EL KARMA LOS ALCANZÓ: YA TIENEN SU AYOTZINAPA

 

Por: Salvador García Soto

 

CIUDAD DE MÉXICO. 10 abril de 2025. Durante años la izquierda que hoy milita en Morena y el movimiento lopezobradorista respaldaron la versión sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa (“Fue el Estado”) y defendieron la posición de los padres de familia, sus abogados y los centros de Derechos Humanos Pro y Tlanchinollan de la Montaña, de que a los estudiantes los había atacado, detenido y se los habían llevado aquella noche del 26 de septiembre los policías municipales de Huitzuco, Iguala y Cocula.

 

El informe de la CNDH sobre el caso Aytozinapa reforzó esa versión y confirmó que los cuerpos municipales de seguridad actuaron por órdenes de “El Patrón”, el misterioso personaje que sigue sin ser identificado, y que agentes de la entonces Policía Federal y del Ejército supieron y vieron del secuestro de los jóvenes por parte de los policías locales y no hicieron nada para impedirlo. Y cuando López Obrador tuvo el poder, las investigaciones reabiertas en el pasado sexenio, dirigidas por la Comisión de la Verdad del subsecretario Alejandro Encinas, les dieron la razón confirmando no sólo la responsabilidad de los policías locales, sino también del Ejército, con la acusación histórica de 16 mandos militares, a los que se acusó de “desaparición forzada”, aunque en un hecho inédito e ilegal la FGR pidió a un juez revocar sus propias denuncias para liberar de culpa a los oficiales del Ejército.

 

Hoy, cuando el escándalo y la tragedia del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde la misma FGR ya confirmó la presencia de restos humanos cremados, alcanza repercusión internacional –como la que también tuvo Ayotzinapa— y el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU presenta un informe sobre el crecimiento de las desapariciones en México y la impunidad y desatención que ha permitido el Estado mexicano, los mismos morenistas que antes gritaban “Fue el Estado”, hoy se desgañitan y se ponen fúricos contra el director de ese Comité, al que hasta piden destituir, pero ahora dicen que “No fue el Estado” y que en México y en los gobiernos de la 4T, el pasado y el actual, “no hay desapariciones forzadas”.

 

Pero en el caso de los crematorios y el campo de exterminio de Teuchitlán, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó el pasado 19 de marzo que sí hubo participación de la Policía Municipal de Tala para detener, secuestrar y entregar a jóvenes al Cártel Jalisco Nueva Generación, que a su vez los llevaba al mencionado rancho, donde los que se resistían a ser entrenados como sicarios, eran “torturados y asesinados”, según informó también el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, el pasado 24 de marzo. “¿Se puede decir que hubo colusión de policías y autoridades?”, le preguntaron a Gertz Manero en la conferencia que dio hace tres semanas. “Obviamente, eso es evidente, eso lo dicen los mismos testigos, no lo digo yo”, respondió el fiscal.

 

Luego entonces, si la participación de los policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas confirmaba que se trató de una “desaparición forzada”, la “colusión” y participación de los policías de Tala (más lo que falta que arrojen las investigaciones en curso) también confirma que los jóvenes desaparecidos en Jalisco y procedentes de ese y otros estados, que fueron secuestrados, torturados y asesinados en el Rancho Izaguirre y en otros campos de entrenamiento y exterminio en Zacatecas, también fueron víctimas de “desaparición forzada”. En ambos casos la participación de policías municipales involucra al Estado mexicano.

 

Pero además, el verdadero fondo del informe que tanto incomodó al gobierno de la doctora Sheinbaum, elaborado por el funcionario de la ONU, Oliver Frouville, al que casi quieren linchar los morenistas, parte de la información que tiene dicho Comité, que le ha entegado el propio Estado mexicano desde 2014 y de las denuncias y solicitudes de colectivos y grupos de madres buscadoras, que documentan que desde hace más de 10 años (o incluso más porque abarca a otros gobiernos anteriores) han ocurrido las desapariciones en México sin que ningún gobierno, ni los dos de Morena ni los del PRI y el PAN antes hicieran nada para evitarlo, no investigaran las desapariciones y tampoco detuvieran a los responsables.

 

Por eso el CDE (por sus siglas en inglés) y su presidente decidieron analizar la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, porque a partir de la información que tiene y las solicitudes que ha recibido, se confirma que en México desde las últimas dos décadas al menos han ocurrido desapariciones sistemáticas, en las que instituciones del Estado sí participaron directamente y por comisión en algunos casos (Ayotzinapa y ahora Teuchitlán) y en otras por que el Estado y sus instituciones permitieron, consintieron o dieron su aquiescencia, por omisión y negligencia, para que esas desapariciones ocurrieran, por lo que también serían desapariciones forzadas.

 

Ya la ONU aclaró en un comunicado que las reacciones del gobierno de Sheinbaum y de los morenistas que se desgarraron las vestiduras para decir que ellos no desaparecen personas, están prejuzgando el contenido del informe y lo malinterpretan, pues lo que hará el CDE es llevar, con el citado artículo 34 de la Convención, el caso a la Asamblea General de la ONU, que será donde se decida si se responsabiliza o no al Estado mexicano de los casos de desaparición forzada sistemática.

 

Pero para que no queden dudas de que, aunque lo nieguen y se hagan los ofendidos, este gobierno sí tendrá que enfrentar el tema ante la ONU, no como administración sino como representante del Estado mexicano, el artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como "la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida; que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley". ¿No han contado las desapariciones de más de 125 mil mexicanos reconocidos oficialmente en calidad de desaparecidos o no localizados con la aquiescencia o consentimiento de facto de un Estado que no actúo, investigó ni castigó a los secuestradores, sean criminales, narcos o policías?

 

Tan solo en el rancho de Teuchitlán, ya confirmado por el Fiscal General de la República, sí hubo policías municipales que secuestraban a los jóvenes y se los entregaban al crimen organizado. Solo ese caso, lo quieran reconocer o no, ya representa el nuevo “Ayotzinapa” de la 4T, más todos los que se acumulen y los que nunca investigó, sancionó y castigó –por no hablar de los ataques y acusaciones de “conservadoras y opositoras” a las madres buscadoras— de López Obrador, más los de Peña Nieto, Calderón y Fox. Todos juntos serán juzgados en la Asamblea de la ONU que tendrá el último veredicto, por más berrinches que hagan los de la 4T.

EJECUTAN A ABOGADO FRENTE A NOTARÍA EN TEXCOCO

 

*Al gobierno de la 4T le bale pura madre los reclamos de la sociedad debido al aumento de la inseguridad en Texcoco

 

    Texcoco, Edomex. 8 de abril de 2025. — Un abogado fue ejecutado a balazos la tarde del lunes cuando salía de la Notaría Pública No. 72, ubicada sobre la calle 2 de marzo. Los hechos ocurrieron en pleno centro de Texcoco, cuando la zona era altamente concurrida y, rodeada de oficinas, comerciantes y escuelas, donde testigos se llenaron de terror al escuchar las detonaciones antes de ver el cuerpo de la víctima tirado muerto en la banqueta.

 

Como siempre, tarde, acudieron al lugar los servicios de emergencia y elementos policiacos. Los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, la zona fue acordonada por autoridades municipales para permitir el trabajo de los peritos, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo e iniciaban las indagatorias correspondientes.

 

De acuerdo con reportes preliminares, los agresores habrían huido en un vehículo que los esperaba a unos metros del lugar. Hasta ahora, no hay personas detenidas ni se ha dado a conocer información sobre la identidad del abogado o el móvil del crimen. La Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación para dar seguimiento al caso.

 

Este asesinato se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en el municipio. En lo que va del gobierno del morenista Nazario Gutiérrez Martínez, se contabilizan al menos 14 homicidios, de acuerdo con cifras difundidas por medios locales. La inseguridad ha sido uno de los principales reclamos ciudadanos en redes sociales, sin embargo, al gobierno de la 4T le bale un soberano pepino las necesidades y las exigencias de la ciudadanía.

OTRA PIEDRA EN EL CAMINO DE SHEINBAUM

 

Por: Héctor De Mauleón

 

Ciudad de México. 8 de abril de 2025. La madre buscadora Teresa González Murillo, del colectivo Luz de Esperanza, fue acribillada en el rostro el pasado 27 de marzo: murió unos días después en una unidad de terapia intensiva. Llevaba medio año buscando a su hermano, desaparecido en el estado de Jalisco. Según la información proporcionada por la fiscalía, tres sujetos armados, a bordo de motocicletas, la agredieron para robarle el dinero de unas ventas y una “tanda”.

 

Su asesinato ocurre en un momento en el que el gobierno mexicano, en vez de mostrar empatía con el drama que en todos los estados del país viven los colectivos de búsqueda de desaparecidos, se ha empeñado en desautorizarlos y cubrir de sospechas el trabajo de esas organizaciones.

 

Héctor Flores, uno de los fundadores de Luz de Esperanza, denunció que Teresa González había sido víctima de amenazas en los días previos a la agresión y señaló que una de las hijas de la activista había sido golpeada por integrantes de un grupo criminal que se identificaron como gente “de la plaza”.

 

Al menos 40 integrantes de ese colectivo han sufrido amenazas. Sin embargo, de acuerdo con Flores, ni las autoridades federales ni el gobierno de Jalisco han acudido en su auxilio.

 

El caso del rancho Izaguirre, donde cientos de personas fueron reclutadas por el Cártel Jalisco y en donde, según el relato de sobrevivientes, un número aún indeterminado de personas fueron desaparecidas por el crimen organizado, ha colocado al gobierno de Claudia Sheinbaum en un grave predicamento.

 

A pesar de la estrategia de su gobierno para minimizar y poner en duda lo ocurrido en ese sitio, el saldo para su administración ha sido fundamentalmente negativo.

 

Voceros, medios públicos y propagandistas se han esforzado en acusar la existencia de una campaña sucia, tendiente a exagerar en redes sociales los hallazgos ocurridos en el rancho. Políticos, legisladores y funcionarios de la 4T se han sumado en diversas declaraciones a la ola que procura detener el tsunami provocado por el caso del rancho. El pésimo manejo de la fiscalía general de la República, que barrió y trapeó ese campo de reclutamiento y presunto exterminio antes de permitir hace unos días el ingreso de los colectivos de búsqueda, solo confrontó al gobierno de Sheinbaum con las organizaciones de madres buscadoras y visibilizó a nivel internacional la tremenda crisis de las desapariciones en México.

 

La información, proporcionada también por testigos, de que en el estado de Guerrero grupos de jornaleros fueron reclutados por el gobierno morenista estatal y por administraciones municipales con la promesa de trabajar en campos agrícolas de Estados Unidos, y terminaron luego explotados o a merced de grupos criminales, no hizo sino aumentar un peldaño a la mayor crisis interna que ha enfrentado Sheinbaum en los primeros seis meses de su administración.

 

El viernes pasado, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU anunció el inicio de un procedimiento en México frente a la posibilidad de que en el país, de acuerdo con “información fundamentada” y recibida por el comité, se estén registrando desapariciones forzadas “de manera general o sistemática”.

 

Como ya han señalado diversos analistas, se trata de un asunto absolutamente inédito: el más extremo con que cuenta el comité, según declaró a Animal Político el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro: un acto que podría poner a México, así como al rancho Izaguirre, bajo la lupa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como una forma de acceder “a la verdad y la justicia para miles de familiares que buscan a sus seres queridos”.

 

Desde semanas atrás, fuentes de Palacio Nacional difundían la versión de que el gobierno mexicano no apoyaría la intervención de organismos internacionales en el caso del rancho Izaguirre y las desapariciones forzadas, para no repetir el error que el gobierno de Enrique Peña Nieto cometió al meter al GIEI en el caso Ayotzinapa.

 

La propia titular de la (inexistente) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, no hizo sino confirmar esa versión al declarar que “experiencias previas con misiones extranjeras o medidas impuestas desde el exterior han demostrado poca eficacia y en algunos casos incluso han complicado lo que se pretende remediar”.

 

Piedra argumentó que la postura de la ONU “está descontextualizada” y negó que en México se viva una crisis de desapariciones. Más de 50 mil personas desaparecieron, sin embargo, en el sexenio pasado, y otras seis mil han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del gobierno de Sheinbaum.

 

Aunque al mismo tiempo la secretaria de Gobernación pidió a la ONU que sea “responsable” antes “de hacer acusaciones sin pruebas”, la crisis de las desapariciones, negada durante todo el sexenio de López Obrador, en el que se intentó incluso rasurar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se halla ya bajo el ojo internacional.

 

Una piedra más en el camino de la presidenta y otra herencia maldita del irresponsable gobierno que hundió a México en el horror.

PRIÍSTAS DE LA PAZ, SEÑALAN A “EL CARA DE MOLCAJETE” DE TRAIDOR

 

*Si Rolando reviviera, de vergüenza se volvería a morir

 

Los Reyes, La Paz, Estado de México. 8 de abril de 2025. La traición del exdiputado federal PRIÍSTA Alan Castellanos Ramírez, luego de pegar el brinco a Morena y ponerse a las ordenes de la alcaldesa Martha Guerrero, sin duda, quedara en la memoria histórica y será un señalamiento que, mientras tenga vida, los cientos de miles de habitantes en la Paz se lo recordarán cuando lo encuentren de frente, y muchos dicen que cuando muera, su alma no tendrá descanso.

 

Quienes conoce desde niño a Castellanos Ramírez, aseguran que siempre se comportó como un junior y siempre busco pertenecer a un círculo de amigos adinerados, debido a que se avergonzaba de su padre, quien en su juventud fue un humilde abonero.

 

Sin embargo, los PRIÍSTAS de la localidad, de manera jocosa y en tono de burla aseguran que a Alan castellanos nunca le ha ayudado su cara de molcajete. Por lo que siempre ha vivido frustrado, sobre todo porque la gente adinerada siempre lo ha rechazado.

 

Alan Castellanos Ramírez, es hijo del expresidente municipal orgullosamente PRIÍSTA Rolando Castellanos Hernández, quien a lo largo de los años se ganó el respeto y cariño de la ciudadanía por su sencillez y su comportamiento sensible para con los habitantes de la localidad. Razón por la que aseguran los PRIÍSTAS de La Paz, que, si Rolando viviera, seguramente se volvería a morir de vergüenza, por la traición de Alan al partido político que les dio todo. Rolando Castellanos Hernández, fue un orgulloso político mexicano afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con una destacada trayectoria en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.

 

Ocupó el cargo de alcalde en dos periodos no consecutivos: de 2009 a 2012 y de 2016 a 2018. Durante su gestión, participó en actividades como la coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para la planificación del Censo de Población y Vivienda 2010.

Aunque su formación académica se limitó al nivel de bachillerato, Castellanos Hernández tuvo una amplia trayectoria dentro del PRI a nivel municipal, sobro todo porque era muy querido por los habitantes de su pueblo.

 

Después de sus mandatos como alcalde, fue designado comisionado ejecutivo de la región Amecameca en el Estado de México. desde ahí logro tener acuerdos con los integrantes del Comité Directivo Estatal de PRI para que su vástago Alan Castellanos Ramírez, alias, “El Cara de Molcajete”, sin tener ningún mérito lograra ser candidato a diputado federal, así fue como el traidor PRIÍSTA logro ocupar un escaño en la Legislación pasada.

 

Rolando Castellanos Hernández falleció el 25 de diciembre de 2020 en un hospital privado de la Ciudad de México debido a complicaciones relacionadas con COVID-19. ​ Su legado en Los Reyes La Paz es recordado por su dedicación al servicio público y su compromiso con la comunidad y su querido pueblo.

 

Mientras la alcaldesa de Morena, Martha Guerrero, se sigue especializando en la recolección de desechos políticos, con ello, ha ido llenando a la 4T de puros actores políticos impresentables, situación que ha provoca que la ciudadanía inicie a repudiar al partido guinda. Los confundidores de Morena en la localidad se sienten traicionados y desplazados, por lo que ya se anuncia una rebelión de Morena en Los Reyes La Paz.

HIGINIO MARTÍNEZ, ALIAS, “EL CACIQUE TEXCOCANO”, CAMINA

 DERECHA A SU TUMBA POLÍTICA

 

*Morena pretende de una vez por todas terminar con la carrera política de Higinio Martínez Miranda

 

Texcoco, Estado de México. 7 de abril de 2025. Ya son muchos los rumores que apuntan a que, a “El Cacique Texcocano, es decir, al senador con licencia Higinio Martínez Miranda, le darán una patada por el trasero para que se largue de embajador a Cuba y así termine con su obsesión de querer ser candidato de Morena al gobierno del Estado de México.

 

En breve podría darse el relevo en la embajada de México en Cuba, donde desde 2019 despacha Miguel Díaz Reynoso. Se dice que es casi un hecho que quien ocupe la representación diplomática mexicana en La Habana sea el senador por Morena, Higinio Martínez, alias, “El Cacique Texcocano” y, expresidente municipal de Texcoco quien pidió hace un mes su segunda licencia al Senado en esta nueva Legislatura, según él, para atender algunos problemas de salud y analizar las opciones que tiene en su carrera política, debido a que no está en sus planes a corto plazo retomar su escaño. Así que existen amplias posibilidades de que “El Cacique Texcocano” se largue a Cuba y los morenistas esperan que no vuelva más.

 

Cabe destacar que, en la pasada contienda para la gobernatura, todos los alcaldes y alcaldesas mexiquenses de Morena le dieron la espalda a “El Cacique Texcocano, así fue que se tuvo que tragar el coraje y aceptar que Delfina Gómez Álvarez resulto ser la candidata y hoy gobierna la entidad.

 

El escenario, de acuerdo con analistas, el texcocano perdería el control absoluto del partido en el territorio mexiquense, lo que significaría su virtual jubilación de la política mexiquense, luego de más de 30 años de ocupar cargos públicos y candidaturas, de modo que la designación de Higinio Martínez como embajador a Cuba, resultaría sepultarlo políticamente para siempre.

BAJO RIESGO LOS JARDINES DEL REY NEZAHUALCÓYOTL

 

*Arqueólogos y vecinos de Texcoco denuncian posibles afectaciones por uso comercial del predio; exigen a INAH reactivar salvamento arqueológico, éste responde que realizarán una inspección

 

Texcoco, Estado de México. 7 de abril de 2025. Arqueólogos y vecinos de Texcoco, Estado de México, denuncian posibles afectaciones a los restos de uno de los jardines que el poeta y gobernador Nezahualcóyotl mandó a construir en el siglo XV, en el predio que hoy es conocido como Los Ahuehuetes, terreno que en 2006 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (ONAH) exploró y confirmó como sitio de interés patrimonial.

 

Actualmente, en una parte de ese terreno existen locales comerciales, por lo que habitantes de la zona han convocado a una manifestación pacífica el domingo 13 de abril a las 10:00 horas para exigir al INAH y a las autoridades municipales transparencia en las labores de salvamento arqueológico y en los planos que demuestren poligonales restringidas para la construcción.

 

“El problema que se tiene es que ahí se ubicaron los jardines de Nezahualcóyotl, hay evidencias de canales de piedra que sirvieron para regar el área verde, pero ese predio quedó en desuso, actualmente lo conocen como Los Ahuehuetes porque estaba circundado de esos árboles milenarios que poco a poco se secaron por la misma desecación de la zona y también por un desinterés”, expresa en entrevista la arqueóloga Janis Rojas Gaytán.

 

En el 2006, en ese predio se inició la construcción de un Walmart, por lo que, al hacer las calas, salieron a la luz vestigios prehispánicos. De acuerdo con el informe técnico de salvamento arqueológico del INAH, en poder del periódico, EL UNIVERSAL, “las descripciones de los jardines del Tlatoani Nezahualcóyotl dejadas en las crónicas coinciden con la ubicación” del terreno.

 

También se menciona la identificación de un “complejo sistema hidráulico” constituido por un cuerpo de agua de, aproximadamente, 160 metros limitado por un acueducto, muros de mampostería y una sección de canales. El agua, que alcanzó el metro de profundidad, se adaptó a un sistema hidráulico (durante la época azteca) “en beneficio de la capital” y se construyó, a la par, un área de esparcimiento “de grandes y suntuosos jardines” que Tomás de Torquemada describió como “un ancho y espacioso foso de agua”.

 

Sobre los restos del acueducto, los arqueólogos detectaron tres etapas constructivas, pero “por falta de tiempo” y “unidades habitacionales que cubren el terreno” no identificaron las fuentes de abastecimiento, sin embargo, “por restos de una noria” infirieron la existencia de manantiales.

 

“Aunado a estos datos, el hallazgo de un esqueleto de un infante en las cercanías del pozo de agua sureste, nos confirma no sólo la existencia del nacimiento de agua, sino también un culto religioso asociado a ese vital líquido o a su deidad tutelar: Tláloc, dios del agua. Además, nos hace pensar en la posibilidad de más ofrendas alrededor de los nacimientos de agua y que por falta de tiempo no fueron explorados”, se lee en el informe.

 

Otros hallazgos que reporta el documento son: estructuras y basamentos de adobe, restos de cerámica y fragmentos de obsidiana. En aquel momento, el INAH dictaminó que: “dentro de ese predio no debe permitirse la construcción de ninguna infraestructura moderna”. Por ello, la obra se canceló.

 

No obstante, narra Ernesto Sánchez, promotor cultural de Texcoco, los dueños del predio recurrieron al Consejo Nacional de Arqueología, organismo que resolvió a favor de la construcción, pero con restricciones en las poligonales con vestigios identificados.

 

El conflicto se estancó diez años y en 2017, las autoridades municipales construyeron una calle sobre el predio. Arqueólogos y vecinos se manifestaron y lograron la creación del Parque Acueducto del Rey con la promesa de que el INAH colocaría ventanas arqueológicas para observar los vestigios del jardín de Nezahualcóyotl.

 

“Sin embargo, no hay ventanas arqueológicas porque fue una promesa hecha al aire y en 2024 empezamos a ver la construcción de unos locales comerciales. Estamos haciendo acciones para que estos vestigios puedan ser explorados en su totalidad y realizamos una campaña de firmas para entregarlas al INAH; además realizaremos una caminata-manifestación desde el centro de Texcoco hasta el Parque el domingo 13 de abril”, indica Ernesto Sánchez.

 

Al respecto, Rojas Gaytán comenta que el interés es saber si la construcción respetó las áreas autorizadas para construir y qué está pasando con el resto de los vestigios.

 

“De la exploración que se hizo hay planos de ubicación muy exactos. Eso es lo que estamos pidiendo, el INAH tendría que respondernos y también las autoridades municipales. ¿Se afectaron esos vestigios y qué otra acción en beneficio de la población quedó asentada?”, expresa la arqueóloga.

 

El INAH informa que “se enviará una inspección por parte del INAH-Estado de México”.

DETIENEN A “EL LEO”, COLABORADOR DEL CÁRTEL DE SINALOA, QUIEN HABÍA ENCONTRADO REFUGIO Y PROTECCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

 

*Sería bueno y sano para el país, que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo explicara porque los grandes capos y lavadores de dinero ensangrentado han encontrado un refugio seguro en la capital de México, donde gobierna Morena

 

Ciudad de México, El pasado 2 de abril, una figura clave del Cártel de Sinaloa fue detenido en la Ciudad de México (CDMX). Donde a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, encontró refugio y “protección”, a pesar de que la DEA, ofrecía una cuantiosa recompensa a quien proporcionara datos para lograr su captura.

Sin embargo, ahora con la presión del gobierno de Estados Unidos, la presidenta de México y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana han tenido que ir deteniendo a sus propios aliados, es decir, a los integrantes de la delincuencia organizada, como el caso de Leobardo García Corrales, alias, “El Leo”. 

 

Su detención se realizó en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, ubicado en la colonia Jardines de la Montaña en la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con las autoridades mexicanas, esa era su zona de movilidad.

 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó las acciones efectuadas, ya que “El Leo” era buscado por las agencias de seguridad de EEUU debido a sus actividades de narcotráfico. Incluso, la Administración para el Control de Drogas (DEA) ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares por su captura.

 

En abril de 2023, un gran jurado federal con sede en el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra “El Leo”, el ciudadano mexicano quien fue acusado de conspiración para importar fentanilo y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

 

En la acusación, identificada como: S2 23 Cr.136, se indica que “El Leo” se identificaba a sí mismo como un socio cercano de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada, ambos cofundadores del Cártel de Sinaloa.

 

“Leobardo García Corrales también declaró que era cercano tanto a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el antiguo líder del Cártel de Sinaloa, como a Ismael Zambada García, que lidera una facción de la organización”, se lee en la acusación.

 

Leo solía referirse a “El Chapo” como su gran amigo. Cuando el capo sinaloense se fugó por primera vez de la prisión en 2001, Corrales le brindó refugio mientras se ocultaba de las autoridades.

 

Así lo reveló el hermano de Leo, Martín García Corrales, en una reunión que sostuvo entre el 26 y 27 de agosto de 2022 en Mazatlán, Sinaloa. En el encuentro, además de negociar la venta de fentanilo, se confirmó que El Chapo Guzmán recibió ayuda de ambos hermanos luego de su fuga del penal de Puente Grande, en Jalisco.

 

“Durante las reuniones, Martín García Corrales declaró que él y su hermano, Leobardo, tenían una relación de larga data con El Chapo, y que ambos albergaron a El Chapo en su rancho cuando escapó por primera vez de la prisión en México”.

 

Leobardo se involucró en el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos, razón por la cual estaba bajo la mira de la DEA desde abril de 2023, al igual que su hermano y otros miembros del Cártel de Sinaloa.

 

Sin embargo, Leobardo García Corrales, encontró un lugar seguro donde esconderse “Sin que ninguna autoridad lo molestara”, el lugar ideal fue la Ciudad de México, donde gobernaba Claudia Sheinbaum Pardo, entonces jefa de gobierno y actual presidenta de México, mucho se ha dicho que este criminal fue protegido por el patriarca de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, habría que preguntarle a la flamante doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué los grandes capos y lavadores de dinero han encontrado un refugio seguro en la capital mexicana, sobre todo bajo los gobiernos de la 4T?

 

El 11 de agosto de 2022, Leo encabezó una reunión en un rancho de Sinaloa en la que ordenó a sus vasallos que recuperaran un kilogramo de muestra de fentanilo. Posteriormente, les solicitó que llevaran el opioide sintético a Nueva York para que lo vendieran en 15 mil dólares por kilo.

 

El 19 de septiembre de ese mismo año, Leobardo García Corrales, alias, “El Leo” participó en una reunión en la CDMX, en la que dio a conocer que iba a mover sus narcolaboratorios al estado de Oaxaca, donde produciría una tonelada de fentanilo con precursores químicos enviados desde China, sin embargo, dijo, que él se quedaría en la capital mexicana, debido a que a la Ciudad de México le representaba un refugio seguro.

 

“El Leo”, también traficaba drogas en el Estado de California, así mismo, estaba involucró en la compra de armas de fuego de manera ilícita. En la acusación además fue incluido su hermano Martín García Corrales, asesinado en agosto de 2024 en Sinaloa, así como otros dos sujetos identificados como Humberto Beltrán Cuen, alias Don Chino, y Anastasio Soto Vega, alias Tachin. 

DOÑA CARLOTA, PODRÍA LLEVAR SU PROCESO EN CASA

 

*Carlota, de 73 años, tiene diabetes y necesidad de inyecciones de insulina cada cuatro horas, por lo que podría llevar el proceso en casa.

 

Chalco, Estado de México. 7 de abril de 2025. Una jueza dictó prisión preventiva justificada a Carlota ‘N’ y a sus dos hijos, Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’, luego de ser detenidos por el asesinato de dos personas en Chalco en el Estado de México. La agresión fue en contra de uno rufianes quienes le invadieron su casa.

 

Sin embargo, la jueza dejó abierta la posibilidad de que Carlota lleve su proceso en prisión domiciliaria por la edad (73 años) y problemas de saludo que requieren administración periódica de insulina.

 

La juzgadora fijó la prisión preventiva que podría ser domiciliaria una vez que la defensa de doña Carlota demuestre su lugar de arraigo.

 

La tarde del pasado viernes 4 de abril, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como de la Secretaría de Seguridad del Estado de Mex ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco a Carlota “N” de 74 años de edad, a Eduardo “N” de 34 y a Mariana “N” 51 años.

 

Esto por haber intervenido en los hechos perpetrados el pasado 2 de abril, en los que dos hombres, rufianes, padre e hijo, fueron privados de la vida por disparo de arma de fuego, donde también resultó lesionado un adolescente.

 

A los detenidos les fue cumplimentada orden de aprehensión por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica. 

 

Con respecto a la situación jurídica del inmueble relacionado con estos hechos, que las víctimas presuntamente invadieron, la Fiscalía del Estado de México informó que, el pasado jueves 27 de marzo, el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Chalco, inició expediente de investigación derivado de la denuncia realizada por Mariana “N”, es decir, por una de las mujeres detenidas, por la posible comisión del delito de despojo. 

 

La denunciante dijo que, en el mes de marzo, recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que “tres personas ingresaron a su domicilio ubicado en calle Haciendo la Labor, Colonia Hacienda de Guadalupe municipio de Chalco. Esos sujetos sacaron los objetos de la casa sin autorización”. 

 

Derivado de ello, el Agente del Ministerio Público inició diversos actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, entre los cuales solicitó al Director de Seguridad Pública Municipal de Chalco, videograbaciones de las cámaras del lugar de los hechos, así como la intervención de perito en criminalística

 

A partir de la información recabada por la Fiscalía del Edomex, el agente del Ministerio Público determinó conceder la posesión del inmueble en favor de la denunciante, no obstante, su abogado rechazó la recepción del bien al decir que por el momento no era de su interés.

 

Cuando el video donde se observa a la adulta mayor disparando en contra de los invasores de su propiedad, en las redes sociales se le señalo como la abuela sicaria, sin embargo, con el paso de las horas, la tendencia viral comenzó entonces a cambiar. ¿Asesina o justiciera? Se comenzaron a preguntar las redes y los medios de comunicación que levantaron la noticia y comenzó entonces a cambiar la óptica sobre la acción y el camino que tomó la abuelita de 74 años. Muchos comenzaron a apoyarla y a considerarla como una “mujer valiente” porque tuvo el valor de defender lo suyo ante el abuso y delito del que fue objeto.

 

Es lamentable pero cierto, pues todo mundo sabe que en los municipios que comprenden la Región de Amecameca, “el acceso a la justicia solo es para quien tiene mucho dinero y padrinos poderosos”, sin duda esta situación debe de sentar un precedente que termine de una vez por todas con la corrupción y el desinterés de las autoridades para impartir justicia.

EL PEZ, EL FRESA Y SUS PALACIOS EN MEDIO DE LA NADA

 

Por: Héctor De Mauleón

 

*El Pez y El Fresa, los líderes de la Familia Michoacana, tenían todo listo para asistir al concierto del cantante de corridos Luis Conríquez, el próximo 10 de abril, en la feria regional de Tejupilco

 

Toluca, Edomex. Habían acondicionado la serie de ranchos que tienen en la zona, en los que suelen pasar sus vacaciones y a los que suelen llevar cantantes, familiares y amigos para pasar unos días entre lagos artificiales, albercas, una presa, jardines “de un verde como de campo de golf”, y mobiliarios cómodos, modernos, suntuosos.

 

Las despensas estaban surtidas. Los integrantes de la Familia Michoacana que servían de avanzada habían dispuesto lo necesario para que Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y su hermano José Alfredo, El Fresa, se movieran desde Arcelia, Guerrero, en donde se hallan refugiados, y pasaran unos días en Tejupilco, Amatepec, Luvianos y Tlatlaya, municipios donde la fiscalía del Estado de México, a través de trabajos de campo e inteligencia, ubicó 21 ranchos, fincas, residencias y otros inmuebles vinculados a los líderes del grupo criminal.

 

Con esos datos se armó desde marzo la llamada Operación Bastión, en la que tomaron parte 1,400 elementos de la fiscalía, la Sedena, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

 

En marzo del año pasado, El Fresa fue fotografiado en el concierto que ofreció en la feria de Tejupilco el cantante Edén Muñoz, exintegrante del grupo musical Calibre 50 y autor del corrido “Strawberryfish”, dedicado a José Alfredo Hurtado:

 

“Que si me doy lujos porque hay / verdes pá gastar / Nos ven haciendo tratos por aquí también / allá/ Me tienen por fresa pero más por ser cabeza / Porque he sido cazador y me cuido para / no ser presa…”.

 

Esa noche, Hurtado se instaló en la zona VIP del palenque. Una foto, cuya autenticidad ha sido reconocida por la fiscalía estatal, lo mostró riendo a carcajadas, y vestido con una camisa a cuadros. Según investigaciones de la fiscalía, la policía municipal, al mando del entonces secretario de seguridad pública Eraclio Campuzano —uno de los detenidos en la Operación Enjambre, involucrado en el cobro de piso a comerciantes a nombre de la Familia Michoacana— le sirvió de muro esa noche al líder del grupo criminal.

 

La madrugada del 28 de marzo las células que participaron en la Operación Bastión se reunieron en puntos señalados e iniciaron acciones simultáneas en los municipios involucrados. Algunos de los ranchos se encontraban en puntos tan inaccesibles que la célula encargada de cubrir el más lejano arribó a este pasadas las 9 de la mañana.

 

Desde el primer momento, el despliegue fue reportado a mandos superiores por los halcones: cuando las autoridades alcanzaron los puntos señalados como objetivo, la mayor parte de los inmuebles se encontraban vacíos: “Supieron que íbamos y se avisaron”.

 

El lugar más lujoso era el rancho llamado Monte Recreación, situado en Amatepec, y en cuya sala se cree que El Fresa grabó aquel video que se hizo célebre tras la matanza de San Miguel Totolapan, que dejó un saldo de 20 personas muertas, y en la que el jefe criminal culpó de la masacre a un grupo contrario.

 

El operativo abarcó también los ranchos Pinzanes, Calpa, Las Calaveras y Caja de Agua, en Luvianos; las Piñuelas y el rancho Ajedrez, en Amatepec; el del Cerro Pelón en Temascaltepec y el de Las Canchas, en Tlatlaya.

 

Un lago artificial en forma de herradura, palmeras, acabados en madera, árboles frutales, animales disecados acompañados por su respectiva escenografía (un felino atacando a un ciervo), canchas de tenis, una residencia de cuatro pisos en la punta de un cerro despoblado. “Palacios en medio de la nada”, según reseña de uno de los investigadores que tomaron parte en el operativo.

 

Lugares que pertenecen o pertenecieron a operadores de la Familia Michoacana, como el rancho de Medardo Hernández, alias Lalo Mantecas, y el rancho del jefe de Tejupilco, Josué Ramírez, apodado El Tuerto o El Colibrí, así como un grupo de presuntas casas de seguridad y narcotiendas, también fueron asegurados.

 

“En el rancho Ancón, en Tlatlaya, situado a orillas de una presa, los líderes de la Familia Michoacana tenían su Valle de Bravo particular”, relatan.

 

Pese a que en febrero pasado el Departamento de Estado incluyó a este grupo en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, en los municipios que integran su bastión, y bajo la complicidad de autoridades gubernamentales, la Familia Michoacana es el patrocinador de ferias, palenques, conciertos y fiestas patronales.

 

En el Edomex, sus jefes parecen haber perdido la protección.

ADULTA MAYOR MATA A BALAZOS A DOS JÓVENES PARA TRATAR

 DE RECUPERAR SU CASA EN CHALCO

 

*Quizás la causa de estos asesinatos, fue la desconfianza en las autoridades municipales y estatales, pues la ciudadanía ya está hasta la madre de tanta corrupción

 

Chalco, estado de México. 3 de abril de 2025. Carlota “N”, la mujer de la tercera edad, quien el pasado martes 1 de abril, disparo en contra de varias personas que se encontraban afuera de una vivienda en la unidad habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco ya está detenida.

 

El caso se viralizó en redes sociales por un video en el que se observa como la señora llega a la unidad habitacional, se baja de un automóvil color gris y dispara en repetidas ocasiones, provocando la muerte de dos hombres, uno de ellos adolescente, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos están relacionados a la posesión de un inmueble.

 

Tras los hechos Carlota "N" fue detenida y se le investiga por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos hombres, también se informó de la detención de Eduardo "N" y Mariana "N".

En redes sociales Carlota "N" ha sido llamada como "abuelita sicaria", "abuelita justiciera" y "abuelita matona", además de ser la protagonista de memes.

 

Estos hechos deberían de llevar a las autoridades ha hacer una reflexión profunda, debido a que la invasión de terrenos, casas de interés social e inmuebles particulares, son una práctica cotidiana y común, principalmente en la zona oriente de la entidad mexiquense. Debido a que las autoridades estatales y municipales están ligadas a la delincuencia organizada, quizás la desconfianza en las autoridades y la descarada corrupción de Agentes del Ministerio Publico, alcaldes, regidores y jefes policiacos, fue lo que llevo a esta familia a hacer justicia por su propia mano.

LOS 650 MDD DE GARCÍA LUNA Y LA FAMILIA BARTLETT

 

Por: Mario Maldonado

 

*No parece coincidencia que entre los muchos nombres que se manejan como “cómplices” de García Luna se haya puesto el ojo sobre el extitular de la CFE

 

Ciudad de México. 1 de abril de 2025. El gobierno de Estados Unidos busca presionar a México para quedarse con una bolsa de 650 millones de dólares correspondiente a los recursos que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, desvió del erario mexicano a través de las empresas de la familia Weinberg. Así se lee en Palacio Nacional el interés de la Corte de Florida por documentar y revelar transferencias de estas mismas compañías a la pareja sentimental del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

 

Este lunes, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que una jueza norteamericana solicitó información sobre una decena de personas involucradas con las transferencias realizadas a través de las compañías de Mauricio Samuel Weinberg López, presunto prestanombres del exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, entre las que se encuentra Julia Elena Abdalá Lemus, quien habría recibido en total 4.5 millones de dólares en cuentas personales y en una empresa offshore panameña de la que es accionista desde 2012.

 

El caso se desprende de la demanda que el Gobierno de México presentó el 21 de septiembre de 2021 ante la Corte de Florida para recuperar, en favor del erario mexicano, activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna y “sus cómplices”. El proyecto fue iniciativa del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con la colaboración de representantes legales de los despachos Krupnick Campbell Malone Buser Slama & Hancock y Acevedo Scott PLLC.

 

En principio la demanda reclamaba la restitución de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, constituidos con recursos obtenidos a través de contratos entregados irregularmente por las dependencias del gobierno mexicano durante el sexenio de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Todos estos cuentan con propiedades u operaciones incluidas en la jurisdicción de Florida. La suma total de los bienes que la UIF pretendía recuperar era de 250 millones de dólares.

 

El tema ha sido frecuentemente motivo de conflicto para la 4T y sus funcionarios. A finales del 2022, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, abrió una investigación contra Santiago Nieto y los firmantes de esta demanda por haber comprometido hasta el 30% de los recursos que se podrían recuperar para el pago de los despachos de abogados, un esquema de cobro a manera de “cuota litis”. El nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, no sólo se apegó a este formato de contrato, sino que triplicó la cifra a reclamar.

 

Se sabe que las autoridades estadounidenses han sido conscientes de estas vicisitudes que ha experimentado la demanda de México, a casi cuatro años de iniciada esta cruzada. Pero ahora que la jueza Lisa Walsh desempolvó el caso, las investigaciones se centran en la relación financiera y personal que los Weinberg tienen con Manuel Bartlett y su pareja.

 

En este tema, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está contra la pared; primero porque involucra a una persona –Abdalá Lemus– por cuyas manos pasaron prácticamente todos los contratos de la CFE, –según las denuncias de los contratistas– y más aún porque llegan a Manuel Bartlett, protegido por López Obrador durante todo su sexenio.

 

No parece coincidencia que entre los muchos nombres que se manejan como “cómplices” de García Luna se haya puesto el ojo sobre el extitular de la CFE, sobre todo por su relación con la muerte del agente especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, y en el contexto de la reciente extradición del “narco de narcos”, Rafael Caro Quintero, a Estados Unidos.

VINCULAN A EXEDILES CON PREDIOS ASEGURADOS DE LA FAMILIA MICHOACANA EN OPERACIÓN BASTIÓN DE EDOMEX

 

*El despliegue de seguridad en la zona sur del Estado de México, arrojo los presuntos vínculos del PRI, PRD y de MORENA con la delincuencia organizada

 

Toluca, Estado de México. 1 de abril de 2025. Por medio de la operación Bastión, realizada el pasado viernes 28 de marzo de manera simultánea en seis municipios de la zona sur del Estado de México, las autoridades aseguraron fincas, ranchos y propiedades utilizadas por los líderes de “La Familia Michoacana”, es decir, propiedad de los hermanos José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa, y Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez.

 

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), uno de los inmuebles asegurados se ubica en el municipio de Luvianos y pertenece a El Fresa.

 

Esta propiedad, de aproximadamente 40 mil metros cuadrados, estaba ubicada en una zona boscosa y era utilizada para reuniones con miembros de su célula delictiva y personas del ámbito político, como la exalcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez, actualmente bajo proceso judicial acusada por el delito de homicidio.

 

La alcaldesa fue detenida en noviembre de 2024 como parte de las acciones del Operativo Enjambre, que pusieron en marcha autoridades federales y estatales en contra de funcionarios públicos mexiquenses vinculados con el crimen organizado.

 

Otra propiedad asegurada el pasado fin de semana se encuentra en Amatepec y tiene una extensión de 21 mil 600 metros cuadrados.

En este caso, la finca está vinculada al exalcalde de dicho municipio, Obed Santos Rojo, lo que reforzaría la hipótesis de los nexos entre el crimen organizado y actores políticos de la región. Las dos propiedades eran puntos para la operación de La Familia Michoacana en el Estado de México. Otro edil señalado es José Alberto Mejía Santa Olalla, quien fuera alcalde de la localidad por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en años recientes.

 

Fuerzas federales en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pusieron en marcha el Operativo Bastión en la zona sur del estado, dominada por el grupo criminal de La Familia Michoacana.

 

Elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional y de la Policía de Investigación (PI) desplegaron de manera simultánea en los municipios de Amatepec, Luvianos, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya. Catearon 21 ranchos, casas, bodegas y puntos de vigilancia ligados con las actividades de este grupo criminal, así lo informaron autoridades de la Fiscalía del Edomex.

El objetivo principal era debilitar la logística y economía de la organización criminal, dando un duro golpe para debilitar su infraestructura, así como su capacidad operativa.

 

El despliegue de seguridad en la zona sur del Estado de México representa el tercer mega operativo ejecutado por autoridades estatales y federales para debilitar la estructura financiera de La Familia Michoacana.

 

El Operativo Bastión se suma al Operativo Enjambre y Operativo Atarraya, estrategias diseñadas para combatir actividades delictivas y reducir el poder del grupo criminal. En ese sentido, las autoridades han destacado la importancia de estos operativos para recuperar el control en zonas dominadas por la delincuencia organizada.

 

Sin duda la “Nueva Familia Michoacana”, es el brazo criminal del viejo y actual régimen, por lo que se debe de investigar minuciosamente a alcaldes, diputados, políticos y burócratas e incluso y por supuesto a jefes policiacos que pertenecen a la mafia, debido a que no se explica la impunidad y el crecimiento de la “Familia Michoacana”, sin la complicidad de funcionarios y jefes policiacos.

 

La organización criminal “La Familia Michoacana” o la “Nueva Familia Michoacana” no habría alcanzado su poder actual en el Estado de México sin la protección del régimen anterior. Durante la década pasada, la connivencia entre autoridades, especialmente del PRI y el PRD, pero, también con la complicidad de Morena, por lo que es obvio que los operadores del crimen organizado también tienen nexos con funcionarios y alcaldes de Morena, por ejemplo, la alcaldesa de San Vicente Chicoloapan, la morenista Nancy Gómez Vargas, así como sus dos hermanos criminales, Marco Antonio y Alexis Gómez Vargas, quienes son protegidos por el esposo de la exalcaldesa, el diputado local Samuel Ríos Moreno y las tres fichitas aún se encuentran prófugos.

 

Por lo que no hay que dejar de lado que el problema no terminó ahí, debido a que “La Familia Michoacana” logró infiltrarse en sectores de la mal llamada “Juntos Haremos Historia” y hoy, algunos funcionarios bajo estas siglas en el sur y el oriente de la entidad mexiquense tienen un oscuro historial delictivo, por lo que deben de ser detenidos lo antes posible.