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BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS EN EDOMEX: UNA REFORMA BONITA EN EL PAPEL, INVIABLE Y CORRUPTA EN LA REALIDAD

 

*Sin presupuesto, sin personal y con corrupción estructural, la reforma amenaza con quedarse en pura simulación institucional

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

TOLUCA, Estado de México, 26 de enero de 2026.- Mientras el Congreso del Estado de México presume el aval a una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para “fortalecer” la búsqueda de personas desaparecidas, en los hechos el discurso oficial vuelve a chocar de frente con una realidad incómoda: no hay presupuesto suficiente, no hay personal capacitado y mucho menos existe una estructura limpia y funcional para cumplir lo que la ley promete.

 

La reforma aprobada pinta un escenario ideal: acceso inmediato a bases de datos biométricos, forenses y administrativos; activación automática de alertas nacionales; fiscalías especializadas con recursos humanos y técnicos de alto nivel; comisiones de búsqueda con estándares internacionales y enfoque psicosocial. Sin embargo, ese entramado institucional simplemente no existe en la práctica o funciona de manera precaria, fragmentada y, en muchos casos, corrompida.

 

Hoy, las comisiones de búsqueda estatales y municipales, cuando existen, operan con plantillas mínimas, sin peritos suficientes, sin analistas de contexto y sin equipamiento básico. Hay áreas donde una sola persona concentra tareas administrativas, de campo y de atención a víctimas, lo que vuelve imposible cumplir con los plazos “inmediatos” que la reforma promete. Hablar de cruces de información masivos y plataformas interconectadas resulta casi cínico cuando ni siquiera hay sistemas informáticos compatibles entre dependencias.

 

El boletín legislativo también omite un punto central: el dinero. La reforma no viene acompañada de una asignación presupuestal clara, etiquetada y suficiente. Sin recursos nuevos, las obligaciones se convierten en letra muerta. Las fiscalías especializadas, lejos de contar con unidades multidisciplinarias robustas, siguen arrastrando rezagos históricos, carpetas empolvadas y expedientes mal integrados que rara vez llegan a juicio, además, la reforma tendría que contemplar la remoción de casi todo el personal que trabaja al interior de las fiscalías del Edomex, debido al alto índice de putrefacción que a lo largo de los años se ha establecido como una forma de trabajo cotidiano.

 

A ello se suma un problema estructural que el discurso oficial evita tocar: la corrupción rampante. El acceso indiscriminado a bases de datos sensibles, en un contexto donde no existe un instituto sólido de protección de datos personales ni controles internos efectivos, abre la puerta a filtraciones, uso indebido de información y hasta colusión con redes criminales. La advertencia de algunos diputados de la entidad no es menor: hoy no hay certeza de quién maneja los datos, cómo los usa ni con qué fines.

 

En el terreno, colectivos de familiares de desaparecidos siguen denunciando simulación, trato insensible y revictimización. Las búsquedas inmediatas muchas veces no ocurren; los registros forenses están incompletos o desactualizados; las fosas comunes carecen de información confiable; y los convenios de colaboración entre instituciones suelen quedarse en firmas protocolarias sin impacto real.

 

La promesa de personal “altamente capacitado con estándares internacionales” contrasta con policías mal pagados y sin formación especializada. La supuesta coordinación entre Guardia Nacional, policías estatales y municipales rara vez se traduce en operativos eficaces; por el contrario, prevalece la desorganización y la falta de liderazgo.

 

En resumen, la iniciativa avalada por el Congreso no resuelve el problema de fondo: un Estado sin capacidad operativa, sin recursos suficientes y con instituciones minadas por la corrupción. La reforma luce bien en comunicados y discursos, pero para miles de familias que buscan a sus desaparecidos, sigue siendo una promesa vacía.

 

Sin voluntad real, presupuesto transparente y una depuración profunda de las instituciones, la búsqueda de personas en el Estado de México seguirá atrapada entre la simulación legislativa y una realidad que, día tras día, sigue desapareciendo personas sin que el Estado sea capaz de encontrarlas.