LOS 650 MDD DE GARCÍA LUNA Y LA FAMILIA BARTLETT
Por: Mario Maldonado
*No parece coincidencia que entre los muchos nombres que se
manejan como “cómplices” de García Luna se haya puesto el ojo sobre el
extitular de la CFE
Ciudad de México. 1 de abril de 2025. El gobierno de Estados
Unidos busca presionar a México para quedarse con una bolsa de 650 millones de
dólares correspondiente a los recursos que el exsecretario de Seguridad, Genaro
García Luna, desvió del erario mexicano a través de las empresas de la familia
Weinberg. Así se lee en Palacio Nacional el interés de la Corte de Florida por
documentar y revelar transferencias de estas mismas compañías a la pareja
sentimental del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel
Bartlett Díaz.
Este lunes, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad dio a conocer que una jueza norteamericana solicitó información
sobre una decena de personas involucradas con las transferencias realizadas a
través de las compañías de Mauricio Samuel Weinberg López, presunto
prestanombres del exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe
Calderón, entre las que se encuentra Julia Elena Abdalá Lemus, quien
habría recibido en total 4.5 millones de dólares en cuentas personales y en una
empresa offshore panameña de la que es accionista desde 2012.
El caso se desprende de la demanda que el Gobierno de México
presentó el 21 de septiembre de 2021 ante la Corte de Florida para recuperar,
en favor del erario mexicano, activos vinculados con operaciones financieras
ilegales realizadas por Genaro García Luna y “sus cómplices”. El proyecto fue
iniciativa del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago
Nieto, con la colaboración de representantes legales de los despachos Krupnick
Campbell Malone Buser Slama & Hancock y Acevedo Scott PLLC.
En principio la demanda reclamaba la restitución de 39
empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, constituidos con recursos
obtenidos a través de contratos entregados irregularmente por las dependencias
del gobierno mexicano durante el sexenio de Calderón y de Enrique Peña
Nieto. Todos estos cuentan con propiedades u operaciones incluidas en la
jurisdicción de Florida. La suma total de los bienes que la UIF pretendía
recuperar era de 250 millones de dólares.
El tema ha sido frecuentemente motivo de conflicto para la 4T
y sus funcionarios. A finales del 2022, el Fiscal General de la
República, Alejandro Gertz Manero, abrió una investigación contra Santiago
Nieto y los firmantes de esta demanda por haber comprometido hasta el 30% de
los recursos que se podrían recuperar para el pago de los despachos de
abogados, un esquema de cobro a manera de “cuota litis”. El nuevo titular de la
UIF, Pablo Gómez, no sólo se apegó a este formato de contrato, sino que
triplicó la cifra a reclamar.
Se sabe que las autoridades estadounidenses han sido
conscientes de estas vicisitudes que ha experimentado la demanda de México, a
casi cuatro años de iniciada esta cruzada. Pero ahora que la jueza Lisa Walsh
desempolvó el caso, las investigaciones se centran en la relación financiera y
personal que los Weinberg tienen con Manuel Bartlett y su pareja.
En este tema, el gobierno de la presidenta Claudia
Sheinbaum está contra la pared; primero porque involucra a una persona –Abdalá
Lemus– por cuyas manos pasaron prácticamente todos los contratos de la CFE,
–según las denuncias de los contratistas– y más aún porque llegan a Manuel
Bartlett, protegido por López Obrador durante todo su sexenio.
No parece coincidencia que entre los muchos nombres que se
manejan como “cómplices” de García Luna se haya puesto el ojo sobre el
extitular de la CFE, sobre todo por su relación con la muerte del agente
especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, y en el contexto de la
reciente extradición del “narco de narcos”, Rafael Caro Quintero, a
Estados Unidos.
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