO: MEJÍA ROJAS Y JARAMILLO,

 EL MURO DE SOBERBIA DE CERQUEDA”

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



Nezahualcóyotl, Estado de México, 16 de septiembre. — El gobierno de Neza se ha convertido en un triste espectáculo de soberbia y prepotencia. Mauricio Mejía Rojas, un personaje que hace no mucho apenas servía como fotógrafo en la Dirección de Seguridad Ciudadana, ahora presume el cargo de director de Comunicación Social, y desde esa trinchera ha perdido por completo el piso.

 

Envalentonado por la cercanía con el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo, se da el lujo de ordenar que se trate con la punta del pie a los ciudadanos, incluidos mujeres y niños, olvidando que él, su jefe y todos los “servidores públicos” que lo rodean, viven de los impuestos que provienen de quienes hoy desprecian.

 

El operador más burdo de este aparato es un tipo de apellido Jaramillo, convertido en un auténtico orangután al servicio de Mejía Rojas y del alcalde morenista. Su tarea no solo es intimidar a los medios de comunicación que se acercan al “intocable” mandatario, sino incluso impedir que las señoras y los niños puedan acercarse a Cerqueda para tomarse una simple fotografía. Hechos que sucedieron hoy por la mañana al termino del desfile del 16 de septiembre, las imágenes de Jaramillo impidiendo el acercamiento de señoras y niños hablan por sí solas.

 

Es lamentable que el cuerpo de seguridad del presidente municipal, actué como si el edil fuera un monarca al que nadie puede tocar, es evidente que el equipo de seguridad del morenista actúa con un desprecio total hacia la gente, utilizando si es necesario a la policía municipal como herramienta de intimidación y censura.

 

Este comportamiento no es un exceso aislado, sino un ataque directo a los principios más básicos de la democracia. Porque cuando se cierran los espacios a la prensa, cuando se bloquea a los ciudadanos que solo buscan acercarse a su autoridad, no se trata de cuidar la seguridad del alcalde: se trata de levantar un muro de soberbia que cancela la cercanía con el pueblo y, peor aún, atropella la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

 

El problema es que Cerqueda Rebollo, en lugar de poner orden y exigir respeto a sus gobernados en este segundo periodo de gobierno que la gente le confió con su voto, avala y permite que personajes como Mejía y Jaramillo se comporten como dueños del municipio. El mensaje es claro: en Nezahualcóyotl no gobierna un servidor público, sino un alcalde que prefiere blindarse con perros bravos antes que escuchar a los ciudadanos.

 

La ciudadanía debe entenderlo: callar frente a estos atropellos es regalarle más poder a quienes ya se sienten intocables. Si hoy impiden que un niño se acerque a tomarse una foto con su alcalde, mañana no dudarán en silenciar cualquier voz incómoda, sea de un periodista, un comerciante o un vecino común. Neza no necesita un gobernante rodeado de guaruras y operadores represivos; necesita un alcalde que respete a su pueblo. Y si Cerqueda no está dispuesto a hacerlo, será la propia ciudadanía la que tendrá que recordarle que el poder no es suyo: es del pueblo que lo eligió y que tiene todo el derecho de exigirle cuentas.

CHOQUE DE TRENES DESTAPA PUGNAS Y SEÑALAMIENTOS

 DE COMPLICIDAD CRIMINAL

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 



TOLUCA, MÉX., A 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.– El choque de trenes al interior de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) atraviesa por uno de sus episodios más tensos luego del enfrentamiento entre el titular de la dependencia, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo y el comandante René Terrón Escobar, quien hasta el pasado 14 se desempeñaba como director de Investigación, dependiente de la Dirección General de Información  (DGI).

 

El choque ocurrió después del pasado 10 de septiembre cuando fue detenido en Ecatepec Alejandro «N», alias «El Choko», líder del grupo criminal «La Chokiza».

 

La captura del peligroso criminal desató una ola de versiones en redes sociales sobre la supuesta protección brindada al peligroso hampón por mandos de Inteligencia de la policía estatal, lo que habría provocado la reacción inmediata del Secretario de Seguridad contra Terrón.

 

De acuerdo con fuentes consultadas, el pasado domingo 14, Castañeda encaró directamente a Terrón para reclamarle sobre el caso, sin embargo, la discusión escaló a niveles insólitos.

 

Terrón, con firmeza, negó cualquier vínculo con el líder criminal y, en un gesto de abierta confrontación escupió en el rostro del secretario al recalcarle que él nada tenía que ver con criminales, pero, además, le aseguró que «él -Castañeda-, ya sabía quién recogía la gata», en alusión al dinero derivado de presuntas complicidades. En ese mismo momento, Terrón presentó su renuncia.

 

Aunque Castañeda se negó a aceptarla bajo el argumento de que debía concluir la investigación interna, Terrón insistió en que a partir de ese momento dejaría el cargo, y advirtió que estaría disponible «para cualquier aclaración».

 

Trascendió en la SSEM que el mismo lunes 15, por la mañana, acudió Terrón a retirar sus pertenencias de la oficina en Lerma, sede de la DGI.

 

El episodio también abrió la Caja de Pandora en la SSEM. En el ojo público aparecen ahora otros nombres, como el de Víctor Antonio Cisneros Díaz, actual Director General de Información (DGI), quien mantiene estrechos vínculos de amistad con Castañeda Camarillo desde su paso por Sinaloa.

 

Asimismo, hay voces que exigen indagar a la propia Dirección General de Información, así como a las Subdirecciones de Investigación de Toluca, Valle de México, Oriente y, principalmente, de Ecatepec, considerada ésta última como uno de los espacios más contaminados por prácticas de cobro de rentas en puntos de narcomenudeo y protección a delincuentes.

 

Pese a las versiones encontradas, quienes conocen de años al comandante Terrón afirman que éste perdió el piso por un lapso de tiempo en su paso por la Subdirección de Investigaciones.

 

Sin embargo, al citado jefe policiaco muchos lo defienden como un policía de carrera, con trayectoria en dependencias estatales y federales, además de una estabilidad económica que lo blindaría contra tentaciones de corrupción.

 

Prueba de ello, recuerdan, es que fue escolta personal de la hoy gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante su paso por la Secretaría de Educación Pública, y de que fue ella quien lo recomendó para integrarse a la SSEM en la gestión del maestro Andrés Andrade Téllez.

 

Hoy la SSEM se encuentra en el ojo del huracán. La Dirección General de Investigaciones de la DGI ha quedado exhibida como un espacio donde la corrupción, las complicidades y las traiciones se entrelazan con la delincuencia organizada. Y la responsabilidad recae directamente en el titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda Camarillo.

 

Si el Secretario de Seguridad no actúa con firmeza, no limpia de raíz a la corporación y no entrega resultados inmediatos, su gestión se convertirá en un fracaso anunciado.

 

El Estado de México no puede darse el lujo de contar con un secretario que simule, que encubra o que cierre los ojos frente al cáncer de la corrupción policiaca.

 

La ciudadanía exige acciones, no discursos; resultados, no pretextos. La eficacia de Cristóbal Castañeda está en entredicho y este caso lo pondrá contra la pared: o responde a la sociedad con hechos, o quedará marcado como otro funcionario más que fue devorado por las mafias internas y la podredumbre de la institución que juró sanear.

lunes, 15 de septiembre de 2025

SE INUNDA NUEVAMENTE EL IMSS DE LA PAZ: PROMESAS

 ROTAS Y DERROCHE EN FIESTAS PATRIAS

 

*Martha Guerrero Sánchez ha convertido la tragedia cotidiana en una burla sistemática

 

Por: EXPEDIENTE SECRETRO

 



Los Reyes La Paz, Estado de México, 14 de septiembre de 2025.- Una vez más, la desidia gubernamental quedó exhibida. El Hospital General de Zona (HGZ) 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la carretera federal México-Texcoco, volvió a inundarse la tarde de este domingo tras la tromba que azotó la zona.

 

A pesar de que hace apenas unos días la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez se comprometió públicamente a resolver esta problemática, incluso recorrió las instalaciones para tomarse la foto y simular trabajo, la realidad golpeó de nuevo: aguas negras invadieron el área de Urgencias y se acumularon en la barda perimetral que supuestamente ya iba a ser reparada.

 

Los testimonios y videos difundidos en redes sociales son desgarradores: pacientes postrados en sus camas bajo el agua pestilente, familiares trepados en sillas para evitar mojarse y médicos intentando sortear la emergencia en condiciones indignas. Una estampa de abandono que revela la negligencia y la indolencia con la que el gobierno municipal y Morena han tratado a la población.

 

La contradicción es insultante. Mientras la clínica se convierte en un foco de riesgo sanitario y en una trampa mortal para enfermos, mañana, 15 de septiembre, la explanada municipal será escenario de un derroche desmedido: bandas, cantantes, luces, baile y litros de alcohol para adormecer el descontento social. Dinero que, en vez de despilfarrarse en espectáculo, debería ser invertido en proteger la salud y la vida de los habitantes de Los Reyes La Paz.

 

Martha Guerrero Sánchez ha convertido la tragedia cotidiana en una burla sistemática: promete, posa para la foto y luego abandona a su suerte a los pacientes y a sus familias. Con cada lluvia, el hospital se hunde en aguas negras y con cada fiesta oficial, el municipio se hunde en el cinismo y la corrupción.

 

Ya no se trata solo de incapacidad: es un insulto abierto, una burla al dolor de la gente. La alcaldesa y su partido han demostrado que para ellos el poder sirve para derrochar y engañar, no para gobernar. Y eso, tarde o temprano, tendrá un costo político que no podrán ocultar con música ni con fuegos artificiales.

domingo, 14 de septiembre de 2025

“NEGLIGENCIA Y SIMULACIÓN: GOBIERNO DE DELFINA GÓMEZ CONVIERTE EL DOLOR DE LAS VÍCTIMAS EN PROPAGANDA OFICIAL”

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



Los Reyes La Paz, Estado de México, 14 de septiembre de 2025.– Mientras el gobierno del Estado de México presume con comunicados oficiales un “acompañamiento integral” a las víctimas de la explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, la realidad que enfrentan los familiares y pacientes afectados dista mucho de la versión triunfalista difundida desde Toluca.

 

De acuerdo con el boletín estatal, 23 mexiquenses resultaron lesionados, de los cuales 16 permanecen hospitalizados y cuatro han perdido la vida. Sin embargo, detrás de las cifras y las frases de “atención oportuna” y “apoyo jurídico y económico”, persiste la incertidumbre de decenas de familias que denuncian tardanza en los traslados, trámites burocráticos engorrosos y una evidente falta de coordinación entre instancias locales y federales.

 

El gobierno de la morenista Delfina Gómez, asegura que desplegó personal médico, psicológico y jurídico para atender a los afectados, así como equipos especializados gestionados “en coordinación con hospitales federales”. No obstante, familiares han señalado que gran parte de los primeros gastos de medicamentos, corrieron por cuenta propia, la desgracia evidencio la inexistente claridad sobre los supuestos y “apoyos prometidos”.

 

Las visitas de la gobernadora Delfina Gómez a hospitales del IMSS e ISSSTE son presentadas como actos de sensibilidad, pero resultan más un gesto mediático que una solución real a la precariedad que enfrentan los heridos graves, muchos de ellos con quemaduras de tercer grado y en riesgo vital.

 

Lo que no se dice en los comunicados oficiales es que la tragedia pudo haberse evitado si se hubieran implementado estrictos protocolos de seguridad en el transporte de combustibles. Tampoco se habla de la negligencia de las autoridades al permitir que un camión con carga altamente riesgosa transitara por una de las zonas más congestionadas y vulnerables de la frontera entre el Estado de México e Iztapalapa.

 

Mientras en el papel se presume coordinación con alcaldes de Nezahualcóyotl, La Paz, Chicoloapan, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Texcoco, Ixtapaluca y Chalco, en la práctica las víctimas enfrentan un viacrucis burocrático y una red de responsabilidades diluidas.

 

La tragedia del Puente de La Concordia no debe maquillarse con discursos oficiales. Detrás de cada número hay una familia rota y un reclamo pendiente: justicia, reparación del daño y la exigencia de que nunca más la negligencia gubernamental se convierta en una condena de muerte para la población.

 

Y es aquí donde la administración de Delfina Gómez Álvarez no puede escudarse en palabras vacías ni en falsas promesas. Porque la omisión también mata, y este desastre revela con crudeza lo que el gobierno mexiquense intenta ocultar: incapacidad, improvisación y una falta total de responsabilidad política frente a la peor tragedia reciente en la frontera oriente del Valle de México.

 

Lo más grave es que Morena, que prometió acabar con las viejas prácticas del PRI, hoy repite la misma fórmula: maquillar la tragedia con comunicados, fotos y discursos vacíos. Delfina Gómez gobierna con la misma lógica que tanto criticaron: esconder la incompetencia detrás de actos mediáticos, mientras la gente sigue pagando con su vida los costos de la negligencia.

viernes, 12 de septiembre de 2025

LA PAZ: TRAGEDIA, OMISIÓN Y DERROCHE EN PLENO LUTO CIUDADANO

 

* La Paz en duelo y una alcaldesa ausente: Guerrero Sánchez prefiere la fiesta al luto ciudadano

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



Los Reyes La Paz, Estado de México, 12 de septiembre de 2025.– La explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, con saldo hasta hoy de 94 víctimas, ocho de ellas mortales, no solo dejó escenas de dolor y desesperación; también exhibió la crudeza de un sistema de salud sin recursos y la indolencia política de autoridades locales, particularmente de la alcaldesa morenista de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero Sánchez.

 

Mientras al lugar acudieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, y el secretario de Seguridad Pública capitalino, Pablo Vázquez Camacho, la gran ausente fue justamente la presidenta municipal del territorio colindante donde se registró la tragedia. Guerrero Sánchez brilló por su ausencia y, más aún, por la falta de brigadas o apoyo institucional de su administración hacia las víctimas.

 

En los videos y fotografías que circularon en redes sociales, no aparece ni un solo grupo de auxilio enviado por el Ayuntamiento de La Paz, pese a que entre los fallecidos se encontraban vecinos de este municipio. Destaca el caso del profesor Eduardo Noé García Morales, de la Preparatoria Oficial 327, quien murió atrapado entre las llamas dentro de su vehículo. Sus alumnos llegaron al lugar para dejarle flores, en un gesto que contrastó con la indiferencia oficial.

 

Otro caso estremeció a la comunidad: Misael, quien viajaba con su hija Estefany rumbo a Los Reyes La Paz, perdió la vida en el acto. La menor, gravemente herida, fue trasladada a un hospital que, como tantos otros, carecía de insumos suficientes para atender quemaduras de esa magnitud.

 

La ciudadanía, como ha ocurrido en otras tragedias, fue quien tomó las riendas de la solidaridad: agua, café, pan, ropa y medicamentos fueron llevados por vecinos anónimos para apoyar a médicos y enfermeras que, sin descanso, luchaban por salvar vidas en condiciones adversas. Mientras tanto, la alcaldesa Guerrero Sánchez ni siquiera se dignó a pedir un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

 

Y, sin embargo, el contraste es brutal: el próximo 15 de septiembre, la edil prepara un derroche de recursos en festejos patrios, con banquetes, música y grupos contratados que costarán millones al erario. Para la presidenta municipal, el “grito” no puede faltar, aunque la tragedia aún retumbe en los hogares enlutados de La Paz y la región.

 

La tragedia en el Puente de la Concordia no solo destapó el pésimo estado de la infraestructura hospitalaria y la doble victimización de los heridos, quienes además de enfrentar el dolor de las quemaduras sufrieron la escasez de medicamentos y material médico. También evidenció la ausencia política y moral de quienes juraron gobernar para servir, pero que en los hechos se esconden cuando más se les necesita.

 

Hoy, la ciudadanía no solo está de luto: exige justicia y rendición de cuentas. Exige saber por qué un municipio entero quedó sin representación en el momento de la emergencia. Exige que la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez explique dónde estaban las brigadas municipales, los equipos de apoyo y la autoridad que debió dar la cara frente a la tragedia.

 

Porque mientras los ciudadanos ponen de su bolsillo para comprar medicamentos y salvar vidas, la presidenta municipal se prepara para gastar millones en una fiesta. Y esa no es solo una falta de respeto: es una afrenta a la memoria de las víctimas y una traición al pueblo que gobierna.

 

La Paz merece respuestas, no excusas. Merece solidaridad, no indiferencia. Y merece gobernantes que estén a la altura del dolor de su gente, no autoridades que prefieran esconderse detrás de la música y el derroche mientras su pueblo llora.

miércoles, 10 de septiembre de 2025

DETENCIÓN DE “EL CHOKO” EVIDENCIA COMPLICIDADES POLÍTICAS EN ECATEPEC

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 



Ecatepec, Estado de México., a 10 de septiembre de 2025.– Lo que el gobierno federal presumió como un golpe certero contra la delincuencia organizada en el Estado de México, hoy se convierte en un espejo incómodo para el Ayuntamiento de Ecatepec y, en particular, para su presidenta municipal, la morenista Azucena Cisneros Coss.

 

La tarde de este miércoles, un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) culminó con la detención de Alejandro “N”, alias “El Choko”, líder del grupo delictivo “La Chokiza”.

 

La captura ocurrió en un restaurante de snacks en el estacionamiento de la Plaza Las Américas, una de las zonas más concurridas del municipio.

 

“El Choko”, quien se encontraba en compañía de su madre y colaboradores cercanos, fue sorprendido por decenas de elementos federales, quienes le notificaron su orden de aprehensión y lo trasladaron de inmediato a las instalaciones de la FEMDO en Paseo de la Reforma.

 

El operativo, breve y preciso, puso fin a la libertad de un personaje señalado por presuntas actividades de extorsión, invasión de predios, tráfico de drogas, homicidios y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

 

No obstante, la verdadera polémica no se limita a la detención, sino a lo que esta revela: la estrecha cercanía que “El Choko” mantenía con la alcaldesa Azucena Cisneros.

 

Fotografías, reuniones públicas y múltiples testimonios han documentado la relación entre el líder criminal y la edil morenista, cuya gestión ha sido acusada de solapar a grupos que operan bajo el manto de la ilegalidad en Ecatepec.

 

Mientras en audios de WhatsApp los seguidores de “El Choko” ordenaban bloquear vialidades y “ponerse chingones” para evitar el paso de las autoridades, la ciudadanía se pregunta cómo es posible que un personaje con tanto poder en las calles de Ecatepec se moviera con total impunidad durante meses, e incluso, con guiños de legitimidad política.

 

La captura de este líder criminal deja al descubierto lo que muchos vecinos de Ecatepec han venido denunciando: una administración municipal incapaz de garantizar seguridad, pero hábil para tejer complicidades con quienes controlan territorios a base de violencia.

 

Azucena Cisneros, quien se ha promocionado como una política “cercana al pueblo”, hoy carga con el peso de haber sido cercana a un personaje ligado a la extorsión y al miedo.

 

Su silencio tras la detención de “El Choko” solo refuerza las sospechas de protección política que durante años mantuvieron a este sujeto en libertad.

 

Ecatepec, un municipio golpeado por la inseguridad, merece respuestas claras. La detención de El Choko no puede entenderse como un triunfo de la justicia mientras las estructuras de corrupción y complicidad en el gobierno local permanezcan intactas.

 

El mensaje de los ciudadanos es contundente: no basta con detener a los criminales visibles, también es necesario investigar las redes de poder político que los protegieron. Y en ese entramado, la figura de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss ya no puede seguir evadiendo la responsabilidad.

EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS EN IZTAPALAPA DEJA 57

 HERIDOS; 19 EN ESTADO GRAVE

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



Ciudad de México, 10 de septiembre de 2025.– La tarde de este miércoles se registró una fuerte explosión en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, tras la volcadura e incendio de una pipa de gas que transportaba alrededor de 20 mil litros de combustible.

 

El siniestro obligó al cierre de la estación Santa Marta de la Línea A del Metro a las 14:55 horas, debido a la cercanía del incendio con la terminal.

 

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, al menos 57 personas resultaron lesionadas, de las cuales 19 se encuentran en estado grave y fueron trasladadas de urgencia a diferentes hospitales de la zona oriente de la capital.

 

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, explicó que la unidad accidentada tenía capacidad de 49 mil 500 litros, pero al momento de la explosión se encontraba al 30%, es decir, con aproximadamente 20 mil litros de combustible.

 

El funcionario detalló que la emergencia se originó por una falla en la línea de distribución de la pipa, lo que generó la fuga de gas. “Se realizó la quema controlada del combustible para permitir que el gas vapor pudiera salir y así controlar la fuga”, puntualizó.

 

En la explosión estuvieron involucrados también cinco vehículos: tres tráileres y dos autos particulares, los cuales resultaron calcinados.

 

Bomberos, paramédicos y elementos de protección civil continúan trabajando en la zona, realizando maniobras de enfriamiento para evitar una nueva conflagración.

 

Las autoridades mantienen cerrados los accesos a la zona afectada mientras se llevan a cabo las labores de emergencia y piden a la ciudadanía evitar acercarse al área del Puente de la Concordia y sus alrededores.

CHIMALHUACÁN: PATRULLA ARROLLA A MADRE E HIJA Y DESATA INDIGNACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN POLICIAL Y EL DESGOBIERNO DE MORENA

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



Chimalhuacán, Edoméx, 10 de septiembre de 2025.– Lo que debía ser una tarde común terminó en tragedia y en una nueva muestra del desastre institucional que vive Chimalhuacán bajo el mando de la morenista Xóchitl Flores Jiménez. Una patrulla de la policía municipal, conducida por el agente Eduardo “N”, perdió el control, invadió la banqueta y arrolló brutalmente a una mujer y a su hija menor de edad en el barrio Pescadores, dejando a ambas gravemente heridas.

 

Los hechos ocurrieron el martes 9 de septiembre, alrededor de las 4:00 de la tarde, en la intersección de la avenida Ejido Colectivo y la calle Cipatli. Testigos y grabaciones de seguridad confirmaron que la unidad circulaba a exceso de velocidad cuando embistió a Sandra “N” y a su hija, quienes caminaban rumbo a la escuela.

 

Vecinos auxiliaron de inmediato a las víctimas y solicitaron servicios de emergencia. La madre permanece bajo observación médica en un hospital de la zona, mientras que la menor resultó con lesiones leves. El conductor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por los delitos de lesiones y daño en los bienes.

 

Sin embargo, la indignación ciudadana no se limita a este accidente. Habitantes de la zona han denunciado que no es la primera vez que las patrullas municipales circulan con total imprudencia por las calles, poniendo en riesgo a peatones. La tragedia ha reavivado las quejas contra la policía municipal, señalada desde hace tiempo por su corrupción, abusos y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

 

El comisario Salvador Hernández Torres, responsable directo de la corporación, ha sido acusado una y otra vez de encubrir a elementos dedicados a la extorsión de comerciantes, choferes de transporte público y pequeños negocios, operando como un verdadero grupo criminal bajo la sombra de un uniforme oficial. Pese a la gravedad de estos señalamientos, permanece en el cargo gracias a la protección política de la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez.

 

La administración morenista en Chimalhuacán ha mostrado ser incapaz de garantizar seguridad, pero muy eficiente para encubrir a sus policías corruptos. Los ciudadanos expresan que están hartos de vivir entre la violencia, el abuso y la impunidad que caracterizan al gobierno local.

 

En cualquier municipio mínimamente responsable, un comisario con tal historial ya habría sido separado de su cargo y sometido a investigación. Pero en Chimalhuacán, donde gobierna una alcaldesa que ha demostrado soberbia, irresponsabilidad y un absoluto desprecio por la ciudadanía, la tragedia y el descontento se convierten en parte de la rutina.

 

Ante ello, vecinos y organizaciones sociales han comenzado a exigir la destitución inmediata del comisario Salvador Hernández Torres, así como la renuncia de la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez, a quien responsabilizan directamente por el clima de corrupción, inseguridad y abandono que hoy lacera a Chimalhuacán.

martes, 9 de septiembre de 2025

FISCALÍA DE HOMICIDIOS, ZONA ORIENTE BAJO SOSPECHA: DENUNCIAN EXTORSIONES Y FABRICACIÓN DE CULPABLES

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 



Ixtapaluca, Estado de México, a 9 de septiembre de 2025.– La Fiscalía Especializada en Homicidios de zona Oriente de la entidad volvió a colocarse en el centro de la polémica tras una reunión a puerta cerrada en la que se les llamó a todos los agentes del ministerio público adscritos a las tres coordinaciones ubicadas en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán e Ixtapaluca, misma que fue convocada de manera urgente por su titular, Guillermo Varela Espinoza y su secretario particular, Ricardo Iván Mendoza Gutiérrez.

 

La citada reunión tuvo lugar en el Centro de Atención Ciudadana de Ixtapaluca, donde Varela Espinoza tiene su propia oficina. Fue alrededor de las diez y media de la mañana de hoy, donde la misma se convirtió en un escándalo, debido a que Varela Espinoza, les comunicó las «nuevas instrucciones de trabajo» que lejos de fortalecer la procuración de justicia, revelan prácticas presuntamente irregulares y de carácter corrupto.

 

Los servidores públicos ahí presentes escucharon, con sorpresa e indignación, que cada agente del ministerio público deberá entregar dos mil pesos semanales como «renta» y, además, cada mes tendrán la obligación de poner a disposición cinco detenidos ante un juez de control, independientemente de si existen elementos de prueba o no. Según Varela Espinoza: «esas son las nuevas indicaciones de la maestra Sayonara».

 

De acuerdo a lo explicado en la reunión, el dinero será recabado a través de los coordinadores, quienes a su vez lo entregarán a Mendoza Gutiérrez, secretario particular de Varela, para posteriormente hacerlo llegar a la maestra Sayonara Encarnación Rosales, Coordinadora General de Combate al Homicidio de la FGJEM, recientemente nombrada en el cargo.

 

MALESTAR DE AGENTES

 

El anuncio generó molestia y desconcierto entre los presentes, pues esperaban que la llegada de la maestra Encarnación Rosales significara un cambio positivo, luego de múltiples señalamientos en contra de Varela Espinoza por corrupción y abuso de poder. En cambio, el mensaje fue interpretado como la confirmación de que las prácticas más cuestionadas no solo continuarán, sino que podrían institucionalizarse como parte del trabajo cotidiano.

 

De acuerdo con fuentes consultadas, varios agentes han considerado renunciar a sus cargos, como ocurrió meses atrás en la misma fiscalía cuando se registró una desbandada por inconformidades similares.

 

FÁBRICA DE CULPABLES

 

Las críticas hacia la gestión de Varela Espinoza no son nuevas. Diversos colectivos de Derechos Humanos y familiares de personas detenidas han denunciado que bajo sus órdenes la Fiscalía de Homicidios en la zona Oriente se ha convertido en una «fábrica de expedientes», donde se privilegia la simulación de resultados sobre las investigaciones reales, todo a cambio de mucho dinero que va directamente a los bolsillos de Varela Espinoza.

 

Uno de los casos más recientes es el de Alan Alfonso «N», de 22 años, detenido tras el homicidio del padre del joven Johan Alain, desaparecido en 2024. Aunque familiares y conocidos aseguran que Alan no tuvo participación en el crimen, fue acusado de homicidio y trasladado al penal de Huitzilzingo.

 

Testigos aseguran que, al momento de su detención, el joven imploró entre lágrimas: «Me van a fregar la vida, yo soy inocente». Luego el joven aterrado se hizo del baño en los pantalones, ante la burla de Varela Espinoza y sus allegados. Este caso se encuentra registrado en la carpeta administrativa: 847/225.

 

Historias como la de Alan, señalan fuentes consultadas, se han vuelto frecuentes en la fiscalía, donde se privilegia el cumplimiento de cuotas por encima de la verdad jurídica.

 

EXIGEN INVESTIGAR A VARELA ESPINOZA

 

Ante la gravedad de los hechos, voces internas y externas consideran que el maestro José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, debe intervenir de manera inmediata para comprobar si es verídico que se están exigiendo cuotas.

 

Se plantea la necesidad de esclarecer si la Coordinadora General de Combate al Homicidio, Sayonara Encarnación Rosales, está efectivamente detrás de estas presuntas disposiciones o si, por el contrario, se trata de un nuevo esquema de extorsión diseñado por Guillermo Varela y su círculo más cercano.

 

GOLPE A LA JUSTICIA

 

De confirmarse estas prácticas, se estaría frente a un escándalo mayúsculo: no solo por la exigencia de pagos ilegales a servidores públicos, sino por la normalización de la fabricación de culpables, lo que representa un atentado directo contra los derechos humanos y una burla al sistema judicial.

 

La justicia en el Estado de México, ya de por sí cuestionada por su ineficiencia y opacidad, quedaría una vez más bajo sospecha. Y mientras las autoridades no actúen con firmeza, los ciudadanos seguirán en riesgo de ser víctimas de una maquinaria institucional que, en lugar de perseguir criminales, se dedica a fabricar culpables y lucrar con la tragedia ajena.

 

El cierre del caso no está en los escritorios de los fiscales locales, sino en la capacidad de las más altas autoridades de frenar de una vez por todas a funcionarios que, como Guillermo Varela Espinoza, presumen de ser intocables. De lo contrario, lo ocurrido este martes en Ixtapaluca será recordado como un capítulo más de la profunda crisis que atraviesa la justicia mexiquense.

ASESINATOS LIGADOS AL HUACHICOL ENVUELVEN A LA MARINA

 

Por: Héctor De Mauleón

 



Unas horas después de que se diera a conocer su participación en una red de tráfico de huachicol fiscal operada por altos funcionarios de la Marina, el capitán Jeremías Pérez Ramírez fue hallado sin vida en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. El cuerpo del capitán presentaba un solo disparo en el pecho.

 

Su nombre acababa de aparecer en la lista de elementos de la Marina que, según la acusación del exdirector de la Aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, recibieron sobornos para permitir la descarga de buques de huachicol en el puerto de Tampico.

 

Torres Joaquín recibió 100 mil pesos en abril de 2024, enviados por el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, operador de la red tejida por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda.

 

Según la información entregada a la Fiscalía General de la República por el exdirector de la Aduana de Tampico, seis buques cargados con millones de litros de combustible ilegal atracaron unas 14 veces en el puerto, bajo la protección de elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México: más de 25 millones de pesos fueron repartidos a personal naval y aduanero por la red de tráfico manejada por los sobrinos del almirante Ojeda. Los pagos para cada funcionario, según Torres Joaquín, eran de entre 100 y 300 mil pesos.

 

La red no operó únicamente en las aduanas de Tampico y Altamira. Desde agosto de 2022, el entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, solicitó al director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, que investigara una red que operaba también en las aduanas de Baja California y Sonora, estado del que son originarios los hermanos Farías Laguna, sobrinos del almirante Ojeda. En abierta contradicción con el oficio girado por el general Sandoval, el fiscal general Alejandro Gertz afirmó que la red fue denunciada hace dos años. Las operaciones reveladas por el exdirector de la Aduana de Tampico abarcan precisamente el tiempo en que, según su propia afirmación, el fiscal Gertz tuvo conocimiento y comenzó “a investigar” dicha red.

 

En el oficio enviado a Audomaro Martínez, el secretario de la Defensa señalaba al entonces administrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios, cuñado de la hoy presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, la cual fue a ampararse contra una posible orden de aprehensión poco antes de que estallara el escándalo de corrupción en las aduanas de Tamaulipas.

 

Durante el sexenio de López Obrador fue asesinado el Rey del Huachicol, Sergio Carmona, cuyo hermano controló la aduana de Reynosa e instaló una red de tráfico a gran escala, con cuyas ganancias Carmona financió las campañas de varios gobernadores y presidentes municipales de Morena en 2021 y 2022. Cuando iba a convertirse en testigo protegido del gobierno de Estados Unidos, sicarios con aire militar, según los testigos, lo ejecutaron en San Pedro Garza García, Nuevo León.

 

No fue la única muerte asociada al tráfico de huachicol en Tamaulipas. A finales de mayo de 2023, y a solo dos semanas de dejar su puesto en el área de Comercio Exterior de la Aduana de Matamoros para asumir el cargo de subdirector de Operación Aduanera en Manzanillo, hombres armados sacaron a Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias del restaurante donde desayunaba. Horas más tarde el funcionario fue encontrado muerto.

 

Había llegado a Manzanillo para remplazar al capitán de la Marina Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien dejó el cargo por “un acuerdo” al que había llegado con el almirante Rafael Ojeda y con el entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo. Dos días antes de que lo asesinaran, denunció que un directivo de la Aduana de Manzanillo lo había amenazado de muerte.

 

López Obrador atribuyó su asesinato “a las medidas que se están tomando” para detener el tráfico de fentanilo. En la misma conferencia, AMLO dijo que “la Marina ha hecho un trabajo ejemplar en el control de los puertos marítimos”. El asesinato de Martínez Covarrubias aparece, sin embargo, bajo una nueva luz tras las revelaciones que involucran a marinos, funcionarios y empresarios de Tamaulipas con la red que manejaron los sobrinos del almirante Ojeda y que dejó un quebranto en Pemex por miles de millones de dólares.

 

Una historia mucho más siniestra salió a la luz en mayo de 2024, cuando un alto funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas, Carlos Narváez Romero, fue asesinado en las cercanías de Polanco, en la ciudad de México.

 

Narváez Romero era sobrino del entonces director de Pemex, Octavio Romero, y amigo íntimo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Había trabajado como director de Procedimientos y Evaluación de Aduanas al lado de Horacio Duarte, al que estuvo a punto de sustituir al frente la agencia, y con el propio Rafael Marín Mollinedo. Uno de sus colaboradores fue precisamente Juan Carlos Madero Larios, el cuñado de la hoy presidenta del Tribunal de Justicia.

 

Narváez renunció intempestivamente en junio de 2023. Marín Mollinedo declaró tras su muerte que Narváez había sido amenazado por las mafias del huachicol. Un sicario lo esperó frente a su edificio y lo asesinó cuando el exfuncionario regresaba de dejar a su hijo en la escuela.

 

Todas las muertes tienen en común un mismo sitio: la Aduana de Tamaulipas. Todas las muertes conducen a ella. En noviembre pasado, Rubén Guerrero Alcántara, el contralmirante que denunció en una carta la trama de corrupción operada en puertos y aduanas por los sobrinos del almirante Ojeda, fue asesinado en Manzanillo. Solo personal de la Marina conocía el lugar donde iba a vacacionar.

 

La cloaca apenas comienza a destaparse. López Obrador ya tiene por lo pronto en la Marina, quién iba a decirlo, a su propio García Luna.

lunes, 8 de septiembre de 2025

REFUERZAN EN TEXCOCO EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2025 PARA AVANZAR EN LA PACIFICACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 



Texcoco, Estado de México, a 8 de septiembre de 2025.– Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y avanzar en la pacificación de la entidad, autoridades de los tres niveles de gobierno han puesto en marcha una nueva etapa del programa de canje de armas en la entidad mexiquense, hoy se llevó acabo en esta localidad.

 

Durante el evento, el comisario Edgar Avilés Mercado, coordinador Regional de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en zona Oriente, acudió en representación del titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda Camarillo.

 

Tras dirigir un mensaje al presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, así como a los integrantes del cabildo ahí presentes, destacó la importancia de este esfuerzo interinstitucional que busca ofrecer a la ciudadanía una vía segura y anónima para entregar sus armas de fuego.

 

Avilés Mercado explicó que este esquema no solo contribuye a disminuir los riesgos en los hogares mexiquenses, sino que además brinda confianza a la población al garantizar que quienes entreguen un arma no enfrentarán represalias legales.

 

«El canje de armas es un programa sencillo, anónimo y totalmente voluntario, con el cual se da la oportunidad a los ciudadanos de deshacerse de sus armas de una manera legal y segura», subrayó.

 

Añadió que este mecanismo también permite estrechar la relación entre la policía y la comunidad, al fortalecer el modelo de proximidad social, una de las principales líneas de acción del gobierno estatal en materia de seguridad.

 

El coordinador Regional reiteró que tanto la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, como el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, han instruido a su personal a mantener una atención cercana a la ciudadanía y a impulsar programas que fomenten la cultura de la paz.

 

Finalmente, Avilés Mercado hizo una amplia invitación a la población de Texcoco y municipios aledaños a participar en este programa, recordando que el incentivo económico por cada arma entregada se realiza conforme a un tabulador acordado por los gobiernos federal, estatal y municipal, lo que garantiza transparencia en el proceso.

 

Con esta acción, las autoridades esperan reducir la presencia de armas en los hogares, prevenir hechos de violencia y reforzar la seguridad en todo el territorio del Estado de México.